La Intervención detecta graves y reiteradas ilegalidades en los expedientes de contratos y otros gastos del SAS del año 2020

La consejera de Salud, Catalina García, miente a la Comisión del Parlamento con relación a los contratos de emergencia

• Justicia por la Sanidad descubre graves irregularidades en numerosos contratos del SAS con empresas, que fueron advertidas por funcionarios (21.02.2022, EL LIBRE)

• El Consejo de Transparencia ordena al SAS y a la Intervención General que entregue a Justicia por la Sanidad documentos solicitados sobre control de gasto sanitario (25.06.2021, EL LIBRE)

• El PSOE andaluz creó un sistema opaco para el descontrol del gasto sanitario que el nuevo Gobierno mantiene (5.11.2019, El Demócrata Liberal)

Los funcionarios interventores de la Junta de Andalucía han emitido dictámenes desfavorables en todos los informes de cumplimiento de legalidad de los expedientes de las Plataformas Logísticas Sanitarias (PLS) del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en todas las provincias andaluzas, salvo en Córdoba y con salvedades, ante las graves y reiteradas ilegalidades detectadas en las pequeñas muestras de expedientes correspondientes al año 2020. Se han incluido los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia, en los que se han cometido graves incumplimientos legales.

Sin embargo, según la nota de prensa de la Consejería de Salud, recibida hoy en este diario tras celebrarse la última sesión de la Comisión de Salud del Parlamento, la consejera de Salud, Catalina García, asegura «total transparencia en la contratación de emergencia durante la pandemia», incidiendo en que «estos contratos cumplen rigurosamente con la Ley de Contratos del Sector Público». Esto último es absolutamente falso, como lo demuestran los informes de los interventores que la Asociación Justicia por la Sanidad solicitó al SAS.

Para acreditarlo, se muestra la imagen de un extracto de uno de los informes de cumplimiento de legalidad suscritos por los interventores de la Junta de Andalucía:

Si la consejera de Salud tuviera un mínimo de decencia política, debería dimitir. Y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, si tuviera igualmente algo de decencia política, debería cesarla inmediatamente.

Como se lleva advirtiendo desde hace años en este diario y en el diario El Demócrata Liberal, el gobierno andaluz eliminó en 1993 la fiscalización o control previo de los expedientes de contratos con empresas privadas y de otros expedientes de gasto, primero en hospitales y luego en otros centros sanitarios y plataformas logísticas sanitarias provinciales del SAS.

Los últimos informes elaborados por la Intervención, suscritos en los meses del segundo semestre de 2022, corresponden al ejercicio 2020. Esto ya supone una demora en el control del gasto público de casi dos años, provocado en parte por los retrasos de las PLS en entregar los documentos, por una interesada falta de recursos humanos o por otros motivos que los interventores no exteriorizan en sus informes. Debe recordarse que el personal que colabora con los interventores está adscrito a dedo por el SAS. Y estos retrasos provocan, entre otros efectos, las prescripciones de posibles delitos o infracciones administrativas que, en su caso, se denuncien. Los políticos de esta partidocracia siempre se protegen y ponen obstáculos para evitar que se les puedan exigir responsabilidades.

En las imágenes siguientes aparecen los extractos de los ocho informes, con los dictámenes de los interventores provinciales:

El gasto sanitario en contratos (capítulos 2 y 6 del presupuesto público del SAS), ha superado los 2.700 millones de euros en 2018, y el presupuesto en 2023 asciende a más de 4.400 millones de euros. Para justificar la eliminación de ese control previo, los partidos políticos siempre acuden al absurdo pretexto de que son muchos los expedientes que deben fiscalizarse y se colapsaría la gestión. Pero este motivo no se sostiene, porque para evitar ese presunto colapso sólo es necesario dotar a las intervenciones de suficiente personal competente y nombrar a altos cargos y directivos competentes y no serviles al partido de turno, todo ello mediante pruebas selectivas y de provisión sometidas a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

La realidad es que los distintos gobiernos andaluces han hecho lo contrario: infradotar a las intervenciones, asignar a dedo al poco personal que hay (¡y ojo con rechistar!) y nombrar a incompetentes y serviles como altos cargos y directivos, lo típico en esta partidocracia para escapar del control del gasto sanitario. Los partidos políticos hacen lo mismo que con la justicia: organizarla mal, infradotarla y llenarla de personas serviles con el único objetivo de salir de rositas en las corrupciones políticas que ellos mismos facilitan en las administraciones a través de la legislación, los cargos que nombran y los funcionarios y laborales dóciles y serviles.

¡Ancha es Andalucía para los corruptos!

Al eliminar la fiscalización o control previo de los funcionarios interventores, un sistema de control muy necesario en las Administraciones Públicas para minimizar la corrupción de políticos, funcionarios y empresas, los partidos han facilitado que los directivos y empleados de los órganos que gestionan y adjudican los expedientes de las contrataciones puedan actuar a su antojo, los cuales pueden cometer graves ilegalidades sin el castigo consecuente. Al contrario, no sólo mantienen en los órganos gestores a los directivos y funcionarios incompetentes, corruptos o serviles cuando se descubren las ilegalidades, sino que, en muchos casos, los ascienden, como ha comprobado la Asociación Justicia por la Sanidad.

Los políticos se defienden vendiendo la burra a los ciudadanos. Para ello, manifiestan que la fiscalización previa ha sido sustituida por otro control que se realiza tras efectuar el gasto, denominado «control financiero permanente». Pero no se debe caer en el engaño: el propio gobierno, a través de los planes anuales de la Intervención General, ha ido estableciendo cómo debían efectuarse dichos controles, limitándolo a un ínfimo porcentaje de expedientes y dejando fuera de control a los contratos que no superaban los 190.000 o 200.000 euros. Es decir, el gasto de la mayoría de los expedientes no los controla nadie. ¡Ancha es Andalucía para los corruptos!

Para colmo de males, aunque los interventores han ido detectando graves y reiteradas ilegalidades anualmente, los funcionarios y directivos del SAS responsables comprobaban que nadie los denunciaba, sancionaba o cesaba. Al contrario, los partidos gobernantes siempre los han protegido y no han colaborado con la justicia, como ha comprobado la Asociación Justicia por la Sanidad en las querellas presentadas en los juzgados con distintos gobiernos (PSOE, PP y Cs, y ahora PP).

Como consecuencia, los órganos contratadores -directivos y funcionarios-, sabiendo que nadie los iba a controlar o denunciar, han seguido y siguen cometiendo graves y reiteradas ilegalidades como fraccionar el objeto de los contratos (así se evitaba alcanzar los umbrales de gasto que establecía la propia Intervención General); adjudicar contratos prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; prorrogar contratos de forma tácita, aprobar gastos sin consignación previa en el presupuesto; modificar contratos al margen de los supuestos y procedimientos establecidos en la legislación; imputar inadecuadamente gastos en los presupuestos; imputar a contratos prestaciones no incluidas en el objeto licitado en los expedientes y un largo etcétera, tal como se refleja expresamente en los informes anuales de los interventores.

Observen en la tabla anterior que, en tres provincias (Huelva, Málaga y Sevilla), los interventores han emitido dictámenes desfavorables en los tres últimos años, y eso que sólo han fiscalizado una muestra pequeña de expedientes, no habiendo consecuencias para los autores de las ilegalidades. ¿Qué no habrá en la mayoría de los expedientes que nadie controla?

Y aunque los interventores han venido reiterando en sus informes anuales dichas graves ilegalidades, los partidos políticos no han hecho nada para solucionarlo, ni en las Cortes Generales modificando adecuadamente la legislación básica ni en el Parlamento andaluz con las leyes autonómicas (incluida la de presupuesto) ni en los gobiernos. A todos los partidos les interesa, para facilitar sus corrupciones o abusos de poder, el descontrol del gasto y tener directivos y funcionarios serviles, conseguido con la perversa libre designación y otras dádivas.

La batalle eficaz es con la causa, no con los efectos

Y si algún votante-creyente cree que todo lo publicado es falso, le invito a que solicite al SAS los informes definitivos de cumplimiento de legalidad suscritos por los interventores y que pidan igualmente información sobre todos los directivos y funcionarios a los que el SAS les ha abierto por estos motivos un expediente disciplinario, o que han sido denunciados a la Fiscalía o llevados al Tribunal de Cuentas, o simplemente cesados por incompetentes.

Asimismo, pidan a los partidos en los que creen y votan, estén o no en los parlamentos y en el Congreso, qué control hacen del gasto sanitario y cuántas veces han denunciado a los corruptos en los tribunales de justicia o han solicitado la apertura de expedientes disciplinarios tras analizar los informes de los interventores. Si una asociación de españoles como Justicia por la Sanidad lo hace con pocos medios, ¿qué impide a los partidos hacer lo mismo, con muchos más medios y facultades para controlar el gasto y actuar en consecuencia?

Y si alguno sigue creyendo que la Cámara de Cuentas de Andalucía o el Tribunal de Cuentas va a criticar en sus informes este interesado sistema de descontrol del gasto público, es obvio que desconoce que dicha cámara y dicho tribunal están sometidos al control de los partidos políticos a través del nombramiento de sus consejeros y otras argucias.

Y si muchos españoles confían en la justicia para castigar estas graves ilegalidades, deberían denunciar alguna vez la corrupción política para descubrir, por sí mismos, cómo la Fiscalía suele mirar para otro lado, y cómo los jueces no quieren complicarse la vida con los políticos, pues ponen en peligro la tranquilidad en sus carreras o pueden perjudicar sus ambiciones políticas o de ascenso en sus carreras.

Todo está inventado en esta partidocracia para que los políticos puedan abusar del poder en las instituciones. Como sigo reiterando en mis artículos y en redes sociales, la batalla eficaz es con la causa (partidocracia), no con los efectos (abusos de poder o corrupción).

Sin democracia en España, estamos abocados al fracaso como pueblo o nación. El sistema partidocrático, instituido en 1978 con la Constitución, carece de mecanismos eficaces de control del poder, y los partidos seguirán con su estrategia de división del pueblo con falsas ideologías (izquierdas, derechas, ultras, neoliberales, etcétera) para evitar que la nación llegue a la deslegitimación del sistema partidocrático mediante la abstención mayoritaria y la desobediencia civil pacífica, con el único fin de lograr la institución de una democracia como forma de gobierno, en la que el poder político esté controlado por la nación o pueblo en el Congreso a través de sus representantes con mandato imperativo (diputados de distritos).

Si después de tantas evidencias, aún siguen creyendo en los partidos con esta partidocracia, que sólo buscan aprovecharse del sistema partidocrático y de los españoles para llegar o conservar el poder, abusar del mismo mientras puedan o para ampliar aún más su poder, resulta obvio que han entrado en el juego de esos vividores de lo ajeno.

En mi caso, seguiré absteniéndome mientras se mantenga el sistema partidocrático y sólo votaré cuando se instituya en España la democracia como forma de gobierno.