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El crisol de partidos que hay en España.

Opinión, Política

Los partidos políticos diseñaron un sistema para blindar las subvenciones que se otorgan desde las administraciones

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En el presente artículo voy a mostrar cómo los partidos políticos diseñaron un sistema jurídico del que se aprovechan para blindar las millonarias subvenciones públicas que reciben anualmente, así como las recibidas con cada convocatoria de elecciones (UE, generales, autonómicas y municipales), de forma que los españoles no pudieran impedirlo mediante iniciativas legislativas o reformas constitucionales, salvo con una nueva Constitución

Se calcula que aproximadamente el 80% o más de los ingresos de los partidos políticos procede de las subvenciones públicas, incluyendo gastos de funcionamiento y seguridad, lo cual los convierte en auténticos órganos del Estado. En los últimos cuatro años han recibido más de 200 millones de euros. Y esto al margen de lo que obtienen por vía de la corrupción sistémica incentivada por el régimen partidocrático instaurado en la Constitución española (CE), que dejo fuera del objeto de este artículo porque ya lo he tratado en artículos anteriores.

Más de 20 millones de españoles votan a algún partido político en cada convocatoria de elecciones generales, y otros tantos en las elecciones al Parlamento de la UE, a las asambleas de cada comunidad autónoma y a los plenos de los ayuntamientos de cada municipio. Y por cada voto y escaño obtenido, los partidos ingresan en sus arcas cantidades millonarias, y las Administraciones pagan, además, todos los gastos electorales de dichos partidos, que estos suelen contratar con personas o empresas afines.

Blindaje del sistema de subvenciones a partidos políticos

¿Cómo idearon el citado sistema? Fue muy sencillo: dejaron todo cerrado en la Constitución para que la ejecución y el control quedara absoluta y exclusivamente en manos de los partidos, con el fin de evitar que los españoles pudieran controlarlo o intentaran derogarlo mediante modificaciones legislativas o una reforma constitucional.

Según el artículo 87.3 de la CE, los españoles pueden presentar proposiciones de ley con 500.000 o más firmas acreditadas (los partidos cerraron el número en la Constitución), obligando a los partidos a retratarse. Sin embargo, otros aspectos fundamentales de la iniciativa legislativa popular no se regularon en la Constitución, sino que se dejaron en manos de los partidos para que estos lo hicieran mediante una ley orgánica. No obstante, sí se excluyeron en la CE determinadas materias para que los españoles no pudieran presentar esas proposiciones: las propias de ley orgánica, las tributarias o de carácter internacional y las relativas a la prerrogativa de gracia.

Posteriormente, en la Ley Orgánica 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular, los partidos añadieron dos materias más a excluir, además de las previstas en la CE: las mencionadas en los artículos 131 y 134.1 de la Constitución, que incluye la materia de los Presupuestos Generales (sin especificar salvedades), no fuera a ser que a los españoles se les ocurriera presentar una iniciativa legislativa eliminando partidas presupuestarias para subvencionar a los partidos políticos.

Por otro lado, el artículo 81 CE obliga a que el régimen electoral general se apruebe mediante ley orgánica. Los partidos, aprovechando la aprobación de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, introdujeron capítulos dedicados a gastos y subvenciones electorales a conceder a los partidos en todas las elecciones, ya fueran generales, europeas, autonómicas o municipales. Y los desarrollaron con excesivo detalle (impropio de una ley orgánica) para no tener que hacerlo reglamentariamente, dado que estos reglamentos sí podrían ser objeto en su elaboración de participación ciudadana y tras su publicación de los recursos judiciales pertinentes. Dejaron todo bien cerrado en leyes orgánicas (incluso incluyendo los importes económicos a recibir) para evitar cualquier tipo de acción por los ciudadanos.

Y para cerrar bien este inmoral y obsceno círculo, los partidos previeron que el pueblo español no pudiera adoptar ninguna iniciativa legislativa que provocara la tramitación en el Congreso de una posible reforma constitucional, pues lo bloquearon en su artículo 166 CE, con el fin de que exclusivamente los partidos pudieran iniciar y efectuar cualquier reforma constitucional.

Por tanto, todas las subvenciones que reciben los partidos políticos, al estar reguladas exclusivamente en leyes orgánicas, no pueden ser objeto de iniciativas legislativas del pueblo español con el fin de anularlas, ni siquiera vía reforma de la CE.

Es decir, la única alternativa que tienen los españoles para cortarles el grifo de las subvenciones públicas a los partidos políticos, con el fin de conseguir que se financien exclusivamente con cuotas limitadas de sus afiliados y se eliminen las bonificaciones fiscales que incentivan la afiliación y recortan ingresos del Estado, es mediante un proceso de libertad constituyente que finalice con una nueva Constitución que instituya una democracia formal (básicamente, debe incluir la representación directa de los españoles por distritos electorales uninominales con poder de destitución del elegido en cada distrito por sus electores; separación de los poderes Legislativo y Ejecutivo; Justicia independiente; régimen de libertades y derechos fundamentales intocables), y que contemple mecanismos que eviten tales inmoralidades.

Y esto sólo puede lograrse abriendo los ojos y concienciando a los españoles mediante la difusión masiva de informaciones como las publicadas en este artículo y otras que expliquen los beneficios que obtendría el pueblo español con dicha democracia formal, difusión que debe acompañarse de otras medidas tales como la abstención activa en todas las elecciones y con manifestaciones pacíficas en las calles. No hay otra alternativa, porque los partidos no se perjudicarán, obviamente.

Gastos que los partidos políticos han aprobado como subvencionables

En dicha Ley del Régimen Electoral General, se consideran gastos electorales subvencionables los siguientes: confección de sobres y papeletas electorales; propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a promover el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio que se utilice; alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral; remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que presta sus servicios a las candidaturas; medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candidatos, de los dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones o coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura; correspondencia y franqueo; intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral, devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspondiente; cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

Además, los partidos añadieron disposiciones especiales para recibir más dinero del Estado, como por ejemplo ocurre en las elecciones generales (al igual que en otras):

a) 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado.

b) 0,81 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso, uno de cuyos miembros al menos, hubiera obtenido escaño de diputado.

c) 0,32 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidato que hubiera obtenido escaño de senador.

d) Envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral.

Todos estos importes económicos son actualizados mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda en los cinco días siguientes a la convocatoria; es decir, todo queda bien cerrado por los partidos.

Los partidos añadieron en otra Ley más gastos para subvencionarse, incentivar la afiliación y restar ingresos al Estado

El cúmulo de despropósitos e inmoralidades no acaba con lo indicado anteriormente. También los partidos aprobaron otra ley para aumentar sus beneficios: la Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de los partidos políticos, que derogó la anterior de 1987. En esta ley añadieron subvenciones anuales no condicionadas para atender sus gastos de funcionamiento, y una asignación anual para sufragar gastos de seguridad en los que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucional. Cuando cualquier asociación privada comunica la realización de una manifestación, la seguridad corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; pero si se trata de actos de los partidos, que no es más que otra asociación privada formada por ciudadanos, además el Estado -los partidos- paga con subvenciones la seguridad privada que contratan con empresas sin posibilidad de control efectivo por los ciudadanos.

En dicha ley, los partidos también han previsto que estén exentos de pagar tributos por determinadas rentas, como las obtenidas por subvenciones. Asimismo, para incentivar que los españoles se afilien a los partidos ante su desapego de la política, también han previsto en la misma ley deducciones en el IRPF a los que se afilien y paguen cuotas. Es decir, los partidos ingresan dinero mientras el Estado pierde los suyos para beneficio de aquellos. Además, aprovecharon dicha ley orgánica para diferenciarse del régimen fiscal que tenían los partidos políticos junto a colegios profesionales, asociaciones empresariales, cámaras oficiales y sindicatos de trabajadores, a través de las disposiciones adicionales de la citada Ley 8/2007.

Como la materia tributaria también la excluyeron como posible objeto de una iniciativa legislativa popular, ese régimen fiscal que aprueban los partidos para su beneficio tampoco puede ser objeto de una iniciativa legislativa popular que persiguiera la anulación de dicho régimen especial.

Y ahora, cerremos el círculo de la obscenidad. ¿Y quién debería controlar toda esta financiación de los partidos? Según acordaron los partidos en la misma Ley Orgánica, el Tribunal de Cuentas, que también está en sus manos, porque eligen libremente a sus doce consejeros y por libre designación a sus funcionarios directivos, sin que los españoles tengan ni un solo control sobre su funcionamiento. De hecho, la aplicación del régimen sancionador que establece la misma ley también queda en manos del Tribunal de Cuentas. Además, en la propia ley, los partidos tienen la poca vergüenza de establecer que dichos informes del Tribunal de Cuentas son controlados por el Congreso, es decir, por ellos y sin intervención ciudadana alguna.

Conclusiones del círculo de obscenidad de los partidos políticos

Algunos españoles defienden que ciertos partidos han incluido en sus Estatutos que no harán uso de esas subvenciones, pero el incumplimiento de esos Estatutos no tiene ninguna trascendencia jurídica que beneficie al pueblo español. Además, a esos que defienden su postura con ese argumento tan banal, les pregunto: ¿qué partido ha presentado iniciativas legislativas para derogar todos los preceptos de las leyes orgánicas relativas a las subvenciones a partidos políticos? Sólo los hechos retratan a los partidos, no las intenciones, sus estatutos o las palabras vacías.

Como puede observarse, el círculo se inicia y se cierra siempre en los partidos políticos. Los partidos políticos, como buenos timadores, no tienen un pelo de tonto y estafaron a millones de españoles con la Constitución de 1978 haciéndoles creer que se iba a instituir una democracia en España. Y a pesar de las evidencias que traigo de nuevo a este artículo, en vez de criticar públicamente estas inmoralidades de los partidos, manifestarse en las calles solicitando poner fin a la partidocracia y abstenerse en todas las elecciones, aún habrá millones de españoles que seguirán regalándoles sus votos a los partidos, agradeciendo con ello que les roben diariamente, o buscando alguna dádiva.

Para quienes aún no lo hayan descubierto, los verdaderos enemigos que dañan gravemente los intereses del pueblo o nación española, no son los que tienen otras ideologías distintas a las de uno o los españoles que viven en otras regiones: son todos los partidos políticos que siguen abusando del poder que se otorgaron con el sistema partidocrático que consiguieron instaurar en 1978, engañando a la mayoría del 58,97% del censo electoral que apoyó en el referéndum el proyecto de Constitución que elaboraron los partidos para su beneficio. Derrumbar el régimen de los partidos debería ser el objeto de todo español inteligente.


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3 comentarios

  1. Avatar Carmen Martinez Gonzalez

    POR estas cosas y otras muchas que sacaron del tiesto es que yo no vote nunca, no senti confianza en politicos jamás, y ahora un saludo de un#Abstencionista Constitucional.

  2. Avatar javcergar

    Vox, punto 82. Fin de subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos,
    patronales y organizaciones de proselitismo ideológico. Partidos y sindicatos deben
    ser sostenidos con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes.

  3. Avatar Lola Martín Robles

    Que vergüenza, no me extraña que se maten por pillar un puesto. Harta de tanto despilfarro. No volveré a votar en mi vida.

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