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Juanma Moreno Bonilla, Jesús Aguirre y Miguel Ángel Guzmán.

Salud

Justicia por la Sanidad descubre graves irregularidades en numerosos contratos del SAS con empresas, que fueron advertidas por funcionarios

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En este artículo se refleja el fruto parcial de las investigaciones realizadas por la asociación Justicia por la Sanidad, que han sido obstaculizadas y ocultadas durante años, tanto por los anteriores gobiernos andaluces del PSOE como por el actual del PP y Cs

Mientras se distrae a los españoles con la posible ilegalidad de un contrato en la Comunidad de Madrid, en la Junta de Andalucía se han cometido graves ilegalidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con muchas empresas y de forma continuada durante años, un escándalo de corrupción que parece no importar a nadie y que los partidos políticos han ocultado y ocultan.

En Andalucía, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se dedicó ayer domingo a publicar en redes sociales mensajes del rey mago Juanma Moreno, «de ilusión y de esperanza». Pero, denunciar a los responsables de estas graves ilegalidades y recuperar el dinero perdido parece suponer mucho trabajo para estos políticos inútiles y absolutamente prescindibles. Al contrario, han promocionado a algunos de los responsables.

Estas graves ilegalidades afectan a contratos de obras, suministros, servicios, conciertos sanitarios, etc., con muchos millones de euros en juego. Se han podido detectar e investigar gracias al apoyo de miles de ciudadanos responsables e interesados por su presente y futuro. Sin las cuotas de los socios de Justicia por la Sanidad y demás aportaciones, la asociación no hubiera podido interponer las denuncias y querellas judiciales que tan elevados costes económicos tienen, dado que la asociación no ha pedido ni pedirá nunca una subvención o ayuda a instituciones públicas, única forma de no perder su independencia.

En el presente artículo podrán constatar las empresas favorecidas por sólo una de esas graves ilegalidades, reiteradas años tras años, que los funcionarios interventores fueron señalando en sus informes anuales desde el año 2004 al año 2019, y sólo referidos a una pequeña muestra. De 2004 a 2011, los informes se referían sólo al gasto del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, y de 2011 a 2019 al gasto de la Plataforma Logística Sanitaria de Granada (PLSGr), que reunía a todos los hospitales, distritos y áreas sanitarias de la provincia.

Para hacerse una idea de la gravedad de las ilegalidades detectadas, los informes de cumplimiento de legalidad correspondientes a los ejercicios 2012, 2014, 2015 y 2016, tienen DICTÁMENES DESFAVORABLES de los funcionarios interventores, dados los graves incumplimientos legales que detectaron y su persistencia respecto a los años anteriores, a pesar de las múltiples recomendaciones que los interventores repetían año tras año para que los órganos gestores del SAS las implantaran. El resto de los informes anuales, aunque se calificaron como favorables, presentan numerosas salvedades con graves ilegalidades.

Los obstáculos que la citada asociación ha ido encontrando en el camino para luchar contra la corrupción política y económica en la sanidad pública son enormes, lo cual no debe sorprender en este sistema partidocrático, pues todos los partidos políticos (viejos o nuevos) pretenden amparar a los responsables y a las empresas implicadas, dadas las evidentes relaciones existentes entre unos y otros. Y para agravar el asunto, los fiscales y los jueces no parecen tener muchas ganas de complicarse la vida tirando del hilo de la gran corrupción existente en la sanidad pública, que a muy pocos parece interesar que se destape.

Ante los obstáculos que el SAS, la Fiscalía y los juzgados que instruyen las causas han ido poniendo a la asociación citada en las dos querellas judiciales que interpuso en Granada por contratos del SAS con dos empresas, Justicia por la Sanidad solicitó en el mes de noviembre de 2019 determinada documentación sobre control del gasto a la Intervención General y al SAS, ante las sospechas que suscitaban dichos obstáculos. La respuesta fue la denegación por parte de ambos órganos.

Tras batallar durante muchos meses con el asunto, el Consejo de Transparencia de Andalucía obligó al SAS a facilitar la documentación en junio de 2021 y, a fecha de este artículo, el SAS sólo ha entregado una parte. Por ello, la asociación ha tenido que denunciarlo por tercera vez ante el citado consejo, que injustificadamente está demorando instar la apertura de un expediente disciplinario contra los responsables del SAS, tal como exige la Ley de Transparencia, ante tan notorio y persistente incumplimiento. El director gerente del SAS es Miguel Ángel Guzmán Ruiz, que anteriormente fue director gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir y directivo en hospitales privados.

No obstante, con la documentación parcial obtenida se ha podido constatar que, durante muchos años, los interventores del SAS pusieron de manifiesto graves ilegalidades cometidas en las contrataciones administrativas del SAS en Granada, reiteradas y persistentes durante muchos años. Dichos interventores dependen funcionalmente de la Intervención General de la Junta de Andalucía, cuya titular es Amelia Martínez Sánchez, un órgano que está adscrito a la consejería de Hacienda y Financiación Europea, cuyo titular es Juan Bravo Baena.

Amelia Martínez y Juan Bravo.

Este consejero, muy activo en redes sociales en las que publica vídeos con monólogos explicando las maravillas que está haciendo el gobierno andaluz del cambio en materia de tributos y ayudas públicas, todavía no ha publicado un vídeo explicando los expedientes disciplinarios abiertos y las denuncias presentadas en la Fiscalía, Tribunal de Cuentas, etcétera, dadas las graves ilegalidades cometidas en el SAS, las cuales debió conocer al ser nombrado consejero en febrero de 2019.

Desde esta tribuna se invita a ambos, consejero y titular de la Intervención General, a grabar y publicar otro vídeo con dos miembros de la Junta Directiva de la asociación Justicia por la Sanidad, propietaria de este diario, para debatir abiertamente sobre la corrupción en la sanidad pública andaluza. Igualmente, dado que la televisión de Canal Sur es de todos los andaluces, sería una buena oportunidad efectuar dicho debate público, sin duda de gran interés para todos los andaluces para conocer cómo se gasta el dinero de todos. ¿O sólo se trata de hacer monólogos o de invitar a periodistas a que no hagan preguntas incómodas porque desconocen la materia?

Ha de advertirse que los controles efectuados por dichos interventores sólo se refieren a unas muestras reducidas del total de expedientes tramitados en la provincia de Granada por el SAS, que en muchos casos no supera el 3% del total de expedientes tramitados cada año, según se refleja en los informes de los interventores, único control interno que han tenido los contratos suscritos por el SAS desde hace muchos años. ¿Ha sido deliberado este descontrol de los contratos en el SAS? Todo apunta a que sí.

El fraccionamiento del objeto de los contratos, una de las graves ilegalidades reiteradas persistentemente por los funcionarios interventores en sus informes anuales

En este artículo se presenta una de las reiteradas ilegalidades, cuya gravedad ha sido puesta de manifiesta por el propio Tribunal Supremo en diversas sentencias en las que se condenaron a sus autores y partícipes por prevaricación y otros delitos, dado el daño que produce a las Administraciones públicas, entre otros motivos por prescindirse totalmente del procedimiento legalmente establecido para las contrataciones administrativas. Me estoy refiriendo al fraccionamiento indebido de los contratos mediante contratos menores, un mecanismo de corrupción que permite evitar las licitaciones públicas con el fin de elegir a dedo las empresas a contratar.

Como dicen los interventores en sus informes respecto de los reiterados fraccionamientos de contratos en relación con obras, suministros y servicios, debe recordarse una vez más que la legislación dispone que «no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan», y que el fraccionamiento de los contratos administrativos lesiona los principios básicos sobre los que se asienta la contratación administrativa, pues tiene como resultado «la elusión de los requisitos de publicidad, procedimiento y forma de adjudicación correspondientes«. En conclusión, con la práctica del fraccionamiento se lesionan los principios de libre competencia, libre concurrencia, publicidad y elección de la oferta económicamente más ventajosa. Y aclaran los interventores que, como consecuencia de lo anterior, al prescindirse totalmente del procedimiento legalmente establecido para celebrar los contratos, estos resultan nulos de pleno derecho, de acuerdo con la ley.

Igualmente, los interventores resaltan sobre dicho grave incumplimiento que es “abundante y recurrente año tras año, y así se pone de manifiesto en los sucesivos informes de control financiero permanente emitidos por esta Intervención”, advirtiendo de casos especialmente graves, como algunos de los relacionados en el presente artículo.

Uno de los puntos a resaltar es que la Intervención sólo obligaba a los interventores a analizar el fraccionamiento con los contratos menores, dejando sin control los fraccionamientos de muchos contratos negociados sin publicidad. Estos contratos, considerados individualmente, no superaban la cuantía establecida por la ley para ser tramitados con publicidad ni tampoco superaban la cuantía umbral establecida por la propia Intervención para ser controlados posteriormente por los interventores. Sin embargo, sumados sus importes, sí superaban el límite establecido para ello, lo cual hubiera obligado a tramitar los expedientes con publicidad y a ser controlados por la Intervención.

En la tabla que se publica en el presente artículo, que ha supuesto muchos e intensos días de trabajo de investigación, aparecen las empresas contratadas, así como las cuantías detectadas a través de los documentos contables de los cuales se deducía el fraccionamiento de los contratos que tenían el mismo objeto.

Tabla-en-pdf

Es importante destacar que, aunque aparezcan en la tabla casillas vacías correspondientes a algunos años y no se identifiquen otras empresas, no significa que no se hubieran fraccionado muchos más contratos, sino que podría deberse a que, en la pequeña muestra seleccionada para el control, no entrasen expedientes de contratos con dichas empresas. Es decir, lo que aquí se muestra es sólo la punta del iceberg, cuya cuantía asciende a 110’6 millones de euros.

A continuación, se destacan algunos aspectos a resaltar del análisis de la tabla y de estos fraccionamientos de contratos, así como de las empresas y demás personas implicadas:

1) Entre las personas jurídicas implicadas, aparecen entidades de la propia Junta de Andalucía, que deberían conocer la ilegalidad de los fraccionamientos que cometían: Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (301.230,68 euros), Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (57.161,61 euros) y la Universidad de Málaga (41.800 euros).

2) Aparecen cantidades millonarias en el caso de fraccionamientos de contratos con empresas farmacéuticas, normalmente por suministro de medicamentos y otros productos. ¿Han coincidido los precios facturados de los medicamentos incluidos en el Sistema Nacional de Salud -SNS- con los precios fijados por el Ministerio de Sanidad? Y en caso de estar dichos medicamentos fuera del SNS, ¿se han negociado los precios para beneficiar a la Administración o se han aceptado los precios impuestos por las empresas? ¿Se controló si los precios estaban inflados? En los informes de los interventores no se analizan estas cuestiones en los fraccionamientos detectados.

Entre las empresas farmacéuticas implicadas con mayor gasto fraccionado indebidamente están las siguientes: Abbott Laboratories, SA (5’46 M€); Abbvie Farmacéutica, SL (1’2 M€); Amgen, SA (1’36 M€); Fresenius Medical Care España, SA (1’60 M€); Janssen Cilag, SA (5’36 M€); Novartis Farmacéutica, SA (4’08 M€); Pfizer, SL (5,69 M€); Roche Diagnostics, SL (18’74 M€) y Roche Farma, SA (9’09 M€).

No obstante, también destacan las cuantías millonarias de otras empresas del sector sanitario, alimentario y textil tales como Covidien Spain, SL (4,14 M€); Emilio Carreño, SL (1’47 M€); Francisco Soria Melguizo, SA (1’34 M€); Gilead Sciencies, SL (1,62 M€); Grifols Movaco, SA (1’10 M€); Juan Bullejos, SL (1’07 M€); Medtronic Iberica, SA (3’46 M€); Mölnlycke Health Care, SL (3’44 M€); Olympus Iberia, SA (1’35 M€); Palex Medical, SA (1’77 M€); y Vitro, SA (1’33 M€).

3) En los informes aparecen muchas de las empresas que colaboraron con el Observatorio Ambiental y de Responsabilidad Social (Omars), cuya sede estaba en el citado Hospital de Granada, el cual recibía aportaciones económicas de algunas de las empresas. El Omars tuvo como fundador y responsable a Martín Blanco García, el que fue director de Servicios Generales en el Hospital Virgen de las Nieves, gerente de la EASP y viceconsejero de Salud.

Casualmente, Martín Blanco es uno de los cargos públicos que aparecen en los expedientes de los contratos objetos de las querellas presentadas por la asociación Justicia por la Sanidad en los Juzgados de Granada. El Omars tuvo como coordinador a Javier Gutiérrez Pérez, director técnico de la empresa Eurocontrol, SA, y hermano del entonces director gerente del SAS, José Luis Gutiérrez Pérez, nombrado por la que fue su pareja sentimental y consejera de Salud, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.

María Jesús Montero y José Luis Gutiérrez.

Estas son algunas de las empresas que colaboraron con el Omars y que aparecen con fraccionamientos de contratos en los informes de los funcionarios interventores: Air Liquide Medicinal, SL (absorbida en 2019 por Air Liquide Healthcare España, SL); Amgen, SA; B. Braun Medical, SA; Carestream Health Spain, SA; Clece, SA; Emilio Carreño, SL; Eurocontrol, SA; Fresenius Kabi, SA; General Electric Healthcare España, SA; Juan Bullejos, SL; Laboratorios Farmacéuticos Rovi, SA; Mölnlycke Health Care, SL; Oximesa, SL, y Palex Medical, SA.

Tal como he venido publicando en El Demócrata Liberal y EL LIBRE, la empresa Eurocontrol, SA, es la implicada en una de las querellas presentadas por la asociación Justicia por la Sanidad. A pesar de las claras implicaciones políticas del caso, ningún medio de comunicación está informando sobre la instrucción judicial, salvo este diario y una noticia que publicó Leo Rama en el diario ABC de Sevilla en 2019.

No obstante, debe subrayarse que varios periodistas del mismo diario (A. Soria, A.R.Vega, J.J. Borrero, Leo Rama, S. Benot) ya habían publicado algunas noticias en 2015 y 2017 relativas al caso de Eurocontrol y al caso de las empresas que hacían aportaciones económicas al Omars, destacando que la empresa Amgen, SA vendió al SAS en Granada el fármaco Darbepoetin un 20% más caro, habiendo donado a la Fundación Fibao de la Junta de Andalucía un importe de 410.085 euros entre 2013 y 2014. Precisamente en estos dos años, también son detectados por los interventores fraccionamientos de contratos con la empresa Amgen, SA de 1’46 millones de euros.

A pesar de todo, ninguna institución pública investigó el asunto y el PP lo despachó pidiendo una interpelación en el Parlamento del consejero. Nada más hizo ni hace, demostrando lo poco que les importan los ciudadanos y la defensa de la legalidad.

Asimismo, en otra noticia que publiqué en 2019 (léase aquí), se demostraba que la citada Plataforma del SAS en Granada era la que, con diferencia, más gastó en farmacia de hospitales por habitante respecto a otras plataformas (Sevilla, Málaga, etcétera) en los años 2013-2017. A pesar de ello, la Cámara de Cuentas ha elegido otras plataformas para fiscalizar (Sevilla y Cádiz), dejando a un margen la de Granada.

Nada de lo anterior fue investigado por la Fiscalía o denunciado por las instituciones que tenían la obligación de hacerlo y ningún partido político presente en el Parlamento de Andalucía lo denunció a las instituciones correspondientes.

4) En los controles del año 2019, año en el que comienzan a gobernar PP y Cs, aparecen nuevas personas físicas y jurídicas con fraccionamientos que, en los años de gobiernos del PSOE, no habían aparecido en los controles: Accord Healthcare, SLU; Ajardinamientos Nevada, SL; Antonio Sánchez Rodríguez; Biomol, SL; Biossema, SCA; Cerba Internacional, SA Española; Dnota Medio Ambiente, SL; Ferrovial Servicios, SA; Fomento de Construcciones y Contratas, SA; Fresenius Kabi España, SA; Funeraria Alhambra, SL; Granada Comunicaciones 2012, SL; Ingeniera Granadina Ingemart, SL; Laboratorios Normon, SA; Lisan Granada UTE; Miguel Ángel Rivas Megías; Nimgenetics Genómica y Medicina, SL; Perkinelmer España, SL; Proyectos y Servicios Integrales del Sur, SL; Ramírez Cervera e Hijos SL; Sandoz Farmacéutica, SA; Serrano Jiménez Transporte Neumático, SL; Swedish Orphan Biovitrum; Teva Pharma, SL; Toarsa Granada Transporte Neumático, SL; Universidad de Málaga (Génica Prosigna); y Werfen España, SA.

5) Cuando en la tabla se indica como empresa «desconocida» es porque los interventores han omitido identificarlas en sus informes, en los que sólo aparecen los números de documentos contables y las cuantías implicadas.

6) Varias de las empresas que aparecen con fraccionamientos de contratos son patrocinadoras o colaboradoras de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que aglutina al sector sanitario privado. Según la web de la Fundación IDIS, entre los patrocinadores se encuentran Abbott, AstraZeneca, Boston Scientific, G.E. Healthcare, Johnson & Johnson, Medtronic, Merck, Merck, Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche y Siemens y, entre los colaboradores, Amgen, Elekta, Hartmann, Mölnlycke y Palex.

7) Algunas de las empresas con contratos fraccionados han participado como socios protectores y colaboradoras de Sedisa (Sociedad Española de Directivos de la Salud), tales como Pfizer, Astellas, Covidien, Fresenius, Janssen y Roche, tal como se indica en la Memoria de 2013 de Sedisa. Incluso algunas empresas forman parte de Sedisa a través de algunos de sus directivos, como la empresa Amgen, o han colaborado con alguna publicación, como Ferrer.

Sedisa es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a personas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la gestión sanitaria y/o que tienen interés en ella. Y en ella se relacionan directivos de los sectores públicos y privados, incluyendo algunas empresas farmacéuticas. Algunos de los miembros de la junta directiva y patronato han tenido o tienen cargos políticos de algunos partidos o han ocupado puestos directivos nombrados por ellos.


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14 comentarios

  1. Avatar Ángeles Suárez

    El poder político lleva muchos años acampando a sus anchas en Andalucía, ellos pueden hacer lo que les dé la gana porque saben que el pueblo no está a la altura para entender cómo roban .

    Todo esto cambió cuando un médico de Granada, Jesús Candel, enseñó por su ordenador las triquiñuelas de estos indeseables políticos.

    Yo creo que a partir de ahí, comienza el cambio en Andalucía. Los tenemos vigilados de cerca y no se nos puede escapar nada de lo que hacen.

    Para nosotros gozan de la más absoluta desconfianza, nos da igual las siglas del partido, no tenemos una ideología política, tenemos unos valores para que se cumpla con la justicia de mirar por el bien común de todos.

    • Avatar Luis Escribano

      Gracias, Ángeles: por eso es tan importante dar a conocer las corrupciones de los partidos cuando gobiernan, sin importar el color. Con esta partidocracia, no nos queda más remedio que seguir luchando para explicar al pueblo, con pruebas, que este sistema no funciona, y que hay que cambiarlo desde la nación, no desde el Estado.

      Un saludo

  2. Avatar Embrujo

    Me alegro que sigas sacando las porquerías de esta gente del SAS y de todo este atraco.

    • Avatar Luis Escribano

      Muchas gracias por tu comentario. Ahí seguiremos mientras haya españoles que nos apoyen y colaboren.

      Un saludo

  3. Me parece fantástico que salga todo esto la luz y se pida responsabilidad a los implicados en dicha corrupción.
    Con el dinero público no se negocia para el beneficio de unos cuantos.

    • Avatar Luis Escribano

      Muchas gracias, Félix. Hay que seguir perseverando para que la nación descubra que, en esta partidocracia, la corrupción es sistémica, y que ningún partido acabará con ella.

      Un saludo

  4. Avatar Francisco Navarro García

    Motril Centro año 2017 obra de 490.000 euros, empresa que la hace DOMUS. No encuentro por más que he mirado el apunte en la PLATAFORMA LOGISTICA DE GRANADA… Con tanta obra como se ha echo solo he visto en año 2018 el apunte de la obra de Motril Este con una cuantía mucho menor, 78.000 euros aproximadamente, adjudicación a la misma empresa DOMUS. Desde el primer momento presté atención, porque el gerente en aquel momento era Francisco Pérez Sáez, que decían que le gustaban mucho las reformas.

    • Avatar Luis Escribano

      Gracias por la información, Francisco. Lo investigaremos. No obstante, si tiene información más detallada, se agradece que las remita a este diario o a la asociación Justicia por la Sanidad, y nos remita algún correo suyo para contactar.

      Un saludo

  5. Muy buen análisis y muy detallado. Qué asco dan.

    • Avatar Alberto

      Bravo por este gran análisis, gracias por sacar la corrupción, aunque no tenga apenas repercusión.
      Espero que si realmente existe la justicia, se aplique.
      Un orgullo pertenecer a JxS

      • Avatar Luis Escribano

        Muchas gracias, Alberto. En la Justicia no tengo grandes esperanzas, salvo para demostrar a todos que, como el resto de instituciones públicas, tampoco funciona.

        Tenemos un problema grave: la corrupción es sistémica, facilitada por el sistema partidocrático. Si no logramos instituir una democracia formal, en el que la nación pueda controlar a los gobernantes, esta lacra perdurará. Por eso hay que perseverar, y así lo haremos mientras tengamos en la asociación el apoyo y la colaboración de miles de españoles como usted.

        Un saludo

    • Avatar Luis Escribano

      Gracias por su comentario. Y estoy de acuerdo con usted: la corrupción sistémica amparada por todos los partidos políticos es repugnante.

      Un saludo

  6. Avatar Teodoro

    Enhorabuena. Hacéis una enorme labor que poco a poco dará sus frutos

    • Avatar Luis Escribano

      Muchas gracias, Teodoro, por su comentario. Esperemos que sea así y algún día descubra la mayoría de la nación que la corrupción es sistémica, y que está amparada por todos los partidos políticos.

      Un saludo

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