Según las recomendaciones de la OMS y teniendo en cuenta la población andaluza mayor de 65 años, el número de plazas residenciales en Andalucía debería ser de 71.941. Sin embargo, las que hay en la actualidad ascienden a solo 42.585. Así pues, existe un déficit de 29.356 plazas. Según un estudio realizado por FOAM y Madpp, todas las provincias andaluzas están por debajo de la media nacional
El reparto es muy deficitario en el sector público, que solo dispone del 22,31% de las plazas, quedando el otro 77,69% en manos de las empresas privadas, desembarcadas en los últimos años procedentes de grandes fondos de inversión extranjeros, de aseguradoras e incluso de constructoras multinacionales, «atraídas por la oportunidad de negocio que suponen, careciendo de experiencia y vocación; en definitiva, no tienen nada que ver con este sector», denuncia el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Durán.
Desde el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (Madpp) y FOAM, han denunciado en innumerables ocasiones la situación ante la Junta de Andalucía, demandando un cambio radical en las actuaciones. «Pero evidenciamos que, por parte de la Junta de Andalucía, se sigue insistiendo en la aplicación de los protocolos de sectorización y medicalización dentro de las residencias, que se han demostrado fracasados y a las cifras nos remitimos: desde el principio de la pandemia, en las residencias de mayores de Andalucía se han producido a consecuencia de la covid 1.815 fallecidos y 9.581 contagios con una tasa de mortalidad en residencias del 26,67% frente al 1,56% de la población en general.
En los días de la primera ola de la pandemia de covid-19, el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (Madpp), y la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), preocupados por la enorme incidencia de contagios y fallecimientos que estaba teniendo la pandemia en las residencias de personas mayores, comenzaron una serie de iniciativas encaminadas a tratar de entender las causas y aportar algunas propuestas que pudieran servir para paliar esta desgraciada sangría de vidas de personas mayores en las residencias.
«No estaban preparadas»
Fruto de esos trabajos es este informe, en el que destaca que, al principio de la pandemia que sorprendió a todo el mundo, se puso de manifiesto que las residencias «no estaban preparadas para hacer frente a esta crisis sanitaria; las residencias son espacios de uso colectivo cuyas infraestructuras no son siempre apropiadas para contener una pandemia de estas características».
Todas las provincias andaluzas están por debajo de la media nacional, destacando la ratio de Jaén (3,9), que se encuentra a la cabeza y las de Málaga, Cádiz y Sevilla (2,6), que se sitúan en el furgón de cola de las comunidades autónomas y del resto del Estado.
Como se puede observar en los siguientes gráficos, el incremento de la propiedad y la gestión privada de las residencias en Andalucía ha sido paulatino. Así, en el período de 2006 a 2019, el número de plazas privadas se ha visto incrementado del 70,80% al 77,69%, es decir, 6,11 puntos, sobre su participación anterior. Todo lo contrario ha ocurrido con las plazas públicas, que han pasado del 29,20 al 22,31%, lo que ha supuesto un descenso de 6,89 puntos, o lo que es lo mismo: una pérdida del 30,88 % de las plazas:
En España, a lo largo de los últimos años, debido al envejecimiento de la población y el crecimiento de las necesidades de atención entre las personas mayores, se ha ido evidenciando un potencial nicho de empleo y negocio, al que se han ido sumando los inversores privados (fundamentalmente empresas mercantiles, pero también del tercer sector).
Dado el apoyo público que han estado recibiendo estas entidades, a través de subvenciones y diversas modalidades de contratos públicos, «se ha ido asentando el temor de que se produzca un proceso de mercantilización de los servicios sociales a personas mayores», pone de relieve el estudio al que ha tenido acceso este periódico.
En Andalucía el número de residencias de titularidad de las diferentes administraciones públicas ascienden a 161 con la siguiente distribución: público-local (131), público-provincial (10) y público-autonómica (20). De estas residencias de titularidad pública, un 43,48% de ellas han pasado a ser gestionadas y explotadas mercantilmente por empresas del sector privado, algunas de ellas pertenecientes a grandes grupos multinacionales cuya financiación proceden de fondos de inversión tales como Domusvi (perteneciente al fondo Intermediate Capital Group y SRS), Vitalia Home (CVC Capital Parners), de ámbito nacional como Clece, de Florentino Pérez, o fundaciones como Gerón.
Según Resolución de 28 de enero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y dependencia de Andalucía, por la que se revisan los costes máximos de las plazas objeto de concertación con centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia, en la Comunidad autónoma de Andalucía, el número de plazas concertadas para residencias en 2020 son 18.624, de las cuales 14.390 (77,27%) tienen como destino centros privados y 4.234 (22,73%) para centros públicos. En el siguiente cuadro puede verse lo que cuesta cada plaza residencial según su tipología, desde los 31,46 euros diarios que cuesta el centro de día con transporte hasta los casi 100 euros al día que supone la enfermedad mental grave:
«La infraestructura de los centros residenciales facilitó la difusión de la enfermedad por el uso compartido y continuado de espacios, en los que son relativamente frecuentes los problemas de ventilación, así como las dificultades arquitectónicas para sectorizar y aislar a los residentes. Tampoco las diferentes Administraciones Públicas reaccionaron correctamente, algunas de ellas con actuaciones tan graves como impedir en muchos casos el traslado de las personas mayores de las residencias a hospitales o UCIs en caso de necesitarlo, dando por hecho que en la residencia se podía prestar una asistencia sanitaria adecuada, que se ha demostrado que no es posible», concluye el informe.
El modelo residencial en la actualidad está concebido como un centro prestador de servicios, considerando a la persona como un sujeto pasivo receptor de esos servicios, lo que produce «un gran desarraigo y melancolía en las personas», a juicio de FOAM, por lo que se hace necesario reorientar las residencias hacia «un modelo centrado en la persona, entendiéndola como un sujeto activo, concediéndole capacidad para participar en las decisiones del entorno que le rodea, manteniendo su autonomía y el control sobre su propia vida».
«Por desgracia, la emergencia sanitaria por la pandemia no ha terminado y comprobamos con estupor cómo esta tercera ola continúa teniendo unas consecuencias graves en las residencias de mayores de Andalucía, demostrando que la Junta de Andalucía no ha aprendido nada de los errores anteriores y sigue sin poner en marcha las medidas correctoras necesarias», agregan desde FOAM.
Se continúa ignorando lo recomendado en el informe del grupo de trabajo covid-19 de la Comisión Delegada y del Comité Consultivo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, presentado al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia el día 2 de Diciembre de 2020 y asumido por Madpp y FOAM. La recomendación es la siguiente: “Derivar a los afectados por infección de SARS-CoV-2 de las residencias hacia centros intermedios y gestionados por el sistema sanitario en colaboración con los servicios sociales y conectados con el ámbito hospitalario es una estrategia que ha mostrado alta eficacia, rebajando sensiblemente el riesgo de propagación de la infección en el medio residencial, lo que permite que este último mantenga su funcionalidad”.
Es un protocolo de actuación avalado desde el principio de la pandemia por el prestigioso virólogo italiano Sergio Romagnani y que fue puesto en práctica, demostrando una alta eficacia, en el estudio realizado en Spokane (Washington) entre el 24 de abril y el 2 de junio de 2020 por parte del Dr. Robert J. Fischer, que concluía: “Nuestros hallazgos sugieren que la evacuación temprana de los residentes de covid-19 de la residencia de mayores detuvo el brote. 17 días después de implementar los procedimientos de evacuación, no se habían identificado más casos de covid-19 entre los residentes o el personal, bajando la tasa de letalidad del grupo estudiado al 13,2%, mientras que en el resto de EEUU la tasa de letalidad de las residencias de mayores era del 28%”.
Comentarios recientes