Miguel Vazquez

El presidente de Pladigmare, Miguel Vázquez.

Salud

«La falta de personal, de control y de plazas en los geriátricos es un negocio redondo»

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El presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare), Miguel Vázquez, analiza para EL LIBRE los terribles hechos acaecidos en los geriátricos españoles durante la pandemia

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, conviene recordar que el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las 5.457 residencias de ancianos españolas (ya sean públicas, concertadas o privadas) con Covid-19 o síntomas similares se sitúan en 19.495, según los datos proporcionados por las comunidades autónomas. La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían a un 71,8 % del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad.

A día de hoy, en Andalucía se han notificado 553 muertos con coronavirus o síntomas compatibles en residencias desde el inicio del brote, siendo la Residencia Joaquín Rosillo (San Juan de Aznalfarache) la más perjudicada. Esta cifra representa un 39,39% del total de fallecidos en la comunidad autónoma.

El presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare), Miguel Vázquez, venía denunciando desde hace años la situación precaria y la mediocridad de los servicios sociosanitarios en los geriátricos, sobre todo en los de gestión privada.

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Una imagen de la Residencia Joaquín Rosillo.

De aquellos polvos lucrativos, que anteponían los beneficios a la calidad de vida de los ancianos, vienen estos lodos, unas arenas movedizas de connivencia entre empresas y gobiernos, con la ley del silencio por bandera, que han provocado que la Fiscalía General del Estado mantenga 194 diligencias civiles y otras 200 investigaciones en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias. En esta primera parte de la entrevista, Vázquez analiza todo lo ocurrido de manera taxativa.

-¿Cómo nace Pladigmare?

-Decidimos convertirnos en una asociación legal para que no se politizara el proyecto y para asumir responsabilidades y poder funcionar de una manera formal y con garantías democráticas. Entonces, nos convertimos en asociación en septiembre de 2016. Y, desde entonces, hemos denunciado la situación. Yo tuve a mi madre desde 2007 hasta 2012 en una residencia de Usera y ya allí conseguimos algo, que luego se extendió a todas las residencias que tuvieran algún tipo de subvención pública, como son los consejos de usuarios, donde están representados familiares y residentes, y logramos poner sobre el tapete el problema de las residencias.

-El problema básico es que la ratio cuidador/residente no es la adecuada, ¿verdad?

-Nosotros denunciamos la falta de personal debida a que las ratios están más pensadas para garantizar el negocio que para atender a los mayores, porque cuentan a todos los trabajadores (desde el director hasta el cocinero) para establecer esas ratios y no tienen en cuenta que los residentes están las 24 horas del día en la residencia y los trabajadores no. Entonces, dijimos que eso no podía ser así y que tenían que establecer turnos. No se puede garantizar un beneficio económico a costa de tener poco personal, porque la realidad es que te encuentras con un trabajador de atención directa por cada 15 o 20 residentes. Eso es inadmisible.

-¿Existe un muro de desinformación entre los usuarios y sus familiares?

-Hay una falta de control reflejada en la inexistencia de órganos de representación, porque los familiares solo pueden participar en los consejos de usuarios y residentes si tienen la tutela judicial del residente. Y además, de los 183 geriátricos que cuentan con este derecho de representación en la Comunidad de Madrid, solo pudieron darnos noticias de 11. Los demás, como si no existieran.

-El problema se agrava con la escasa oferta de plazas existente ante la creciente demanda…

-Así es. La Organización Mundial de la Salud establece que tiene que haber un 5% de plazas residenciales en relación a la población mayor de 65 años, por lo que el déficit que hay en España es de 70.000 plazas. Entonces, la falta de personal, de control y de plazas es un negocio redondo, porque la falta de plazas lleva a que, si no tienes acceso a una residencia pública y si te urge mucho, no tienes más remedio que llevar a tu madre o a tu padre a una residencia privada, cuyas plazas cuestan de 2.000 euros al mes para arriba en la Comunidad de Madrid. Muchas familias están empezando a vender su patrimonio para poder pagar la plaza residencial privada. Esto es lo que venimos denunciando desde el principio.

-La pandemia ha dejado las vergüenzas de los gestores de las residencias de ancianos al aire, por así decir…

-Exactamente. El Covid-19 ha puesto de manifiesto todo lo que estábamos denunciando. Es evidente que todo lo que ha pasado es consecuencia de la situación que había previa con independencia de todos los errores que se han estado cometiendo durante este tiempo. Aquí en la Comunidad de Madrid ha sido un desastre sin paliativos, porque el 92% de los geriátricos están en manos privadas. ¿Cómo se puede garantizar un derecho dejando este servicio en manos privadas?

La autorización administrativa establece unos requisitos y uno de ellos es la cualificación de los trabajadores, que es muy baja

-¿Tan fácil es para una empresa montar un geriátrico?

-Las residencias privadas forman parte del sistema. La autorización administrativa establece unos requisitos y uno de ellos es la cualificación de los trabajadores, que es muy baja, y otro de ellos es la ratio de personal: les vale con las que estableció el Consejo Territorial de la Dependencia en el año 2008, es decir, 0,47 para el grado de dependencia 3, contando con todos los trabajadores (sean cuidadores o no) como si trabajasen las 24 horas del día, cosa que no es así.

-El mapa privatizado de los geriátricos en España es ingente, ¿no es así?

-En Madrid, de 465 residencias, solo 65 son públicas. De ellas, una es estatal y 44 de titularidad autonómica (25 de gestión pública: 19 privatizadas y el resto, municipales). Entonces, se ha potenciado que se hicieran empresas privadas, no solo en Madrid sino en toda España. Todas las comunidades autónomas deben empezar a pensarse ya en crear planes de creación de residencias públicas para reequilibrar el sistema, por lo menos hasta llegar al 50%.


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One Comment

  1. Avatar M. Ángeles Vallejo Palacios

    Estoy totalmente de acuerdo con todo lo descrito en esta entrevista. Estoy viviendo en mis propias carnes las consecuencias de este estado de cosas. Estoy luchando individualmente para cambiar algo, pero me gustaría hacerlo en equipo, porque seguro que conseguiría más logros.
    Un saludo afectuoso.

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