Roberto Macías: «No fui a la justicia porque no quería ser aplastado por la maquinaria socialista»

El ex trabajador de UGT Andalucía continúa contando para EL LIBRE la odisea que está viviendo por denunciar en 2013 la presunta trama de financiación ilegal del sindicato, que podría ascender a 41 millones de euros. Mientras la antigua cúpula de la UGT en Andalucía todavía no ha sido juzgada, el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla ha condenado a Macías a dos años de cárcel por delito de descubrimiento y revelación de secretos. Habrá recurso 

Roberto Macías sigue, inquebrantable al desaliento, con su cruzada para que salga la verdad acerca de las presuntas corruptelas de la UGT en Andalucía y en el resto de España. El próximo 12 de agosto, el sindicato cumple 132 años y aquí se revelan datos, pinceladas importantes, del oscuro funcionamiento que ha tenido desde la Transición hasta nuestros días.

-¿Has recibido amenazas por parte del entorno del sindicato?

-Cuando soy señalado en un principio, intervinieron todos mis dispositivos informáticos y mis ficheros. Esto es una comitiva judicial que viene a mi domicilio con la policía científica y la Unidad de Delitos Informáticos, que pasan toda una tarde conmigo. Ahí me doy cuenta de que la organización me ha señalado y que es una advertencia para que tuviera cuidado. A partir de ahí, sufrí un shock y, durante muchos meses, tuve un delirio de persecución, porque cualquier ruido que escuchaba me sobresaltaba. Psicológicamente me pasó factura, a mí y a mi esposa, porque te ves envuelto en una investigación judicial y te ves atropellado por la justicia. Lo que yo intentaba evitar al final se produce de una forma dura y grotesca. Si sus cuentas son tan impecables, no debería haber habido tanto problema en la investigación.

-¿Por qué se dilata tanto el proceso?

-Se demuestra la paralización de la justicia frente a los casos de corrupción. La investigación se llevó dos años parada, porque el informe pericial llegó incompleto. Y esto ha permitido a muchas personas rehacer su vida, pero a mí no me lo han permitido, porque en este proceso paralelo he sido condenado. Y ellos consideran que la sentencia no es tan severa para lo que ellos esperaban (un escarmiento), por lo que han vuelto a solicitarle a la jueza los 60.000 euros por daño moral al sindicato. Pero, ¿qué moral tiene una organización investigada en cuatro comunidades autónomas? Una organización cuyos principales líderes históricos han sido condenados, como José Ángel Fernández Villa, por apropiación indebida; José Ricardo Martínez (UGT Madrid), por el uso fraudulento de las tarjetas black; Manuel Pastrana, que no va a ser condenado por enfermedad, pero hay indicios de su participación en este colosal fraude; Justo Rodríguez Braga, ex secretario general de UGT en Asturias se sentará en el banquillo por presunto fraude de subvenciones en el desvío de 1,4 millones de euros de fondos públicos para cursos de formación entre 2010 y 2014; el sindicalista Juan Lanzas, que manejaba sobrecomisiones del caso ERE y al que ahora la Junta de Andalucía le reclama cerca de 3 millones de euros por un supuesto fraude con la gestión de las residencias de tiempo libre… ¿¿Qué moral puede tener un sindicato así??

-¿Robó usted los documentos, las pruebas incriminatorias?

-Ellos dicen que robé información y no es así. Yo he utilizado información que tenía a mi alcance y no me han autorizado a hacer esas revelaciones. ¿Pero quién te va a autorizar a hacer revelaciones que le van a perjudicar? En Europa se establecen canales internos de denuncia en las empresas. Pero este sistema en España no va a funcionar, porque el que lo utilice para denunciar una práctica irregular, va a ser el primer despedido y represaliado. A mí me denuncian por no denunciar primero a nivel interno este fraude y por no haber acudido a la justicia. Pero la justicia no me merecía ninguna confianza por la politización y por el corporativismo que hay: todos se protegen y todos se defienden. En ese momento, Andalucía era un cortijo controlado por el PSOE, entonces yo quería evitar ese choque para no ser aplastado por la maquinaria socialista.

-¿Cree usted que el PSOE ha podido obstaculizar esta investigación?

-Es evidente que se presiona a jueces y se hacen llamadas. Lo vemos en el Caso Villarejo. El mismo Pedro Sánchez ha reconocido que la Fiscalía depende del Gobierno. En mi manifestación en sede judicial, le digo al fiscal que no acudí a la Fiscalía porque es un órgano político. Y no fui tampoco a la Policía, porque los mandos policiales, a veces, también hacen un trabajo político. Y yo siempre he querido evitar el choque con estos poderes tan rancios, tan oscuros, tan decadentes y tan consolidados.

-¿Es esto debido a la mala calidad de nuestra democracia?

-Por supuesto. Mientras en España no haya separación de poderes, no hay democracia. Y, si no hay democracia, vivimos en un Estado muy oscuro donde se cometen muchos abusos y muchos atropellos y donde la ley no es igual para todos. A la vista está en mi caso: para ellos es la benevolencia de la justicia, porque a Manuel Pastrana nunca se le ha tomado declaración ni como imputado y está en su casa muy tranquilo, mientras que yo he tenido que ir a declarar dos veces, en noviembre y en marzo, por lo que he sufrido dos escarmientos.

-¿Pondrá un recurso? La Directiva Europea es clara al respecto de la protección de personas que revelan secretos que sacan a la luz presuntas corruptelas…

-Claro. La sentencia es injusta, porque no tiene en cuenta la Directiva Europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que considera que llevar a juicio a una persona que informe de una infracción es, en sí, una represalia. Esos casos se tendrían que archivar o, en su defecto, absolver. Me han condenado por no haber utilizado los canales de denuncia habituales (interno o judicial), pero hay una tercera vía: la revelación pública a través de los medios de comunicación, cuando se considera que es un tema de utilidad pública. La jueza no me aplica la Directiva Europea porque dice que «no se ha traspuesto el derecho nacional», y es otro error, porque la Directiva es de aplicación para todos los Estados miembros de la Unión Europea desde el 17 de diciembre de 2019. La última noticia que tengo es que el ex secretario del sindicato, el que manejaba el dinero, ha solicitado que la revelación pública sea considerada como una prueba ilícita y ha pedido el archivo de toda la investigación, lo que podría suponer que nunca nadie asuma la responsabilidad y que los andaluces no recuperen ni un céntimo de esos 41 millones de euros de dinero público. Confío en que el recurso acabe bien, porque hay movimientos políticos que se están orientando a proteger más a los alertadores. Esto tendrá un final feliz.

-¿Han devuelto algo de lo defraudado?

-En el caso de la UGT, hace poco tiempo la Junta ha reconocido que le reclama al sindicato 64 millones de euros por «no justificarlos de forma adecuada». De todo ese dinero, solo se han devuelto 25.500 euros que corresponden a dos facturas: una de la Feria de Abril y otra de una comida de mujeres en Jaén. Espero que devuelvan hasta el último céntimo.

-¿Tiene esperanzas de que, ahora que gobierna el PP, la Junta pueda ser más dura a la hora de fiscalizar a la UGT?

-Dudo mucho de que el escenario vaya a cambiar, porque la UGT no deja de ser un agente social y la Junta sigue tratando con agentes sociales en lugar de aplicar la Ley de Subvenciones y sancionarlos. Entiendo que el escenario no cambiará, porque todos forman parte de este Estado corrupto. En Andalucía no tenemos una Oficina Anticorrupción, una eterna promesa tanto del PSOE como de Moreno Bonilla y no hay ninguna esperanza de que el escenario cambie para los alertadores en Andalucía, que sigue siendo una tierra muy hostil para todas las personas que denuncian casos de corrupción: Jaime González, Cristóbal Cantos, Teodoro Montes, el mismo Jesús Candel… Constantemente, este sistema represalía a todas las personas que son beligerantes contra el cortijo andaluz.

-¿Tiene problemas para encontrar trabajo actualmente?

-Soy licenciado en Derecho, pero no he homologado el título (me lo saqué en mi país natal, Méjico). En España he hecho un experto universitario en Victimología y un máster en Relaciones Laborales, pero entiendo que mi nombre está vetado. Los alertadores no tenemos un perfil grato para la empresa privada. Quedamos excluidos y expulsados del mercado laboral, porque debe haber una libreta negra donde nos incluyan. Somos los grandes apestados de esta sociedad. Estuve a punto de llegar a la miseria y a la exclusión, pero gracias al apoyo de unos amigos pude resistir. Ahora tengo una campaña en Facebook para conseguir algún dinero que estoy utilizando para pagar a los profesionales que me están dando la asistencia jurídica. Todos los poderes públicos me han dado la espalda, porque lo mínimo que me tenían que haber dado es la asistencia psicológica.

En el siguiente enlace puede leer la primera parte de la entrevista con Roberto Macías: «UGT es como una secta»