Los partidos políticos se ríen de la Cámara de Cuentas

Como es habitual en la partidocracia española, los partidos usan el poder y el derecho para su beneficio particular y abusan de estos en las instituciones públicas para estafar a la ciudadanía

Sin embargo, esta parece no darse por enterada, dado que los sigue apoyando con su participación mayoritaria cada vez que convocan elecciones, legitimando el sistema partidocrático que le perjudica y que tanto beneficia a los partidos. En el fondo, es un ejercicio de masoquismo social que, algún día, alguien investigará y analizará en profundidad.

Tras la aprobación en 1978 de la mal llamada Constitución, elaborada a espaldas del pueblo español y sin la necesaria ruptura democrática con el régimen franquista, los partidos hicieron algo similar en Andalucía con el Estatuto de Autonomía, que finalmente fue ratificado por las Cortes Generales en 1981 (Ley Orgánica 6/1981).

En su artículo 70 se indicaba que el control económico y presupuestario de la Comunidad Autónoma se ejercería por el Tribunal de Cuentas, en los términos de la ley. Pero el poder partidocrático nunca se conforma con lo aprobado inicialmente y los partidos siempre andan liados con sus ampliaciones y abusos de poder.

Y siendo fieles a su voraz apetito de poder, crearon otra institución nueva en 1988, no prevista en el citado Estatuto: la Cámara de Cuentas (Ley 1/1988). Para justificar jurídicamente su creación, alegaron que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas disponía que, con independencia del Tribunal de Cuentas, los sistemas e instituciones de control podían crearse en función de las previsiones estatutarias o a través de una ley que los autorice en el territorio comunitario.

Es decir, los partidos se lo guisan, los partidos se lo comen: pueden aprobar cuantas leyes quieran y modificarlas, crear cuantas instituciones se les antoje, sin que el pueblo español pueda hacer nada por evitarlo. Se lo montaron de escándalo, todo bien diseñado con la Constitución para el pueblo sin el pueblo.

Para dejarlo bien agarrado, los partidos aprovecharon la reforma del Estatuto de 2007 para otorgar a dicha cámara una cobertura estatutaria. Esta reforma del Estatuto sólo la apoyó en el referéndum un 31,05% del censo electoral andaluz (la participación fue del 36,28%). Sin embargo, el aletargado 63,72% restante de andaluces no actuó ante la falta de legitimidad del nuevo texto autonómico. Eso sí, quejarse, se quejan continuamente, pero desde el sofá del salón de su casa y el anonimato, no vaya a ser que les perjudique al perder alguna futura dádiva o favor que pueda otorgarle algún partido…

A pesar de esa falta de legitimidad, los partidos no hicieron nada para mejorar el texto y abrir su elaboración a la participación de los andaluces, sino que ratificaron la reforma del Estatuto que tanto les convenía (por cierto, una mala copia del Estatuto catalán). Insisto en que alguien deberá estudiar estos graves comportamientos sociales de un pueblo que, mayoritariamente, se traga todo lo que le preparan los partidos políticos sin que, a estas alturas, haya conocido la dignidad y libertad política.

La Cámara de Cuentas, según la citada reforma del Estatuto, se define como el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía. Depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía y su composición, organización y funciones deben regularse mediante ley que, obviamente, elaboran y aprueban los partidos a espaldas del pueblo.

Como ocurre en esta partidocracia española, esta institución sirve de bien poco, como tantas instituciones que los partidos crean -sin dejar de controlarlas- para otorgar una apariencia de que todo funciona con los debidos controles. De hecho, los partidos nombran a los consejeros en la cámara para dejarlo todo bien controlado. Y el pueblo, traga y traga.

Los partidos se ríen de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas

Como llevo advirtiendo en numerosos artículos, los auditores de la Cámara de Cuentas, a pesar del maquillaje que sufren sus informes (para eso colocan los partidos a sus comisarios políticos en las instituciones), advierten en sus informes de graves ilegalidades y acaban recomendando acciones a los órganos fiscalizados. ¿Y qué hacen los partidos? Reírse de todo ello, porque incumplir las recomendaciones no tiene consecuencias. Lo mostraré con un ejemplo ilustrativo.

La Cámara de Cuentas viene constatando, año tras año, el bajo nivel de rendición de las cuentas públicas de las entidades locales andaluzas (diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales autónomas), algo verdaderamente sustantivo y que coloca a Andalucía como la Comunidad Autónoma con los niveles de rendición más bajos de España.

¿Y a qué se debe este problema de la falta de rendición de cuentas? Obviamente, a una deficiente legislación y a la pésima gestión de los partidos que gobiernan esas entidades locales y que dirigen los dos centros directivos de la Junta de Andalucía competentes en régimen local (actualmente son la Secretaría General de Administración Local, por un lado, y la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, por otro). ¿Y quiénes legislan? Sí, los partidos en las Cortes Generales (legislación básica) y el Parlamento andaluz, que, por ley, podrían adoptar las medidas necesarias para evitarlo. Pero los partidos nunca se tiran piedras en su propio tejado y menos aún al estar fusionados los poderes legislativo y ejecutivo.

Ante este problema, la Cámara de Cuentas ha reiterado en muchas ocasiones la misma recomendación: que se vincule el cobro de las subvenciones que reciben las entidades locales, otorgadas por la Junta de Andalucía, así como los fondos que reciben de los tributos que recauda la Comunidad Autónoma (PATRICA), a la efectiva rendición de las cuentas públicas por dichas entidades locales. Lo de sancionar personalmente a los gobernantes de las entidades locales incumplidoras, ni mentarlo… ¡Qué locura!

¿Comprenden por qué se ríen los partidos de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas que ellos mismos han creado y controlan políticamente? ¿Se imaginan a los partidos que gobiernan desde el Ejecutivo andaluz dejar sin fondos a los ayuntamientos que ellos mismos gobiernan, o que gobiernan los partidos de la oposición, reconociendo que no lo gestionan bien al dejar de rendir las cuentas públicas? Es imposible imaginarlo, porque las entidades locales andaluzas reciben más de 2.000 millones de euros del Plan de Cooperación Municipal y de la participación en los tributos (Patrica), y ningún partido se castigará a sí mismo, porque los vecinos de la localidad se les echarían encima cuando el dinero no llegase a las arcas de las entidades locales y estas se vieran obligadas a gastar menos de lo presupuestado.

Como los partidos siguen sin hacer caso a esta reiterada recomendación de la Cámara, en el mes de octubre de 2020 presentó una Moción ante el Parlamento en la que se proponía vincular el cobro de subvenciones y la percepción de la Patrica a la efectiva rendición de cuentas a la institución de control. Resultado: risa, risa y más risa de los partidos.

¿Y los andaluces pretenden acudir mayoritariamente a las urnas para legitimar una vez más este corrupto régimen de partidos? ¿Aún no han descubierto que la partidocracia no permite que el pueblo pueda controlar eficazmente los abusos de poder de los partidos? Y cuando digo partidos, los incluyo a todos, pues cualquier partido que participe en dicho régimen acepta implícitamente las reglas de juego del sistema partidocrático, aun dañando gravemente a la nación o al pueblo español.

Despertad, andaluces, despertad… que la siesta os va a arruinar.