Los datos no engañan: ¿qué hay de verdad sobre las privatizaciones de la asistencia sanitaria en Andalucía?

Si uno se introduce en el océano de las redes sociales y medios de comunicación, se comprueba que, con relación al actual gobierno andaluz y los anteriores, se han publicado numerosas opiniones favorables y desfavorables sobre las privatizaciones de la asistencia sanitaria, es decir, en contratos y conciertos sanitarios con empresas privadas, siendo especialmente llamativas las publicadas por los políticos, que tienen como único fin el quemar a sus partidos rivales. Sin embargo, todo ello se realiza sin aportar públicamente los datos oficiales del gasto en los que basan la defensa o crítica de esos gastos

La Asociación JUSTICIA POR LA SANIDAD ha realizado un exhaustivo estudio de estos gastos, basado en la Cuenta General publicada por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda, correspondientes a la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde el año 2010 hasta el año 2022, teniendo en cuenta que, para este último, sólo se cuenta con datos provisionales de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2022, a falta de aprobarse la Cuenta General de 2022. Asimismo, se han analizado los Informes de la Cámara de Cuenta sobre dichas Cuentas Generales.

Ha de indicarse que la transparencia de dichas cuentas es ínfima. Cualquier ciudadano español que desconozca la contabilidad pública y cómo funciona la Administración (más del 95% de la población española) tiene como misión imposible obtener esta información que, obviamente, es ocultada por los gobernantes de turno.

Es importante señalar que los importes económicos de las obligaciones de gasto son cuantías mínimas, dado que se desconoce lo gastado en asistencia sanitaria con medios privados por las cinco agencias sanitarias, que recientemente se han integrado al SAS, así como los gastos no aplicados al presupuesto. Estos últimos aparecen en la Cuenta General contabilizadas en la cuenta 413, denominada Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (desde 2021 pasa a denominarse «acreedores por operaciones devengadas»). El importe anual de esta cuenta 413 suele ser muy elevado. Para que se hagan una idea, en 2019, el importe que el SAS no aplicó al presupuesto fue de 895 millones de euros, en 2020 de 354,6 millones de euros, y en 2021 de 736,12 millones de euros (de estos últimos, casi 49 millones de euros corresponden a gastos en asistencia sanitaria con medios ajenos o privados).

Además, tal como el autor de este artículo ha denunciado multitud de veces, en la Junta de Andalucía se contrata verbalmente, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, y se prorrogan contratos o conciertos de forma ilegal, sin contabilizarlo en los presupuestos, como se constata en los Informes de la Intervención General y en el Consejo Consultivo.

La Cámara de Cuentas reitera en sus informes, con prioridad ALTA, que se establezcan los mecanismos necesarios para el impulso y seguimiento de los trabajos de depuración, regularización y, en su caso, imputación definitiva al presupuesto de estas operaciones extrapresupuestarias de forma sistemática, pero la Junta de Andalucía hace caso omiso, como casi siempre ocurre en esta dañina partidocracia, que se perpetúa gracias a los millones de españoles que siguen votando listas elaboradas por los partidos políticos integrados en el Estado, unos millones que son incapaces de salir del complejo e inteligente bucle trazado por los partidos, sus íntimos allegados y los medios de comunicación de masas.

Gasto total y pormenorizado de la asistencia sanitaria contratada o concertada con empresas privadas

A la vista de los datos que se presentan a continuación, es obvio que todos los partidos que han pasado por el gobierno andaluz desde 2010 han mentido: PSOE, IU (socio del PSOE desde 2012 a 2015), Ciudadanos (socio del PP en el gobierno desde 2019 a 2022), y el PP, que gobierna desde 2019. Y los partidos de la oposición, han estado viviendo de la misma estafa partidocrática.

En la actualidad, es la consejera de Salud, Catalina García Carrasco, y su plana mayor, así como los directivos del SAS, quienes mienten cuando dicen que no se está privatizando la asistencia sanitaria en Andalucía. Según ha publicado el diario El Mundo, la consejera del ramo ha manifestado, el pasado día 13 de febrero, que «este gobierno no va a privatizar absolutamente nada… Este gobierno ha dado señales claras de su apuesta por la sanidad pública y todo lo demás es desviar la atención».

Sin embargo, quien desvía la atención es la consejera, pues estas manifestaciones quedan desmentidas con los datos publicados por la Intervención General de la propia Junta de Andalucía: ha aumentado el gasto en asistencia sanitaria con medios privados, incluidos los servicios de pruebas diagnósticas. Es incoherente decir que no hay privatización, sino refuerzo de la sanidad pública con un fuerte gasto en nuevos centros sanitarios públicos y reformas de otros, así como en equipamientos y personal para dotarlos, cuando por otro lado se aumenta el gasto en asistencia sanitaria con medios privados. Si dicho refuerzo fuera cierto, lo lógico sería que disminuyera el gasto de la asistencia sanitaria con medios privados, y no al contrario.

Lamentablemente, con el sistema partidocrático instituido en 1978, todos los partidos y sus allegados mienten sin pudor alguno, porque saben que los españoles no tenemos posibilidad de controlarlos con dicho sistema, que se perpetúa con los votos de la mayoría de los españoles. Sólo una abstención mayoritaria deslegitimaría este sistema y a los partidos que intentaran gobernar, y pondría fin a estos problemas de la Sanidad pública.

A continuación, se aportan los datos obtenidos por la citada Asociación Justicia por la Sanidad, de forma resumida.

1) Gasto total en asistencia sanitaria con medios privados.

En el siguiente cuadro aparece el gasto total realizado por la Consejería de Salud y el SAS en asistencia sanitaria con medios ajenos o privados, desde el año 2010 hasta finales de 2022:

Como puede observarse, el gasto en asistencia sanitaria con empresas privadas se ha incrementado en 2022 en un 45% respecto a 2021. Ha pasado de 454,5 millones de euros en 2021 a 661,22 millones de euros en 2022, cuantías que deben considerarse mínimas en base a los motivos expuestos anteriormente, reserva que debe aplicarse igualmente a los siguientes gastos pormenorizados.

2) Gasto en conciertos con entidades privadas en régimen de hospitalización.

Este gasto incluye el coste de la asistencia sanitaria concertada con entidades privadas, correspondiente a servicios prestados en régimen de hospitalización.

La evolución del gasto desde el año 2010 se muestra en la gráfica siguiente:

Se observa que, en los ejercicios de 2010, 2013, 2014, 2017, 2018 y 2022, la suma de las obligaciones de gasto de la Consejería de Salud y el SAS superaron el crédito definitivo disponible de los Presupuestos anuales. Es decir, se realizaron gastos sin consignación presupuestaria, sin perjuicio de la existencia de otros gastos no aplicados a los presupuestos públicos o realizados por las agencias sanitarias. Asimismo, destaca que el gasto en el año 2022 ha crecido un 206% con respecto al año 2021.

Por cierto, según el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, se considera infracción «comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlo o con infracción de lo dispuesto en la presente Ley o en la del Presupuesto que sea aplicable».

¿Saben a cuántas autoridades y empleados públicos les han incoado un procedimiento exigiendo daños y perjuicios por este motivo? A nadie.

3) Gasto en transporte sanitario.

Se incluyen los gastos destinados a atender los servicios concertados de traslado de enfermos y accidentados, en los diversos medios de transporte sanitario.

Este gasto, junto al de los conciertos con entidades privadas en régimen de hospitalización, es uno de los de mayor cuantía económica. Este gasto se desglosa en la Cuenta General en cuatro tipos de gastos: transporte sanitario en ambulancias asistidas (UVI Móviles), transporte sanitario urgente, transporte sanitario programado o no urgente, y otros transportes sanitarios (prestaciones de transportes sanitarios no contempladas en los anteriores).

En esta gráfica se muestra el gasto total en transporte sanitario desde el año 2010 hasta el año 2022:

Los gastos que más han crecido son los de las ambulancias asistidas, que ha pasado de 58.573 euros en 2021 a 7,64 millones de euros en 2022, y el del transporte sanitario urgente, que ha pasado de 51,1 millones a 59,43 millones de euros en los mismos años.

4) Gasto en hemodiálisis.

Este gasto, destinado a atender los servicios concertados de hemodiálisis, en centros sanitarios o domiciliarios, se desglosa según el tipo de servicio, en los siguientes subconceptos: hemodiálisis en centros hospitalarios, Club Diálisis, hemodiálisis en centros satélites y otras diálisis.

Se denomina Club Diálisis a unidades de diálisis ambulatorias, denominadas así inicialmente por la «atmósfera anticlínica» que tenían los pacientes. En la siguiente gráfica se muestra el gasto total concertado en diálisis:

Desde 2019 se ha producido un aumento progresivo del gasto, pasando de 61,04 a 72,26 millones de euros, sin alcanzar la cifra más alta de 76 millones de euros, correspondiente al año 2012. De dicho gasto, la mayor cuantía corresponde al Club de Diálisis.

5) Gasto en asistencia concertada con especialistas.

Incluye los gastos destinados a atender los servicios concertados por cualquier tipo de institución, así como los prestados por especialistas para la realización de tratamientos médicos o quirúrgicos. Este gasto se clasifica en seis subconceptos: oxigenoterapia y otras terapias por vía respiratoria, terapias quirúrgicas, terapias oncológicas, rehabilitación, asistencia dental y asistencia podológica.

Desde el año 2010, la evolución del gasto total se muestra en la siguiente gráfica:

El mayor gasto se produce cada año en oxigenoterapia y otras terapias por vía respiratoria, que en el año 2022 alcanzó la cifra de 34,47 millones de euros, seguido de las terapias quirúrgicas con 7,64 millones de euros, la asistencia dental con 6,05 millones de euros y la terapia oncológica con 1,03 millones de euros.

6) Gasto en servicios de carácter diagnóstico.

Este gasto incluye el de los servicios concertados para completar el diagnóstico médico o quirúrgico, distinguiéndose los siguientes tipos de servicios: la Tomografía Axial Computerizada (TAC), la Resonancia Nuclear Magnética (RNM o RMN) y otros medios de diagnóstico.

La evolución del gasto total en estos servicios, desde el año 2010 hasta 2022, se muestra en esta gráfica:

Como se observa, desde el año 2013 se mantiene el gasto en una horquilla que va desde los 20 a los 25 millones de euros, alcanzando en 2022 la cifra de 25,2 millones de euros. La mayor cuantía de este gasto corresponde a las pruebas de RNM, que en 2022 alcanzó la cifra de 18,35 millones de euros, creciendo un 127,7% respecto al año anterior.

7) Gasto en otros servicios de asistencia sanitaria.

Este gasto distingue entre los siguientes subconceptos:

• Servicios de asistencia sanitaria por sentencia, que incluye los gastos originados por sentencias de reintegro a terceros por los servicios de asistencia sanitaria prestada en centros ajenos al sistema sanitario público.
• Otros servicios de asistencia sanitaria, que incluyen el gasto destinado a atender los servicios prestados por instituciones o centros con los que no existe contrato como consecuencia de derivaciones internas del sistema sanitario público.

A continuación, se muestra la gráfica con el gasto total de este concepto, teniendo en cuenta que el 95% de este gasto corresponde al segundo subconcepto, el cual casi se ha triplicado desde 2017:

La Consejería de Salud estimula el trasvase de médicos de la sanidad pública a la privada con su gestión

Es obvio que estos incrementos del gasto de asistencia sanitaria con medios ajenos al Servicio Sanitario Público de Andalucía favorece en gran medida el crecimiento de las empresas privadas del sector sanitario. Y este crecimiento tiene un efecto muy negativo para la sanidad pública: si hay falta de médicos, como suelen aducir nuestros gobernantes para justificar su nefasta gestión y, a su vez, permiten la compatibilidad de los profesionales sanitarios para ejercer en ambos ámbitos, público y privado, ¿quién y cómo se va a controlar la picaresca de la derivación de pacientes del sector público al sector privado por intereses de los propios profesionales que trabajan en ambos ámbitos? ¿Quiénes y cómo van a poner freno al trasvase de médicos del sector público al sector privado, y más ahora que la propia Consejería de Salud está preparando una nueva norma para incrementar las tarifas de conciertos y contratos con profesionales y empresas privadas, pagando más a los médicos que las propias empresas aseguradoras?

Cualquier médico del sector público hará cuentas y verá que le saldrá rentable hacer poco en el horario de trabajo en la sanidad pública y mucho en el horario de su negocio privado, que podrá contratar con la propia Administración, incluso pidiendo una excedencia.

Como ya se ha avanzado, el incremento de los gastos en asistencia sanitaria con medios ajenos se compadece muy poco con los continuos anuncios de los políticos del PP de un gran gasto en nuevas inversiones (edificios sanitarios), en nuevos equipos de tratamiento y diagnosis y en contratación de más profesionales sanitarios.

Si es cierto que han aumentado las inversiones en nuevos centros, equipamientos y profesionales sanitarios, ¿por qué se gasta más en la asistencia sanitaria con medios privados? Algo no cuadra en la ecuación y es más que evidente que el gobierno actual del PP está demostrando su incompetencia e inutilidad con la gestión sanitaria, al igual que hacían los anteriores gobiernos del PSOE (también con IU) y del PP con Ciudadanos.

A pesar de todo, la mayoría de los andaluces seguirán votando irreflexivamente más listas de candidatos elegidos por los jefes de los partidos (los votantes no eligen, sino que ratifican lo elegido por otros a los que no pueden controlar), obviando que la ley seguirá incumpliéndose porque, en esta partidocracia, los ciudadanos carecen de representación para legislar y el sistema no posee mecanismos efectivos para controlar a los gobernantes y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Y a todo ello, añadan una justicia dependiente del Poder Legislativo-Ejecutivo (fusionados en esta partidocracia), que no deja de ser un trampantojo más de tantos.