clinica san rafael cadiz

La puerta de entrada de la Clínica San Rafael de Hospitales Pascual, en la capital gaditana.

Opinión, Salud

La Junta da un paso más en la privatización de la sanidad pública con otro contrato multimillonario con Hospitales Pascual en Cádiz y Huelva

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El contrato, de 771,4 millones y cinco años de duración (de 2022 a 2027), «regula la asistencia ordinaria y urgente en unas zonas con especiales características», según el Gobierno de Moreno Bonilla, que vuelve a apostar por esta empresa sanitaria que da un servicio deficiente en el Hospital Virgen de la Bella (Lepe), donde siguen faltando seis especialidades, y a la que IU ya denunció en 2018 por «abuso de servicio»

El Consejo de Gobierno ha autorizado el expediente de gasto derivado de la contratación, por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la prestación de asistencia sanitaria integral (ordinaria y urgente) a los usuarios de la sanidad pública en los centros hospitalarios de Grupo José Manuel Pascual Pascual (Hospitales Pascual) en Cádiz capital y en las localidades de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, todos ellos de la provincia de gaditana, y en el Distrito Huelva-Costa, en la provincia de Huelva, por un importe total de 771.433.745 euros. El plazo de ejecución será de cinco años desde su formalización sin posibilidad de prórroga.

Estos cinco hospitales de Pascual «complementarán durante los próximos cinco años la red sanitaria pública de Andalucía, prestándose asistencia sanitaria universal y gratuita a los usuarios», aseguran desde la Junta.

En cuanto a la necesidad del contrato, el Consejo de Gobierno ha tenido en consideración que «estas ubicaciones presentan unas especiales características respecto a la provisión de servicios sanitarios hospitalarios, presentando una alta dependencia de la participación privada en los mismos. De hecho, históricamente ha venido disponiendo de diferentes conciertos de asistencia sanitaria para cubrir este hecho que contemplaban la contratación de tres centros hospitalarios, frente a los cinco que se convenian ahora».

«Aunque no hay adscrita una población de referencia, ha existido una derivación a estos tres centros que corresponde a unos 250.912 usuarios de la sanidad pública. Ahora, con este nuevo contrato, se amplía la cobertura a 400.000 andaluces, con dos hospitales más, uno en Cádiz capital y otro en Lepe (Huelva), «mientras se abren nuevos recursos públicos», concluyen desde el Consejo de Gobierno de la Junta.

Conciertos privados en lugar de construir nuevos hospitales públicos en lugares donde son necesarios

En lugar de construir hospitales públicos con dotación de personal del SAS en las zonas que los necesitan, la Junta apuesta por la subcontratación de recursos sanitarios privados. ¿Cómo se mide entonces la calidad de esos servicios? ¿Se hacen inspecciones suficientes? ¿Se inflan el precio de las pruebas diagnósticas? Porque, en el área de bienestar social, la experiencia en muchas residencias sociosanitarias concertadas ponen de relieve una realidad patente: al final, el empresario busca lucro y los trabajadores (auxiliares de enfermería, celadores, enfermeros…) de esos centros trabajan en unas condiciones que nada tienen que ver con las características laborales del personal de las residencias públicas de mayores. Y eso, en definitiva, va en detrimento del usuario.

El ejemplo es extrapolable a las clínicas de la sanidad privada, muchas de las cuales tienen carencias. Antes del nuevo acuerdo que se hizo público ayer, la Junta de Andalucía ya pagaba más de 933.000 euros al mes al grupo privado José Manuel Pascual Pascual por 13 especialidades médicas en el hospital Virgen de la Bella, pero seis de ellas siguen sin estar operativas y carecen de médicos especialistas propios. Los 96.695 vecinos de la costa occidental onubense carecen de pediatras, ginecólogos, neumólogos, oftalmólogos, rehabilitadores y hematólogos, pese a que la Junta firmó en marzo de 2021 un convenio con el grupo sanitario Pascual que incluía dichos especialistas. Lo han solucionado con internistas. Un parche más.

El Chare de Lepe es un edificio fantasma al que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, se comprometió a dar vida cuando se construyera la rotonda de acceso, responsabilidad del Gobierno central. Ya han pasado casi seis años y nada

El Consejo de Gobierno, en su comunicado, utiliza la coletilla «mientras se abren nuevos recursos públicos»… Ese mientras es mucho tiempo para los vecinos de Lepe y su entorno, porque el Chare lleva construido desde 2016 y todavía no se ha inaugurado. Es un edificio fantasma al que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, se comprometió a dar vida cuando se construyera la rotonda de acceso, responsabilidad del Gobierno central. «Nosotros ponemos el dinero para la rotonda si hace falta«, llegó a decir Aguirre en uno de sus típicos calentones verbales. Por ahora, nada de nada.

De hecho, el Ayuntamiento de Lepe y la Consejería de Salud firmaron en marzo de 2021 un protocolo previo a un nuevo convenio, por el que el Consistorio lepero volvía a asumir las actuaciones necesarias para dotar de suministro de agua potable, electricidad y saneamiento del Chare, cuyas obras concluyó el Gobierno andaluz en junio de 2016 y que, por los continuos desencuentros entre ambas administraciones, permanece aún cerrado.

Dijo ayer Elías Bendodo que Hospitales Pascual ha denunciado a la Junta para que pague la deuda por la gestión del anterior gobierno socialista, que asciende a 257 millones con la citada empresa, que acudió a los tribunales para reclamarla y está recibiendo sentencias favorables.

«No había papeles, nada por escrito»

Así lo manifestó el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde calificó esa deuda como uno de los «grandes agujeros económicos heredados del socialismo» y como una «trampa multimillonaria por el concierto de los hospitales Pascual». «No había papeles, nada por escrito», afirmó Bendodo.

Bendodo agregó que Hospitales Pascual reclamó a la Junta 663 millones por ese concierto para tres años y por tres hospitales (en Sanlúcar de Barrameda, Villamartín y El Puerto de Santa María), de los que se abonaron por parte de la Administración 407 millones. La empresa sanitaria acudió a los tribunales para reclamar el pago de otros 257 millones y la Junta tendrá que afrontar ahora el pago de las cantidades que ya cuentan con dicha sentencia favorable.

El actual Gobierno andaluz, según ha recalcado, «zanja el problema» resolviendo el asunto de la deuda y suscribiendo un contrato por cinco años por un importe de 771,4 millones para cinco hospitales (cuatro en la provincia de Cádiz y uno en la de Huelva). No sé si la ciudadanía podrá comprender por qué hay que seguir apostando por una empresa que denuncia a la Junta, reclamando cientos de millones de dinero público, al mismo tiempo que asegura su futuro con otra lluvia de millones con otro contrato, esta vez de más tiempo de duración (cinco años).

«Robo a mano armada»

«Esto ha sido un robo a mano armada». Así de contundente se expresó, a las puertas de la Audiencia Provincial de Cádiz en mayo de 2018, el líder de Izquierda Unida en Andalucía por aquel entonces, Antonio Maíllo, quien presentó un escrito-denuncia ante Fiscalía contra la empresa José Manuel Pascual Pascual SA para que investigara si esta sociedad sanitaria pudo cometer, entre otros, un presunto delito de apropiación indebida. La denuncia de la coalición de izquierdas partía de un informe del Consejo de la Competencia de Andalucía, publicado a principios de marzo de 2018 a partir de una denuncia de la propia Junta de Andalucía, sobre los conciertos de Pascual con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) «en una situación de posición dominante y abuso de servicio que habla de 164 millones de euros de beneficio ilícito», tal y como adelantó en su día La voz del sur.

A juicio del exdirigente de IU, «esa posición dominante no es una cuestión que haya venido al azar en 2018, ya que se llevan 25 años así, con una falta de planificación de la Junta en la que el PSOE ha mirado para otro lado y ha permitido esa posición de abuso«. Competencia impuso dos sanciones a la empresa privada sanitaria por un importe total de 5,33 millones de euros (2.665.132 euros cada una) por «conductas anticompetitivas«, ya que durante tres años y medio «aplicó precios abusivos» por los servicios que prestaba al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las provincias de Cádiz y Huelva.

Como recogió la denuncia presentada por IU hace cuatro años ante el Ministerio Fiscal, en la resolución de Competencia se muestra la diferencia de precios aplicados por Pascual al SAS y los aplicados por otras empresas de servicios sanitarios a los que el servicio público andaluz contrata sus servicios: «Pascual cobra un 82% más en las mamografías, un 151% más en las ecografías, un 133% más en las colonoscopias o un 564% más en las vasectomías, por utilizar sólo algunos de los precios incorporados en las tablas comparativas». Como expone, asimismo, el escrito-denuncia, «la propia mercantil no rechaza haber obtenido un beneficio ilícito, sino que lo considera calculado erróneamente en 164 millones de euros, asumiendo que éste se ha producido, pero por un importe de 35,6 millones de euros, cantidad que el Consejo de la Competencia de Andalucía también califica de «significativa, por sus efectos sociales perniciosos».

«Tienen que devolver los millones en favor de la sanidad pública»

Las declaraciones de Maíllo fueron muy ilustrativas por aquel entonces: «Es tan demoledor y tan evidente esa sobrefacturación, esa apropiación indebida de millones de euros de beneficio ilícito de Pascual, que consideramos que tiene que devolverlos en favor de la sanidad pública«. «Es que esos 164 millones de euros suponen la construcción de tres hospitales necesarios en la red pública y acabar con esa situación de monopolio en la provincia de Cádiz y que también se ha extendido a Huelva».

En este contexto, ya hay agentes sociales y usuarios que tildan de «monopolio» lo que tiene Hospitales Pascual en Cádiz. La indignación también se ha apoderado de muchos habitantes de Lepe y su entorno debido a la situación con el Chare, que les obliga a depender del Hospital Virgen de la Bella de Pascual. ¿Este es el Gobierno del cambio? ¿Son estas políticas verdaderamente públicas? ¿Por qué se sigue dando trato de favor a una misma empresa sanitaria por parte de la Junta durante tantos años con distintos gobiernos y a pesar de las denuncias y las irregularidades contractuales? ¿No se merecen las poblaciones de Lepe, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Villamartín clínicas públicas con personal del SAS?


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2 comentarios

  1. Avatar Lucía Ramos

    Sí ,hoy más que nunca ,»el trabajo es aniquilador», tanto…que no quieren ni
    necesitan vocación.
    Máquinas y tecnología
    Fármacos y placebos
    Hemos asustado hasta la muerte
    Ella ya no viene ni avisa,
    sólo se suministra.
    Ya nadie puede morir en Paz,
    Don dinero es el «virus» ,
    es la plaga, es la guerra que
    terminará con todxs y Todo.
    Llevo 22 años trabajando en un
    concertado, se bien lo que les narro…
    Curar y sanar ya no estan a la altura
    del padecer ni el sufrir, porque el enfermar
    ya es un lujo o un privilegio que el hombr@ de a pie no se puede permitir.

  2. Avatar Angeles Suarez

    Yo creo que la sanidad pública está siendo atacada gravemente por la política. Lo están haciendo perfectamente y sin que la gente chille y diga nada, lo primero que han hecho es amargar a la gente en las puertas de los ambulatorios no dándoles la cita y tratándolos hostilmente, soy testigo, no hablo por hablar.
    También hay gente que lo han pagado con su salud y también con su vida.
    En la sanidad pública no hay respeto para el paciente. Nos tratan peor que a mendigos. No hablemos de la salud mental, aquí ya te mueres. Y por eso mismo el Gobierno deja que campen a sus anchas las pseudopsicologias. Aquí en Sevilla tenemos bastantes seguros seudopsicólogos, que incluso se le dan hasta trabajo en los ayuntamientos, ofrecen locales en los centros cívicos.

    Tal es el caso de los brahma kumaris, esta gente ya han sido investigadas por los medios de comunicación, y las prácticas que usan son de dudoso carácter científico. Después nos lo creemos todo.

    Y quién está ganando es la sanidad privada, que han aumentado sus plazas considerablemente. A mí me parece que subieron a 200.000, los nuevos abonados, sabía exactamente la cifra pero la tendría que mirar otra vez.

    Desde que empezó la pandemia no he podido contactar con mi médico físicamente. Hace dos o tres días pedi cita, cómo estoy un poco gordita le pedí que me diera para el endócrino, le dije a mi médica que me había enterado de que iban a dar allí terapias psicológicos para controlar las ansias de comer. De eso me enteré por una amiga que tenía problemas de diabetes y le costaba muchísimo trabajo adelgazar.

    Ella me dijo que no, que no me la daba, también le dije que me pusiera en mi historial que no quería medicamentos transgénicos, y me dijo que ella solamente recetaba esos…

    No entiendo porque no me quiso dar para el endocrino si yo tengo problemas con la espalda y me voy a quedar inválida. Tampoco entiendo porque me dijo que no me ponia lo de los medicamentos.

    Y toda esa rabia que tenemos por culpa de la sanidad a lo único que nos conduce es asegurarnos en sanidad privada, para que por lo menos nos traten con respeto, es lo máximo a lo que puede esperar un humano. Hoy en día los perros están teniendo mejor asistencia sanitaria que los humanos y están siendo tratados por los veterinarios con el máximo afecto.

    Nos querrán poco, estos políticos.

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