«Lo de las residencias ha sido una masacre»

El presidente de la Asociación Española de Profesionales Funerarios (Aesprof), Juan Antonio Alguacil, concede una entrevista a EL LIBRE, en la que defiende la necesidad de conocer la verdad «para una curación social»

La institución que lidera descubrió, tras un estudio minucioso, que había cerca de 16.000 fallecidos por coronavirus no cuantificados por el Gobierno central ni por las comunidades autónomas. El presidente de la Asociación Española de Profesionales Funerarios (Aesprof), Juan Antonio Alguacil, comenta el informe y cuenta cómo ha vivido una pandemia que ha puesto el foco en su sector durante unos meses trágicos.

-¿Cuándo se dieron cuenta de que los datos de decesos no se correspondían con la realidad?

-Nosotros ya sabíamos desde el minuto 1 que todo iba a ir bien siempre y cuando las cifras fuesen las reales. Ya lo pusimos en duda por una cuestión muy simple, de trabajo diario. A partir del 14 de marzo, la mayoría de los compañeros funerarios, sobre todo de Madrid y Barcelona, sabíamos que las cifras que daba el Gobierno eran mentira. Cuando el periódico local del pueblo donde yo vivo anunciaba, un día determinado, que había habido cinco fallecidos por Covid-19, mis compañeros y yo sabíamos que esa cifra no era real, porque habíamos recogido siete cadáveres el día anterior. Y esta tónica fue ocurriendo día tras día en todos los sitios.

-El informe ha sido un trabajo ímprobo con la participación de 250 profesionales…

-Correcto. Hemos participado funerarios, tanatopractores, personal de los anatómico-forenses… Era necesario hacerlo para una curación social y, sobre todo, para los familiares que han perdido a un ser querido, a un amigo, durante la pandemia, que querían saber la cantidad real de fallecidos. Si nosotros, como sociedad, sabemos enfrentarnos a una realidad, evidentemente siempre estaremos mejor preparados que si se nos engaña o no se nos dicen las cosas. Tenemos que saber qué fallos se han cometido, porque todos hemos cometido fallos. Y vamos a mejorar los códigos de actuación. La OMS acaba de anunciar un brote de ébola en la República Democrática del Congo. ¿Alguien se imagina que el virus ébola estuviera entre nosotros? Asusta mucho y es normal. Por eso, para poder solucionar un problema, lo tienes que poner desde la realidad de lo que ha ocurrido. Es tan simple como eso. Por eso hicimos el estudio, cuando veíamos que la situación se estaba complicando, y por supuestísimo, el día que vimos que habían quitado miles de fallecidos de las cifras oficiales, dijimos hasta aquí hemos llegado. Que yo sepa, la persona que es fallecida el lunes, lo sigue siendo el martes.

-¿Qué categorías de defunciones comprende el estudio?

-Nosotros hemos incluido a los fallecidos por Covid-19 confirmado y Covid-19 sospechoso, bien sea en domicilios particulares, en residencias de ancianos o en centros hospitalarios, una decisión recientemente avalada por la OMS. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el virus llegó a España hacia mitad de enero, según los estudios científicos. Lo sabemos también porque, cuando vamos a hacer una recogida, el médico de cabecera que trata a esa persona, la conoce, sabe cuáles son sus patologías y nos dice: «Oye, tened cuidado porque es sospechosa de coronavirus, ¿eh?».

Hasta tal punto llegó el asunto que, con un criterio buenísimo, los códigos internos de actuación de las empresas funerarias incluyeron a los sospechosos de Covid con el mismo protocolo. Teníamos que ir a recoger el cuerpo con todos los EPIs como si fuera un Covid confirmado. Si el médico pone en el certificado de defunción que es sospechoso de coronavirus, yo a quien creo es al médico.

«Nosotros solo nos movemos por el interés de los difuntos, que ya no están para defenderse, y de los familiares. Nada más. No hay ningún trasfondo político ni económico»

-El estudio que han realizado no habrá sentado nada bien al Gobierno de Sánchez e Iglesias, porque les deja en mal lugar…

-Nos da igual.

-¿Han recibido presiones o intentos de desacreditación por parte del Gobierno?

-A ver… Presiones sabemos que hay. En la asociación todavía no hemos recibido ningún tipo de comunicación ni desacreditación por parte gubernamental. Pero no tendrían motivos para hacerlo. Nosotros solo nos movemos por el interés de los difuntos, que ya no están para defenderse, y de los familiares. Nada más. No hay ningún trasfondo político ni económico, porque Aesprof no recibe ninguna subvención ni se rige por el código de ninguna empresa. Nosotros, como profesionales, nos regimos por nuestro código deontológico, el cual establece que el trato a los difuntos está por encima de todo.

-¿Pudo haberse evitado el drama en las residencias?

-Lo de las residencias no tiene nombre. Ha sido una catástrofe, una masacre. Un despropósito de gestión, no por las residencias, sino porque, al centralizar todo en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como mando único, la capacidad de gestión se redujo muchísimo en las comunidades autónomas. Luego esa gestión se abrió, porque la gravedad de la situación fue tal que era casi imposible que un mando único lo gestionara todo. Pero, en un principio, los protocolos de actuación de cómo se tenía que realizar la recogida de difuntos, el material necesario y la trazabilidad de ese servicio se coordinaban a través del CCAES.

-Muchas personas se han quejado en medios y redes sociales de que no han podido darle el último adiós a sus familiares. ¿Se podrían haber hecho las cosas de otra manera?

-Hay que poner todo en su contexto. El Sars-Cov 2 es un virus cuya capacidad viral, en aquellas semanas, era bestial. La potencia con la que contaminaba y contagiaba era muy grande. Entonces, con un criterio acertado, se les prohibió a las familias estar en contacto con los difuntos no solo por la propia seguridad de ellas sino también de los propios trabajadores sanitarios y de cualquier otro sector. Fue una decisión dura y quien la tomó tuvo que tragar saliva por no permitir esa despedida. Nosotros, por nuestra parte, siempre dijimos tanto a las comunidades autónomas como al CCAES que los establecimientos funerarios se tenían que cerrar, porque no solo era el problema con los difuntos, que su carga viral está latente y hay que tener la preocupación que hay que tener, sino también porque una masificación de las instalaciones funerarias podría traer una diseminación del virus muchísimo más grande y rápida. Entonces, el Gobierno, con buen criterio pero tarde, tomó la decisión de cerrarlas y prohibir los velatorios.

-Ahora parece que la situación está mejorando, ¿no?

-Sí, pero en el conteo de los fallecidos seguimos teniendo los mismos problemas, porque hay veces que el Ministerio de Sanidad dice que ha habido un número de fallecidos, mientras que las comunidades autónomas también comunican fallecimientos por su cuenta… Esto es un tema que a nosotros se nos escapa de las manos. Desgraciadamente, sigue habiendo muertes por Covid-19.

-Ha dicho Sanidad que ha habido 50 muertos por Covid-19 en la última semana. ¿Le cuadra esa cifra?

-Bueno… La semana que viene serán 46 o 73. No me fío de ese dato.

–¿Su gremio se ha visto afectado por este coronavirus?

-No. Nosotros tenemos muchísima práctica, porque conocer la tipología de los EPIs para la manipulación de fallecidos es uno de los protocolos necesarios para trabajar. Siempre que se manipula un fallecido nos ponemos los EPIs necesarios, porque no sabemos qué patología puede portar el cadáver: VIH, tuberculosis… Los cuerpos pueden portar muchas enfermedades que son transmisibles y contagiosas por fluídos (sangre, heces, orina…) y nosotros tenemos que estar preparados para ver qué EPI tenemos que utilizar para cada servicio.

-Económicamente hablando, ¿cómo encajaron el cierre de las funerarias?

-Hemos tenido pérdidas económicas. Son instalaciones muy grandes con un montón de servicios fijos, por lo que, evidentemente, ha habido pérdidas. Yo soy tanatopractor titulado (el profesional que arregla, restaura y prepara un cadáver para un velatorio) y no he parado de trabajar durante la pandemia preparando fallecidos por otras patologías y ayudando en el resto de servicios funerarios, pero hay empresas que lo han pasado regular. En España, cerca del 70% de los servicios funerarios están asegurados y eso cuenta. En el sector funerario no ha habido ERTEs afortunadamente.