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El alcalde de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora.

Salud

El alcalde de San Juan de Aznalfarache elude su responsabilidad en el Caso Joaquín Rosillo

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Fernando Zamora culpa a la Junta de Andalucía por no aclarar la cifra de fallecidos de la residencia Joaquín Rosillo, que es de titularidad municipal, mientras el director del centro, Enrique Rodríguez, se resiste a entregar una copia de las facturas a los familiares de los usuarios

La táctica proviene de la antigua Grecia. Es más que vintage. Se trata de eludir una culpa, omitir un error o esquivar consecuencias legales apuntando el foco hacia otro lado. El alcalde de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora (PSOE), ha echado mano de esta estratagema para no asumir su parte de responsabilidad en el desastre de la Residencia Joaquín Rosillo (30 muertos oficiales y 50 según otros conteos para un total de 118 contagiados).

EL LIBRE descubrió que ese centro geriátrico es de titularidad municipal, aunque su gestión fuera traspasada desde el minuto 1 (año 2002), primero a una filial del Grupo Reifs y, con posterioridad y hasta el día de hoy, a una empresa del Grupo Martín Casillas: Asistencial Geriátrica San Juan de Aznalfarache SL.

Tres semanas después de que el alcalde de San Juan remitiera una carta abierta al consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha recibido una respuesta del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo (PP), «en la que ignora la petición central de aquella misiva», según expresa el propio Zamora en un comunicado, porque se niega a atender a la prensa.

Dialéctica infructuosa

El alcalde de San Juan, Fernando Zamora, solicitó conocer el número de casos reales de Covid-19 registrados en el geriátrico Joaquín Rosillo, incluyendo trabajadores, usuarios y los detectados en el hotel Alcora «que hayan sido anotados como casos producidos en la localidad».

¿Se desprende de las palabras que ha escrito el primer edil en el comunicado una intención de dejar a su pueblo al margen de la residencia? ¿Como si quisiera dar a entender que una cosa es el centro geriátrico y otra, su pueblo?

Pues bien, la residencia está en San Juan, es de San Juan y hay sanjuaneros trabajando y siendo usuarios de esas instalaciones, cuyos familiares también, en algunos casos, viven en el pueblo. No se debe estigmatizar más a un lugar que ha sufrido tanto por la falta de prevención y la presunta mala praxis devenida de una nefasta gestión por parte de su director, Enrique Rodríguez.

Se suele hablar de números, muchos números, cuando se hace el recuento diario de muertos. Para tratar de humanizar el drama del Covid-19, el segundo periódico más leído del mundo, el New York Times, ha dado ejemplo y ha colocado en portada el nombre de 1.000 de los 98.223 fallecidos en Estados Unidos. Los medios en papel de España, y los políticos que se enconan en la guerra de cifras, deberían tomar buena nota. Detrás de cada nombre, hay una vida entera que afecta a varias vidas.

La portada del domingo pasado de The New York Times.

En la carta que ahora remite el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía al alcalde de San Juan, «se omite totalmente la cuestión de los casos del geriátrico y se escuda en la protección de datos y en las instrucciones del Ministerio de Sanidad para negarse a facilitar datos sobre las profesiones afectadas. Este dato no se solicitaba por parte del Ayuntamiento ni parece que tenga interés para la actuación que deba desarrollarse en el municipio», según Zamora.

Culpa compartida

Aunque Fernando Zamora y su concejala de Bienestar Social, Inmaculada Serrano, tienen un porcentaje de culpa por inacción (debían haber vigilado el correcto funcionamiento del servicio cuando ya en enero, según fuentes consultadas, se conocieron las primeras muertes), no son solo ellos los responsables. La propia empresa dependiente del Grupo Martín Casillas, con Narciso Navarro y Enrique Rodríguez a la cabeza, tuvo que realizar las labores de prevención que ya se sabían desde febrero.

Y, por supuesto, la Junta de Andalucía, que tiene 100 plazas concertadas en el geriátrico Joaquín Rosillo. Tres nombres sobresalen como culpables de la porción de la tarta que completan Ayuntamiento y Martín Casillas: la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Ciudadanos), cuyas dos apariciones en público han sido para maquillar la realidad y aportar vacuidad al entramado; Daniel Salvatierra (Ciudadanos), responsable de Políticas Sociales de la consejería (ascendido recientemente de director general de Personas Mayores a secretario general de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación a pesar del caso de presunta corrupción que destapó EL LIBRE); y la delegada provincial de Igualdad, Marta Escrivá (Ciudadanos).

La ley del silencio

Además, recordemos la gran incógnita que sigue sin despejarse por la ley del silencio impuesta por la Junta de Andalucía, Martín Casillas y el Ayuntamiento de San Juan: ¿estuvo medicalizada esta residencia desde un principio, tal y como dijo públicamente Rocío Ruiz en una sesión de control parlamentario? Si fue así, es todavía más lamentable que se propagara el virus como la pólvora por las dependencias del geriátrico dirigido por Quique, como le llaman sus amigos, Rodríguez. La Consejería de Salud, con Jesús Aguirre al frente, también tendría su parte proporcional de responsabilidad.

¿De qué sirvieron entonces las dos inspecciones realizadas pocos meses antes de la debacle vírica por parte de las consejerías de Salud e Igualdad en el centro? Los familiares de las 50 víctimas, según fuentes no oficiales, tienen derecho a saberlo todo, hasta el más mínimo detalle, incluso el número de veces al día que se echaba el spray desinfectante en el comedor, acerca de lo sucedido entre las paredes de la ya conocida como Residencia de los Horrores.

‘Quique’ Rodríguez se resiste a dar facturas

Otra de las quejas de los familiares es que la dirección del centro demora la entrega de las facturas de cada usuario al familiar solicitante. De acuerdo con el artículo 164. Uno. 3.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, «los empresarios o profesionales están obligados a expedir factura y copia de esta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas del impuesto, en los términos establecidos en este reglamento y sin más excepciones que las previstas en él. Esta obligación incumbe asimismo a los empresarios o profesionales acogidos a los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido».

«Me dijo la trabajadora social que el centro no está obligado a emitir facturas y que, por otra parte, nadie las ha pedido», expresó una persona que ha sufrido la terrible pérdida de su madre, que era usuaria de la Residencia Joaquín Rosillo. Después de mucho insistir, consiguió todas las facturas del periodo de estancia de su difunta progenitora en la Residencia de los Horrores. Una actitud que infringe de forma meridiana la Ley del IVA.


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Un comentario

  1. Hay que animar a los familiares a que lleven el caso al defensor del pueblo andaluz y a todos los estamentos que haga falta. Ese alcalde, directa o indirectamente tiene una obligación con su pueblo y no debe eludirla, lo mismo que el director de la residencia. Si han hecho omisión de sus responsabilidades tienen que dar explicaciones. Los familiares merecen un respeto y habrá que recordarles que están ahí, para servir a los ciudadanos.

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