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Irene Montero y Pablo Iglesias, en el Congreso.

Opinión, Política

Ingreso Mínimo Vital o la ironía de la izquierda

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A finales del pasado mes de mayo tuvo lugar en el Congreso de los Diputados un acontecimiento singular. Se aprobó una ley con el apoyo de todos los diputados del hemiciclo a excepción de los diputados de VOX. Estos últimos simplemente se abstuvieron. O dicho de otra forma, se aprobó una ley sin ningún voto en contra

Esta ley no es otra, para más inri, que el Real Decreto-Ley mediante el cual se aprueba y establece el Ingreso Mínimo Vital. Una controvertida medida que ha dado y da un excelente rendimiento a los platós de televisión y a la subvencionada prensa nacional.

En el momento en que nos encontramos, intentando salir lo mejor parados posible de la crisis sanitaria y económica originada por la Covid-19, quien más y quien menos consigue entender que es necesario prestar asistencia a todas esas personas que, dueñas de un pequeño negocio o desempleadas fruto de las circunstancias, continúan teniendo que hacer frente a sus hipotecas, sus préstamos y sus facturas del hogar. Y sobre todo, continúan comiendo y teniendo que dar de comer a sus hijos, en su caso.

Es en este contexto que toma fuerza la idea de establecer una renta universal como solución a este impase y, por lo visto en la mencionada votación del congreso, ninguna fuerza política se opone a esta medida. Esto es, ya de sí, mala señal. De modo que aquí voy yo a indagar un poco en el asunto, consciente de la tendencia que tienen nuestros políticos a levantar los pies del suelo y perder el contacto con la realidad.

El postureo

Nuestros políticos, que disfrutan como monos desenvolviéndose en esa realidad mejorada tan propia del mundo de la publicidad, en la hipérbole, en la deseabilidad social, el postureo… la guaydad a fin de cuentas. Y es que todos son muy, muy guays. A nuestra costa, eso sí.

La primera paradoja que encuentro es que los mayores impulsores de esta medida sean los miembros de Podemos, adalides de la izquierda. Y digo paradoja porque se trata de una ayuda que, en última instancia, servirá para alimentar la maquinaria del consumo, amortiguando o eliminando cualquier posible caída de precios asociada a la disminución de la demanda.

Es una medida que nos aleja de aquella romántica idea que llegamos a vislumbrar durante el confinamiento, según la cual estaríamos posiblemente ante una nueva época en la que aprenderíamos a vivir con menos, alejándonos del consumismo salvaje que explota los recursos del planeta hasta su extenuación.

Por otra parte, y como tantas veces se ha criticado desde la ultraderecha que, me guste o no, en esto tiene razón, es una medida que peca de falta de precisión en el sentido de que no permite controlar a qué se destina el dinero. No permite garantizar que se dedique a su cometido: satisfacer las necesidades básicas de sus beneficiarios.

Dicho de otra forma, no se puede evitar que las ayudas se gasten en vino. El mercado por su parte, como le es propio, continúa y continuará ejerciendo su papel depredador y promueve el despilfarro de los recursos, procedan o no de ayudas estatales.

Pero algo hay que hacer. Existen sin embargo alternativas a la renta mínima, que por algún extraño motivo no se han querido poner sobre la mesa en esta ocasión. Es el caso de los sistemas de gratuidad, llevados a cabo mediante talones u otras fórmulas, y que están en funcionamiento desde hace mucho tiempo en países tan soviéticos como puedan ser los Estados Unidos (sistema conocido como food stamp, en la actualidad SNAP).

Estos sistemas proponen el acceso gratuito por parte de la población a bienes de primera necesidad, y tienen la ventaja de permitir definir de forma precisa el uso de las ayudas, garantizando el derecho de cada ciudadano a tener cubiertas sus necesidades básicas.

En estudios realizados en Gran Bretaña (donde sí se han planteado estas cuestiones) se ha concluido que un sistema de gratuidad de las necesidades básicas de los ciudadanos tendría un impacto en el PIB menor al coste de un sistema de renta mínima universal. Es cierto que, en contra de los sistemas de gratuidad, puede preocuparnos un eventual efecto estigmatizador sobre aquellos ciudadanos que recurran a ellos.

Es posible que quien tuviese que recurrir al uso de los sistemas de gratuidad fuese mal visto por el vecino. Ante esta cuestión, cabe plantearnos si no habrá llegado el momento de asumir que el valor de las personas está por encima del valor de su situación laboral y económica, plantearnos si no deberemos abordar una auténtica educación en valores, transversal a la sociedad, que nos permita dejar de compararnos entre individuos y atribuirnos scores, tal y como parece que ya se ha empezado a hacer entre la población de China con ayuda de una aplicación de software.

Pero esta no es la única alternativa, hay más opciones. Otra posibilidad a considerar, que tampoco se ha colocado encima de la mesa por parte de nuestros ilustres prohombres del gobierno -ni de la oposición-, es que el Estado asuma un papel de empleador universal, de forma que contrate, a jornada completa o parcial (según el deseo y disponibilidad de cada desempleado), a todo aquel que se encuentre en paro, que pasaría a realizar trabajos de carácter social o burocrático para el Estado.

También se podrían ejercer otras funciones de carácter administrativo o burocrático en función de la formación de cada cual

Al final, el Estado continuamos siendo todos. Resulta flagrante la necesidad de servicios de asistencia social a domicilio, guarderías, educación infantil y también educación de adultos y tercera edad desde un punto de vista del aprendizaje como fenómeno que tiene lugar a lo largo de toda la vida.

También se podrían ejercer otras funciones de carácter administrativo o burocrático en función de la formación de cada cual que, además de hacer una contribución a la sociedad que justifique el pago de unos ingresos, valorizarían la experiencia y el currículum del interesado. De esta forma, frente a las profecías que vaticinan la desaparición del empleo debido a la robotización y la informatización, esta medida establecería lo contrario: el fin del desempleo.

Pero sí, efectivamente cada una de estas alternativas implica una mayor complejidad que un simple reparto de dineros. Demanda más trabajo por parte de nuestros políticos, así como unas capacidades que posiblemente no tienen ni ellos ni sus amigos, a quienes tienen que poner a dedo en secretarías y demás entidades de gestión.

En todo caso, el rédito político que ofrece pensar y contrastar medidas de este tipo, ese rédito político que al final es lo único que les importa, no justifica el esfuerzo. Así que, ¿para qué preocuparse en hacer las cosas lo mejor posible, si con cualquier chapuza les vale para revalidar cuatro años más living la vida loca? Este es nuestro sino, la cruz que cargamos a cuestas. Al menos, así es por ahora.


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One Comment

  1. Avatar Ángeles Suárez Pozo

    Buenas tardes.

    Por una parte hace usted “referencia» a un problema social y por otra parte hace una argumentación en la que deja clara que su postura no es la misma que la del gobierno: dar dinero a cambio de nada.

    O sea, usted opina que, si se le da dinero a la gente hay que emplearla de alguna manera.

    Pues ¿que quiere que le diga?

    A mí no me parece mal,pero que si el gobierno va a emplear a la gente para que la gente no se muera de hambre que no sea por 3 días, que tenga la gente trabajo para poder vivir de por vida.

    Que el trabajo no le debe de faltar a nadie.

    Eso es mi punto de vista.

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