El pliego de condiciones incluye menos horas que las que había en la etapa previa a la covid-19 y el sindicato exige incrementarlas en, al menos, 30.000 para que la mitad de la plantilla esté a media jornada como mínimo. El presidente autonómico de CSIF Andalucía, Germán Girela, reclama condiciones laborales dignas para estos trabajadores y aboga por el rescate público de este servicio esencial si la situación no cambia
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía ha denunciado este lunes que la Junta de Andalucía «perpetúa la precariedad del personal de Salud Responde» a través de la concesión de este servicio telefónico esencial a la empresa que se hará cargo de su gestión a partir del próximo 1 de febrero (Grupo SSG).
Durante una visita a Jaén, donde se encuentra la sede física de Salud Responde y desde donde se presta este servicio, catalogado como «esencial» por la propia Administración autonómica, a toda Andalucía, el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha puesto de relieve que el pliego de condiciones de la nueva empresa (la tercera concesionaria desde que se puso en marcha Salud Responde en 2003, siendo la última Ilunion) continúa planteando unas «condiciones laborales penosas» para gran parte de la plantilla.
El responsable sindical, que ha estado acompañado por la presidenta de CSIF Jaén, Antonia Ibáñez, y por el presidente del comité de empresa, Carlos Abellán, ha señalado que, de las 206 personas que hay en plantilla actualmente, 107 tienen contrato a jornada completa (el 52%), 33 (el 16%) tienen un contrato de entre 30 y 39 horas, 14 (6,8%) cuentan con un contrato que oscila entre 20 y 30 horas y 52 (25,24%) están a menos de 20 horas. «Esto quiere decir que más de una cuarta parte de la plantilla no está contratada ni siquiera a media jornada, con lo que ello supone de precariedad y de falta de calidad en el empleo», ha detallado.
Menos horas anuales de servicio
Asimismo, ha explicado que el pliego de condiciones actual, bajo el que desarrollará su actividad la nueva empresa gestora, incluye 275.612,41 horas anuales de servicios de operaciones (atención de llamadas de la ciudadanía), «cuando en pliegos anteriores, que datan de la etapa pre pandemia, se llegaba a las 300.000 horas anuales«. «Resulta inconcebible que ahora se tengan menos horas anuales que antes de la covid-19», ha apuntado.
Por ello, CSIF pide a la Junta que, como mínimo, incremente en 30.000 el número de horas anuales recogidas en el pliego, con lo que se conseguiría que la mitad de la plantilla tuviera, al menos, un contrato a media jornada (20 horas). Según los cálculos del sindicato, ello es «perfectamente factible» porque, sólo en el mes de enero, la Junta va a tener que abonar 30.000 horas adicionales, que se realizan a través de personal integrado en la bolsa de Salud Responde.
Girela ha lamentado que, «durante las concesiones de Salud Responde a las dos anteriores empresas, Qualytel primero e Ilunion después, la actitud de la Junta de Andalucía, a quien corresponde supervisar y velar por el buen desarrollo de este servicio, ha sido la de pasividad e inacción ante lo que ha sido una flagrante precariedad laboral sobre la que se sustenta un servicio básico«. «Ahora, a juzgar por el pliego que regirá la prestación de este servicio a partir del 1 de febrero con la nueva empresa, no parece que se vaya a dar un salto de calidad en el empleo, sino todo lo contrario«, ha añadido.
Efecto dominó en Primaria y Urgencias
El presidente de CSIF-A ha destacado la «encomiable» labor que han realizado los trabajadores de Salud Responde durante toda la pandemia de la covid-19, así como a la «enorme carga de trabajo que han soportado durante momentos punta«. Ha recordado que, «cuando Salud Responde no responde, se crea un efecto dominó que afecta de lleno a la Atención Primaria y a las urgencias hospitalarias, cuya situación actual de colapso conocemos todos».
En suma, Girela ha reclamado para los trabajadores de la plantilla de Salud Responde «unas condiciones laborales dignas y que se les saque del convenio de telemarketing, porque su labor no se ajusta en absoluto a él». De hecho, el sindicato demanda que se cree un convenio específico para este colectivo por sus especiales características y su condición de servicio esencial.
Además, ha abogado por «que se rescate desde lo público este servicio esencial si no se modifica sustancialmente la situación laboral que viven estos trabajadores». «El 1 de febrero arranca la gestión del servicio por parte de la nueva empresa y vamos a estar vigilantes para que la Junta no siga mirando para otro lado y consintiendo una precariedad laboral manifiesta como la que soportan estos trabajadores», ha concluido.
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