Salud Responde, servicio del Sistema Sanitario Público (SSP) de EPES y dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ha sido clave y ha estado en primera línea en la lucha contra la covid-19. Una lucha que ha supuesto un gran esfuerzo y entrega por parte de sus trabajadores en todos los sentidos. Pero, lejos de las promesas y expectativas creadas, no ha sido recompensado
Allí se encuentra personal con más de 15 años al servicio de Salud Responde, de los cuales, una amplia mayoría de trabajadores tienen contratos precarios (de 8, 12, 15 y 20 horas semanales). Estos trabajadores se ven sujetos a las ampliaciones de jornada que se les concedan mes a mes, según necesidades de cobertura del servicio, pero sin que haya una ampliación de horas del contrato de origen. Ante esta situación, se han producido decenas de denuncias en los juzgados, inspecciones de trabajo, etcétera.
Este servicio de la Junta de Andalucía se encuentra externalizado, supeditado a empresas privadas «cuyo único objetivo es conseguir el mayor beneficio, y sometido al convenio de telemarketing, el cual no se ajusta a las complejidades propias del servicio», según denuncian CGT, USO y UGT en un comunicado conjunto. Un ejemplo claro es la formación pésima que recibe la plantilla, con píldoras de menos de una hora cuando, según la licitación, deberían ser de una hora como mínimo. Formaciones tan importantes como demanda quirúrgica, RVA, programa de detención precoz de cáncer de colon y mama…
El malestar general de estos trabajadores no ha hecho más que agravarse con la llegada de la nueva empresa SSG Servicios Generales y las condiciones que esta ha impuesto a la plantilla. «Toda esta precariedad y conflictividad laboral ha desembocado en un intento por parte de la empresa de hacerse un lavado de cara, ampliando las jornadas a los contratos más precarios con un aumento de entre 6 y 12 horas. Estos contratos, además, vienen con la coacción por parte de la empresa de no volver a realizar ampliaciones de jornadas a aquellos trabajadores que decidan no someterse a firmarlos. Mientras tanto, la Consejería de Salud licita el servicio y se lava las manos», subrayan los sindicatos.
«Es incomprensible que, en un servicio de la Consejería de Salud, se esté dando esta situación de coacciones y contratación precaria«, apostillan.
Exigen acabar con la precarización de la plantilla de gestión telefónica del 061
La Central Sindical Independiente (CSIF) ha reclamado que se acabe con la «precarización» de los trabajadores que gestionan la atención de llamadas telefónicas al 061 y ha exigido que los que cuentan con una antigüedad de más de seis años pasen a tener un contrato indefinido a jornada completa, así como que se amplíen las horas al resto del personal de plantilla con contratos parciales.
Así lo ha puesto de manifiesto la coordinadora del Área de Empresa Privada de CSIF Andalucía, María del Mar Gómez, quien ha explicado que el pasado mes de mayo la Administración habilitó más de 42.000 horas adicionales para este servicio, cuyo pliego de condiciones recoge en total 374.093 horas anuales por parte de Ilunion Emergencias, que es la empresa concesionaria.
Para CSIF, «las horas adicionales necesarias en este servicio esencial deberían servir para que los integrantes de la plantilla de gestores telefónicos tuvieran contratos más estables y menos precarios«. En este sentido, la responsable sindical lamenta que se opte por «perpetuar situaciones de falta de calidad en el empleo para los trabajadores».
En concreto, de los 359 trabajadores de plantilla de la gestión telefónica del 061 en Andalucía, más de un tercio (un total de 126) está contratado a tiempo parcial, según los datos que maneja el sindicato. Las horas adicionales habilitadas en el mes de mayo hubieran servido para subir las horas de contrato hasta la jornada completa (que son 39 horas, según el convenio) a más de medio centenar de estos empleados, «si bien, desgraciadamente, se ha desaprovechado la oportunidad de dignificar las condiciones laborales de este personal«.
«En el marco de la política contractual de las empresas de televenta que se han ido sucediendo en los distintos centros provinciales del 061, en los últimos 22 años no se ha efectuado ni un solo contrato a tiempo completo, y todo ello con la aquiescencia tanto de los gobiernos del PSOE como el del actual PP», según ha explicado Gómez.
«Que se preste desde lo público»
Como ejemplo, se ha referido al caso del centro provincial de Córdoba en el que, de las cinco bajas de contratos a tiempo completo que se han producido, ni una sola ha sido sustituida por otra en las mismas condiciones, sino que todas ellas han sido con contratos precarios de 7, 14 y 26 horas semanales, «impropios para llevar un sueldo digno a un hogar e insultantes para una profesión como la de gestor de emergencias sanitarias, el primer eslabón en la cadena de supervivencia de la sanidad andaluza», ha recordado.
Desde la central sindical, se reivindica «que este servicio esencial se preste desde lo público en lugar de a través de empresas de televenta concesionarias que buscan su propio beneficio», tal y como recogen ya varias iniciativas parlamentarias aprobadas en distintas legislaturas.
CSIF destaca el servicio fundamental que durante toda la pandemia ha tenido y sigue teniendo el servicio de atención telefónica del 061 en Andalucía. «Se trata de trabajadores que lo han dado todo y que trabajan con unos niveles de precariedad importantes, sin el reconocimiento que deben tener como prestadores de un servicio esencial como éste», concluye.
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