En una intervención realizada con desgana, la consejera de Salud y Consumo, sólo contestó ayer a tres de las cinco cuestiones que EL LIBRE le preguntó en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno
Sus dos antecesores, Jesús Aguirre y Catalina García, acumularon un buen número de contradicciones, promesas incumplidas y falacias expresadas en múltiples ruedas de prensa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Ella, Rocío Hernández, no iba a ser menos.
A la pregunta de EL LIBRE sobre por qué la Consejería de Salud no publica la lista de espera de pruebas diagnósticas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde el año 2019 (la enésima vez que este periódico inquiere acerca de ello), Hernández contestó: «El Ministerio de Sanidad tampoco las publica y nosotros publicamos lo que el ministerio nos solicita, pero tampoco tenemos ningún problema en publicarlas y en facilitarle los datos». Pues sí que es problemático acceder a esa lista, porque una portavoz de la Consejería de Salud asegura a este periodista que «los técnicos no se pueden poner a hacer esa lista, porque eso requiere mucho trabajo«, contradiciendo esa disponibilidad total que ayer mismo pregonaba Hernández.
Es cada comunidad autónoma la que manda los datos de las listas de espera al ministerio y no al revés. La enorme opacidad del SAS con la lista de espera de pruebas diagnósticas es una ilegalidad, porque vulnera la Ley de Transparencia y un decreto del año 2003 que se va a analizar a continuación.
La Junta de Andalucía vulnera el decreto
La Consejería de Salud está obligada a ser transparente y publicar esa información, tal y como se recoge en el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud.
El artículo 4 de este documento reza lo siguiente: «El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud establecerá las características y contenidos de la información general sobre los tiempos de espera de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud, asegurando la comparabilidad de los datos entre las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad y Consumo hará pública, con periodicidad semestral, esta información, referida a los datos existentes a 30 de junio y 31 de diciembre de cada año». Pero, si la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía no proporciona estas cifras al Ministerio de Sanidad, es imposible que se cumpla el principio de comparabilidad.
El decreto también detalla: «Cada ciudadano tendrá acceso a la información personalizada sobre la espera prevista en relación con su proceso asistencial, que será proporcionada por su servicio de salud». Para el usuario del SAS suele ser toda una odisea acceder a la información de por qué tiene que esperar cuatro meses o más para que un especialista le atienda.
«Sin perjuicio de las políticas de información al ciudadano de cada servicio de salud, las comunidades autónomas harán pública la información sobre listas de espera en consonancia con sus estructuras organizativas, de acuerdo con las definiciones del artículo 2″, pone de relieve el decreto, el cual puede ser consultado en su totalidad pinchando aquí.
Pasando del Consejo Rector y de la creación de los estatutos
¿Por qué la consejera no convoca el Consejo Rector del SAS, máximo órgano de dirección de esta agencia según la Ley de Salud de Andalucía (no se convoca desde hace 22 años)? Ahí va la no-respuesta de Hernández: «Si desde 2003 no se reúne el Consejo Rector del SAS, hay muchísimas cosas que tenemos que retomar. Aún así, el SAS sí tiene incorporados a los ciudadanos en su día a día, porque existen las comisiones de participación ciudadana en los centros».
El SAS es una agencia administrativa que no cuenta con sus propios estatutos y, por exigencia de la ley, debía tener aprobados sus estatutos desde hace más de 25 años, los cuales deben regular su régimen jurídico. Hernández no quería hablar de esto, pero, ante la insistencia de EL LIBRE, dijo una frase sin sentido: «Revisaremos los estatutos sin problema, aunque la organización del SAS es bastante bastante conocida». No hay estatutos que revisar porque la pregunta era, precisamente, por qué el Servicio Andaluz de Salud no tiene estatutos.
Mutis sobre el número de reclamaciones de los usuarios
Por último, Rocío Hernández eludió responder a una pregunta acerca de por qué el SAS no publica anualmente el análisis de las reclamaciones sanitarias presentadas por los usuarios de los centros sanitarios, cuando tiene un sistema de información denominado Resuelve que permite hacerlo por cada centro. Nada, silencio en la sala de prensa de San Telmo…
Una auténtica vergüenza y una tomadura de pelo lo que estamos viviendo en salud. Con la salud de los andaluces no se puede jugar. Me pidieron una ecografía en diciembre de 2022 y me acaban de llamar para citarme para la ecografía. Tuve que acudir a la privada para su realización.