La portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, asegura que el cambio de María Antonia González por Miguel Ángel Figueroa al frente de la Intervención General ha sido «a petición propia» de González, que fue la responsable de un informe, emitido en febrero de 2023, alertando del fraccionamiento «indebido y masivo» de los contratos del SAS con empresas privadas
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María Antonia González fue nombrada en septiembre de 2022, en el arranque de la presente legislatura y, sólo cinco meses después, elevó un demoledor informe de actuación a la consejera de Hacienda alertando del fraccionamiento «indebido y masivo» de contratos millonarios en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que eludían la Ley de Contratos del Sector Público.
Desde mucho antes, la Intervención General venía avisando del abuso del fraccionamiento de los contratos sanitarios, una ilegalidad que ya se cometía en la etapa socialista y que ha denunciado en exclusiva Luis Escribano en EL LIBRE en reiteradas ocasiones.
El PSOE andaluz criticó hace meses la eliminación de los controles previos del gasto por parte de la Intervención General para agilizar el pago de ciertas partidas, el mismo sistema que el PP denunció en el caso ERE durante la etapa socialista. La Junta publicó en el BOJA del pasado 2 de agosto el acuerdo para sustituir el control previo del gasto por el control financiero permanente en gastos, ayudas y subvenciones de ocho consejerías, incluida la de Salud, lo que implica que los interventores revisen las partidas a posteriori y no de manera previa.
De la consejería que dirige ahora Rocío Hernández, entran en el control financiero permanente «los gastos correspondientes a expedientes de contratación tramitados por el procedimiento de emergencia del Servicio Andaluz de Salud y los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud». Pero, como pueden comprobar en los artículos mencionados más arriba, la mala praxis no es de ahora. En la época de María Jesús Montero como consejera de Salud, ya existían patentes ilegalidades que el Gobierno de Moreno Bonilla ni ha investigado ni ha corregido (la chapuza que hizo el PSOE con Clínicas Pascual ha tenido continuidad con un acuerdo multimillonario en la etapa de Jesús Aguirre (PP)).
La credibilidad de todo un gobierno, en juego
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha desvinculado este jueves el relevo de María Antonia González como interventora general de la Junta del asunto de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), apuntando que ha sido «a petición propia».
«No ha sido una destitución, ha sido un cese a petición propia por motivos personales«, ha indicado la portavoz del Gobierno andaluz, en declaraciones de hoy mismo. ¿La ciudadanía puede creerse esta afirmación? ¿Dónde está la difusa línea entre dimitir y ser cesado cuando el relato se pone tozudo?
Así, el Consejo de Gobierno aprobó ayer miércoles el nombramiento de Miguel Ángel Figueroa como nuevo interventor general de la Junta, cargo dependiente orgánicamente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, en sustitución de María Antonia González, al tiempo que también ha aprobado otros siete nombramientos en las consejerías de Desarrollo Educativo y Formación Profesional; de Salud y Consumo; y de Industria, Energía y Minas.
El elegido es Figueroa
Miguel Ángel Figueroa, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la gestión administrativa y financiera. Ha sido interventor delegado de la Consejería de Educación (2005-2009); interventor delegado de la Consejería de Hacienda y Administración (2009-2013); interventor de Control Financiero (2013-2017); y director de la División de Control de Gasto Público Sanitario de la Intervención General de la Junta de Andalucía e interventor central del SAS entre 2017 y 2018.
En esa fecha, Figueroa asumió el cargo de director de Participadas III, en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), puesto que desempeñó hasta su incorporación a la Agencia IDEA como director general, cargo para el que fue nombrado en agosto de 2022 y que ocupaba hasta la actualidad.
La oposición se echa encima de Moreno Bonilla
Desde partidos como Izquierda Unida o Adelante Andalucía se ha vinculado ese relevo con el hecho de que González estuviera al frente de la Intervención General cuando ésta «alertó en informes sobre posible fraude» en los contratos de emergencia del SAS, un asunto que el PSOE-A ha denunciado en los tribunales.
