El SAS reconoce en una resolución firmada con fecha de 18/12/2023 que “aún no han sido emitidos por la Intervención los Informes definitivos del año 2021”, habiendo transcurrido casi dos años desde el fin del ejercicio económico de 2021. Para solucionar este grave problema de la IGJA y del SAS, ¿qué hacen las consejeras de Hacienda y Salud, Carolina España y Catalina García? ¿Y Moreno Bonilla?
No es la primera vez que la asociación Justicia por la Sanidad denuncia públicamente hechos graves sobre la fiscalización de los gastos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). De hecho, este diario ha informado en numerosas ocasiones sobre este asunto, así como de las denuncias presentadas por la citada asociación en la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) ante la pasividad del Gobierno y la Administración andaluza con los hechos graves denunciados por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA).
Como publiqué en un anterior artículo, los Informes definitivos de la IGJA sobre cumplimiento de legalidad de las Plataformas Logísticas Sanitarias Provinciales del SAS se finalizan con demoras que, o bien son interesadas políticamente, o bien son debidas a una falta de recursos humanos alarmante (también interesada), o bien se debe a los retrasos de las Plataformas en entregar los documentos a fiscalizar o a no entregarlos (resistencia al control permitida por los cargos públicos del SAS o de la IGJA), o bien por otros motivos que los interventores no se atreven a exteriorizar en sus informes (recuerden que son nombrados por PLD y se juegan su puesto).
Sea por el motivo que sea, lo que evidencian estas demoras, interesadas o no, es un grave descontrol del gasto del SAS que provoca, entre otros graves efectos, las prescripciones de posibles infracciones penales o administrativas que, en su caso, puedan denunciarse. Para el año 2024, el Parlamento andaluz ha aprobado un presupuesto de gasto total para el SAS de 13.894 millones de euros.
A continuación, se muestran los datos que acreditan lo denunciado. En primer lugar, el plazo estimado para finalizar dichos informes figura en los Programas de Trabajo que elabora la Intervención General, y que se lo remite a los Interventores actuantes (en el caso del SAS, son los Interventores Provinciales del SAS). Dicho plazo suele ser inferior al año (10-11 meses), como muestra la imagen siguiente del Programa de Trabajo para la elaboración del Informe de 2019:
Lo grave es que dicho plazo se incumple siempre, provocando las demoras que se denuncian. Recientemente, solicité al SAS, en representación de la asociación Justicia por la Sanidad, los Informes definitivos de la IGJA correspondientes al ejercicio económico 2021. El pasado 18 de diciembre recibí una Resolución del Director General de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda Aranda, concediendo el acceso a la información solicitada, pero indicando que “…se le informa que a la fecha aún no han sido emitidos por la Intervención los Informes definitivos del año 2021 solicitados”.
Es decir, tras casi dos años desde el final del ejercicio 2021, el SAS carece de dichos Informes. Debe recordarse que el gasto del SAS no se fiscaliza previamente, como sí se hace en la mayoría de agencias administrativas y consejerías, sino que fue sustituida por un control financiero permanente, es decir, que el gasto se fiscaliza una vez realizado, un sistema de control del gasto que hemos denunciado en numerosas ocasiones porque abre la puerta a una corrupción descomunal, como hemos acreditado en este diario.
A continuación, se muestra una gráfica elaborada por la asociación Justicia por la Sanidad, en la que se evidencia un incremento de la demora en la finalización de los citados Informes definitivos de la IGJA. La línea roja horizontal marca el tiempo previsto por la Intervención General para finalizarlos (10-11 meses), y las barras muestran el tiempo real que tardan los interventores en suscribir sus informes definitivos.
Los informes correspondientes al ejercicio económico de 2021 han duplicado, aproximadamente, el plazo previsto de finalización. A esto, el gobierno del cambio lo denomina sin pudor una gestión «razonablemente positiva». Eso sí, Moreno Bonilla se compromete a «mejorar la gestión y seguir fortaleciendo» la sanidad pública andaluza«. Así lleva desde 2019, prometiendo mejoras aunque los datos indiquen un paulatino empeoramiento. ¿Recuerdan el «puedo prometer y prometo» de Suárez? Nada cambia en esta partidocracia.
Con relación a los datos de la Plataforma Logística Sanitaria de la provincia de Granada, ha de indicarse que los informes de la IGJA no incorporan la fecha, a diferencia de los informes del resto de provincias, por lo que el gráfico sólo muestra el dato del informe correspondiente al año 2020, quedando el año 2021, como en todas las provincias, pendiente de conocerse la fecha definitiva de los informes.
Aunque a algunos ciudadanos puedan parecerles estos datos algo insignificante, debo recordar que el gasto sanitario supone un 30% del total presupuestado en Andalucía para 2024 (13.894 millones de euros sobre un total de 46.292 millones de euros), y que un deficiente sistema de control del gasto facilita y fomenta la corrupción y banaliza la pésima gestión del gasto. Tal como se ha acreditado en anteriores artículos y denuncias de la asociación Justicia por la Sanidad, la Intervención General reitera anualmente los graves incumplimientos legales del SAS en sus Informes, sin que se adopten medidas efectivas para solucionarlo. Además, recuerden que sólo se fiscaliza una ínfima muestra de expedientes, colándose corrupciones que difícilmente conoceremos. Y todo esto, con el beneplácito y la bendición de un gobierno andaluz que ha dado muestras, en las legislaturas anteriores y en la actual, de una indecente y obscena actitud ante estas atrocidades impunes.
Y digo impunes porque el propio SAS ha reconocido en dos resoluciones suscritas en junio de 2023 a quien preside la asociación Justicia por la Sanidad que, desde el año 2011, no le consta haber presentado alguna denuncia dirigida a la Cámara de Cuentas, Tribunal de Cuentas, la Fiscalía y a otros órganos competentes en materia contable, presupuestaria y de contratación administrativa, poniendo en su conocimiento los graves incumplimientos legales manifestados por los interventores en sus Informes anuales definitivos, ni tampoco haber iniciado algún procedimiento disciplinario a los presuntos responsables de dichas graves ilegalidades.
Para colmo, y a pesar de los graves incumplimientos legales que manifiestan los Informes de la IGJA, que dirige María Antonia González Pavón, hay altos cargos responsables que tienen la desfachatez de manifestar públicamente que el SAS cumple rigurosamente con las leyes en materia de contratación administrativa, como la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, y el propio portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, unas mentiras que, en democracia, conllevarían su cese inmediato. Pero, lamentablemente, en esta partidocracia cualquier cargo público puede mentir libremente, porque no tiene consecuencia alguna. El presidente del gobierno andaluz, Moreno Bonilla, que mantiene a ambos cargos, deja clara su delirante, obscena y corrupta actitud como político. No hay más que ver cómo, aprovechando las fiestas navideñas, se ha subido el sueldo y pretende reservarse una jubilación de oro. Sin duda, la repugnancia y el hastío que producen los políticos en España está alcanzando las cotas esperadas en nuestro régimen partidocrático instituido en 1978.
La realidad es que los distintos gobiernos andaluces han hecho lo contrario: infradotar a las intervenciones que fiscalizan los gastos sanitarios, asignar a dedo al poco personal que hay (¡y ojo con rechistar!) y nombrar a incompetentes y serviles como altos cargos y directivos, lo típico en esta partidocracia para que el control del gasto sanitario sea una pantomima. Y aunque los interventores han venido reiterando en sus informes anuales dichas graves ilegalidades, los partidos políticos no han hecho nada para solucionarlo de forma efectiva, ni en las Cortes Generales modificando adecuadamente la legislación básica, ni en el Parlamento andaluz con las leyes autonómicas, ni en los gobiernos. A todos los partidos les interesa, para facilitar sus corrupciones o abusos de poder, el descontrol del gasto y tener directivos y funcionarios serviles, conseguido con la perversa libre designación y otras dádivas.
“La batalle eficaz es con la causa, no con los efectos”
Si algún votante-creyente en los partidos de Estado cree que todo lo publicado es falso, le invito a que lo compruebe, solicitando al SAS los informes definitivos de cumplimiento de legalidad suscritos por los interventores, y que pidan igualmente información sobre todos los directivos y funcionarios a los que el SAS les ha abierto un expediente disciplinario por los graves motivos manifestados en los informes, o que han sido denunciados a algún órgano competente.
Todo está inventado en esta partidocracia para que los políticos puedan abusar del poder en las instituciones. Tal como sigo reiterando en mis artículos y en redes sociales, la batalla eficaz es con la causa (partidocracia), no con los efectos (abusos de poder).
Sin democracia en España estamos abocados al fracaso como pueblo o nación. El sistema partidocrático instituido en 1978 con la mal llamada “constitución” carece de mecanismos eficaces de separación y control del poder, y los partidos seguirán con su estrategia de división del pueblo con falsas ideologías (izquierdas, derechas, ultras o extremistas, neoliberales, etcétera) para evitar que la nación descubra que puede deslegitimarse el sistema partidocrático mediante la abstención mayoritaria y la desobediencia civil pacífica, con el único fin de lograr la institución de una democracia como forma de gobierno, en la que el poder político esté controlado por la nación o pueblo en el poder Legislativo a través de sus representantes con mandato imperativo (diputados de distritos electorales uninominales).
En mi caso, seguiré absteniéndome mientras se mantenga el sistema partidocrático con el fin de deslegitimarlo y no participar en esta indecencia, y sólo votaré cuando se instituya la democracia en España como forma de gobierno.
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