Los manifestantes han exigido la retirada del texto que se tramita actualmente en el Parlamento andaluz para regular los regadíos de la corona norte del espacio natural, denominada Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado
Más de dos millares de manifestantes convocados por la Plataforma Salvemos Doñana han marchado el domingo pasado desde la sevillana Alameda de Hércules hasta el Parlamento de Andalucía para exigir que el Gobierno autonómico, retire la proposición de ley que aumenta los regadíos en el entorno de este espacio natural. La plataforma solicita a ambos grupos parlamentarios que cumplan estrictamente el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, conocido también como Plan de la Fresa.
Al término de la marcha, el exdefensor del pueblo andaluz José Chamizo y el cantautor Kiko Veneno han leído un manifiesto ante la sede del legislativo regional en el que han destacado que el Parque Nacional de Doñana «es un símbolo de la identidad colectiva de Andalucía» y las instituciones tienen la «obligación de conservarlo como otros patrimonios de la humanidad». «Es urgente que este proyecto de ley sea retirado porque llama al engaño a los agricultores», asegura el escrito, que avisa también de más movilizaciones en Huelva y otras provincias.
La manifestación, que se ha desarrollado bajo el lema Doñana no se vende, Doñana se defiende, ha tenido ambiente festivo. Además de la plataforma convocante, han participado otros colectivos, como Greenpeace o el Sindicato Andaluz de Estudiantes. Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que conforman la plataforma Salvemos Doñana junto a WWF, ha comentado al inicio de la marcha que «en Doñana no tienen cabida las especulaciones«. «No vamos a parar hasta que se pare la proposición de ley. Esta manifestación no es un punto final. No vamos a permitir que entierren Doñana. Todo lo contrario, que la recuperen», ha aseverado el activista.
Felipe Fuentelsaz, perteneciente a WWF, ha solicitado «eliminar de forma urgente» los regadíos ilegales de Doñana, que ha calificado como «locura y aberración que es necesario parar«, y ha constatado que el Gobierno de la Junta se ha quedado «solo» en su defensa de la norma de regadíos porque «con Doñana no se juega«.
Entre las formaciones políticas presentes en la manifestación, el PSOE andaluz, Por Andalucía y Adelante Andalucía han coincido en exigir al Gobierno de Juanma Moreno y al PP-A que retiren la propuesta de ley.
Las claves de la problemática
La problemática afecta tan solo a un 4% de la producción de frutos rojos de la provincia de Huelva, la mayor productora nacional, pero implica a un enclave tan singular y protegido como el Parque de Doñana en una época de grave sequía.
El germen del problema hay que buscarlo en la expansión no planificada de regadíos que se produjo en la zona a finales de la década de los 90 y principios del siglo XXI. El Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), un documento aprobado en 2004 y que recogía los suelos en función a sus distintos usos, recomendaba la redacción de un plan de ordenación de esos regadíos para controlar el recurso hídrico y proteger el espacio.
Diez años más tarde, fue aprobado por el Gobierno andaluz el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana para una superficie de 64.457 hectáreas, de las que se consideraban inicialmente como regables unas 9.340 que cumplían los requisitos de ser terrenos agrícolas en regadío en 2004 (fecha de entrada en vigor del Potad), y haber mantenido su actividad en los siguientes años.
En ese momento, algunos agricultores comenzaron ya a mostrar su rechazo por quedar sus regadíos fuera de esa ordenación y, en 2012, crearon la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. En 2016, el PP presentó una primera proposición no de ley en el Parlamento autonómico para revisar el plan. Dichos agricultores, en su mayoría, han seguido regando este tiempo, afrontando sanciones y cierres de pozos, de los que captaban agua ilegalmente.
La llegada del PP al Gobierno de la Junta de Andalucía en 2018 supuso un acicate para los objetivos de estos agricultores de ver reconocidas sus tierras. En 2022, el PP, Cs y Vox presentaron una proposición de ley, si bien decayó con la convocatoria de las elecciones autonómicas.
Este 2023, ya con mayoría absoluta, el PP, junto con Vox, ha vuelto a presentar la iniciativa «mejorada» con propuestas que hicieron otros partidos que, actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria y que ha suscitado toda una serie de cruces de declaraciones entre representantes políticos así como el rechazo de los ecologistas.
Entre los defensores de la medida está la Junta de Andalucía, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado y las organizaciones agrarias, que sostienen que la iniciativa viene a solucionar «un problema histórico», que sólo habla de ordenación del territorio y no de agua, y que preserva Doñana, ya que esas tierras susceptibles de legalización solo podrán ser regadas con agua superficial cuando la haya.
En el lado contrario están el Gobierno central, que ha reclamado en reiteradas ocasiones a la Junta de Andalucía la retirada de la iniciativa; las organizaciones conservacionistas, muy críticas con una medida que entienden que llevaría a la desaparición a la Doñana actual; y el Ayuntamiento de Almonte y buena parte de sus agricultores, que la consideran «dañina» para los intereses del sector.
La Comisión Europea ha advertido de posibles sanciones de aprobarse la iniciativa al contravenir la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) que condenaba a España a adoptar medidas frente a la sobreexplotación de los recursos hídricos del espacio natural.
La proposición de ley sigue su tramitación parlamentaria, aunque está paralizada hasta después de las elecciones del 28 de mayo.
El último capítulo, por ahora, en torno a esta proposición se vivió ayer domingo en Sevilla, donde tuvo lugar una manifestación convocada por la Plataforma Salvemos Doñana, auspiciada por más de 40 colectivos, para pedir su retirada, la implementación del Plan de 2014 y otras alternativas de desarrollo para el espacio natural.
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