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Una imagen del Parque Nacional de Doñana.

Medio Ambiente, Política

El Gobierno central y Ecologistas en Acción arremeten contra la propuesta del Ejecutivo andaluz de regularizar más de 1.400 hectáreas de regadío en el entorno de Doñana

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El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, y el presidente de la comunidad de regantes Condado de Huelva, Juan Mato analizaron ayer, en Sevilla, la propuesta presentada en el Parlamento de Andalucía por los grupos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que pretende regularizar más de 1.400 hectáreas fuera de Suelo Agrícola Regable (SAR) no contempladas en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana. Por su parte, Ecologistas en Acción denuncia que el Gobierno andaluz pretende «convertir en víctimas, a golpe de norma, a los responsables de la situación deplorable del acuífero Almonte-Marisma»

Tras la reunión, Morán ha calificado la iniciativa de «engaño a los regantes«, y ha exigido a la Junta que desestime un planteamiento que genera falsas expectativas, rompe el consenso alcanzado en 2014 sobre el plan de regadíos en el entorno del parque nacional y representa además «una seria amenaza» para su integridad.

El secretario de Estado ha explicado que el objetivo del ministerio es garantizar el conjunto de actividades y usos del agua, desde los ambientales hasta los urbanos, pasando por los económicos, agrarios e industriales. «Y eso no puede quebrarse generando expectativas de puesta a disposición de más agua, porque ni la hay ni la va a haber«, ha remarcado.

En ese sentido, Morán ha lamentado la posición tomada por el gobierno andaluz «alentando una propuesta engañosa, sustentada en «derechos históricos» que no existen, y que tampoco concede derecho al agua». «Un derecho al agua sin agua no es nada. Solo humo», ha recalcado. «No hay posibilidad de poner ni un solo metro cúbico más de agua a disposición de nuevas actividades ni usos económicos en la cuenca del Guadalquivir», ha añadido.

Defensa en foros internacionales

La propuesta, según ha explicado Morán, queda «al margen de la leal cooperación institucional». En primer lugar, por no haber sido informada ni consensuada por las administraciones responsables de la gestión y el control del recurso agua, clave para la propuesta, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; no contar con los órganos y agentes implicados en el mantenimiento y conservación del Parque Nacional, como el Consejo de Participación de Doñana, cuya presidencia ostenta la propia Junta de Andalucía; o elaborarse al margen de los procesos de participación pública de la Planificación Hidrológica de la demarcación, condición imprescindible para asegurarse la garantía del recurso.

En este sentido, ha instado a la Junta a recuperar esa colaboración entre instituciones y ha garantizado que el Gobierno trasladará a los organismos internacionales que «no se va a desviar ni un milímetro del plan de 2014» de la corona forestal de Doñana y tampoco va a permitir que «se coloquen en los mercados producciones no avaladas por concesiones legales de agua«.

Llamada a la responsabilidad

Además, Morán expresa su sorpresa ante el procedimiento seguido para activar la proposición de Ley, en lugar de usar la vía de la tramitación mediante un proyecto de Ley, «con garantías jurídicas que obligan a quien toma la iniciativa a la consulta a organismos e instituciones, más allá de la participación pública, para su informe preceptivo y en algunos casos vinculantes, cuando en razones de su competencia, deben de participar en el proceso, como es el caso del organismo de cuenca, competente en la puesta a disposición de dicho recurso».

Acompañado en su intervención por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, Morán ha solicitado al Ejecutivo andaluz que, «por responsabilidad, ejerza sus competencias y vete la tramitación de esta proposición de Ley para no someter al Parlamento a un debate estéril y trasladar al conjunto de la ciudadanía una conflictividad basada en expectativas irreales«.

Del mismo modo, ha animado a que la Junta de Andalucía se sume al mecanismo de cooperación institucional para el plan que la CHG viene aplicando en la zona en los últimos años continúe dando sus frutos en uno de los objetivos prioritarios de este Ejecutivo, la reversión del estado del Parque Nacional de Doñana.

Ecologistas en Acción: «Toda España sabe ya que Doñana es rehén de la agricultura»

Por su parte, Ecologistas en Acción también ha criticado duramente la propuesta del Gobierno andaluz: «Toda España sabe ya que Doñana es rehén de la agricultura. El agua del acuífero Almonte-Marisma está ya hipotecada por los cultivos de regadío intensivo. A pesar de que, desde 2014, con el consensuado Plan Especial de Ordenación de Zonas de Regadío al Norte de la Corona Forestal de Doñana o Plan de la Fresa, se impulsó por las administraciones el cumplimiento estricto de la legislación vigente y los procedimientos para el cierre de pozos ilegales, actualmente aún hay unas 1.600 hectáreas de cultivo de regadío ilegal en Doñana».

Los delitos han sido continuos: desde la entrada en vigor del Plan de la Fresa en 2014, no se debía volver a transformar ni una hectárea ni abrir un pozo, pero según las informaciones vertidas en los plenos del Consejo de Participación, ha habido 151 expedientes sancionadores en materia forestal: 83 en Lucena del Puerto, 50 en Moguer, 11 en Bonares, 5 en Rociana y Almonte no ha tenido ninguno; en materia de aguas ha habido 43 expedientes sancionadores y 2 en materia urbanística; se han clausurado 420 pozos ilegales y han sido dictadas varias sentencias judiciales condenatorias.

Son fincas transformadas a agrícola que detraen agua sin autorización del acuífero Almonte-Marisma, que fue declarado sobreexplotado en julio del año 2020 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. «Se trata de robo de agua en toda regla, recogido en artículos del Código Penal como el 247, el 255 e incluso el 325. Es un delito penal que atañe a toda la sociedad, no solo la andaluza, ya que incluso el Tribunal de Justicia de Europa falló en junio de 2021 que el Reino de España está incumpliendo el Derecho Comunitario, en particular, la Directiva Marco de Agua y la Directiva Hábitats», denuncian desde la ONG.

Por ello, Ecologistas en Acción considera que el Gobierno andaluz debería centrarse en acometer las actuaciones necesarias para recuperar el gran humedal que fue Doñana restaurando sus sistemas hídricos, «que le fueron amputados, una irresponsabilidad histórica que ahora estamos pagando, y favorecer así a los agricultores que cumplen la legalidad desde el inicio, aquellos que verdaderamente respetan y conservan Doñana mientras ejercen su actividad económica».

Los culpables ahora van a ser las víctimas

Doñana está siendo utilizada para satisfacer a las patronales agrarias por el PP andaluz. Con mucha antelación a unas elecciones anunciadas para este año 2022 y mediante esta proposición de ley, «pretenden convertir en víctimas así, a golpe de norma, a los responsables de la situación deplorable del acuífero Almonte-Marisma y de los ecosistemas forestales de Doñana, los que ponen en riesgo los valores excepcionales de este espacio protegido de renombre internacional, pues no habrá agua para que puedan regar todas sus fincas legalizadas».

Según la proposición de ley, los agricultores piden un trasvase de aguas superficiales de otras cuencas para poder regar más, y lo justifica como «derechos históricos y una actividad tradicional«. «Sin embargo, ni son derechos adquiridos ni es agricultura tradicional», remarcan desde Ecologistas en Acción.

Pero, lo cierto es que, respecto a los derechos históricos, los que lo eran fueron consolidados a través de la aprobación en 2003, con el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad). Además, Doñana era un humedal sin aprovechamiento relacionado con el agua hasta 1971, es decir, que la agricultura de regadío no es una actividad tradicional. Ese año se declaró de interés nacional la colonización de zona regable del Plan Almonte Marismas con una superficie inicial de 45.960 hectáreas, de las que 24.500 se podían transformar en regadío, si bien, en 1988, se revisa el plan general de transformación para adaptarlo a la conservación del equilibrio biológico de los valiosos ecosistemas del Parque Nacional de Doñana, quedando en 14.000 las hectáreas que podían transformarse en regadío, repartidas entre las provincias de Huelva y Sevilla.

Para compatibilizar la agricultura con la conservación en Doñana, es necesaria una verdadera revolución verde que lleve a cabo una ordenación y limitación de la expansión de los regadíos. «Es una falacia que Doñana sea la despensa de frutas y verduras de Europa, porque serlo no sería compatible con su conservación ni compatible con otras actividades económicas que comparte el espacio natural. Y el mercado europeo valora el producto porque es de Doñana, porque lo cree sostenible, sano y respetuoso con los recursos», ponen de relieve los ecologistas.

Amenaza para la integridad del estado de conservación de Doñana

El robo de agua es un delito penal y promover el incremento de superficie de regadío en Doñana y, con ella, las solicitudes de agua de riego que van a llegar a la administración de cuenca, «va en contra de todo criterio científico y de sostenibilidad«. Organismos internacionales del más alto nivel corroboran año tras año la necesidad de poner límite a los regadíos y a las extracciones de agua.

Así, el Convenio de Ramsar (relativo a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) evalúan periódicamente el estado de conservación y los valores excepcionales de Doñana y realizan un informe con las recomendaciones que consideran indispensables para mantener el alto estatus de protección y reconocimiento internacional del espacio protegido, gracias al cual el Gobierno autonómico tiene acceso a importantes cuantías de diversos fondos europeos.

Desde 2011, en todos sus informes, el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, solicita al Estado español que asegure la implementación del Plan Especial de Gestión de la zona de regadío, localizada en el norte de la Corona Forestal de Doñana, sin que se diluyeran los objetivos esenciales acerca de la protección de los excepcionales valores naturales de Doñana y el uso racional del agua.

La «revolución verde» del presidente de la Junta de Andalucía da la espalda a Doñana

En el alegato por su «revolución verde» durante el Acto del 50 Aniversario de Doñana en octubre de 2019, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y del Grupo Popular andaluz, afirmaba que «sabremos estar a la altura de los retos futuros y redoblaremos los esfuerzos para su conservación» y llamaba a la participación social.

Sin embargo, la ley que propone el PP andaluz consiste en «dar amnistía y legalizar las fincas agrícolas que detraen agua sin autorización desde hace años, así como anima a propietarios con fincas forestales que fueron antaño agrícolas a que reviertan su uso, todo ello, reconociendo que, en todos los casos, será necesario solicitar los permisos de extracción de agua para toda esa superficie de regadío a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que declaró el acuífero sobreexplotado en 2020 y es imposible que pueda conceder toda ese agua para regar«. Es evidente que, de aprobarse esta proposición de ley, el Gobierno andaluz habrá trasladado el problema de la expansión incontrolada al Gobierno central en un momento tan delicado como los meses previos a unas elecciones autonómicas.

Además, el pasado 15 de diciembre tuvo lugar un Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, seis días antes de que se hiciera pública la proposición de ley. «Ello demuestra la falta de interés por la participación de este grupo político y el incumplimiento de la normativa que regula el funcionamiento de este órgano colegiado, donde ya, en el Pleno ordinario de 2019, tras el cierre de 420 pozos ilegales, se puso sobre la mesa la posibilidad de modificación del llamado Plan de la Fresa», comentan desde la ONG. El presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibes, aclaraba entonces que «si hubiera una idea de modificar el plan especial de la fresa, debería de volver a debatirse en este Consejo de Participación» y añadía que este órgano colegiado debe informar de toda actuación en relación al espacio protegido para garantizar la transparencia y la participación ciudadana, si bien sus informes son preceptivos y no vinculantes.

Ecologistas en Acción solicitará que la proposición de ley del PP andaluz, en caso de ser presentada, sea debatida previamente en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana

Por ello, Ecologistas en Acción solicitará que la proposición de ley del PP andaluz, en caso de ser presentada, sea debatida previamente en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, conforme a la norma sobre sus funciones y su reglamento, antes de continuar con el trámite que está siguiendo.

Con la cosas así, es evidente que la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular sería «una nueva irresponsabilidad histórica y un señuelo para los agricultores, pues, utilizando el poder legislativo, legalizaría la situación de desmadre actual del regadío en Doñana de 1.600 hectáreas que se están regando sin calificar como agrícola de riego, provocando que numerosos propietarios tengan que solicitar permisos de riego a la Administración del Estado que son imposibles por la situación de sobreexplotación del acuífero y el alto coste del trasvase de otras cuencas (100.000.000 euros), con todos los ojos de los organismos internacionales que velan por Doñana y su conservación puestos en la gestión de este espacio natural y particularmente en su agua, siendo previsible la estimulación de un clima social de tensión y conflictividad social«. Todo ello, en el marco de un año electoral en Andalucía.

Por ello, Ecologistas en Acción denunciará la nueva situación de amenaza que se está creando ante la Comisión Europea y ante todos los organismos internacionales que velan por la integridad del Espacio Natural de Doñana e iniciará las acciones legales oportunas. La organización insiste en la necesidad de que la sociedad en su conjunto reciba información sin sesgos y tenga participación, así como en la urgencia de blindar Doñana frente a las amenazas que constantemente surgen en respuesta a intereses económicos y políticos que poco o nada tienen que ver con la conservación de Doñana.


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