María Jesús Montero, una receta que no sirve para presidir la Junta de Andalucía

Nos están vendiendo a marchas forzadas los medios de comunicación como solución al Susanato y al Espadato, y, sobre todo, como oposición a Moreno Bonilla a una de las ministras que más rechazo levanta de España, la de Hacienda, María Jesús Montero, elegida nueva secretaria general del PSOE de Andalucía tras un congreso a la búlgara dónde quién se movía no salía en la foto, y contando con la misma gente con la que perdió Susana Díaz el gobierno de la Junta de Andalucía. Un congreso donde se trataba más de defenestrar a Juan Espadas más que de elegir savia nueva. La NO renovación del PSOE es un hecho desde el pasado fin de semana

Montero ha sido puesta a dedo por Pedro Sánchez en Andalucía y resume todos los males a los que se enfrenta el PSOE en su travesía del desierto en Andalucía tras la caída a los infiernos de Susana Díaz Pacheco. Escondida en las sombras ha salido de la madriguera madrileña para alzarse como remedio para recuperar el trono perdido de la Khaleesi. Pero la Andalucía a la que vuelve ni perdona ni olvida.

‘Monteroprimidor‘

La candidata y aun ministra Montero ha sido una de las más nefastas gestoras que ha tenido la Junta de Andalucía desde su existencia. Ha sido responsable de todos y cada uno de los recortes realizados a la sanidad y a la educación en Andalucía, unido a que ha sido la mayor exprimidora de los bolsillos de los andaluces, con una presión fiscal de las más altas de toda España.

Parece que salir elegida como nueva secretaria general del PSOE la libera de todas las actuaciones negativas que ha tenido para con los andaluces cuando estaba en el gobierno regional. Pero no solo ha sido un lastre para la hacienda regional, sino que ha sido una mala gestora para los intereses de los andaluces, convirtiéndose con el tiempo en una recaudadora de impuestos insaciable, sobre todo en el impuesto de sucesiones y donaciones con cuya recaudación llegó a arruinar a miles de familias en Andalucía, antes de su modificación.

Ella es una de las máximas responsables de los procesos de externalización de la Junta de Andalucía. Se entiende por externalización de servicios de la Junta de Andalucía el uso de trabajadores no vinculados a la función pública para realizar trabajos propios de funcionarios o empleados laborales de la Administración. Ya se utilice para tales fines personal de las empresas públicas dependientes de la Junta o sus organismos, casi siempre sociedades anónimas regidas por el derecho laboral; ya se recurra a personal de fundaciones u otros entes instrumentales; ya se resuelva mediante contratos administrativos para trabajos específicos o se acuda para proveerse de personal a empresas privadas contratadas. Tal es así que la elegida para la Secretaría de Sanidad de su nueva ejecutiva regional es una enfermera de la Escuela de Salud Pública de Andalucía S. A. que se va a integrar en el Instituto de Salud junto a la Fundación Progreso y Salud.

La responsable real de las fusiones hospitalarias en Andalucía

La aspirante a liderar el PSOE-A fue la ideóloga de esta medida sanitaria, otro crimen sin castigo, que provocó el levantamiento de profesionales y de pacientes, mientras Martín Blanco la ejecutaba como viceconsejero de Salud. En esta lucha nació la figura de Spiriman, Jesús Candel, que provocó las mayores manifestaciones en Granada en contra de la fusión hospitalaria desde la llegada de la democracia a España, y que creó la Asociación Justicia por la Sanidad.

Le hemeroteca le recuerda sus propias palabras, cuando en 2012 dijo que el objetivo de la fusión hospitalaria era mejorar la calidad asistencial gracias a la coordinación entre equipos y la racionalización del gasto público mediante la reducción de altos cargos fueron los argumentos que, en 2012, esgrimió la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, para justificar el proceso de fusión hospitalaria. Gracias a las fusiones, las listas de espera se dispararon por toda la región.

El proceso de fusión hospitalaria sanitaria de Granada comenzó a tomar forma con la apertura del nuevo hospital ubicado en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. El plan de fusión hospitalaria contemplaba la unión de dos hospitales en la ciudad, el Virgen de las Nieves y el San Cecilio (PTS), donde se atenderían todos los servicios básicos hospitalarios de la población de cada una de esas zonas. Pero todo cambió cuando se eligió por tener un solo hospital repartido en tres centros por especialidades, con lo que pacientes pluripatológicos se verían obligados a desplazarse de un centro a otro, sin conocer dónde podrían ser tratados, con la consiguiente pérdida de tiempo y de atención médica. Según el nuevo modelo sanitario, que llegó a ponerse en marcha, el paciente tenía que autodiagnosticarse cuando le pasara algo de urgencia y tenía que decidir a qué centro ir en función de la especialidad médica.

En plena batalla contra la fusión hospitalaria, se incorporaron a su lucha figuras como Luís Escribano o Antonio Barreda que ampliaron la potencia de fuego de Spiriman y de la Asociación Justicia por la Sanidad con series de vídeos ya míticas en Andalucía, como El Cortijo, donde se desgranaba los más florido de la corrupción en Andalucía, y se creó el periódico EL LIBRE. Escribano y Barreda continúan la lucha de Jesús Candel en la asociación, y están levantando los mayores escándalos en Andalucía, como los informes de la intervención sobre las compras del SAS, entre otros.

El caso Bernat Soria

María Jesús Montero fichó a Bernat Soria en el año 2009, tras su cese como ministro, y fue uno de los mejores pagados en nómina, 130.000 euros de vellón que le pagaba la Junta de Andalucía, y que finalmente fue despedido de la Fundación Progreso y Salud, del Cabimer donde trabajaba, por «incumplir» la incompatibilidad. Más tarde, el juzgado social desestimó «la demanda por despido y por vulneración de derechos fundamentales interpuesta por don Bernat Soria Escoms contra la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y, en consecuencia, procedió a declarar el despido producido con fecha de efectos del 3.05.19 como procedente y, en consecuencia, convalidar la extinción de la relación laboral entre las partes a la fecha del despido sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación».

Luego el Juzgado número 6 de Instrucción de Sevilla dictó auto de apertura de juicio, acusado de cometer un supuesto delito de alzamiento de bienes. Soria donó todos sus bienes inmuebles a sus dos hijas, que también están procesadas, para esquivar el pago de una deuda de 520.000 euros (intereses y costas incluidas) que otro juzgado le había condenado a pagar de manera solidaria junto a un antiguo socio.

Como consejera de Hacienda, Andalucía estaba entre las regiones con mayor presión fiscal de España

Era una de las regiones que más impuestos propios tenía con un total de ocho. Entre ellos, destacaban algunos como el que grava las tierras infrautilizadas o las bolsas de plástico de un solo uso. El IRPF que se aplicaba en su mandato como consejera de Hacienda era uno de los más altos de España y, hasta la reforma del impuesto de sucesiones, era la comunidad que tenía el impuesto más alto. Lo que no hizo tampoco la exconsejera Montero fue reducir el Impuesto de Donaciones.

Según los datos de la Agencia Tributaria de Andalucía, con ella como consejera de Hacienda, la Junta de Andalucía recaudó en 2017 un total de 245 millones de euros entre el impuesto de sucesiones y donaciones. Por otro lado, Andalucía también se colocaba a la cabeza en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en el gravamen de Actos Jurídicos Documentados de toda España.

En cuanto al Índice de Frank, que mide el esfuerzo fiscal al poner en relación la recaudación tributaria con el PIB per cápita, encontramos que el marco de impuestos altos que ha venido aplicando Montero, cuando ejercía de consejera de Hacienda, supera en un 44% el promedio nacional. Y es que, frente a un Índice de Frank de 0,16 puntos para toda España, Andalucía se movía en 0,23 puntos, solo por detrás de Extremadura y sus 0,25 puntos.

En cuanto a la presión fiscal, cuando estaba al mando en Andalucía definida esta como comparativa entre recaudación tributaria y PIB, Andalucía queda en la cuarta región con mayor presión fiscal. En España los impuestos se llevan el 38,7% de la renta, pero hay grandes diferencias entre unas y otras regiones. Así, en el extremo superior de la tabla aparecen Baleares (40,48% de la renta), Asturias (40,34%), Extremadura (40,24%), Andalucía (40,03%), Aragón (39,94%) y Castilla-La Mancha (39,68%).

Los recortes sanitarios en Andalucía de Montero

Montero ha ninguneado sistemáticamente las críticas a su gestión de la sanidad como responsable de la Consejería de Salud, a la mejora de la misma y ha dado la espalda constantemente a los profesionales sanitarios, a los sindicatos, a los medios de comunicación y a los ciudadanos. Montero es la responsable de todos los recortes y tajos sanitarios realizados a la sanidad en Andalucía, tanto como consejera de salud como consejera de hacienda. Ella es la responsable con sus recortes de la sanidad del mensaje claro de que «quien pueda pagarse la sanidad privada que se vaya de la pública».

Andalucía ha sido siempre la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad por habitante. Los datos ponen cifras también a los recortes de la Junta de Andalucía. En 2008 el año de la crisis económica, el gasto sanitario en Andalucía alcanzaba los 10.307 millones de euros, mientras que en el año 2014 alcanzó tan solo los 8.737 millones de euros. Estas cifras nos indican que se recortaron o se dejaron de invertir en sanidad durante estos seis años 1.570 millones de euros (recuerden que el dinero defraudado con los ERE fue de 680 millones de euros).

A lo que hubo que añadir el brutal recorte perpetrado en materia de personal, con 7.500 puestos de trabajo amortizados por los entonces responsables sanitarios de la Junta de Andalucía. El gasto ahorrado en remuneración de personal de los servicios hospitalarios y de la atención primaria se elevaba nada más y nada menos que a 808 millones de euros (algo más de 133 mil millones de pesetas). Desde 2009 a 2014 la Junta dejó de gastar 474 millones de euros gracias a prescindir de personal que prestaba servicios en hospitales. Ahorro en sueldos y contratos que se extendió a la atención primaria, en la que dejó de gastar en contratos, desde 2009 el a 2014, la cifra de 334 millones de euros.

Los cargos intermedios en el SAS

Una de las causas del caos en la gestión de la sanidad andaluza es la creación de 1.300 mandos intermedios que gestionan las 1.060 Unidades de Gestión Clínica creadas tras la reordenación del sector público sanitario en su mandato. Contra esta estructura paralela en la sanidad ya hay una cascada de sentencias judiciales –la mayoría en contra– cuestionando este nombramiento de personal de libre designación, y son vistos, además, como comisarios políticos de la Junta de Andalucía.

La sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7a, Sentencia de 24 Septiembre 2008, recurso 5231/2004, confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Andaluz y anuló una orden de la Consejería de Salud sobre la provisión de cargos intermedios en centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Los magistrados del alto tribunal se ampararon en la argumentación de que las libres designaciones no estaban justificadas ni motivadas. Incluso aclararon que era posible que los cargos intermedios se pudiesen proveer a dedo, pero siempre que la Administración razonase porqué utilizaba dicha vía para la cobertura de los puestos.

La resolución judicial recordaba que la provisión de plazas en la Administración a través del sistema de libre designación «tiene carácter excepcional, incluso cuando se trata no de ingreso al servicio de la entidad pública, sino de provisión de puestos entre quienes ya ostentan la condición de funcionario«. La excepcionalidad hace necesaria «una justificación» atendiendo a la «naturaleza de las funciones y a la especial responsabilidad que comporten», por lo que «no puede preverse tal sistema para la totalidad de puestos de trabajo correspondientes a cualquier cuerpo, escala, clase o categoría de funcionarios de un departamento u organismo.

Es decir, la orden de la consejería no afectaba a «puestos de trabajo individualizados, sino a toda una categoría, la de los cargos intermedios», y la única justificación que se ofrece para motivar la libre designación es «una vaga referencia a que es el sistema» que mejor cumple con el objetivo prioritario de regular un procedimiento adecuado, ágil y operativo que permita satisfacer las necesidades de gestión». Según el Supremo, esta motivación es «insuficiente como para justificar la excepcionalidad del sistema de provisión elegido».

Estableció el corralito farmacéutico en Andalucía

Montero fue la ideóloga de las subastas farmacéuticas en Andalucía. Con lo que es la responsable de la creación del corralito farmacéutico al que tuvo sometido a los andaluces. Está empezando ya a haber en España una sanidad de primera para unos ciudadanos y otra de segunda o tercera para otros ciudadanos según donde vivan. Problema que se agrava en Andalucía con la famosa subasta farmacéutica que el Tribunal Constitucional ha avalado, siendo Andalucía la que retira de la cartera medicamentos genéricos en beneficio de determinados laboratorios que son los que ganan la subasta.

Pero el problema es que los laboratorios que ganaron las subastas suelen ser extranjeros y pequeños, sin capacidad logística ni estructura suficiente, por lo que muchas veces renuncian a la subasta o dejan desasistido puntualmente el mercado. La subasta provoca también una ruptura de la unidad de mercado al excluir en la práctica durante dos años los medicamentos que no son seleccionados.

A lo que se añade el problema que los pacientes andaluces no tienen la posibilidad de elegir, como sí ocurre en otras autonomías, entre todos los medicamentos que se encuentran a precio más bajo. De los 10.000 medicamentos que se podían vender en toda España con cargo a la Seguridad Social, en Andalucía solo se pudieron dispensar 400, y tenían que ser, por imperativo, de las subastas. A lo que se añade el que la Junta de Andalucía no ha publicado nunca el supuesto ahorro que se daba con las subastas, y menos aún dónde invierte ese supuesto ahorro farmacéutico.

La gran impulsora de la sanidad paralela

María Jesús Montero ha sido una de las responsables de la creación y extensión de la sanidad paralela en Andalucía, dando continuidad a un modelo sanitario que empezaron sus antecesores como consejeros de Salud. Una sanidad paralela que no estaba integrada en el SAS, cuyo personal no es estatutario del SAS, sino personal laboral de las agencias sanitarias, con sus propios convenios colectivos y sometidos al derecho privado. Más tarde, Moreno Bonilla los integraba como estatutarios sin pruebas ni oposiciones específicas para ello.

La Junta de Montero asumía la financiación de las agencias sanitarias, a las que encarga la función de proveedores públicos de servicios sanitarios, señalando en el Contrato Programa qué servicios han de prestar, a quien, cuándo y en qué condiciones, realizando estas actividades en régimen de descentralización funcional.

Fueron cinco las empresas públicas que se crearon entre 1993 y 2006. La primera de ellas, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) fue creada para prestar asistencia a las emergencias sanitarias en toda la Comunidad Autónoma; las cuatro restantes, asumían la gestión de 17 hospitales públicos y prestan servicios de atención especializada a una población de 1.287.938 habitantes. Son hospitales de especialidades (1), comarcales (3) y de alta resolución (13). Estas cinco agencias que conforman la sanidad paralela de la Junta de Andalucía, en ese momento tenía, en su época de gestora sanitaria, 5.053 empleados en su conjunto.

Ella fue la responsable desde la Consejería de Salud de la extensión de la sanidad paralela de Andalucía con la creación de los CHARES, ahora llamados HARES. Los Hospitales de Alta Resolución son centros incluidos en el Libro Blanco de Atención Especializada, (2004) elaborado por la Consejería de Salud por mandato del Parlamento andaluz y que llegaron a ser hasta 26 los prometidos. En junio de 2005 fue inaugurado el primero. Ahora funcionan muchos como El Toyo en Almería; Puente Genil y Valle del Guadiato en Córdoba; Alcaudete, Sierra del Segura y Alcalá la Real en Jaén; Utrera, Sierra Norte, Écija, Alcalá de Guadaíra y Morón en Sevilla; Guadix y Loja en Granada, Benalmádena en Málaga, el de Lebrija, el del Valle del Guadalhorce, La Janda y Cazorla , y aún están pendientes HARE como el de Lepe.

La gran impulsora de la externalización de la investigación sanitaria

Con Montero de consejera en Andalucía se ha ido tejiendo por toda la red sanitaria una serie de fundaciones que detentan la investigación y las patentes que generan el sistema público sanitario andaluz, con miles de trabajadores colocados en esta externalización. Es el caso de la Fundación Progreso y Salud, que tiene varias líneas de trabajo entre las que destacan la Agencia Andaluza de Calidad Sanitaria de Andalucía, la Línea Iavante (antigua fundación Iavante hoy integrada en la Progreso y Salud) para la formación y evaluación de Competencias profesionales, y la línea I+i donde está la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación y la Gestión de Centros y Proyectos, entre los que destacan la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas, el Cabimer (donde trabaja el exministro Bernat Soria), Genyo Centro Pfzier-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica, BIONAND Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, GBPA Genomics and Bioinformatics Platform of Andalusia, LARCEL Laboratorio Andaluz de Reprogramación Celular, La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz (que dirige Verónica Juan Quilis, la mujer del citado exministro de sanidad socialista) y el BIOBANCO del Sistema Sanitario Público Andaluz.

El marco que regula las relaciones entre el SAS y la RFGI-SSPA, lo componen principalmente la Encomienda de Gestión a la Fundación Progreso y Salud, de derechos y transferencia de resultados derivados de investigaciones en ciencias de la salud realizadas en centros del SAS (BOJA nº 100; mayo de 2010) y el Convenio de Colaboración entre el SAS y las Fundaciones Gestoras de la I+D+i del SSPA firmado en febrero de 2012. La Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (RFGI-SSPA) está compuesta por siete fundaciones: FCÁDIZ (Cádiz), FIBICO (Córdoba), FABIS (Huelva), FIMABIS (Málaga), FISEVI (Sevilla), FIBAO (con carácter interprovincial, dando cobertura a Granada, Jaén y Almería) y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) como entidad coordinadora de la Red.

Los problemas laborales de la Fundación Progreso y Salud

Durante la época en la que María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, fue consejera de Salud de la Junta de Andalucía, la Fundación Progreso y Salud habría contratado como asesores técnicos a diferentes personas que, una vez firmaban el contrato, desaparecían de la sede de este organismo y pasaban a realizar sus tareas en instalaciones del SAS o de la Consejería de Salud.

Esta práctica ha sido condenada por la justicia, considerándola ilegal. Como ejemplo, más de 40 trabajadores firmaron un contrato con esta fundación y posteriormente servían de asesores dentro del programa de Apoyo técnico a la Dirección General de Salud Pública y Participación para el Plan Integral de Tabaquismo. Asimismo, otros 50 eran técnicos informáticos que trabajaban en centros sanitarios públicos pero que estaban contratados por otras empresas. Muchos de ellos acudieron a los tribunales y se les declaró laborales indefinidos no fijos sujetos al VI Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta de Andalucía, y a otros laborales indefinidos del SAS, dependiendo de dónde prestaban sus servicios.

Ella formaba parte del gobierno que aceptó el engaño de la deuda histórica de Andalucía

Una derivada de todos estos hechos es la reivindicación de la deuda histórica de Andalucía, que es, en definitiva, una cantidad que se considera que debe pagarle el Estado para hacer frente a las peculiares circunstancias socio-económicas de la región. Dicha reivindicación ya aparece en el texto del Estatuto de Autonomía de 1981 y se consolida en la reforma del Estatuto de Autonomía, que al ser leyes orgánicas, son de obligado cumplimiento por parte del Estado. Una deuda que iba pasando el tiempo y estaba metida en un cajón llenándose de polvo de olvido.

El entonces gobierno andaluz del PSOE de José Antonio Griñán en la Junta de Andalucía cifraba la deuda en una horquilla que iba de los 1.148 a los 1.742 millones de euros. Finalmente, la deuda con Zapatero en el gobierno se cerrará en los 1.200 millones, una cantidad que se sitúa dentro de la horquilla, pero tremendamente a la baja, con lo que detraen aproximadamente 500 millones de euros en el pago final. Esta cantidad siempre había vendido el PSOE que se usaría para mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales de los andaluces y andaluzas.

Pero todo resultó un engaño para los intereses de Andalucía y, en definitiva, para los andaluces. De los 1.200 millones a pagar, una parte de esa cantidad, algo más de 400 millones de euros, se abonó mediante transferencia del Estado, pero el mayor monto fue en especie, por valor de 784 millones de euros. Se traspasó la propiedad de varios edificios y solares abandonados por el Ministerio de Defensa a la Junta de Andalucía, y tierras que eran unos auténticos eriales en Almería. Fue el mayor engaño en la historia contemporánea de Andalucía. Una burla auténtica a todos los andaluces.

Andalucía con Montero va a recibir menos dinero para mantener los servicios públicos

Nadie ha explicado que el regalo fiscal de Sánchez a través del concierto catalán implica que Cataluña sale del régimen común –la llamada caja única-, que va a recaudar el 100% de los impuestos, y que ella decidirá, al margen del Estado, qué parte destina a la caja única del Estado. Es decir, que van a recaudar todos los impuestos y la Generalitat, en función de su gasto propio, decidirá, al margen del gobierno nacional y de los demás gobiernos autonómicos, qué parte de esos impuestos va a la caja única y a financiar los fondos de solidaridad interterritorial.

El cálculo de estas cantidades va en una horquilla entre los 6.000 y los 13.000 millones de euros que se va a quedar el gobierno catalán para su gestión propia, que tendrán de menos y se les detraerá a las demás comunidades autónomas de las transferencias del Estado de la caja única para el pago de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Con estos datos, Andalucía va a recibir mucho menos dinero de la caja única en su financiación para gastos propios, con lo que viene una situación de recortes y de falta de recursos para la sanidad, la educación y los servicios sociales, propiciado por el gobierno de Pedro Sánchez que, una vez más, va contra los intereses de Andalucía y los andaluces.

Hemos asistido atónitos a un verdadero atentado contra la financiación de Andalucía, y del resto de comunidades autónomas, con el acuerdo del concierto catalán que el PSOE llegó con ERC. Una verdadera puñalada al espíritu del 4-D y, sobre todo, a la lucha del pueblo andaluz el 28-F. Ahora, para perdonar la deuda catalana, llega a otro acuerdo al margen del resto de España para pagar el superfluo gasto autonómico de todas las comunidades autónomas.