Que este gobierno andaluz siente una aversión irracional hacia los trabajadores y trabajadoras en Andalucía es un hecho constatable en el día a día de su gestión
La última vuelta de tuerca la vemos estos días en la prensa adicta al nuevo régimen andaluz con el blanqueo del crimen que se va a cometer con las Residencias de Tiempo Libre en Andalucía. Una reconversión a lo privado de unas instalaciones que tenían como objetivo que los trabajadores y trabajadoras –en especial los menos pudientes– disfrutaran de unas vacaciones en la playa o en la montaña, según la estación. El desastre de gestión de la indescriptible consejera de Empleo, Rocío Blanco, condena a muerte a estas residencias públicas.
La versión de que no hay instalaciones hoteleras en las administraciones públicas rentables se cae por su peso en la red de Paradores Nacionales propiedad del Estado español. Y, en el caso andaluz, por ejemplo, está la red de instalaciones hoteleras de Tugasa, propiedad de la Diputación de Cádiz, y que ha empleado tiempo y dinero en poner al día estas instalaciones para el disfrute de la población. Que este gobierno andaluz solo ha venido a gestionar para las ricas élites andaluzas es un hecho demostrable a través de su política fiscal ya que ha perdonado 1.170 millones de euros vía impuestos a los andaluces más ricos en exclusiva, convirtiéndose la Junta de Andalucía en un gigantesco exprimidor de los andaluces de renta media y baja, que se han convertido, de esta forma, en los principales pagadores del gobierno andaluz.
Algunas de las instalaciones de Tiempo Libre, como la Ciudad de Vacaciones y Tiempo Libre de Marbella (Málaga) ha cumplido 60 años abierta. Fue construida a principio de los años 60 del pasado siglo por los arquitectos Manuel Aymerich Amadiós y Ángel Cadarso del Puedo, y goza de protección como Bien de Interés Cultural (BIC) incluido en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz desde el año 2006.
Denuncia de la Fiscalía a los sindicatos
La sentencia a muerte se dictó a las Residencias de Tiempo Libre desde la llegada de la inenarrable consejera de empleo Rocío Blanco. Denunció primero en la Fiscalía a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras por la presunta malversación de 7,4 millones de euros en relación con la gestión irregular de plazas en los centros de esta red en la comunidad autónoma. La Fiscalía rebajó luego la cantidad a 6,7 millones de euros. En octubre de 2021, el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla dio carpetazo a la denuncia de la Fiscalía de Sevilla contra las antiguas cúpulas de los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía, a las que atribuía un presunto delito de malversación por no devolver a la Junta de Andalucía 6,7 millones de euros recaudados con la gestión de las residencias de tiempo libre.
Indicando en el archivo de la causa que «no se aprecia por irregularidad, desde el punto de vista penal, en la conducta de los investigados, por lo que deberá acordarse el sobreseimiento de las actuaciones«. Y que «las cantidades que presuntamente se habrían dejado de ingresar en el erario público a disposición de Junta de Andalucía, y que en su momento fueron objeto de reclamación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, estuvieron contabilizadas en los libros correspondientes de ambas entidades sindicales, pendientes de la eventual reclamación del organismo público competente”.
El origen de Tiempo Libre
La extinción de la sindicación obligatoria en España y la reforma de las estructuras sindicales, por Real Decreto-Ley 31/1977 de 2 de junio, supusieron la transferencia de funciones a la Administración del Estado, que se materializó jurídicamente en el Real Decreto 906/1978 de 14 de abril, en cuyo artículo 1 I), se transfiere al Ministerio de Trabajo la Obra Sindical de Educación y Descanso. Para evitar que se pierda y deteriore su patrimonio, se crea, dentro del Ministerio de Trabajo, el Organismo Autónomo Instituto Social del Tiempo Libre, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por Real Decreto 691/1979 de 20 de febrero (BOE de 3 de Abril de 1979). El Instituto Social del Tiempo Libre tiene como función la gestión de los centros y actividades, destinados a los trabajadores procedentes de la obra sindical de Educación y Descanso.
El Real Decreto 4163/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de tiempo libre indicaba en su artículo 1º: Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado – Junta de Andalucía de fecha 27 de diciembre de 1982 por el que se tranfieren competencias y funciones del Estado en materia de tiempo libre a la Comunidad Autónoma de Andalucía y se le traspasan los correspondiente Servicios e Instituciones y medios personales, materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de aquellas.
Residencia Tiempo Libre de Cádiz: el ejemplo de la destrucción
El entonces Instituto Social de Tiempo Libre del Ministerio de Trabajo decidió levantar, en el solar de lo que era la piscina municipal de Cádiz, lo que sería la Residencia de Tiempo Libre, ejecutado por la Obra Sindical de Educación y Descanso entre 1975 y 1977 de un edificio de turismo social, cuyo arquitecto fue Miguel Martínez de Castilla, que lo ideó como un centro para que las familias con menos recursos pudieran veranear en la llamada milla de oro de Cádiz, en la playa de la Victoria, la mejor playa de ciudad de toda Europa. Diversos retrasos hacen que la inauguración sea en 1981. En la estructura exterior del edificio predomina lo metálico en seis alturas y las 180 habitaciones –con 450 camas– dan todas al mar.
En los tres meses de verano pasaban por ella unas 7.000 personas y cerraba sus puertas cada año tan solo dos meses, llegando a tener hasta 180 trabajadores en plantilla en las puntas de verano. En sus instalaciones, se celebraban numerosos congresos y actos de diferentes colectivos sociales y entidades y hasta, a veces, servía de realojo provisional para familias muy necesitadas. La gestión de las habitaciones de la residencia –como en el conjunto de las residencias de Tiempo Libre en Andalucía– tenía un peso principal entre UGT y CCOO, que se repartían el 70% de las plazas, cobrando el 20% en concepto de gestión, y el restante 30% lo tenía la propia Junta de Andalucía. Un modelo de gestión que terminó cuando el sindicato CSIF llevó hasta el Supremo su denuncia sobre la misma y el TS confirmaba las tesis de este sindicato y declaraba nulos los artículos 7 y 12.3 b) del decreto 15/1.999, de 2 de febrero por el que se regula el uso, participación y gestión de la red de residencias de tiempo libre pertenecientes a la Junta de Andalucía, por entender que el mismo vulnera el derecho a la libertad sindical en condiciones de igualdad.
Pronto llegaría la herida mortal para la residencia. Un foco de legionela detectado en noviembre de 2007 dio con su cierre definitivo, mientras la Junta anunciaba una obra integral de remodelación del edificio que no sería sino otro engaño más. La Junta, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, llegó a tener prevista una rehabilitación general que nunca llegó a efecto, con la instalación de placas solares, la rehabilitación de las cocinas, el salón de actos y una profunda reforma de las habitaciones. Proyecto que la crisis del año 2008 terminó por enterrar para siempre.
El paso del tiempo, la falta de mantenimiento y el abandono del edificio terminaron de hacer el trabajo. La Junta dejó completamente vacío el edificio y reubicó al personal laboral de la Junta de Andalucía que prestaba servicios en sus instalaciones por otros centros de trabajo o por las propias delegaciones provinciales de la Junta en Cádiz. Una señal inequívoca por la que los cargos públicos del PSOE de la Junta habían decidido dejar morir de inanición a la Residencia de Cádiz.
La complicidad del Ayuntamiento de Cádiz
Una sentencia de muerte en la que también fue cómplice el propio Ayuntamiento de Cádiz. En diciembre de 2014, pocos meses antes de las elecciones, cuando el equipo de gobierno gobernado por el PP de Teófila Martínez firmó con la Junta el acuerdo sobre patrimonio que afectaba a siete parcelas y edificios, entre ellos la Residencia de Tiempo Libre, para darle un uso 100% hotelero. Para ello, había que cambiar el propio PGOU de Cádiz, ya que el Plan de 2012 conllevaba una zona de oficinas sobre la parcela, destinaba, sobre una parcela de 7.349 metros cuadrados, 15.000 metros útiles para uso hotelero y 10.000 para administrativo. La modificación del PGOU en este terreno fue planteada por la propia Junta de Andalucía.
El documento del PGOU fue modificado en 2018, con Kichi ya de alcalde. El cambio reduce la carga constructiva de uso hotelero exclusivo, que se quedará en 20.000 metros cuadrados. Junto a ello, se incluye una cesión de suelo para espacio libre con una superficie de 1.394 metros cuadrados que se destinará a la apertura de una calle pública entre el complejo residencial Reina Victoria y el futuro hotel, abriendo de esta forma una nueva conexión para unir el Paseo Marítimo y la calle Muñoz Arenillas que está a su espalda.
Numerosos colectivos ciudadanos de la ciudad rechazaban este nuevo uso y han reclamado la continuidad en Cádiz de la Residencia de Tiempo Libre, por el tradicional papel de socializar la playa de Cádiz a un conjunto de trabajadores que no pueden permitirse, en muchos casos, una semana de vacaciones en un hotel privado. Por el contrario, la Junta de Susana Díaz argumentaba entonces, para este cambio y futura venta del edificio y la parcela, el valor económico y laboral que va a tener el futuro hotel privado que se instale en esta zona. De hecho, varias empresas y cadenas hoteleras mostraron su interés en construir un hotel.
La subasta de Tiempo Libre de Cádiz
Con el PP ya en el poder en la Junta de Andalucía, en el BOJA de 11 de octubre de 2019 salía la Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anunciaba la enajenación de diversos inmuebles propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante subasta convocada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Algunos de estos inmuebles fueron el pago del gobierno de Zapatero por la deuda histórica. Entre los edificios sacados a subasta, se encontraba la Residencia de Tiempo Libre de Cádiz tasada en 9.789.182,53 de euros.
Conviene recordar que el acuerdo final de su pago ascendía en total a 1.204,41 millones, de los cuales el Estado ya abonó otros 420,20 en dos pagos realizados en 1996 y en 2008: en el primero, la Junta percibió 120,2 millones y en el segundo, 300 millones de euros. Los 784 millones de euros pendientes de pago de los 1.204 de esta partida se liquidaron el 1 de junio de 2010 a través de la transmisión de la empresa Agesa, sociedad que gestiona los activos de la Expo 92 y otros terrenos en Sevilla, suelos en 8 parcelas urbanas en el Toyo I y terrenos en El Toyo II almerienses, solares en Cádiz, el municipio gaditano de San Fernando, Granada, Almería y Jaén; parcelas en Granada y Sevilla, así como el edificio de Correos de Málaga, tasándose entonces este edificio en unos 30 millones de euros.
El nuevo hotel de 4 estrellas
El edificio de lo que fue la residencia de tiempo libre de Cádiz fue adjudicado a la sociedad Vico Black 98, perteneciente al Grupo Q, de Tomares, que ofreció por el edificio 11.811.410 euros, más de dos millones por encima del precio tasado en un principio por la administración andaluza en la subasta pública. Con un proyecto de rehabilitación del edificio.
Este grupo construyó sobre el esqueleto de la antigua residencia un hotel de 4 estrellas con garaje. El 2 de diciembre de 2022 se inauguraba como Hotel Q. En su inauguración, la consejera Carolina España indicaba que se abría gracias a un proyecto de colaboración público-privada entre la empresa Q-Hotels y la Junta de Andalucía. Después, se le facilitó a la empresa adjudicataria la financiación de la construcción del hotel a través del Fondo de Desarrollo Urbano (FDU). Así, el Hotel Cádiz Bahía ha supuesto una inversión de unos 46,5 millones de euros, de los que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha aportado una financiación de 16 millones de euros a través del FDU.
Las residencias de tiempo libre eran elitistas para el gobierno andaluz
En la rueda de prensa de ayer tras el consejo de Gobierno y a preguntas de EL LIBRE, Ramón Fernández-Pacheco dijo que las residencias de tiempo libre andaluzas eran un servicio «elitista», ya que, según el consejero portavoz: «A nadie se le pedía la declaración de la renta para poder acceder a ese servicio. Era, más bien, un servicio elitista al que sólo podía acceder el 0,2% de la población«, encubriendo la pavorosa gestión de su compañera, la consejera de Empleo, sobre ellas que no ha cumplido con el deber de accesibilidad que debe tener un servicio público, favoreciendo el deterioro de unas instalaciones que llegaron a ser un recurso indispensable para las vacaciones de muchas familias andaluzas de rentas medias y bajas.
Está claro que esta estrategia forma parte de la aversión irracional y el rechazo que le genera a este gobierno andaluz del PP los trabajadores, y las clases medias andaluzas, especialmente las de rentas bajas, ya que este segmento de población «elitista» era la que más disfrutaba de este servicio de las residencias de tiempo libre creadas por el franquismo para el disfrute de las masas trabajadoras. Y eso molesta mucho al PP de Andalucía. Tomen nota, recuerden y aprendan de todo ello.
Me parece fatal que se esté haciendo desaparecer estos servicios, aunque no me extraña, no es de ahora, les propongo que hagan una encuesta entre grupos de clase desfavorecidos y les pregunten si conocen estas residencias…. Ya les digo yo que no. El acceso a la información es farragoso y complicado, hay que preguntar hasta cómo preguntar, los informantes están en sus despachos y quien quiera, ya se sabe, que vaya a verlos, hay que tener un máster para enterarse de estos chollos o claro ser personas pertenecientes a una clase formada para tener la inquietud de mirar de vez en cuando los Boja o tener algún enchufe o trabajar en el mundillo del funcionariado para enterarse A Tiempo de plazos de solicitudes… Y a esta clase, señores y señoras no suelen pertenecer las clases desfavorecidas.
Sólo les digo que las dos únicas familias que conozco que han hecho uso de estas residencias son: en la primera el padre es policía y la madre psicóloga, ambos trabajando, y con dos hijos;y en la segunda el padre es informático trabajando para una empresa americana y la madre auxiliar de enfermería, también trabajando, y con tres hijos. Como ven clase NADA desfavorecida… a mi modesta forma de entender.
El sistema es perverso y cada vez se aísla más a las personas realmente vulnerables que quedan perdidas en el laberinto de la buRRocracia, solicitudes o line, publicaciones en tablones ubicados en rincones tras una montaña de papeles….
Todo esto para decir y con ello termino que LOS SERVICIOS SOCIALES SON DISFUNCIONALES, no sirven para el fin para el que fueron creados.
….. Corren malos tiempos para pertenecer a una clase desfavorecida.. .
No estoy de acuerdo con usted Antonio, sabiendo que estas residencias las gestionaban mayormente los sindicatos… ¿Quiénes eran los que disfrutaban de ellas? ¿Puede que fuesen mayormente afiliados sindicales casi en exclusiva? Yo hasta ahora ni conocía su existencia… El descanso y vacaciones es un bien que al menos por mi parte, prefiero que quede en manos privadas, así me aseguro de que si me cuesta el dinero, al menos es porque lo estoy disfrutando. Además a la vista de las tarifas que ofertan, una unidad familiar de 2-4 miembros tiene alternativas por precios similares o incluso mejores en el sector privado https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/wrtl/Pagina.do?id=PRECIOS