Vicente Fernández Guerrero fue detenido hace unos días junto a Leire Díez, la famosa fontanera del PSOE
Fernández está investigado por una trama de supuesto amaño de ayudas y contratos públicos por valor de 133 millones de euros como presidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). También estuvo de asesor externo de Servinabar una vez abandonó la SEPI, empresa de la que son socios el empresario Antxon Alonso y el anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En la SEPI Fernández Guerrero creó una tela de araña con funcionarios de la Junta de Andalucía, algunos de ellos, incluso, estuvieron muy próximos a la entonces consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.
Hilo 1
Una vez instalado Vicente Fernández en la presidencia de la SEPI, por obra y gracia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se llevó a su mano derecha en la Intervención General, que ocupaba por aquel entonces el puesto de la Intervención Central del SAS (2017-2018), Miguel Ángel Figueroa Teva, quien asumió el cargo de director de Participadas III, en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Bajo el paraguas de esas Participadas se encuentran empresas como Cetarsa, Tragsa o Mercasa.
Se ha conocido en la operación de la UCO de la Guardia Civil sobre Servinabar que esta empresa aparece en el listado de contratos menores suscritos por la empresa pública Mercasa, en el que se detalla la fecha de formalización de un contrato el 11 de noviembre de 2021. El contrato público, firmado por un valor de 18.119 euros, fue adjudicado a la empresa pocos meses después de que Vicente Fernández fuese contratado por Servinabar.
Fernández fue sustituido como presidente de la SEPI, tras su imputación en el Caso Aznalcóllar, por Belén Gualda, quien venía de ocupar altos cargos en la Junta de Andalucía desde 2008. Figueroa Teva resistió una primera criba en la SEPI, pero finalmente fue cesado. Tras su cese de Participadas III en 2022 el gobierno de Juanma Moreno lo nombra director general de la Agencia Idea, la empresa que fue el epicentro del caso ERE, y donde recibió varapalos en los informes de los interventores donde señalaban que no presentó las cuentas de la Agencia IDEA durante tres años. Pero es que, además, le reprochaban que no justificó un agujero económico de 116 millones de euros cuando dirigió la Agencia Idea entre 2022 y 2024. Nadie se ha responsabilizado aun de este crimen sin castigo.
Hasta el pasado junio de 2025 el Consejo Rector de IDEA no pudo aprobar las cuentas anuales de 2020 tras depurar este descuadre, paso previo a la disolución de la sociedad. El agujero de esos 116 millones de euros mantenía bloqueada también la aprobación de las cuentas de los años 2020 y 2022. Todo ello provenía de un convenio existente entre la Junta e IDEA desde los años 2000 a 2016 en que todas las consejerías remitían dinero a IDEA, que gastaba sin distinguir por áreas ni tampoco discriminar su origen, sobre todo con la Consejería de Empleo, ya que no se sabía a qué gastos correspondían esos pagos. Hay que recordar que la Agencia IDEA fue usada como la caja pagadora de los ERE que recibía transferencias de la Tesorería de la Junta para evitar los controles de la Intervención General.
A lo que se añade, por último que, tras las exclusivas de EL LIBRE sobre los durísimos informes de los interventores provinciales sobre las compras de las plataformas logísticas del SAS que han terminado en una investigación judicial, cesaron a la entonces Interventora General María Antonia González Pavón y nombraron a Figueroa Teva en enero de 2025 como nuevo Interventor General de la Junta de Andalucía, quien tras una purga en la Intervención, cesa a la mayor parte de los interventores y nombra a muchos interventores nuevos sin experiencia en auditoría y control. Su primera gran medida fue el vaciado de algunas funciones a los interventores del SAS, para ejercerlas desde la Intervención General.
Hilo 2
Como presidente de la SEPI, Vicente Fernández coloca a la funcionaria de la Junta de Andalucía, que venía desempeñando diversos puestos en la Intervención de la Junta de Andalucía, Macarena Charlo Prieto, como jefe de gabinete de Fernández en la SEPI. Además, según los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) aparece nombrada como representante persona física de la empresa Alimentos y Aceites SA (Alycesa) en el Consejo de Administración del gigante alimentario Ebro Foods SA. La empresa Alimentos y Aceites SA es una empresa pública participada en un 91,9625% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
María Jesús Montero cesó a Vicente Fernández en 2019 tras su imputación en el Caso Aznalcóllar, cuya sentencia de la Audiencia de Sevilla, conocida el pasado 5 de diciembre, absolvía a los 16 acusados por el supuesto amaño del concurso de la mina de Aznalcóllar, entre ellos está Vicente Fernández. Macarena Charlo aparece entre los firmantes del famoso Manifiesto de apoyo a los servidores públicos implicados en el caso Aznalcóllar.
Tras su cese como jefa de Gabinete de la SEPI, Macarena Charlo vuelve a la Junta de Andalucía a ocupar diversos puestos en la Intervención de la Junta de Andalucía. En el BOJA número 49 del pasado 13 de marzo, se le nombra en el puesto PLD de Intervención adjunta a la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Hilo 3
Vicente Fernández también se llevó a un exalto cargo de la Junta de Andalucía de la etapa socialista, Pedro Antonio Zorrero Camas, que fue director general de Fondos Agrarios y que también había ocupado puestos de responsabilidad en la Consejería de Empleo. Zorrero fue nombrado por la SEPI consejero independiente de Ebro Foods SA en diciembre de 2018. El 15 de diciembre de 2021 presentó su dimisión como consejero independiente con fecha 31 de diciembre de la empresa alimentaria. Sus retribuciones como consejero según Ebro Foods fueron 307.000 euros en 2.021 y 310.000 euros en 2.022.
Previamente, en 2016, la juez María Núñez Bolaños, que investigaba las ayudas concedidas para cursos de formación a las empresas del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, designó al perito Pedro Antonio Zorrero, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, para que procediera al estudio y análisis de las «diferentes cuentas bancarias, productos financieros, movimientos de fondos al extranjero del grupo Prescal y empresas«, así como de las asociaciones y fundaciones relacionadas en esta causa con Ángel Ojeda. Tres años después, la jueza aun estaba esperando el informe que se le encargó. Zorrero justificaba el retraso de este trabajo porque no le habían entregado las cuentas justificativas de los expedientes de ayudas de los años 2009 y 2010. Por este motivo, la Fiscalía Anticorrupción acusó entonces a la Junta de Andalucía de «desobediencia y obstrucción a la justicia».
Zorrero ha estado vinculado a la Consejería de Agricultura y Pesca desde 1995, y ha desempeñado, entre otros cargos de responsabilidad, el de jefe del Servicio de Auditoría Interna del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en Andalucía. Desde 2010 ocupó el cargo de director general de Fondos Agrarios y, en diciembre de 2018, fue nombrado consejero de administración independiente de la multinacional Ebro Foods SA, como ya hemos indicado. En febrero de 2022 en BOJA aparece su nombramiento como subdirector de Pesca y Acuicultura de Andalucía, cargo en el que fue sustituido en agosto de 2025 por Marcelino Bilbao Arrese.
Hilo 4
Con Vicente Fernández en la SEPI, se nombró a Joaquín Gallardo Gutiérrez, letrado de la Junta de Andalucía, en el puesto de secretario general y miembro del Consejo de Administración de la empresa participada por la SEPI en un 78,75%, Equipos Nucleares SA (ENSA) en enero de 2019, puesto que ocupó hasta julio de 2022. Y también fue secretario del Consejo de Administración de Enwesa, una filial de ENSA.
Ese mismo año cesó y retornó a su plaza de letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, hasta que, en enero de 2023, fue nombrado por el Gobierno de Moreno Bonilla, director general de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, donde Carolina España ejerce de consejera. También ejerce la Presidencia de la Empresa Pública de Gestión de Activos SA, empresa que se creó tras la Expo 92 para la gestión de sus activos y que formó parte del pago de la famosa deuda histórica del Estado con la Junta Andalucía.
Continuará…
Un comentario
Dentro del Hilo 4 se les ha pasado que Vicente Fernández nombró presidente de Equipos Nucleares a David Gomila Benítez, cuyo único mérito conocido era ser amigo del propio Vicente