Hay una historia muy conocida sobre una rana que, puesta de golpe en agua hirviendo, salta inmediatamente y consigue escapar. Pero si se la introduce en agua templada y se aumenta la temperatura poco a poco, la rana permanece dentro hasta que ya no tiene capacidad para reaccionar
La historia no describe realmente el comportamiento fisiológico de una rana, pero como metáfora resulta extraordinariamente expresiva. Y quizá sirva también para pensar lo que está ocurriendo con nuestras democracias.
Porque el problema de una democracia no es solamente que alguien intente destruirla de golpe. El peligro puede ser mucho más discreto: que determinadas anomalías se incorporen progresivamente a la normalidad, que cada pequeña alteración parezca tolerable y que, cuando finalmente comprendamos que la temperatura ha alcanzado niveles peligrosos, hayamos perdido buena parte de nuestra capacidad de reacción.
No hace falta un general entrando en el Congreso ni tanques en las calles ni una suspensión formal de la Constitución. Aquello fue el 23-F. Era un golpe reconocible precisamente porque se presentaba como una ruptura. Había uniformes, armas, órdenes, violencia y una voluntad explícita de tomar el poder.
El desafío de nuestro tiempo puede ser diferente. Puede consistir en conservar el decorado de la democracia mientras se van debilitando algunos de los mecanismos que hacen posible que una democracia sea realmente democrática.
La cuestión, por tanto, no debería ser únicamente si existe un «golpe» contra la democracia. Quizá debamos formular una pregunta más incómoda: ¿cuánto puede deteriorarse una democracia sin que dejemos de considerarla una democracia?
El problema de la temperatura
La democracia no desaparece necesariamente de un día para otro. Puede comenzar con una excepción que parece razonable. Después llega otra. Una institución pierde independencia. Un órgano de control se politiza un poco más. Un partido utiliza una determinada mayoría para ampliar su margen de maniobra. Una decisión que ayer habría provocado un escándalo hoy se justifica porque «también lo hicieron los otros». Se descalifica al adversario. Se cuestiona a los jueces cuando sus decisiones molestan. Se considera legítimo ocupar una institución cuando lo hace nuestro partido y escandaloso cuando lo hace el contrario. Y así sucesivamente.
Cada episodio, contemplado aisladamente, puede parecer insuficiente para justificar una alarma. Pero una democracia no se define únicamente por cada decisión individual. También se define por la trayectoria conjunta de sus instituciones, sus contrapesos y su cultura política. Ese es el verdadero problema de la rana. No que el agua esté caliente. Que se haya calentado sin que nadie se haya dado cuenta de cuánto.
La democracia puede acostumbrarnos al deterioro de la democracia. Y esa es una paradoja terrible.
El peligro de confundir legalidad con salud democrática
Una de las mayores dificultades para comprender este proceso consiste en que muchas de las decisiones que erosionan una democracia pueden presentarse bajo una apariencia perfectamente legal.
No es necesario derogar la Constitución. Puede bastar con interpretar sus mecanismos de la manera más favorable al poder.
No es necesario cerrar el Parlamento. Puede bastar con convertirlo progresivamente en una cámara donde las decisiones fundamentales dependan de acuerdos entre las cúpulas partidistas.
No es necesario eliminar los tribunales. Puede bastar con cuestionar sistemáticamente su legitimidad cuando sus decisiones incomodan al poder.
No es necesario prohibir las elecciones. Basta con que el ciudadano termine percibiendo que entre una elección y otra tiene muy poca capacidad real de influencia.
La legalidad es imprescindible, pero la democracia es algo más que la suma de procedimientos legales. Necesita separación de poderes, controles efectivos, instituciones independientes, transparencia, libertad de información, oposición, sociedad civil y una cultura política capaz de aceptar que el adversario también tiene derecho a gobernar cuando obtiene legítimamente la mayoría.
Una democracia saludable no consiste solamente en que las reglas existan. Consiste en que quienes tienen poder acepten también los límites que esas reglas establecen.
El problema no empezó ayer
Aquí conviene evitar una simplificación tentadora. Resulta fácil convertir todo el problema en una persona: Pedro Sánchez. Y, sin embargo, eso sería quedarse en la superficie. Sánchez puede haber llevado determinadas dinámicas a un grado especialmente intenso, pero muchas de las debilidades del sistema son anteriores a él. El problema de fondo es estructural. La partidocracia es una de ellas.
Cuando los partidos políticos dejan de ser instrumentos para canalizar el pluralismo y pasan a convertirse en los grandes propietarios de la vida institucional, el ciudadano corre el riesgo de quedar reducido a una función muy sencilla: votar cada cuatro años y después contemplar cómo otros deciden en su nombre.
Nuestro propio sistema contiene elementos que favorecen esa concentración. Los representantes dependen en buena medida de las estructuras partidistas; la disciplina de partido reduce su margen de autonomía; determinados nombramientos institucionales quedan vinculados a acuerdos políticos; y la administración pública puede convertirse progresivamente en terreno de redes clientelares, cargos de confianza, organismos, subvenciones, empresas públicas, asesores y grupos de intereses.
No es necesario afirmar que todo ello sea ilegal para reconocer que puede producir un problema democrático. La pregunta es otra: ¿quién controla al que controla?
No se trata de cambiar de dueño
Aquí aparece uno de los errores más frecuentes del debate político español. Ante una crisis institucional, esperamos que llegue otro partido y arregle las cosas. Pero si el problema está parcialmente en la arquitectura del sistema, cambiar de partido puede no ser suficiente. Sería como cambiar al conductor de un automóvil cuyos frenos están deteriorados y considerar solucionado el problema.
La verdadera regeneración democrática no debería consistir en decidir quién tendrá las llaves del mismo sistema, sino en modificar las condiciones que permiten que cualquier poder pueda acumular demasiado poder. Por eso la discusión no debería limitarse a Sánchez, ni siquiera al actual Gobierno. Mañana puede gobernar otro. Y si mañana el mismo sistema permite hacer exactamente aquello que hoy denunciamos, habremos aprendido muy poco.
La democracia necesita instituciones capaces de resistir incluso a los gobernantes que no respeten espontáneamente sus límites. Porque un sistema político no puede depender de que quienes tienen poder sean siempre virtuosos.
Devolver poder al ciudadano
Si el diagnóstico es que la partidocracia ha acumulado demasiado poder, la solución no puede ser quitar todavía más poder al ciudadano. Aquí hay una idea que conviene corregir de raíz.
No tiene sentido restringir el derecho al voto de funcionarios, pensionistas, beneficiarios de prestaciones o cualquier otro colectivo porque pueda tener intereses económicos relacionados con las decisiones del Gobierno. Ese razonamiento conduciría a una pendiente peligrosa: casi todos los ciudadanos tienen intereses que pueden verse afectados por las decisiones políticas.
El funcionario tiene su salario. El pensionista tiene su pensión. El trabajador tiene su empleo. El empresario tiene sus impuestos y regulaciones. El agricultor puede recibir ayudas. El estudiante puede recibir una beca. La familia puede beneficiarse de una deducción fiscal. ¿Quién quedaría entonces con un voto completamente desinteresado?
La solución democrática no es retirar derechos a quienes pueden ser influidos por el poder. La solución es impedir que el poder pueda comprar o condicionar las voluntades de los ciudadanos. Y eso exige transparencia, controles y participación.
Por eso tiene sentido hablar de listas abiertas, de una relación más directa entre representantes y electores, de mecanismos de rendición de cuentas y de instrumentos de participación ciudadana.
También tiene sentido explorar referéndums y consultas en determinadas materias, presupuestos participativos y asambleas ciudadanas deliberativas. No para sustituir completamente la democracia representativa por una democracia directa —una sociedad compleja no puede gobernarse mediante referéndums permanentes—, sino para complementarla y limitar la distancia entre representantes y representados.
Un comentario
BUEN ANALISIS. El poder , el ciudadano, lo tiene (es el que vota y elige), el problema es que lo «delega» al no ejercerlo críticamente , y de eso se ha ocupado eternamente EL PODER, de manipular al ciudadano , de dirigirlo. (Que poco tardó en ser encauzado y reconducido el 15 M). Sea de la ideología que sea (las purgas comunistas ) el poder se ocupa de eliminar al individuo, como tal. Desgraciadamente no veo la forma de salir eficazmente de la red en que estamos atrapados.