Subyugados a la partidocracia por una Carta Magna que impide la separación de poderes y ningunea a los ciudadanos

Pues no, no voy a exponer sobre la dualidad entre la unidad de España y el ejercicio de unas políticas progresistas que nos presentan los grandes partidos como las dos únicas opciones a elegir: el bien o el mal, el ‘ying’ o el ‘yang’, la partidocracia en esencia pura, ya que, para Andalucía, cualquiera de las dos opciones nos sitúa en los vagones de cola de nuestro país de forma explícita

Nuestra Carta Magna no se cumple porque no se garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, tal como establece el artículo 138, que a su vez consagra el artículo 2, velando por un equilibrio económico adecuado y justo en el territorio español y reconoce además que las diferencias entre las comunidades autónomas «no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».

Aunque puede ser un uso muy simple para referirnos a una situación injusta de nuestros preceptos constitucionales y marco jurídico que lo desarrolla, es por ello que interesa visualizar estas afirmaciones con datos muy concretos del Instituto Nacional de Estadística, si comparamos la Renta Media Nacional por Personas en 2009, año que se legisla el último modelo de financiación autonómica, hoy en día vigente, con datos de 2022.

Renta media nacional por persona

Los datos muestran cómo las diferencias se mantienen, no se han compensado los desequilibrios territoriales. Tampoco se han incluido otras comunidades como Extremadura, Canarias o Murcia que, sin embargo, muestran paralelismos con Andalucía y se asimila a la misma situación. Si a esto le unimos el Real Decreto 22/2019, de 18 diciembre, que regula el vigente modelo de financiación autonómica, nos encontramos atónitos de que no se haya llevado a cabo ningún tipo de modificación desde entonces sobre esta norma.

Mira que ha llovido desde 2009, paradójicamente aunque nos encontremos, de forma desafortunada, en año de sequía. Porque no se actualizó tras una crisis económica de gran calado, una pandemia y los terribles conflictos bélicos de Ucrania y más reciente en Oriente Medio, que afectan a nuestra economía.

María Jesús Montero, exponente de la partidocracia

Pues este modelo de financiación se llevó a cabo por el gobierno socialista de Zapatero en 2009 y se mantuvo con el gobierno del PP de Rajoy y con el gobierno de coalición de Sánchez. A pesar que el gobierno de Rajoy contaba con un ministro de Hacienda andaluz, Cristóbal Montoro, y el gobierno de Sánchez con una ministra andaluza, María Jesús Montero. Además, Andalucía cuenta en la actualidad con 61 diputados en el Congreso de los Diputados, entre ellos 27 diputados de la coalición PSOE-Sumar y 25 del PP. Que más da que Feijóo hubiera gobernado con el apoyo de los vascos y catalanes en septiembre o que lo haga ahora Sánchez con estos apoyos.

Entonces, es bastante deprimente que la actual ministra de hacienda, la señora Montero, cuando ocupaba el cargo de consejera de Hacienda en la comunidad autónoma andaluza durante el gobierno de Rajoy, se quejara de que el sistema de financiación autonómica de 2009 era injusto, reclamando la necesidad de modificarlo. Tan deprimente como que en la actualidad el gobierno del PP de Moreno incida en las mismas exigencias.

Panorama desalentador

El panorama actual es desalentador. Con las exigencias de los partidos nacionalistas, nos encaminamos a que las diferencias y desequilibrios territoriales se vean potenciados. Pero esto no es culpa de vascos y catalanes, tenemos que asumirlo, porque nuestros representantes políticos, los diputados andaluces lo primero que tienen que hacer es defender su territorio. El único camino hacia la unidad de España es un Estado más solidario y equitativo. En Andalucía, sin embargo, estamos subyugados a la partidocracia.

Hay unas enormes diferencias en las inversiones en educación y sanidad con las comunidades mencionadas, que se mantienen con gobiernos progresistas y gobiernos conservadores, ya sea gobiernos en Andalucía o en el Estado. Porque los datos son rotundos: tenemos un sistema de financiación autonómica obsoleto e injusto y no, no se cumple la Constitución española, que establece la necesidad de regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Eduardo Navarro Cupido (Jimena de la Frontera, Cádiz)