La persecución de la crítica se ha convertido en una cruzada para las instituciones que cohabitan en Andalucía. Cada vez más, el escenario en que vivimos se parece más a la Europa de entre guerras donde la libertad de expresión llegó a castigarse con la cárcel, y donde la palabra era perseguida y encerrada en campos de concentración llamados poéticamente de ‘reeducación’. A los que incluso colgaban en la puerta aquello de ‘Arbeit macht frei’ (el trabajo te hará libre)
Vuelve la censura y vuelve la maquinaria de represión que estaba intacta desde los Pactos de la Moncloa. La Ley Mordaza no es más que un paso adelante en la cercenadura de nuestra libertad como pueblo. El gobierno nacional actual llegó al poder con la promesa de derogarla. Pero, en cuanto pisó el Palacio de la Moncloa, pensó que era mejor dejarla como medio para controlar al pueblo.
Poco o nada ha cambiado desde la llegada de la democracia a España. La transición es ya una gigantesca mentira histórica en nuestra memoria, porque hemos perdido amplias porciones de libertad desde entonces hasta hoy. Nuestra lucha por la autonomía se va pareciendo cada vez más a un Estado dentro de otro Estado, donde se envuelven en la bandera como si de un imaginario país se tratara, creando una especie de monarquía parlamentaria dirigida por un príncipe desde el Palacio de San Telmo, con el único objetivo de que el pueblo permanezca impasible, obediente y atento a los martes de Consejo de Gobierno. Estamos volviendo a pasos agigantados a lo que definió Bakunin hace un siglo: donde comienza el Estado termina la libertad del individuo y viceversa. Este concepto de Estado es el que usa hoy toda la maquinaria legal para perseguir la libertad de expresión y de pensamiento.
El polvo del olvido se posa sobre la conciencia de Andalucía
En Andalucía llevamos desde los años 80 del siglo pasado olvidándonos, convenientemente, de lo que pasó en Europa tan solo 40 años antes. Desde entonces, un enorme telón de acero ha caído sobre la memoria colectiva. Más aún, cuando la llamada Memoria Histórica se ha puesto en entredicho en el propio Parlamento andaluz. Quieren enterrar en cal viva nuestra memoria. Quieren anestesiarnos para que nadie recuerde la persecución de la libertad y de la expresión en libertad. Quieren pasar página del enorme sufrimiento de millones de personas en Andalucía durante aquellos 40 años. Quieren blanquear la historia, en el mayor ejercicio de cinismo político desde los negacionistas europeos sobre los crímenes nazis y la negación de los campos de concentración.
En esta región del sur ha vuelto el miedo a hablar en libertad, a criticar la gestión política. Los políticos son hoy figuras absolutamente intocables para todos los estamentos, ya no hay separación de poderes y los derechos de los ciudadanos están ahora, más que nunca, heridos de muerte. Antes teníamos la esperanza de que había una justicia que nos acogía a todos. Y de ese engaño nos han despertado con un atronador cañonazo de realidad. La tutela de estas libertades se había convertido en un fiel indicador de la solidez de nuestro sistema democrático, en el que la crítica y la expresión de la disidencia garantizaban la legitimidad política del sistema. Eso hoy está completamente en entredicho desde que se persigue sin tregua la crítica a la gestión política, avalada, además recientemente, por la doctrina del TSJA donde un político puede denunciar a la prensa y a los ciudadanos que critiquen su gestión. Y encima le pagamos el abogado entre todos. Terrible tiempo el que nos ha tocado vivir, porque el político reforma la ley y el código penal para su beneficio.
La mentira se apodera de las instituciones
La mentira masiva desde los poderes públicos se está apoderando de todas las instituciones y las secuestra, la deja sin voz y sin representados. Es el culmen de la institución del pueblo pero sin el pueblo. De los partidos políticos y de sus funcionarios. Los intereses de la mayoría y sus derechos constitucionales desparecen por los desagües del Estado mientras nadie hace nada. Mientras todos callan. Muy pocos son hoy quienes hablan para ser la voz de los que sufren en silencio toda la ignominia del régimen, la voz de los desclasados que nunca aparecerán ni en los BOE ni en los BOJA. Y, aun así, siguen levantando la voz contra el sistema, aunque sepan que se arriesgan a la denuncia pública, a la persecución política y al castigo del sistema. Nuestra libertad de expresión es la que está hoy en juego y, mientras más callemos, más peligramos como pueblo.
Todos los regímenes hablan siempre de que buscan lo mejor para su pueblo y, cuando se van asentando en el poder, siempre buscan todos los elementos a su alcance para perpetuarse en el poder, sea como sea y al precio que sea. Pero también buscan a los que critican para señalarlos con ese concepto que inventó Stalin de enemigo del pueblo, con el objetivo de aplastarlos a todos. Ese concepto de enemigo del pueblo les abre las puertas a cometer todos los desmanes posibles contra los ciudadanos indefensos. También a los regímenes les gusta prohibir con el objetivo de controlar a toda la sociedad. Solo ellos deciden lo que es lícito y lo que es ilícito. Y lo más penoso es que sus postulados son refrendados por los tribunales, como un ejercicio absoluto de democracia y de libertad.
Los parlamentos están políticamente muertos
Los parlamentos de hoy están empezando una doctrina tremendamente peligrosa cuando dan la espalda a sus propios pueblos. El caso del andaluz es aun más dramático. Nadie sabe para qué sirve ni para qué está ahí. Tan solo que cada cuatro años nos han convertido a todos en ganado electoral para que vayamos a las urnas y mantengamos el statu quo de sus señorías y de sus partidos. El Parlamento andaluz se está convirtiendo, cada año que pasa, en una entelequia cada vez más absurda e inservible. Durante años no hubo una sola comisión de investigación, durante años no hubo un efectivo control al gobierno regional. Las preguntas nacían en las bancadas y morían en el Boletín Oficial del Parlamento. Algo inerte se había creado para los andaluces, mientras que sus componentes se hacían con el rango de autoridad y volvían a usar los privilegios del antiguo régimen.
El servicio público está ya profundamente muerto y enterrado. Los gestores de lo público se han convertido en virreyes regionales y en auténticos sátrapas provinciales, incapaces de rendir cuentas ante nada ni ante nadie. La descentralización administrativa ha creado inmensos reinos de taifas por las consejerías, aumentados exponencialmente por las empresas públicas que manejan. El monstruo creado es tan grande que es imposible controlarlo. Además de convertirse en una gigantesca máquina de devorar presupuestos y dinero público, alimentado profusamente por las subvenciones europeas. Si Europa despertara y analizara para qué sirve la máquina administrativa regional que hemos construido, estaríamos ante la mayor causa general realizada en Europa desde la caída del III Reich.
El gobierno del gatopardismo de Moreno Bonilla
Además, el actual gobierno regional es para echarse a llorar. Si el Susanato para todos los medios de comunicación adictos a la derecha era lo peor que sufrió Andalucía desde la invasión vándala, el nuevo gobierno lo está haciendo bueno. No está tocando ni uno solo de los enquistados problemas que tiene la Junta de Andalucía desde la época de Escuredo y de Borbolla. El cambio político que nos vendieron es el mayor tocomocho jamás realizado a un pueblo a través de las urnas. El Susanato cayó, pero el nuevo régimen mantiene todas y cada unas de sus estructuras de poder puestas a dedo. La alta jerarquía de los funcionarios PLD y los cuadros intermedios sigue intacta y en la misma inercia del gobierno anterior. Y como colofón final, la nueva Ley del Empleado Público Andaluz bendice todo ello. Nada cambia. Como dijo el incombustible Talleyrand, «lo que no puede ser, no puede ser, y, además, es imposible».
Que nada cambie es el lema del gobierno de Moreno Bonilla. La escolástica, que tuvo gran influencia en la Edad Media europea, cuyo máximo exponente fue Santo Tomás de Aquino, definía el movimiento siguiendo a Aristóteles, como el paso de la potencia al acto. Este gobierno, siguiendo las enseñanzas medievales de la escolástica, se ha quedado solo en el paso de la potencia, en poder ser. En una pieza política inamovible con una intención clara: heredar el régimen clientelar andaluz construido durante 36 largos años.
En Andalucía, la estrategia está clara desde la toma de posesión del nuevo gobierno andaluz. No tocar nada, que nada cambie. La administración andaluza está haciendo un enorme ejercicio de gatopardismo, hacer como que lo cambia todo para que nada cambie. El que mejor definió esta medida es el periodista francés Jean-Baptiste Alphonse Karr en su famosa cita: «Cuanto más cambia algo, más se parece a lo mismo«. En Andalucía ha cambiado el gobierno, pero en la práctica no ha cambiado nada.
La perseguida libertad de expresión
Cuando un sistema democrático persigue la libertad de expresión en toda su extensión y con todos los medios posibles a su alcance sin investigar las denuncias de los hechos, estamos totalmente indefensos los ciudadanos como concepto de pueblo. Eso es lo que empieza a estar en juego hoy en la región. Quien denuncia la corrupción en Andalucía tiene ya un futuro extremadamente incierto. La enorme lista de damnificados y perseguidos por denunciar la corrupción es cada vez más larga. Se ponen en juego con estas actuaciones nuestra democracia y nuestro Estado de derecho, porque no hay nada más lejano de la democracia y de la libertad que usar a todas las instituciones públicas para acallar la denuncia y para acallar las voces que se levantan y que señalan la corrupción.
Para muchos de nosotros, los derechos inalienables a la libertad de opinión, de expresión y de información son derechos que consagran nuestra Constitución y son los principios fundamentales sobre los que se asientan la Carta Universal de los Derechos Humanos. El ejercicio de la crítica y la libertad de expresión contra el sistema deben estar garantizados por el propio sistema. En caso contrario, cuando el sistema pone coto a la crítica ejercida en libertad, se pone en peligro nuestra democracia y nuestra Constitución. Cuando estos derechos dejan de estar tutelados y protegidos por los poderes públicos, es el propio sistema el que deja de tener legitimidad.
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