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El presidente de la comisión de investigación de la Faffe, Enrique Moreno. / EP

Política

Enrique Moreno: «La Faffe nunca debió existir; fue una corrupción institucionalizada y vomitiva»

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El presidente de la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Enrique Moreno (Cs), ha asegurado este lunes, tras la votación del dictamen en comisión y antes de que se someta al Pleno de la Cámara autonómica, que «conclusiones hay muchas, establecidas en el dictamen, la más importante es que la Faffe nunca debió existir», un hecho que ha asegurado comparten «cuatro de los cinco grupos parlamentarios»

En una comparecencia informativa tras la reunión de la comisión de investigación, quien ha arrancado con un recuerdo de Moreno al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha dado cuenta que el dictamen ha contado con los votos a favor de PP, Cs y Vox y para sostener sobre la Faffe (agencia creada y mantenida por los distintos gobiernos socialistas de la Junta) que «como existió, hemos tenido que hacer un trabajo serio de investigación que ojalá nunca se hubiera tenido que hacer«, aunque ha reivindicado que, «con el trabajo que ha desempeñado la mayoría de los grupos, se han podido analizar las irregularidades que tuvieron lugar en el seno de la Faffe».

Moreno ha sostenido que este lunes «se va culminando un trabajo serio riguroso, responsable, que comenzó hace ya tres años», por lo que ha apuntado que «a nivel parlamentario es un día satisfactorio«, antes de recordar que el dictamen se tendrá que volver a someter a consideración del Pleno de la Asamblea legislativa autonómica.

Respecto a la fecha de celebración del Pleno, el presidente de la comisión de investigación ha precisado que a partir de este lunes se abre un plazo de 15 días, que concluye el día 19, «para que los grupos pueden registrar su voto particular«, por lo cual, «a partir del día 19, en cualquier Pleno se puede debatir».

Preguntado si el dictamen había experimentado algún cambio, Enrique Moreno ha explicado que Vox ha pedido la retirada del punto 17, una recomendación sobre el convenio colectivo de la Faffe y la homogeinización de las condiciones de todos los trabajadores, salvo aquellos que la justicia determine que no accedieron por mérito, igualdad y capacidad.

Moreno ha explicado que ha accedido a ese cambio porque, al tratarse de «una recomendación, no considero vinculante que estuviera».

La propuesta de dictamen de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) constata «irregularidades» en dicha entidad que «no fueron hechos puntuales», sino «consecuencias previsibles de un descontrol institucionalizado«, del que atribuye «responsabilidades políticas», entre otros, a los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Así se recoge en la propuesta de dictamen que el presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), presentó el pasado viernes en rueda de prensa en el Parlamento, y que ha sido sometida a debate y votación esta tarde en la comisión de investigación, paso previo a que se debata en el Pleno de la Cámara.

Enrique Moreno ha denunciado que «ha habido intentos de cerrar en falso la comisión, de obstaculizar, poner zancadillas y trabas» a la misma, pero «en ningún momento ha peligrado el objetivo» de «llegar hasta el final», según ha remarcado, y ha defendido que su propuesta de dictamen «recoge muy bien la mayor parte del sentir que los grupos parlamentarios han trasladado en sus propuestas«.

La propuesta de dictamen recoge «un estudio muy pormenorizado de todas las irregularidades que hemos podido estudiar, evaluar y que tuvieron lugar en el seno» de la Faffe, seguido de unas conclusiones, el señalamiento de unas «responsabilidades políticas» y unas recomendaciones.

Villén, principal autor de las irregularidades

En concreto, las «responsabilidades políticas» que plantea la propuesta de dictamen, consultada por Europa Press, señalan en primer lugar al exdirector general de la Faffe y ex secretario general de Empleo del PSOE en Andalucía, Fernando Villén Rueda, «principal autor de las irregularidades» en la fundación, y, en segundo lugar, «a todas las personas que formaron parte del Patronato de la Faffe desde su creación hasta su extinción, todos ellos cargos políticos y algunos de ellos ya condenados por su gestión en otras responsabilidades de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía».

La propuesta de dictamen nombra explícitamente en ese apartado a los exconsejeros de Empleo que fueron presidentes del Patronato de la Faffe José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio.

En tercer lugar, el documento atribuye responsabilidades políticas a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, porque «ha quedado patente el caos organizativo» en el que ambos «sumieron la administración de la Junta de Andalucía durante sus mandatos».

De igual modo, la propuesta de dictamen señala responsabilidades políticas en «todos los dirigentes socialistas que consiguieron para ellos mismos, o para sus familiares y amigos, una nómina en la Faffe por su condición de responsables políticos gracias a su relación con el PSOE de Andalucía y con Fernando Villén, cuya firma estaba presente en todos los contratos».

En último lugar, la propuesta de dictamen atribuye «una responsabilidad política de distinta naturaleza, por no haber participado de manera directa ni haber formado parte de los gobiernos socialistas que ejecutaron la gravísima irregularidad acaecida en el seno de la Faffe», a la expresidenta de la Junta Susana Díaz y a los exconsejeros de sus gobiernos María Jesús Montero, José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, «porque el caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración» con la misma.

«Evitar controles, amañar contratos»

En su apartado de recomendaciones, la propuesta de dictamen plantea, entre otras cuestiones, «incluir de forma expresa» en la próxima reforma del Código Penal tanto «la tipificación de la obligación de declarar ante las comisiones de investigación parlamentarias» como «la obligación de colaborar en la aportación documental con las comisiones de investigación parlamentarias».

Por su lado, la propuesta de dictamen recoge entre sus conclusiones, en primer lugar, que la Faffe «no debió existir nunca, porque las irregularidades que tuvieron lugar» en ella «no fueron puntuales», sino que «fue una corrupción institucionalizada», «yo diría que vomitiva», ha apostillado Enrique Moreno, quien ha remarcado que el objeto de la comisión de investigación ha sido «analizar, conocer y evaluar todas las irregularidades que tuvieron lugar en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo» para «evitar controles, amañar contratos, enchufar a sus allegados; es decir, corrupción institucionalizada«, según ha incidido.

A preguntas de los periodistas, no obstante, el presidente de la comisión ha señalado que en la Faffe podría «haber muchos trabajadores que no fueran enchufados, si bien las propias auditorías que encargaron los gobiernos socialistas dicen que, para contratar a todas esas personas, no se llevaron a cabo los procedimientos de igualdad, mérito y capacidad, por lo que hay un número muy importante de personas que accedieron a trabajar en la Faffe de una manera que deja mucho que desear».

De hecho, la propuesta de dictamen sostiene que, «dada la arbitrariedad de sus contrataciones, cualquier miembro de la plantilla de la Faffe puede ser considerado presunto enchufado«.

Por otro lado, la propuesta de dictamen concluye también, entre otras cuestiones, que la Faffe «pagó incluso de forma sistemática facturas con conceptos falsos«, y «la opaca contabilidad de la tesorería» de la fundación «en cajas fuertes, con irregulares disposiciones de dinero metálico por sus responsables, era un ejercicio sistemático de trilerismo malversador«.

«La ausencia de una evaluación ordinaria efectiva de las actividades realizadas por la Faffe hizo que los principales beneficiarios no fuesen los previstos, sino los encargados de gestionar los recursos dedicados a los desempleados», apunta otra conclusión de esta propuesta de dictamen, que también sostiene que «la acción negligente y pasividad de los responsables, no sólo políticos, de la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas ha hecho que, al revisar la herencia de la Faffe, haya que tratar prescripciones y caducidades«.

Asimismo, el documento presentado por el presidente de la comisión señala que la Faffe «se gastó durante su existencia 10.726.755,80 euros en publicidad, propaganda y relaciones públicas«, una «cantidad exorbitante para tales conceptos en los que se imputaban las famosas tarjetas de la Faffe y de la que debieron de salir el pago de los prostíbulos a su director general, Fernando Villén».


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