rocio blanco y bendodo

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, y el consejero de la Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo. / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Empleo, Política, Tribunales

El Gobierno de Moreno Bonilla maniobra para «atribuir potestades públicas» al personal de Faffe

Comparte este artículo:

Así lo ha denunciado el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF): «Estamos ante un ejercicio de ingeniería jurídica de los máximos responsables de personal del Servicio Andaluz de Empleo dirigida a amparar la atribución de potestades públicas al personal procedente de la extinta Fundación Faffe, entre otros, con el fin de justificar el mantenimiento de todo este personal»

En el borrador de las conclusiones de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la Fundación Faffe, el presidente de esta Comisión, Enrique Moreno (Cs), expresa sin tapujos: «Fue una herramienta para el desvío de dinero público; nunca debió existir». Las irregularidades de la Faffe «no fueron puntuales, sino consecuencias previsibles de un descontrol institucionalizado».

La plantilla de la Faffe se conformó «sin respetar los principios constitucionales en el acceso al empleo público de igualdad, mérito, capacidad y publicidad». Y que la fuente de reclutamiento mayoritaria fue «una base de datos de la fundación sin control y no existió ningún sistema de selección fiable«. Dada la arbitrariedad de sus contrataciones, «cualquier miembro de la plantilla de la Faffe puede ser considerado presunto enchufado«, mantiene Moreno.

Esta contundencia contrasta radicalmente con el informe Situación de la estrategia de planificación y ordenación de recursos humanos en el Servicio Andaluz de Empleo, a cuyo contenido el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha tenido acceso. Un informe sin fecha ni firma cuya procedencia parece ser la Jefatura de Servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos del SAE y que habría sido elaborado a mediados del pasado mes de febrero.

Según los datos del propio informe, el personal funcionario apenas representa el 23% de la plantilla del SAE, siendo el origen de la mayoría de la plantilla la Faffe, «que todos sabemos la situación jurídica en que se encuentra (y de investigación en la jurisdicción penal)», denuncian desde SAF.

Recurrir a la ingeniería jurídica

«Es evidente que, si no quieren proceder a amortizar dichos puestos o sacar a cobertura reglamentaria (como le exige a la Administración la jurisprudencia del Tribunal Supremo), se ven obligados a recurrir a la ingeniería jurídica para amparar el mantenimiento de dicho personal y facilitar la usurpación de potestades públicas», ponen de relieve .

El informe del SAE menciona directamente al SAF a la hora de hablar de potestades públicas: «Dicha heterogeneidad entre los convenios, unida a la manera en que se produjeron las integraciones de estos colectivos en el SAE, ha ido dibujando un panorama muy judicializado, agravado por el conflicto que deriva de la interpretación que se hace de las potestades públicas por parte, fundamentalmente, del Sindicato Andaluz de Funcionarios, y que venía dificultando el desempeño de determinadas tareas y actuaciones al personal laboral propio. En muchas ocasiones, se identifican como potestades públicas actuaciones para las que no existe ninguna dificultad en que la desarrollen proveedores externos, es decir, son funciones externalizadas en muchas de las entidades instrumentales y, por tanto, podrían ser desempeñadas por el personal laboral propio del SAE, en tanto son empleados públicos de la Junta de Andalucía».

También en este contexto, se han venido interpretando como potestades públicas «una gran cantidad de actuaciones de soporte técnico, especializado y administrativo a la gestión, cuando la potestad pública debería centrarse en el resultado de esas actuaciones (registro, notificación, resolución, etcétera) y no en las que es necesario realizar para llegar a dichos resultados», dice el informe del SAE.

«Gravedad absoluta»

Desde el sindicato son taxativos: «De la afirmación vertida sobre el SAF deberán respondernos desde el SAE, pues la Consejería de Empleo, la Consejería de la Presidencia, la Secretaría General para la Administración Pública (SGAP) y la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública (Dgrhfp), así como el gabinete jurídico, tienen perfecto conocimiento de que no es una «interpretación» del SAF sino que siempre nos hemos limitado a informar y exigir el cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las numerosas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que desmienten la afirmación vertida de que la potestad pública debería centrarse en el resultado de esas actuaciones, siendo de una gravedad absoluta y que bien pudiera derivar en la exigencia de responsabilidades penales por prevaricación y usurpación de funciones».

Tienen conocimiento, no sólo porque estaba la representación letrada de la Junta en dichos procedimientos sino porque, desde el SAF, se las han remitido en numerosas ocasiones. Un mero ejemplo es la sentencia firme del TSJA de 18 de febrero de 2016, recurso 229/2014: «Cierto que, como denuncia el sindicato, en abril de 2014 no existía aún adscripción de funcionario alguno y, una vez iniciado este proceso contencioso administrativo, se adscribió temporalmente 10 funcionarios interinos, por lo que resulta ciertamente inexplicable cómo se han podido llevar a cabo el ejercicio de esas potestades administrativas, ya que no basta la firma en el acto administrativo final de la Dirección Gerencia que expresamente tiene atribuida la potestad administrativa, porque esa toma de decisión debe ir precedida de la instrucción de un procedimiento que incumbe exclusivamente a los funcionarios. Así lo hemos afirmado en numerosas sentencias respecto a encomiendas de gestión anuladas por esta Sala y confirmadas por el Tribunal Supremo, que no se pueden llevar a cabo por personal laboral actuaciones o funciones de dación de fe pública y gestión de registros administrativos, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria de evaluación, control, autorizatorias, de vigilancia e inspección, propuestas de resolución, etcétera, de naturaleza indudablemente administrativa«.

Por otro lado, la organización sindical considera «de extrema gravedad» que, teniendo la Consejería de Empleo y la Dgrhfp una estructura de más de 30 funcionarios licenciados en Derecho y especializados en materia de personal (sin contar con los letrados del Gabinete Jurídico), se encargue a una consultora externa realizar auditoria jurídica del personal integrado en el SAE y se sigan a pies juntillas sus recomendaciones. «¿Quizás es que saben que el personal funcionario especializado no ampararía lo que pretenden hacer dando potestades públicas al personal laboral dado sus claros visos de ilegalidad? ¿No será que han destinado fondos públicos a una empresa privada para la emisión de un informe ad hoc en el que las conclusiones ya estaban redactadas de antemano y con el que pretenden justificar la culminación de la desfuncionarización del SAE?», se pregunta el sindicato.

En conclusión, «estamos ante un ejercicio de ingeniería jurídica de los máximos responsables de personal del SAE dirigida a amparar la atribución de potestades públicas al personal procedente de Faffe (entre otros) con el fin de justificar el mantenimiento de todo este personal«, denuncia el SAF. Todo ello pese a que el TSJA y el TS ya sentenciaron que las atribuciones de potestades públicas en estos ámbitos corresponden en exclusiva a personal funcionario.

El autodenominado Gobierno del cambio consolida la grave desdotación de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía, donde sólo uno de cada cuatro trabajadores es personal funcionario

De esta manera, el autodenominado Gobierno del cambio consolida la grave desdotación de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía, donde sólo uno de cada cuatro trabajadores es personal funcionario, pese a tener un cuerpo funcionarial altamente especializado (Ciencias Sociales y del Trabajo).

Ahora bien, no dudan en calificar de «personal altamente cualificado» a aquel que no ha superado ningún procedimiento selectivo de acceso conocido y que, desde la propia Comisión de Investigación Parlamentaria, califican de «presuntos enchufados».

Esta nueva maniobra de «blanqueamiento del enchufismo» se une al reciente recurso de la Junta de Andalucía contra una providencia de un juzgado sevillano que investiga la presunta contratación irregular de 84 personas por la extinta Faffe durante los gobiernos socialistas. Esta causa se remonta a una denuncia presentada por el SAF por la presunta contratación irregular de 84 trabajadores sin cumplir con los requisitos de publicidad y libre concurrencia y sin seguirse los principios de mérito y capacidad.

Por todo ello, el SAF, con su presidente, Carlos Sánchez, a la cabeza, ha presentado escritos ante la SGT de la Consejería de Empleo, la Dirección Gerencia del SAE, la Dgrhfp y la SG de Regeneración, Racionalización y Transparencia pidiendo explicaciones por estas cuestiones. «Desde el SAF no vamos a consentir que nuestro colectivo sea víctima del compadreo político ni que altos cargos del gobierno se dediquen a blanquear el clientelismo político retorciendo leyes y jurisprudencia», apostillan.


Comparte este artículo:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*