fake news

Las 'fake news' son un grave problema en la era tecnológica.

Comunicación, Opinión

El proceso de creación de las noticias falsas

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Las noticias falsas, los bulos o ‘fake news’, así como la desinformación, son herramientas de guerra híbrida o asimétrica muy codiciadas al servicio de los que ostentan el poder y también de los que aspiran al mismo. Siempre se han utilizado para crear confusión, incertidumbre y miedo por medio de la manipulación

La Comisión Europea define la desinformación como la «información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público». Un escenario perfecto para su práctica es sin duda el que ha creado esta pandemia que está dejando secuelas muy graves, ya que alimenta el miedo en la población creando inseguridad por no hablar de las catastróficas consecuencias de índole económica que está produciendo.

Su puesta en escena requiere un proceso que se inicia con el lanzamiento de la noticia falsa. Seguidamente se necesitan unos mecanismos que permitan su identificación y autentificación para, a continuación, proceder, en su caso, a su desmentido. Es lo que en periodismo se llama fact-cheking y en el que intervienen agentes independientes. El problema estriba en que, una vez verificada la falsedad, el daño ya está producido y el impacto de su desmentido o rectificación no es tan potente como el que se originó con su lanzamiento.

En momentos de crisis como la que estamos sufriendo, hemos podido comprobar cómo este fenómeno origina teorías conspiratorias que inmediatamente se multiplican en las distintas redes sociales, que han cobrado un enorme protagonismo y que, por otra parte, han venido a sustituir a los medios de comunicación tradicionales, discursos, pasquines y otros soportes que han quedado obsoletos. Concretamente la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha visto obligada a poner en marcha iniciativas con el objetivo de proporcionar información clara y concisa en lo relativo a la covid-19.

Para minimizar en la medida de lo posible los efectos adversos y nocivos de estos fenómenos, en 2018 la Comisión Europea presentó el Action Plan Against Desinformation con el objetivo de dar una respuesta coordinada a lo que se ha venido en llamar infomedia, palabra que a día de hoy no está recogida en el Diccionario de la Lengua Española y que podemos calificar de neologismo que hace referencia al exceso de información sobre un determinado tema, como puede ser la covid-19, en el que podemos apreciar cómo parte de esa información puede ser cierta y otra parte falsa.

Redefinir todos los aspectos

Con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Unión Europea e implementar a nivel nacional las políticas y estrategias promulgadas en el ámbito de la lucha contra la desinformación, se hace necesario redefinir los aspectos implicados mediante la identificación de los órganos, organismos y autoridades que forman el sistema, y marcar el procedimiento para sus actuaciones.

En este orden de cosas, en el Boletín Oficial del Estado nº 292 de fecha 5 de noviembre del actual se inserta la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Procedimiento, según mi opinión, bastante prolijo y complejo. En dicha orden se deja claro que la libertad de expresión y el derecho a la información se reconocen y protegen como derechos fundamentales en nuestra Constitución. Sin embargo, estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios.

Hay que recordar cómo allá por el mes de abril, en pleno confinamiento, se producían las comparecencias de autoridades en las que, al menos tres uniformados de alta graduación, comparecían a dar explicaciones y entre los que se encontraba el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, que leía un documento muy esclarecedor sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad contra las campañas de desinformación y los bulos que inundan las redes, a la vez que afirmaba cómo en la lucha contra los bulos se trabajaba en dos direcciones: «Por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Pero como ya viene siendo habitual en su característico modus operandi, el Gobierno se ha llevado la correspondiente bronca por no haber consultado a los agentes implicados.

Con bastante retraso, el Departamento de Seguridad Nacional reunió el pasado 27 de noviembre, para aplacar los ánimos y el malestar originado en el sector por la creación del llamado Comité de la Verdad, a asociaciones, empresas, plataformas digitales, reporteros sin fronteras, empresas de verificación, radios, televisiones, medios, universidades, etcétera, que se han enterado del tema cuando la orden estaba publicada en el BOE. ¿Quién va a decidir los que es falso? ¡Quiera Dios que no sea el ministro Ábalos, doctor honoris causa en el arte de mentir! De nuevo Moncloa tira la piedra y esconde la mano y pone a los pies de los caballos a un uniformado, en este caso al general Miguel Ángel Ballesteros Martín, director del Departamento de Seguridad Nacional, para que dé la cara o, si lo prefieren, para que ponga la otra mejilla. Tampoco se cuenta con la oposición ni con el Parlamento. ¿Para qué sirven? Para este viaje nos podíamos ahorrar las alforjas. No sé si las cosas se pueden hacer peor.

Muy recientemente y en relación con el fenómeno de inmigración que se está produciendo en el Archipiélago Canario hemos podido ver cómo en WhatsApp está circulando bulos de pretendido carácter militar que simulan una invasión de fuerzas militares, cuando en realidad se trata de maniobras del Ejército Español que quedaron aplazadas como consecuencia del covid-19 o videos en los que se pone de manifiesto cómo hay una división en la cúpula del Estado Mayor de la Defensa de España en cuanto a cómo hay que conducir esta crisis; quiero recordar cómo en Indonesia se castiga con penas de cárcel al que divulgue noticias falsas por Facebook.

Por ser materia muy sensible y que afecta a los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la sección primera del capítulo segundo de nuestra Carta Magna, es por lo que se requiere mucho tacto, elegancia y finura a la hora de legislar sobre estas cuestiones, adjetivos de los que no ha hecho gala el actual plantel de políticos que nos gobiernan.


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