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Vista de una garita del Polisario en Guereguerat. / EFE

Opinión, Política

Irresponsabilidad de nuestros políticos ante el problema de la inmigración

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Anteriormente, quedó claro el estrepitoso fracaso de la Agencia Frontex, por dejación, de las misiones que tiene encomendadas

Pero hay más, ya que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tiene asignada como misión general la de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.

Esta misión se concreta en diversas funciones (art. 4 de la Ley 11/2002) que definen sus cometidos y ámbitos de actuación y que, anualmente, se detallan y desarrollan en la Directiva de Inteligencia. Hay que tener muy presente que el CNI está incardinado orgánicamente en el Ministerio de Defensa y que éste, en la actualidad, participa en varias misiones de carácter internacional con la presencia de miembros de los tres ejércitos, lo que supone un esfuerzo de dimensiones considerables no solamente desde el punto de vista económico sino también de medios humanos y materiales.

Centrándonos solamente en el ámbito geográfico relativo a la zona del continente africano de donde puede proceder este flujo migratorio, podemos hacer referencia a una serie de misiones que se están llevando a cabo y que es bueno que el público tenga conocimiento de las mismas. Así, bajo mandato de la UE y OTAN participamos en la República Centroafricana en una misión orientada a la formación y la reforma de sus fuerzas armadas; en Somalia en misión de adiestramiento para combatir el terrorismo y la piratería; en Malí ayudando a mejorar sus capacidades para que puedan recuperar su integridad territorial; en Senegal en apoyo en la lucha contra la insurgencia yihadista; en un marco más amplio de acción participamos en la operación Sea Guardian enfocada al conocimiento del entorno marítimo para disuadir y luchar contra el terrorismo.

Bajo mandato español, tenemos presencia en el Golfo de Guinea donde se desarrolla la operación Diplomacia de la Defensa para incrementar la seguridad en la zona; en Mauritania se desarrolla un programa bilateral en actividades de adiestramiento en el ámbito de la seguridad cooperativa; en Senegal se pretende generar capacidades militares de sus fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad cooperativa; y en Túnez, también bajo la seguridad cooperativa, se está desarrollando un programa bilateral de adiestramiento.

¿Todo este despliegue no es capaz de suministrar información detallada de inteligencia que permita a los responsables tomar las medidas oportunas para anticiparse a este fenómeno adoptando las medidas necesarias para mitigar sus efectos? Este tipo de movimiento de personas no se organiza de un día para otro, todo apunta a que hay una organización con planes de desarrollo perfectamente diseñados.

La difícil situación en la que se encuentra el extenso territorio del Sahara Occidental, pendiente de un referéndum de autodeterminación, es un polvorín que ha estallado estos días en un enfrentamiento armado entre Marruecos y el Frente Polisario.

A mayor abundamiento, Marruecos ha llevado a cabo recientemente la delimitación de las aguas territoriales y de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). lo que es importante para el país tanto desde criterios políticos como económicos, y tiene unas implicaciones en su política exterior que no se pueden obviar ya que trata de asentar su soberanía jurídica sobre el territorio del Sahara Occidental y sobre sus aguas. Y, por ello, ha inscrito las aguas saharauis dentro de sus aguas territoriales; las 200 millas de la ZEE colisionan con la propia zona exclusiva de las Islas Canarias y, por ello, la iniciativa marroquí ha sido recibida con alarma en Canarias.

Un mensaje interno

Sobre el valor jurídico de esta declaración, los expertos consideran que la declaración de las aguas territoriales y de la ZEE por parte de Marruecos suponen un mensaje principalmente interno. Para que tenga validez jurídica internacional, debe consensuarse una fórmula con el país con el que exista una discrepancia (España en el caso de Canarias); en caso contrario, los países pueden recurrir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Pero es que, además, las aguas atlánticas entre las Canarias y el territorio marroquí/saharaui tienen potencial petrolero y, de hecho, han existido prospecciones en la zona promovidas por Marruecos que han causado alarma en Canarias porque podrían afectar al turismo. Dentro de esa zona ampliada se ubica el Monte Tropic, en realidad un volcán submarino rico en minerales como el telurio o el cobalto, imprescindibles para la fabricación de coches eléctricos o paneles solares.

En este contexto, sale a la palestra el Marqués de Galapagar con un mensaje de apoyo a la autodeterminación del Sahara, lo que pone firmes a las autoridades de Marruecos y obliga a la titular de Exteriores a manifestar que eso lo dice en calidad de líder de Podemos. También marca una agenda paralela en el viaje con el Rey a Bolivia para asistir a la toma de posesión de su nuevo presidente. Si ponemos un circo, nos crecen los enanos.

Es claro y notorio que hay importantes intereses económicos en juego y se echa en falta por parte de la ciudadanía una política clara del gobierno español al respecto. La lucha contra la pandemia no debe dejar aparcado otros asuntos importantes que nos afectan como nación. Desde hace muchos años venimos escuchando el soniquete recurrente de la reclamación de la soberanía de las plazas de Ceuta y Melilla y, en ocasiones, también de las Islas Canarias. Creo que la cuestión es muy preocupante y que España debería tener una política muy definida al respecto; las autoridades de las Islas deberían ser las primeras en mover ficha en este delicado tablero y exigirle al Gobierno central la adopción de las políticas necesarias para definir con claridad meridiana todas estas cuestiones.


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