El Observatorio para la Transparencia Electoral denuncia irregularidades en las elecciones generales del 23-J

El Observatorio para la Transparencia Electoral (OpTE), la Plataforma Cívica Fuenteovejuna y España es Nuestra han organizado recientemente un acto presentado por el profesor Eusebio Nuño en el que se demuestran las ilegalidades cometidas en este último proceso electoral

En el evento, José María Arenzana, periodista, escritor y testigo de los escrutinios generales en Sevilla desde el año 2012, pudo testificar que los resultados de las diferentes elecciones desde ese año «no están acreditados y se toma como resultado final la información de resultados provisionales, que proporciona la empresa contratada por el Ministerio del Interior».

Un informe de la OpTE sobre el 23-J ofrece las pruebas que los ciudadanos han enviado al Observatorio, por las
que se atestiguan las siguientes irregularidades: «Se ha probado que algunas juntas electorales provinciales no abrieron el 90% de las actas de sesión que la ley obliga que sean consultadas para anotar y sumar los resultados definitivos (art. 103 y ss de la Loreg)». La presidenta en funciones de la OpTE, María Reyes Fernández de Loaysa, informó sobre la suplantación de funciones que permiten las juntas electorales, «quienes por negligencia ceden al gobierno la anotación y suma de datos mediante la empresa Indra, encargada de recabarlos para el escrutinio provisional, datos que deberían obtener, anotar y sumar ellas mismas, en la propia sesión del escrutinio general, a partir del examen de las actas. Los datos que, de hecho, incorporan las juntas electorales al acta de resultados definitivos no los elaboran ellas, sino que se los cede la empresa contratada por el gobierno.

Como prueba, la OpTE aportó un video grabado en el archivo de la Junta Electoral Provincial de Pamplona, realizado por un ciudadano que obtuvo acceso para digitalizar las actas de sesión. Encontró que los sobres que contienen esas actas, estaban cerrados, por lo que prueban que no fueron consultadas en el escrutinio general como ordena la LOREG. Puede visionar el vídeo pinchando aquí.

Hay otra prueba que aportó José María Arenzana, texto de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, en el que deniega una petición de anular el escrutinio general realizado, y justifica que no abren los sobres porque considera «engorroso procedimiento de escrutinio» el que marca la ley.

Asimismo, Fernández de Loaysa comentó irregularidades en el censo electoral, en dos versiones constatadas: cambios en el empadronamiento de personas mayores, que afectan al censo electoral: «Un total de 19 personas mayores irregularmente empadronadas en un domicilio lejano a su residencia, donde residen personas que no tienen ninguna relación ni conocimiento mutuo con ellas. Las pruebas están en manos de la justicia».

Además, hubo empadronamientos masivos que pudieron alterar el resultado electoral e irregularidades en el voto por correo, que han impedido a miles de ciudadanos ejercer su derecho al voto. Datos oficiales de correos reconocen que hubo miles envíos que no se pudieron entregar a los destinatarios.

Fernández de Loaysa también considera «una irregularidad el cambio drástico en el programa electoral de la candidatura presentada por el PSOE que, para conseguir la investidura de su candidato, ha incluido un proyecto de ley de amnistía y unos acuerdos que, de haber sido conocidos previamente, podrían haber incidido en el voto de la ciudadanía».

«Los resultados que se dieron como definitivos contenían un algoritmo que cuadraba los resultados»

José Miguel Alvarado, presidente de APET

Por su parte, José Miguel Alvarado, presidente de la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes (APET), explicó con datos estadísticos cómo en las elecciones de abril y noviembre de 2019 «los resultados que se dieron como definitivos contenían un algoritmo que cuadraba los resultados«. Se pusieron en pantalla dos fotos que explicaban perfectamente y acreditaban lo que dijo y se detallaron algunas de las demandas y querellas presentadas por presuntos delitos electorales.

En ese sentido, Javier Pérez Roldán, abogado y presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia, informó del aplazamiento de la vista señalada en juzgado el 13 de noviembre sobre la demanda de cautelares ante la ley de amnistía. Explicó cómo la Fiscalía ha intervenido en el proceso para «desviar el litigio al Tribunal Constitucional, el cual está colonizado por el partido del Gobierno en funciones y no es ya un órgano jurisdiccional imparcial«. Además alertó de la gran inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y de la quiebra del Estado de Derecho y del principio de Igualdad.

Asimismo, informó que está pendiente la resolución del juez sobre la vista indicada del 13 de noviembre, como también recordó que la Ley de Amnistía no incluye a los policías encausados.

María Teresa Martín-Forero, abogada, realizó un llamamiento a los partidos políticos tras los datos hechos públicos a demandar ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo e impugnar las elecciones del 23-J.

Un total de 19 empadronamientos ilegales

Miguel Ángel Álvarez Millán de Burgos, ciudadano que ha presentado un recurso a la Junta Electoral Provincial de Burgos por la no realización del escrutinio general y el incumplimiento de la Loreg y una denuncia ante el Juzgado de Guardia por 19 empadronamientos ilegales en su domicilio, formuló un llamamiento a la movilización de todos los españoles, «hasta conseguir la repetición auditada de elecciones» y alertó «del golpe de Estado que estamos viviendo por parte del Gobierno en funciones y que supone la desaparición de los derechos y libertades de los españoles y, especialmente, el derecho fundamental de igualdad«. Asimismo, informó de la violación del principio de separación de poderes, «lo que puede llevar a España a una dictadura, salvo que el pueblo español lo impida».

En conclusión, la OpTE exige con urgencia «la celebración de elecciones auditadas como solución democrática y manifestación de la soberanía nacional ante la realidad que estamos viviendo».