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El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

Política

El Defensor del Pueblo Andaluz realizará una citación personal si la administración de turno entorpece el proceso de tramitación de una queja

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El Defensor del Pueblo Andaluz ha puesto en marcha una nueva medida en su proceso de tramitación de quejas para mejorar la colaboración con las administraciones públicas en su deber de atender y responder las reclamaciones de la ciudadanía, porque «es inadmisible la no respuesta». En su Informe 2020, se recogen 8.752 quejas, a las que se suman 3.821 procedentes de años anteriores, lo que hizo un total de 12.573 quejas gestionadas. En cuanto al número de consultas, fueron 16.828. Una de cada cuatro solicitudes de actuación en 2020 estuvo relacionada directamente con la pandemia del coronavirus

Se trata de un nuevo procedimiento en la institución que persigue la necesaria colaboración de las administraciones públicas con esta defensoría con el fin de evitar declaraciones de actitud entorpecedora o la remisión de expedientes a Fiscalía por parte de este organismo supervisor. A juicio del defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, “es inadmisible la no respuesta por parte de algunas administraciones. La falta de atención de los poderes públicos, al no contestarnos, o respondernos tarde, dificulta que podamos atender a las personas que acuden a nuestra institución, lo que constituye una clara vulneración de sus derechos”.

El Defensor del Pueblo considera que los retrasos e incumplimientos de algunas administraciones ante las reiteraciones y petición de informes de la institución suponen «una vulneración del derecho de auxilio al defensor para su labor de garante de derechos». «Con esta nueva medida, se quiere corregir esta falta de respuesta de las administraciones a la ciudadanía y evitar que cualquier autoridad o funcionariado obstaculice la investigación del Defensor».

Buscando apuntalar la transparencia

De esta manera, se convocará una citación personal para comparecer en la institución a partir del trámite de advertencia. Para Maeztu, «esta medida de persuasión supone una mejora del servicio que presta la institución para la atención y protección de los derechos de la ciudadanía, además de favorecer y contribuir a la consolidación de derechos como la buena gobernanza, la transparencia, la participación o el acceso a la información clara, entre otros».

La principal valoración es el normal desarrollo, en la mayoría de los casos, de los cauces de colaboración. En una media de los últimos años, en un 75% de los expedientes las Administraciones Públicas respondieron a las peticiones de informe del Defensor del Pueblo andaluz en la primera petición o al primer reitero. En concreto, en 2020, de 5.088 peticiones de informe, solo hubo que recurrir a una segunda reiteración en 1.328 casos (26,1%) y en 61 (solo el 1,2%) ocasiones ha sido necesario dirigir escritos de advertencia ante la persistencia en no enviar la información. En total, en 1.389 casos, el 26%, el retraso de las administraciones públicas en el cumplimiento de sus deberes de informar, retrasa o impide poder actuar ante el problema que le hace llegar la ciudadanía a esta defensoría.

Informe Anual 2020

Una de cada cuatro solicitudes de actuación presentadas por la ciudadanía ante el Defensor del Pueblo andaluz en el año 2020 estuvo directamente relacionada con la pandemia por coronavirus (SARS COVID-19). En concreto, fueron 2.128 quejas de las 8.752 iniciadas este año y 4.275 de las 12.573 consultas gestionadas.

Este impacto de la pandemia en las actuaciones lo destacó ayer el titular de la institución, Jesús Maeztu, en la presentación del Informe Anual 2020 ante la Comisión de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones celebrada en el Parlamento andaluz.

Fueron 35.146 personas las que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario. De ellas, 8.665 presentaron quejas, lo que sumadas a otras 87 que abrimos de oficio, hicieron un total de 8.752 quejas. A estas sumamos 3.821 procedentes de años anteriores, lo que hizo un total de 12.573 quejas gestionadas. En cuanto al número de consultas, fueron 16.828. Este número de quejas y consultas, sumadas a las 422 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc) ofrecieron un balance total de 29.823 actuaciones.

Estos registros han sido históricos en la institución. Las demandas de información y asesoramiento de la ciudadanía como consecuencia de la pandemia decretada por la extensión de la COVID han elevado un 25% tanto el número de quejas como el de consultas con respecto al informe del año anterior, 2019. Servicios sociales, vivienda, información y atención ciudadana, educación, empleo público, menores y salud han sido las materias más demandadas por la ciudadanía.

Jesús Maeztu ha señalado que “2020 ha sido el más duro y difícil de cuantos recuerda en los casi 40 años de historia de esta institución”, si bien también “un año para no olvidar” en cuanto a las lecciones que se deben extraer de esta experiencia con un objetivo: avanzar hacia la igualdad real.

Este comisionado ha expuesto que, en el Informe Extraordinario Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia presentado por la institución el pasado noviembre, se recogen 13 retos para dar respuesta a las necesidad más urgentes y perentorias que está trasladando la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha condensado esos 13 retos en cuatro, como aportaciones o lecciones que nos está dejando la COVID, desde la perspectiva de la institución como garante de los derechos y libertades de la ciudadanía.

La primera lección sería la necesidad de un reforzamiento de los servicios públicos, en cuanto a los servicios sanitarios y de servicios sociales, con un nuevo modelo de gestión de las residencias de mayores.

Esta crisis supone una oportunidad para promover y consolidar una economía de cuidados, que cuide a los más desprotegidos, entre ellos, las personas mayores, la infancia y la adolescencia

En segundo lugar, Maeztu ha señalado que esta crisis supone una oportunidad para promover y consolidar una economía de cuidados, que cuide a los más desprotegidos, entre ellos, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, al tiempo que ha dedicado una atención especial a la salud mental.

En tercer lugar, ha indicado que urge la mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, ante la necesidad de mejorar y humanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas. Ello incluye la brecha digital como un ejemplo de esa imposibilidad de acceso a los servicios públicos, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social.

En cuarto y último lugar, el Defensor del Pueblo Andaluz ha señalado que supone una tarea inaplazable contar con el diseño de un sistema de acogida y acompañamiento para colectivos de especial vulnerabilidad. Entre otros, este sistema debe dar acogida a «las personas necesitadas de unos ingresos mínimos o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; la intervención en barrios marginales; las garantías de suministros mínimos de luz y agua; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes extutelados; las personas que padecen una enfermedad mental; y los sistemas de empleo».


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