Dimita, presidente Moreno Bonilla: la sanidad pública andaluza agoniza en manos de incompetentes, embusteros y corruptos

La Asociación Justicia por la Sanidad considera inadmisibles las graves mentiras, acciones y omisiones de los cargos políticos y directivos de la Consejería de Salud y del SAS sobre las listas de espera, la privatización de la asistencia sanitaria y otros asuntos trascendentes

Tras leer las últimas noticias sobre las listas de espera sanitarias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), conocer los resultados de las investigaciones realizadas por Justicia por la Sanidad sobre esta cuestión y sobre la externalización de la asistencia sanitaria mediante conciertos con empresas privadas, y tras escuchar las vergonzosas declaraciones de la consejera de Salud, Catalina García, y demás cargos directivos de la Administración sanitaria andaluza sobre estos asuntos, cualquier ciudadano con un mínimo de sensatez se escandalizaría y exigiría dimisiones.

Según publicaba EL LIBRE hace unos días, más de un millón de personas en Andalucía están en lista de espera sanitaria. Sin embargo, este asunto tiene un alcance que supera lo numérico, porque detrás de cada paciente hay una historia, un drama o una tragedia. Las vidas de muchos pacientes están en juego: un retraso indebido en una intervención quirúrgica, en una consulta o en un diagnóstico adecuado puede poner fin a la vida de una persona. Lamentablemente, la deshumanización que se extiende entre los responsables políticos, directivos y demasiados profesionales sanitarios está desgarrando la sanidad pública y poniendo en riesgo la vida de muchas personas. ¡Cuánta razón tenía nuestro querido Jesús Candel!

Hay sobrados motivos para que los ciudadanos exijan el cese inmediato de la máxima responsable de la sanidad pública andaluza, Catalina García, de su equipo directivo y del SAS, así como la dimisión del presidente del gobierno andaluz, Juanma Moreno, por su pasividad ante tantos desmanes. Tras recibir la Junta Directiva de Justicia por la Sanidad numerosas quejas y reclamaciones de sus socios por la deplorable gestión de la sanidad pública andaluza, con casos que claman el cielo, así como del resultado obtenido de las propias investigaciones y múltiples denuncias publicadas, sin reacción alguna por parte de los responsables de la sanidad pública andaluza y del gobierno andaluz, como presidente y representante de dicha asociación he de solicitar la dimisión de ambos, porque la situación es grave e inadmisible.

Lamentablemente, muchos andaluces están en la inopia, creyendo que, como ya no gobierna el PSOE, está mejorando todo. Y no sólo no es así, sino que se está agravando la situación. Y lo digo con pleno conocimiento de causa: trabajo en el SAS y presido la Asociación Justicia por la Sanidad, la cual investiga y denuncia las graves ilegalidades que se están cometiendo en la Administración sanitaria andaluza, sin que se rebatan los datos denunciados, esos que tanto incomodan a los gobernantes, sean del color que sean.

Pero no sólo es responsable de este deterioro el partido gobernante. Como denunció recientemente Justicia por la Sanidad, los partidos de la oposición tampoco se esfuerzan por conseguir una sanidad pública óptima. Lean esta noticia y pidan explicaciones a esos partidos a los que votan sobre su pasividad en este trascendente asunto de los conciertos sanitarios con empresas privadas y las ilegalidades cometidas: Justicia por la Sanidad presenta un contundente escrito ante la Consejería de Salud sobre las tarifas y regulación de los convenios y conciertos sanitarios.

Ausencia de justificación: ocultación de datos que deben ser públicos

Cuando los gobernantes abusan del poder que poseen y actúan arbitrariamente, nos encontramos ante unos tiranos. Una de las manifestaciones de la tiranía es la ausencia de justificación y ocultación a los gobernados de información sensible que debe ser pública.

Este apagón informativo de los gobernantes solo busca un fin: que los gobernados carezcan de la necesaria información que afecta significativamente a sus vidas para facilitar la arbitrariedad en sus actuaciones, las cuales no tienen consecuencias para sus autores ante la impunidad que el sistema partidocrático facilita a los gobernantes españoles. Esto está ocurriendo en la sanidad pública andaluza, como se demuestra a continuación, una vez más.

La ocultación de datos es alarmante con las listas de espera sanitarias, como Justicia por la Sanidad lleva denunciando y publicando durante meses en redes sociales y en este diario; por ejemplo, con estas dos noticias: El SAS viola derechos de los ciudadanos impunemente, mientras la Fiscalía cuenta nubes o La desesperación de doña Catalina por salir a flote.

Pero no ocurre sólo con las listas de espera. Según ha anunciado la consejera de Salud, Catalina García, se ha puesto en marcha en 2023 un supuesto plan de choque para reducir las listas de espera sanitarias, un plan que nadie conoce porque no se ha hecho público. En 2019 se puso en marcha otro plan, con Jesús Aguirre como consejero de Salud, dotado con algo más de 25 millones de euros, con el que se pretendía incrementar la actividad quirúrgica en horario de tarde en régimen de continuidad asistencial, incrementar la Cirugía Mayor Ambulatoria, programar actividades extraordinarias (horario fuera del ordinario) y demás medidas. El gobierno no hizo pública la información sobre su éxito o fracaso en cada centro sanitario. Nada se sabe sobre su resultado. ¿Se ha planteado ahora lo mismo? ¿Existen datos al respecto? Como veremos más adelante, se oculta la información a los ciudadanos.

Pero la gravedad del asunto no acaba aquí. Según se ha conocido recientemente, el desconocido plan de choque que quiere poner en marcha la consejera de Salud consiste en privatizar la asistencia sanitaria, pero sin justificarlo en los expedientes de contratación con los datos necesarios. En Justicia por la Sanidad hemos efectuado una investigación, utilizando datos oficiales del SAS, que demuestran la incoherencia de este plan de choque.

Si observan los datos que aparecen publicados en el apartado de Estadísticas de la página web del SAS, no sólo ha aumentado el número de profesionales sanitarios, sino también el de quirófanos, centros sanitarios y equipamientos para pruebas diagnósticas.

Desde 2017 a 2022, el número de médicos de atención especializada (FEA) en la atención hospitalaria (AH) ha pasado de 9.026 a 10.956, y de profesionales de enfermería de 19.036 a 23.188. Teniendo en cuenta la población asignada al Sistema Sanitario Público de Andalucía (datos del Ministerio de Sanidad que facilita la consejería de Salud y el SAS), se ha pasado de tasas de 909 a 766 usuarios por FEA (de 2017 a 2022), y de 431 a 362 usuarios por enfermera/o (2017 a 2022).

Con relación a los centros sanitarios, quirófanos y equipamientos para pruebas diagnósticas, con datos publicados por el propio SAS, se ha pasado de 2017 a 2021 (últimos datos publicados, porque el SAS no publica los datos de 2022), de ocho a nueve hospitales regionales; de 16 a 19 hospitales comarcales; de 14 a 16 hospitales de alta resolución; de 14.903 a 15.781 camas de hospitalización instaladas; de 3.906 a 3.948 (dato de 2020, al no publicarse el de 2021) locales de consultas especializadas; de 527 a 556 quirófanos; de 29 a 34 aceleradores lineales; de 33 a 39 equipos de RNM; de 101 a 126 equipos de TAC; de 256 a 325 salas de rayos X, etc.

Es decir, los recursos humanos y materiales han aumentado desde 2017 a 2022, y según declaran los cargos públicos de la consejería y el SAS, en 2023 han aumentado mucho más. No tienen más que escuchar a Catalina García en la rueda de prensa tras celebrarse la reunión del Consejo de Gobierno del pasado 3 de octubre, manifestando los datos de las grandes inversiones realizadas tras preguntas de los periodistas (comparecencia informativa).

Si ha mejorado tanto la inversión realizada, con aumento de profesionales, de centros sanitarios y equipamientos, ¿por qué han aumentado las listas de espera de forma tan alarmante? Obviamente, todo se debe a una funesta gestión de los recursos y a la corrupción, así como a una normativa modificada con el beneplácito del Parlamento andaluz con el único fin de seguir privatizando la asistencia sanitaria, justificándolo en esas alarmantes listas de espera que ellos mismos han generado con su deplorable, incompetente y corrupta gestión.

Si tanto han aumentado los recursos propios del SAS, hagamos la pregunta del millón: ¿por qué sigue aumentando el gasto en privatizaciones de la asistencia sanitaria? Como ya se publicó hace unos meses, aquí tienen la evolución del gasto en asistencia sanitaria con empresas privadas, con un considerable aumento en 2022 según datos oficiales de la propia Intervención General de la Junta de Andalucía: Los datos no engañan…

Esto hasta finales de 2022. Sin embargo, según los resúmenes mensuales de la liquidación del presupuesto que publica la Intervención General de la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y el SAS llevan gastados este año 2023, a 31 de agosto, casi 400 millones de euros en asistencia sanitaria con empresas privadas (última liquidación publicada del mes de agosto), tomando el dato de las obligaciones y sin tener en cuenta lo contabilizado en la cuenta 413 (gastos no aplicados a presupuestos), superando dicha cifra lo gastado en todo el año 2015, así como en 2016. A este ritmo de gasto, en 2023 podría superarse la cifra de gasto de 2022, que superó los 660 millones de euros (un incremento del 45% respecto al gasto de 2021).

A esto hay que añadir los cientos de millones de euros que se gastan los centros sanitarios en externalizar otros servicios: mantenimiento, seguridad, limpieza, lavandería, cocinas, etcétera. Por cierto, si algún día se produjera la reversión de estos servicios, la Junta de Andalucía tendrá que hacerse cargo del personal laboral de todas esas empresas privadas, otra vía de acceso a la Administración por la puerta de atrás (sin oposiciones), que tanto gustan a los partidos políticos, ante la ignorancia y la pasividad de la inmensa mayoría de los ciudadanos (que luego se quejarán de lo mal que funciona todo).

A pesar de estos hechos y datos irrefutables, Justicia por la Sanidad ha podido comprobar que se ha iniciado la tramitación de unos expedientes de contratación (acuerdos marco) que se encuentran en fase de licitación, para concertar con empresas privadas la asistencia sanitaria de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, con el fin de reducir las alarmantes listas de espera formadas por aquellas intervenciones y pruebas pendientes, que poseen plazos de garantía de respuesta en la normativa vigente.

Lo grave del asunto es que se ponen en juego con dichos acuerdos marco más de 730 millones de euros sin aportar ni un solo dato en dichos expedientes que los justifique, un vicio muy habitual en la Administración pública sanitaria de Andalucía. Y mientras tanto, el presidente Moreno Bonilla contando nubes y dando su confianza plena a los responsables de la sanidad pública andaluza.

Si cualquier ciudadano quisiera conocer los motivos de poner en marcha dichos expedientes de contratación con empresas privadas, no podría encontrarlos: en dichos expedientes no se ofrecen los datos necesarios e imprescindibles para justificar la contratación de empresas privadas (más adelante están disponibles los enlaces a los expedientes).

No se justifica con datos la insuficiencia de medios; no se ofrecen datos de las listas de espera y su evolución; no se manifiesta ni un solo resultado de las supuestas medidas que deberían haber adoptado internamente los centros sanitarios para reducir dichas listas (intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas realizadas por día y centro sanitario); no se ofrece ni un solo dato de las actuaciones realizadas con los contratos o conciertos vigentes para la asistencia sanitaria; no se manifiesta ni un solo dato sobre la supuesta falta de profesionales sanitarios (cirujanos, anestesistas, enfermeros, etc.), etcétera. Nada de nada: carencia absoluta de datos.

Cualquiera que tenga interés en informarse con la documentación de los contratos, puede comprobar que no hay nada más que justificaciones genéricas, sin demostrarse ninguna de las afirmaciones que se hacen. Para facilitarles la comprobación, aquí tiene el enlace de los expedientes: intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas. Lean los informes de insuficiencia de medios y las memorias justificativas. Estos documentos son vergonzosos, unas bazofias que además incumplen la normativa y que constituyen motivos más que suficientes para cesar a todos los responsables, sean autoridades o funcionarios.

Aunque las normas de contratación obligan a justificar materialmente cualquier contrato (la Cámara de Cuentas y la Intervención del SAS lo reiteran cada vez que tienen la ocasión), el SAS no lo hace. Piden a los ciudadanos un acto de fe, creerse justificaciones genéricas sin ofrecer ni un solo dato, fulminando los principios de transparencia y objetividad. Una vez más, se pasan por el arco del triunfo lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución Española.

– “¡Qué más dará, si no hay consecuencias en esta partidocracia!”, pensarán sonriendo malévolamente.

Esta es la verdadera clase de políticos y directivos que tenemos en la sanidad pública andaluza, que no respetan nada ni a nadie, una inmundicia corrupta que incumple reiteradamente el ordenamiento jurídico y que están repletos de inhumanidad y de holgazanería. Con tal de no hacer lo correcto (esto exige responsabilidad, conocimiento y esfuerzo), es decir, poner orden y gestionar la sanidad pública como debiera hacerse, se dedican a lo fácil: coger el dinero público, el de todos, para que la sanidad privada realice lo que debería hacerse internamente con los recursos propios del SAS y, de camino, enriquecer a las empresas privadas y allanar el camino para ser nombrados en cargos directivos en dichas empresas privadas en el futuro (estos trasvases son habituales).

Comparecencia de la consejera de Salud con sus habituales mentiras

El pasado 3 de octubre, la consejera de Salud, Catalina García, compareció, tras muchos meses sin hacerlo (demuestra qué clase de gobierno tenemos), en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno andaluz.

No sólo mintió con los datos que ofreció sobre los citados expedientes de los acuerdos marco en licitación, sino que, además, ocultó que lleva desde 2018 sin publicar las listas de espera de pruebas diagnósticas (no desde junio de 2022 como dicen los medios de comunicación) y mostró su absoluto desconocimiento de la regulación jurídica del Consejo de Administración del SAS, demostrando con ello su absoluta incompetencia para seguir al mando de una cartera tan importante como la de Salud.

Al ser interpelada por el periodista de este diario (ver minuto 1:04:52), Paco Núñez, de la Asociación Justicia por la Sanidad, sobre el plan de choque previsto para reducir las listas de espera mediante conciertos con empresas privadas, ocurrió esto (transcripción literal):

• Periodista: «Sobre el nuevo plan de choque para aligerar las listas de espera, que contempla, según ha dicho usted, operar a los pacientes que superaron el plazo de respuesta, la pregunta es: en los nuevos conciertos, ¿se exige a la privada operarlos en un tiempo concreto?«.

• Consejera: «Hombre, claro. Cada centro sanitario es el que elabora el listado que envía a la clínica que va a hacer la intervención quirúrgica, y además es semanal, es decir, el listado que manda esa semana, esa semana están operados, y los que se mandan en la siguiente semana, en esa semana están operados. O sea, que aquí no hay plazos, es semana por semana el listado que tienen que ir gestionando y que tienen que ir operando«.

Y se quedó tan pancha con su mentira. No sólo no aclaró que los acuerdos marco en licitación para concertar con empresas privadas son para pacientes que no han superado el plazo de garantía de respuesta, sino que mintió con lo de la semana. Si leen los pliegos de los acuerdos marco, comprobarán que las empresas tienen 30 días naturales para intervenir quirúrgicamente al paciente desde que se produce la derivación (no una semana como dijo la consejera) y 15 días para realizar las pruebas diagnósticas. No sólo mintió la consejera, sino que demostró su absoluta incompetencia por desconocer el contenido de los acuerdo marco.

Lo grave es que el presidente del gobierno andaluz, Juan Moreno, no da importancia a estas barbaridades y sigue confiando en incompetentes para cargos tan significativos, en las que las vidas de muchos pacientes están en juego.

Se han previsto 166’72 millones de euros para concertar operaciones sobre cambio de sexo, no contempladas en la normativa de plazos de garantía de respuesta

Pero no acaba aquí el problema planteado con dichos acuerdos marco. Si uno lee los pliegos y demás documentos de dichos expedientes en licitación, uno descubre que estos acuerdos marco están previstos para concertar la asistencia sanitaria con empresas privadas para derivar pacientes que aún no han superado el plazo de garantía de respuesta previsto en la normativa sanitaria. Y esta normativa contempla aquellas intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas consideradas más importantes o de cierta gravedad, en las que debe evitarse demoras por los riesgos que pueden acarrear para los pacientes (están en juego su salud y, en ocasiones, sus vidas).

Sin embargo, en la documentación del acuerdo marco para intervenciones quirúrgicas aparecen varios lotes con intervenciones quirúrgicas que no están recogidas en dichas normas sobre garantías de plazos de respuesta. Por ejemplo, ocurre con la agrupación 5 (lotes 16 a 20) sobre operaciones relativas a «transformación de sexo», que no tienen garantía de plazo de respuesta; es decir, estos pacientes no están en las listas de espera que se pretenden reducir con dicho acuerdo marco. Este hecho, por ejemplo, tampoco se justifica en el expediente de contratación.

No hay más que leer el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y su Anexo XXI para comprobar este dislate con relación a los procedimientos quirúrgicos.

Para colmo, se ha previsto aplicar para el pago de las intervenciones quirúrgicas y las pruebas diagnósticas la polémica Orden de 23 de febrero de 2023, sobre presupuestación y tarificación en los conciertos sanitarios, cuya modificación está aún en trámite, y que deriva de graves ilegalidades puestas de manifiesto por la Asociación Justicia por la Sanidad: Observaciones a la orden de tarifas de conciertos sanitarios.

La ocultación por parte de la consejera de Salud, Catalina García, de los números de las listas de esperas por pura conveniencia partidista; las mentiras vertidas en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno con motivo de los conciertos sanitarios con empresas privadas; la falta de justificación y ocultación de datos en los contratos que están en licitación (acuerdos marco); el nepotismo que reina en el SAS; las graves ilegalidades que la propia Intervención del SAS manifiesta en sus informes de cumplimiento de legalidad y demás hechos gravísimos, que vienen siendo denunciados por Justicia por la Sanidad, no deberían admitirse en un gobierno sensato y juicioso, que actúe con arreglo a la legalidad.

Por todo ello, Justicia por la Sanidad volverá a manifestarse en las calles, exigiendo desde ya la dimisión del presidente del gobierno andaluz, Juanma Moreno, por mantener a una cúpula política y directiva en la Administración sanitaria andaluza que ha dado sobradas muestras de incompetencia, podredumbre y corrupción.