Hace unos años, cuando empezaba en esto de la seguridad privada, existían los vigilantes jurados y, en aquellas fechas, poder trabajar prestando servicios en algún organismo oficial era un inmensa suerte, fuese en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas o para cualquier ministerio de Estado, pues en estos servicios se contrataban empresas serias y no se conculcaban los derechos básicos de los trabajadores. De alguna forma, dichos organismos eran los garantes del bienestar y cumplimiento no solo de sus funcionarios, sino también de las contratas que les prestaban sus servicios: empresas de seguridad, limpieza, mantenimientos, jardinería, etcétera
Con el paso del tiempo, se modificó la Ley de Contrataciones Públicas -elaborar leyes les corresponde a los políticos- y comenzaron a aparecer empresas que, ofertando los concursos públicos a la baja, obtenían la adjudicación de dichos servicios, habida cuenta de que la propia redacción del pliego de condiciones premia y puntúa sobre manera la oferta económica más barata.
Desaparecía así de la legislación las bajas temerarias, aquellas por las que, a priori, resultaba dudoso poder hacer frente a los costos del objeto del contrato. Y, con ello, se consumaba el desastre para los trabajadores de este tipo de empresas.
A día de hoy, casi todas las administraciones y organismos públicos contratan lo más barato, que es lo que genera más problemas a los trabajadores de las contratas. Es una pena que, mientras esto sucede, en el sentido inverso, muchos de los políticos de turno se procuran buenos salarios y no dudan en obtener incluso un pluriempleo en distintas de estas administraciones, cobrando lucrativos salarios en ambos, puertas giratorias y todo tipo de desvergüenzas. Podrían pensar un poco más en los ciudadanos y facilitarles sus derechos básicos, quizás reformando leyes a todas luces injustas.
Los dirigentes políticos, cómplices necesarios
Señores políticos, de los que a buen seguro aun quedáis honrados, la democracia nos trajo a los que vivimos la Transición el sueño de la igualdad, del respeto al débil, de la no discriminación y de una serie de derechos amparados por una Constitución que, a día de hoy, estamos destruyendo entre todos. Pero los que tienen la obligación de legislar en justicia y velar por que así se cumpla, no pueden ser lo que les aboquen a los incumplimientos, pues, llegado a este punto, como ciudadano libre y responsable de mis actos, me viene a la cabeza las palabras del filósofo Henry David Thoreau.
Thoreau fue precursor del pacifismo y de la desobediencia civil, pues no se debe colaborar ni cooperar con un sistema político a todas luces inmoral y falto de la más mínima ética, que propugna y proclama el valor de las instituciones, pero no duda en mirar para otro lado mientras saquean al débil y, cuando se les pregunta qué están dispuestos a hacer, responden que no está en su mano la solución y hay que cumplir lo firmado, aunque, como en este caso, está manifiestamente demostrado que Mersant Vigilancia SL y Seproalert, entre otras, son empresas piratas que se adueñan y apropian indebidamente de los salarios de estos vigilantes de seguridad, incumplen el convenio colectivo y todo tipo de obligaciones (Seguridad Social, Hacienda, etcétera), sobre todo si trabajan para organismos públicos y, un buen día, con la mayor tranquilidad, desaparecen como el Guadiana y dejan la deuda para que la pague el pueblo, mientras, al día siguiente, comienzan a operar con una marca distinta y el ciclo comienza de nuevo. ¡Cómo han cambiado los tiempos!
Con la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre del Sector Público, hay material de sobra para expulsar rápidamente a una empresa que no aplique el convenio colectivo correspondiente. Hay que leerla.
Vosotros, los sindicatos, ¿por qué no tomáis las medidas necesarias para asegurar que muchas irregularidades cometidas no sigan ocurriendo? Personalmente, conozco casos y ¿sabe usted lo que observo en los representantes de los trabajadores? Miran hacia otros lados. Después, pues pasan las cosas.
Un saludo.
Yo fui también Vigilante Jurado: en aquellos tiempos, había MUY pocas empresas de seguridad y las condiciones económicas de España también eran otras. En el Año 1994, el Sr Felipe González aplicó una nueva ley de seguridad privada que hizo que las puertas del campo se abrieran. Hasta entonces, cualquier empresa privada o pública podía contar con sus propios equipos de seguridad privados que era pagado por la propia empresa o ente público, en el caso de lo último creo que eran funcionarios públicos. Aquéllas optaban por una de las dos variedades, o por ambas a la vez. España sufría la lacra del terrorismo etarra y la gran mayoría de organismos públicos y privados, por la cuenta que les traía, velaban mucho por la seguridad de su personal e instalaciones pagando la seguridad a precios justos, e incluso y dependiendo de las circunstancias, por encima de lo establecido en los convenios establecidos.
España es un país ( no es el único) que sigue creyendo que en esta vida vale todo y tras décadas y décadas de vivir al margen de la realidad, estamos pagando las consecuencias oportunas. Todos los sistemas políticos han desaparecido a lo largo de la historia y éste nuestro actual, lo hará también por las circunstancias económicas y políticas que lo devoran.
Suerte.
Ayuntamientos y administraciones públicas contratan a empresas para que le lleven algunos servicios. Ellos eligen a los más baratitos. Les importa un pito si ese ahorro lo van a obtener de la explotación de los obreros. De pagarle menos dinero y tener menos derechos.
Esto a ellos no les importa porque ellos ”son sagrados»y pueden salir a la calle cuando quieren en horas laborales. Estar un año de baja. Atender mal a los ciudadanos. Y chulearnos. Son unos privilegiados.
Y me digo:¿ por qué no están en una empresa privada todos los funcionarios públicos vaguitos que tenemos que alimentar?
¿Por qué se resisten tanto a no estar en la privada, y sin embargo ellos sí que pueden enviar a la privada a otros trabajadores que mantenemos con dinero público?
Son unos frescos!!
Tucídides escribió: En las guerras civiles cada uno de los bandos corrompe hasta la putrefacción el lenguaje político en beneficio propio y deja de lado las leyes comunes para imponer sus intereses al margen de las leyes establecidas.
Yo también he sido explotada.
El dolor se siente tan adentro… que logran
expulsarte a «una tierra de nadie».