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Un coche propiedad de Mersant Vigilancia.

Empleo

Los trabajadores de Mersant Vigilancia estallan contra la empresa por «frecuentes impagos desde hace ya más de un semestre»

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Conflicto abierto entre la empresa de seguridad privada Mersant Vigilancia, que trabaja para Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Sevilla y Cádiz, entre otros, y sus empleados debido al impago de nóminas y al retraso de las resoluciones de las denuncias. Los sindicatos del sector exigen a las administraciones públicas que tomen cartas en el asunto

La empresa de seguridad privada Mersant Vigilancia SL es la responsable tanto de la custodia de multitud de instalaciones públicas dependientes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla como de garantizar la seguridad de los funcionarios y del resto de empleados que allí trabajan o de las personas y usuarios que acuden a ellas.

Pues bien, los trabajadores vienen padeciendo una situación insostenible «derivada de los frecuentes impagos de sus sueldos desde hace ya más de un semestre» y, sobre todo, como consecuencia del «retraso insoportable de las resoluciones definitivas a la infinidad de denuncias cursadas al respecto», según denuncian las fuerzas sindicales de este sector.

Así las cosas, los sindicatos profesionales del sector de la seguridad privada en Sevilla -Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) de Sevilla, Unión Sindical Obrera (USO), Comisiones Obreras (CCOO), la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Sindicato de Trabajadores de Seguridad de Andalucía (STS-A), Movimiento Asambleario de Seguridad (MAS) y el Sindicato Solidaridad- han advertido, mediante notificación conjunta suscrita por sus máximos representantes y remitida a los departamentos de contratación de las administraciones públicas responsables de la licitación de los contratos que están siendo conculcados, que «deben actuar ipso facto y conminar a la empresa fraudulenta a que salde la deuda con los vigilantes de seguridad y que restablezca la regularidad del abono de sus nóminas de inmediato».

Alrededor de 300 afectados en Sevilla y Cádiz

Hay 200 afectados en Sevilla y 100 en Cádiz, a los que todavía no se les ha pagado la nómina de diciembre ni la paga extra de Navidad. Y es que Mersant da servicio a multitud de entidades públicas: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Ayuntamiento de Cádiz, Casa Museo Blas Infante, Museo de Bellas Artes de Sevilla, Parque Natural Los Toruños… En instituciones de Galicia, Mersant también comete irregularidades en el pago a sus trabajadores.

«Llevan dos o tres días pagando a cuentagotas, pero todavía hay más gente sin cobrar que cobrando», señala Sonia Domínguez, portavoz de SPV en Sevilla.

Mersant ha salido en la lista de morosos del Ministerio de Hacienda de 2021, con fecha de 27 de diciembre, con una deuda de más de 1.200.000 euros. «Ha aplazado la deuda y solo ha pagado una parte y, con eso, Hacienda certifica que está al día en el pago con un documento oficial, que es el que presenta Mersant en la Junta y en el resto de instituciones para las que trabaja«, dijo Domínguez.

Los sindicatos de este sector se han unido por primera vez para luchar por los derechos de estos trabajadores y habrá movilizaciones si no se actualizan los pagos.

La Ley Concursal del Sector Público dice que la empresa que entra a dar un servicio público en una administración tiene que asumir la deuda de la anterior. Entonces, a las empresas de seguridad privada no les interesa concursar en licitaciones en las que se adeuda dinero a los trabajadores, por lo que el concurso público para renovar el contrato en la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla se ha declarado desierto. Mersant ha sido la única que se ha presentado, pero la TGSS le ha quitado el contrato por su deuda acumulada (el vigente acaba en junio de 2022).

«Mersant se está lucrando, porque la Administración le está pagando, pero la empresa no hace lo propio con sus trabajadores», concluye Domínguez.

«A la espera de que se resuelvan las múltiples denuncias interpuestas ante los diferentes organismos y autoridades competentes contra la empresa Mersant Vigilancia SL -como consecuencia del impago reiterado de los salarios a los vigilantes de seguridad adscritos en los servicios que explota y de los que, incomprensiblemente, sigue beneficiándose– y tras haber informado detalladamente a los responsables de las administraciones públicas encargadas de la adjudicación de los contratos que, con tanta impunidad y desvergüenza, la susodicha empresa continúa vulnerando inmisericordemente, los sindicatos profesionales de la seguridad privada (representantes de la mayoría de los trabajadores del sector) han decidido aunar esfuerzos y organizar conjuntamente las acciones que sean necesarias para que, de una maldita vez, esta empresa incumplidora pague las nóminas adeudadas a sus empleados o para que la obliguen a hacerlo«, reza en el comunicado.

Juan Gómez (Anvisepri): «Hay muchas empresas piratas y esta es una de ellas»

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada (Anvisepri), Juan Gómez, pone de relieve: «Hace dos años nos reunimos con la concejal de Contratación y con el director técnico del Ayuntamiento de Cádiz y pusimos sobre la mesa un montón de denuncias puestas contra Mersant en muchísimos sitios de España. Les avisamos y les prevenimos, pero no sirvió de nada. El resultado fue que entró esta empresa en el Ayuntamiento de Cádiz con un contrato a la baja (era un convenio que no se regía por el convenio nacional). Securitas y Prosetecnisa, que son empresas más serias, se retiraron de la licitación porque no querían contratar a la baja. A día de hoy, los vigilantes de las dependencias municipales de Sevilla y Cádiz están sin cobrar el mes de diciembre ni la paga extra. Están tratando de hacer una nueva licitación, pero, si no recoge el convenio nacional, caeremos en lo mismo. Hay muchas empresas piratas y esta es una de ellas. Tengo entendido que Mersant estaba sustentada por un aval bancario, pero ese grifo se lo han cerrado«.

«El 23 de diciembre hubo una concentración en Cádiz y el alcalde, José María González Kichi, recibió a representantes de los trabajadores, pero, un mes después, no han cobrado y siguen trabajando. Muchos no han podido comprarles los Reyes a sus hijos«, añade Gómez.

El presidente de Anvisepri critica la postura del ayuntamiento: «En la huelga del metal, el alcalde estaba con el megáfono desde el primer día, pero parece que los vigilantes de seguridad le importan menos«.


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2 comentarios

  1. Avatar Salvador

    Una empresa de seguridad que no cumpla el convenio nacional no puede contratar con ninguna administración pública. El convenio del sector a nivel Nacional impera sobre cualquier otro tipo de acuerdo entre empresas y trabajadores. Hay sentencias judiciales que son firmes que obligan a lo mismo y, no tienen nada que ver con ningún contrato de una empresa con las administradoras públicas.
    La ley de la contratación pública es firme en
    este punto en concreto ,fue debatido en el Congreso de los Diputados ya que tras la directriz que Europa mandó sobre La Ley de La Contratación Pública hubo grupos parlamentarios que no estaban de acuerdo en el mencionado apartado.
    Finalmente se aprobó y es de obligado cumplimiento.
    Para que existan unas condiciones de igualdad a la hora de contratar con las administraciones públicas por parte de todas las empresas de seguridad que se presenten a un concurso público, debe de haber también un control por parte de todos los que se dedican a vigilar que las normas se cumplan.
    Un saludo.

  2. Avatar Salvador

    Ley 9/2017, 8 de noviembre de Contratos del Sector Público:

    Artículo 130: Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.
    Punto 6:. …. el pliego de cláusulas administrativas particulares siempre contemplará la obligación del contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquéllos sean subrogados por el nuevo contratista,sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

    Cómo interpreta usted esto?.
    Un saludo.

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