Representantes de la Asociación Justicia por la Sanidad revelan en 7TV datos clave del troceo de contratos sanitarios

El presidente de la organización, Luis Escribano, reveló en ‘Luces de la ciudad’, programa semanal del periodista Pepe Palacios, que los contratos de servicios «menores de 200.000 euros» no se fiscalizaban. Asimismo, los contratos de obra «por debajo de 5 millones de euros» tampoco se fiscalizaban. Por su parte, el secretario de Justicia por la Sanidad, Antonio Barreda, hizo hincapié en el grave error de la Junta a la hora de apostar por la sanidad privada como solución a todos sus problemas: «Las listas de espera han explotado y la Atención Primaria está arrasada»

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El programa de Pepe Palacios Las luces de la ciudad, de 7TV Málaga, fue el marco elegido para que Escribano y Barreda, dos veteranos denunciantes de corrupción, desarrollaran más todavía la trama del fraccionamiento de contratos sanitarios ocurrida en el Servicio Andaluz de Salud en los últimos años, publicada en exclusiva en EL LIBRE. «La corrupción dentro el SAS, en la parte de contratación y de personal, es colosal y tiene un origen claro: el sistema político, que es el que les ha llevado a huir del derecho administrativo», pone de relieve Escribano.

El presidente de Justicia por la Sanidad recordó que, en 1993, el presidente de la Junta de aquel entonces, Manuel Chaves (PSOE), aprobó en Consejo de Gobierno que se eliminase el control previo de los contratos. Los dos partidos mayoritarios (y los minoritarios por inacción) han permitido el mantenimiento de este sistema administrativo donde la transparencia brilla por su ausencia.

Escribano pone ejemplos acerca de la opacidad de la gestión en la Junta: «La Intervención General aprobó una fundamental instrucción en 2003 la Orden 8/2003 que no se publicó en el BOJA. Hay dos acuerdos del Consejo de Gobierno que tampoco han sido nunca publicados en el BOJA».

Dictámenes desfavorables

De hecho, los cuatro informes de la Intervención General sobre el Hospital Regional de Málaga correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021 tienen un dictamen desfavorable. «El Gobierno de Moreno Bonilla ha metido un control político a los interventores», denuncia Escribano.

«El umbral para los contratos con empresas externas para servicios y suministros en 2014 subió de los 100.000 a los 200.000 euros, mientras que el umbral para los de obras es de 5 millones. Todos los contratos por debajo de esas cantidades no se fiscalizaban», reveló en 7TV. De hecho, este denunciante de corrupción se hace una pregunta: «Con todos los datos que he dado de la contratación y con la renovación que ha habido en los altos cargos de la Consejería de Salud, ¿cómo es posible que el único director general que no ha sido cesado sea el de Gestión Económica?«.

«Siempre funcionan a corto plazo y así no se puede trabajar. Hay que plantearse muy seriamente el modelo de sanidad. Siguen con un modelo heredado y no solucionan el problema de fondo. El capital humano es fundamental y en la Administración pública no se tiene en cuenta para nada. Se adoptó la medida de la compatibilidad y eso es un error gravísimo, porque más del 40% de sanitarios están trabajando en las dos sanidades y eso crea disfuncionalidades en las dos», añade Escribano.

Por su parte, el secretario de Justicia por la Sanidad, Antonio Barreda, desmontó la presunta solución que ha dado Moreno Bonilla al colapso de la Atención Primaria (AP): «Hay un problema gravísimo: la Junta ha ponderado que la sanidad privada es el modelo para garantizar que se acabará con todos los problemas sanitarios que hay en Andalucía. De hecho, en la Orden de 23 de febrero de 2023, de tarificación de convenios y conciertos del SAS venía que el médico de la privada podía hacer Atención Primaria con un porcentaje elevado de dinero. Han dado tal ingente cantidad de dinero a la privada -que le costó el puesto al viceconsejero Miguel Ángel Guzmán- y no ha servido para nada. Las listas de espera han explotado, la AP está arrasada… Entonces, la gente se va al hospital y colapsa las urgencias. Ése es el problema. Con el tocomocho de las 72 horas le están mintiendo a la gente: en esas 72 horas te llaman para darte una cita, no para atenderte médicamente».

La profesora universitaria y urbanista Susana García Bujalance también aportó en Las luces de la ciudad su visión tanto en el debate sobre la sanidad como en el del problema de la vivienda en Andalucía.