Los partidos crean aficiones como los clubs de fútbol

A los partidos políticos, que son asociaciones privadas, se les ha otorgado en nuestro ordenamiento jurídico un carácter diferente al resto de asociaciones, al encajarlos en las instituciones del Estado con fuerza constitucional

Debe destacarse, por ejemplo, la reserva al Gobierno o al Ministerio Fiscal, ambos en manos de partidos políticos, para instar la ilegalización de estos, cuya decisión corresponderá a una sala especial del Tribunal Supremo, cuyo presidente y presidentes de Sala son propuestos por el órgano de gobierno de jueces y magistrados (CGPJ), cuyos miembros son elegidos igualmente por los partidos. Y en última instancia aparece el Tribunal Constitucional, con cuyos miembros ocurre exactamente lo mismo. Y para rematar la faena, ¿quién fiscaliza la financiación de los partidos políticos? El Tribunal de Cuentas, cuyos consejeros son igualmente designados por los partidos.

Como pueden observar, los ciudadanos no pintamos nada: el círculo en este régimen partidocrático siempre se inicia y se cierra con partidos políticos, es decir, con sus jefes o clanes dirigentes, que son los que toman las decisiones. Ellos se lo guisan y se lo comen todo, desde que nacemos hasta que morimos, sin contar siquiera con mandato del pueblo español en asuntos de vital importancia que afectan intensamente al mismo.

Una pregunta para el lector inteligente: ¿por qué ningún partido, nuevo o viejo, cuando llega al poder legislativo o ejecutivo, pone fin a este régimen y presenta iniciativas para ello (por ejemplo, en los Parlamentos), si dicen y defienden que representan los intereses de los ciudadanos? Porque esa representación no existe, es mentira, es la gran estafa de la partidocracia: no existe una verdadera representación política de los ciudadanos.

Para que haya representación política, se necesita como premisas básicas la elección directa de una persona física, que no existan listas previas elaboradas por un grupo (listas de partidos), ni cerradas ni abiertas, y que los electores puedan controlar constantemente al elegido, incluyendo la revocación de la elección sin esperar a las siguientes elecciones.

El ciudadano no cuenta

Si los españoles que suelen votar a los partidos dejaran a un lado sus ideologías y prejuicios e hicieran el pequeño esfuerzo de analizar qué cargos públicos pueden nombrar libremente en cualquier poder del Estado, comprobarían que todo queda en manos de los partidos políticos. Además, dichos cargos públicos no tienen ninguna libertad de actuación si quieren conservar su sillón, y todo ello sin ninguna posibilidad de control por parte de los ciudadanos, que no cuentan siquiera con representantes para esta función. Y si dicho cargo público comete la osadía de actuar al margen del partido, le harán la vida imposible hasta ser obligado a dimitir y, en su caso, expulsado del partido o ninguneado.

Algunos ingenuos dicen que siempre queda la Justicia, pero cualquiera que conozca bien cómo funciona sabe que también está controlada por los partidos políticos: las primeras y segundas instancias mediante las atribuciones otorgadas al CGPJ, el Ministerio Fiscal elegido por los partidos del Ejecutivo, y a través del Tribunal Constitucional, entre otras formas de control partidista.

Esa es la grave consecuencia de votar partidos en vez de personas físicas: los partidos pueden mentir en sus programas, corromperse y marginar a sus votantes, sabiendo que sus miles de votantes seguirán apoyándolos como si fueran fanáticos de una secta o de un club de fútbol. Y este fenómeno sucede por aplicación del principio de identidad, del que hablaré a continuación. Por tanto, podría diagnosticarse que millones de españoles sufren en cierto modo el síndrome de Estocolmo, porque a pesar del maltrato que sufren por las acciones y omisiones de los partidos, siguen manteniendo cierta complicidad con ellos, siguen votándolos y confiando ciegamente en ellos.

El ciudadano limita su representación -por un partido político- mediante un mecanismo de identificación con lo que el partido decida ser o defienda en cada momento

El Estado de partidos o partidocracia tiene un efecto muy dañino para la convivencia social, por aplicación del principio de identidad. El ciudadano limita su representación -por un partido político- mediante un mecanismo de identificación con lo que el partido decida ser o defienda en cada momento, aunque no responda a la realidad de sus acciones y omisiones, las cuales, en muchas ocasiones, ni siquiera coincide con la voluntad o deseo del ciudadano. Los partidos funcionan como Groucho Marx en una de sus actuaciones: “Estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros”.

Por ello, todos los partidos persiguen que los ciudadanos se identifiquen con la supuesta ideología o carga sentimental que vende cada uno, provocando una división social con cada decisión que toma el partido de turno (acción, propaganda, silencio, omisión, etc.), cuyos resultados estamos sufriendo cada día con una crispación y violencia social creciente.

Esa identificación ideológica o sentimental es alimentada cada día por todos los partidos de forma interesada, porque gana adeptos fanáticos al partido sin cuestionarse nada. Y lo más importante, los partidos consiguen la desunión de la nación política, que impide que esta descubra la realidad (¡Tiene el poder originario para cambiarlo todo!) y pueda reaccionar marginando las ideologías y organizándose para poner fin al régimen partidocrático del que viven tantos parásitos y oportunistas.

Les pondré un ejemplo que acredita esa defensa por los partidos de la identidad que quieren mantener con los ciudadanos. Cuando la Junta Directiva de la asociación a la que pertenezco –Justicia por la Sanidad– ha convocado algunas manifestaciones, rápidamente algunos partidos han reaccionado: sus plataformas o asociaciones afines convocaban otra manifestación para una finalidad casi idéntica, o abiertamente criticaban la movilización de la asociación usando etiquetas que desprestigiaran el movimiento.

En definitiva, intentan evitar que haya ciudadanos que puedan acabar apoyando unos objetivos concretos al margen de los partidos o las ideologías, porque creen que se pone en riesgo la vinculación de estos ciudadanos con el partido de turno mediante esa identidad. Es decir, los partidos luchan por mantener el monopolio de la identidad de sus votantes, revistiendo cualquier tema social con algún traje ideológico o sentimental que impida quebrar la identidad.

Lo increíble es que millones de españoles caen constantemente en esa trampa de la división: no hay más que leer sus comentarios en redes sociales, o las publicaciones de muchos medios de comunicación, de expertos y estrellas populares de nuestra sociedad, que interesadamente bailan al son que tocan los partidos con alguna cuota de poder o que intentan llegar a tenerla, sabiendo que podrán ser recompensados por estos de muy diversas formas, y aplaudidos y seguidos por los fanáticos de los respectivos partidos.

Buscando desesperadamente la identificación

Observen también cómo los discursos de los diputados en los plenos de nuestras cámaras legislativas no van dirigidos a convencer al resto de diputados, sino que van dirigidos esencialmente a los ciudadanos para reforzar esa identificación, utilizando a los medios de comunicación como altavoces de esos discursos para que lleguen a la ciudadanía y siga el juego de la división ideológica o sentimental del pueblo español.

Todo este fenómeno se quiebra en una democracia formal, con representación directa en la Cámara Legislativa y en la Presidencia del Gobierno (con elecciones separadas y diferenciadas), con control del elegido por el elector (con poder de revocación) y con una división efectiva de poderes. ¿Por qué? Porque no existiría esa identificación de masas de ciudadanos como si de un club de fútbol se tratara, sino sólo la personal con el representante elegido directamente, que no es más que un vecino del distrito electoral uninominal respectivo, y que ni siquiera tiene que pertenecer a algún partido ni defender ninguna ideología concreta, y a quien podrá pedir cuentas de todas sus acciones en la oficina electoral del distrito en la que el mismo (el diputado) tendrá que estar presente al menos un día a la semana.

Si no tienen suficientes evidencias que constatan los grandes beneficios de una democracia formal, con todo lo que vengo publicando desde años atrás junto a otros muchos españoles sensatos, el fanatismo partidista sería más intenso de lo que uno pueda suponer. No obstante, seguiré publicando más evidencias en siguientes artículos, por si algún día alguien más despierta y no sabe qué hacer.