Nuevo varapalo del Consejo de Transparencia a la Consejería de Salud al estimar otra reclamación de Justicia por la Sanidad

La Asociación Justicia por la Sanidad presentó en febrero de 2020 una reclamación ante el Consejo de Transparencia contra una resolución de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), adscrita a la Consejería de Salud y Familias, al no entregar toda la información solicitada sobre unas ayudas y subvenciones que había otorgado en 2018 y 2019

El pasado 8 de febrero de 2020, la Asociación Justicia por la Sanidad solicitó a Faisem (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental) que entregara una copia de los expedientes relativos a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones a federaciones y asociaciones de familiares y de personas usuarias relacionadas con la salud mental, correspondiente a los ejercicios de 2018 y 2019. La gerente de dicha fundación pública es Silvia Maraver Ayala, diplomada en Enfermería según la web de la consejería, que fue nombrada el pasado 16 de mayo de 2019 por su patronato, del que forman parte el consejero y la viceconsejera de Salud.

La documentación solicitada, que se tramita a través de la Unidad de Transparencia de la Consejería de Salud,  debía incluir las convocatorias de las ayudas, las memorias justificativas y económicas, las solicitudes presentadas, los informes y actas de las comisiones de evaluación y sus propuestas elevadas al órgano concedente, las resoluciones de concesión o convenios suscritos, los documentos de pago y demás documentos que integrasen dichos expedientes. Conviene recordarles que un servidor publicó un artículo en febrero de 2020, titulado La Consejería de Salud y Faisem mantienen un sistema de concesión de subvenciones que recuerda al caso de los ERE, en el que explicaba las supuestas ilegalidades que se estaban cometiendo en dicha fundación pública.

Aunque en su resolución Faisem concedió el acceso a los documentos solicitados por la asociación, evitó su materialización, es decir, no entregó la copia de toda la documentación, alegando un pretexto que no contemplan las leyes de transparencia. Sólo hizo entrega de una parte ínfima de documentos, sin entregar la inmensa mayoría de documentos solicitados.

Tras presentar el pasado 24 de marzo de 2020 la oportuna reclamación ante el Consejo de Transparencia de Andalucía, Faisem remitió al consejo ciertos documentos relacionados con los solicitados por la asociación. Sin embargo, en su resolución, el consejo reitera, tras decenas de resoluciones en el mismo sentido, que la entrega de documentos debe hacerse al solicitante, no al consejo. A pesar de esta reiteración desde las primeras resoluciones del consejo, los cargos públicos de la Junta de Andalucía siguen haciéndolo, revelando con ello un total desprecio a la ciudadanía y al propio Consejo de Transparencia.

Mediante la Resolución 494/2021, de 15 de julio, notificada a Justicia por la Sanidad casi un año y medio después de la presentación de la reclamación (la ley dice que debe resolverse en un plazo máximo de tres meses), el consejo insta a Faisem a que entregue en 10 días la documentación a dicha asociación mediante el correo electrónico indicado en la solicitud. A fecha de hoy, la asociación no ha recibido la documentación.

El SAS incumple la resolución del Consejo de Transparencia, que la ley considera una infracción muy grave

El mes pasado, la Asociación Justicia por la Sanidad recibía la notificación de dos resoluciones del Consejo de Transparencia, en las que igualmente instaba a la Intervención General y al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a entregar en un plazo de 10 días la documentación que solicitó en noviembre de 2019, tal como fue publicado en este diario (noticia de EL LIBRE). Mientras que la Intervención General ya ha cumplido dicha resolución del consejo, el SAS sigue sin entregar la documentación, por lo que ya se ha presentado un escrito al Consejo de Transparencia solicitando que reitere al SAS la entrega de dicha documentación (la ley lo considera una infracción muy grave). Dicha documentación se refiere a «informes de cumplimiento de legalidad» de expedientes de gasto del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Cuando hay tanta resistencia a entregar dichos informes, sólo cabe sospechar que algo importante se intenta ocultar a la ciudadanía.

Con la última resolución del Consejo de Transparencia, queda acreditado que la Consejería de Salud ha vuelto a reiterar su comportamiento no ajustado a derecho, dado que ya lo hizo en otra ocasión, tal como fue reconocido por el Consejo de Transparencia en su Resolución 3/2019 que ha servido de fundamento en su nueva Resolución 494/2021, de 15 de julio.

Por tanto, la Consejería de Salud podrá seguir incumpliendo la ley al no tener consecuencia punitiva alguna. La explicación es sencilla: la Ley de Transparencia de Andalucía no ha establecido ninguna infracción que contemple este incumplimiento reiterado de las administraciones públicas (ni de otros muchos incumplimientos), por lo que estas podrán seguir incumpliendo la ley en un futuro sin castigo alguno. Es decir, la efectividad de la ley es muy escasa.

Ya son siete reclamaciones ganadas de siete presentadas al citado consejo por parte de la Asociación Justicia por la Sanidad o por alguno de los miembros de su Junta Directiva, más dos recursos contencioso-administrativos ganados a laboratorios farmacéuticos que se oponían a que se entregara documentación relativa a las subastas de medicamentos. Con estos comportamientos, la Junta de Andalucía consigue demorar la entrega de la documentación casi dos años desde su solicitud, sin sanción alguna para sus responsables.

El único fin es llevar al hastío a los ciudadanos osados que pretendan meter el dedo en la llaga de la corrupción

Para información de ustedes, un servidor formó parte del grupo de trabajo que colaboró en la elaboración del anteproyecto de la Ley de Transparencia de Andalucía. Entre mis numerosas propuestas, dejé constancia por escrito del derecho de la ciudadanía al control democrático y a una información de calidad y de la necesidad de exigir responsabilidades a quienes incumplan la obligación de gestionarla y facilitarla, como siempre he manifestado públicamente. Por este motivo, propuse establecer un régimen sancionador efectivo que disuadiera a los sujetos obligados a gestionar y facilitar la información de incumplir la ley, con las adecuadas infracciones y sanciones, e igualmente que debía clarificarse quiénes serían las personas responsables de facilitar la información y si la responsabilidad era solidaria o no. De no hacerlo así, la ley nacería inútil.

Y así fue: dicha ley nació inútil. A estas alturas deberían saber que, en este régimen partidocrático, las propuestas que realizamos algunos funcionarios de carrera en aras del interés general son marginadas, y que los supuestos derechos que los partidos políticos introducen en las leyes y venden como buhoneros no son más que mera propaganda, dado que no se garantiza su efectividad. Además, quien hoy otorga derechos mañana los puede quitar, porque no es el pueblo español quien se los otorga a sí mismo, como ocurriría en una democracia formal.

No hay más que observar cómo el sistema obliga a los ciudadanos a meterse en una vorágine de reclamaciones y recursos judiciales que no se resuelven hasta pasados unos años, con el único fin de llevar al hastío a los osados que pretenden acceder a informaciones públicas que las propias leyes reconocen como un supuesto derecho. En esto consiste el cuento de la regeneración democrática que corean continuamente los políticos de esta partidocracia a los españoles, tal como indica de forma hilarante la denominación de la consejería que dirige el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (C’s), una tomadura de pelo más a añadir a las tantas a las que tienen acostumbrados a los españoles, sin que estos reaccionen apropiadamente. Lo he reiterado muchas veces y seguiré haciéndolo, porque, en el futuro, algunos irán descubriendo que la mayoría de los españoles se mantienen atados con cadenas en la caverna a la que se refería Platón en su alegoría y que mis palabras no son suposiciones sin fundamento.