El abogado de los vecinos, Marcelino Abraira, pone de relieve en EL LIBRE que «talar los árboles puede ser un delito penal». «Es un comportamiento anticonstitucional de la Junta de Andalucía, porque vulnera el artículo 103 de la Constitución. Es tratar como súbditos a los ciudadanos», denuncia Abraira. Por su parte, Sando se ha limitado a decir que «es una actuación de la Junta; nosotros somos la empresa constructora y, además, estamos en UTE con otras dos empresas más»
El presidente de la Junta de Andalucía se comprometió con la portavoz de las familias propietarias del terreno, María del Carmen Mestanza, a visitar la vega malagueña: «Doy mi palabra y la cumplo. Delo por hecho». Pues no. Otra promesa incumplida del hombre que aseguró que iba a construir un hospital en Cádiz, que daría trabajo a 600.000 andaluces o que los usuarios del SAS estarían atendidos en 72 horas por un médico de familia, aunque fuera por teléfono.
Martes, día 3 de junio de 2025, a las 8:00 horas. Ha llegado el día de la tala de los primeros 400 árboles en la última vega de Málaga y Juanma Moreno nunca fue a solidarizarse con los vecinos. Se van a talar cerca de 20.000 árboles para construir una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), porque, según decía Elías Bendodo hace cinco años, «nos llegan multas millonarias de la Unión Europea por no depurar las aguas de esa zona de Málaga».
Los terrenos están situados entre los municipios de Málaga y Alhaurín de la Torre y están poblados por cerca de 20.000 árboles frutales con una producción de cítricos de millón y medio de kilos anuales con certificado ecológico.
Los afectados alegaron en su día «flagrante indefensión» por la falta de información sobre el proyecto. Según explica el abogado Marcelino Abraira, se produjo «una falta al derecho a la información de los vecinos para poder defenderse», por lo que pidieron la paralización del proceso como medida cautelar.
El emplazamiento, según contestó la Junta de Andalucía a los vecinos, está fijado desde 2009 y fue aprobado por unanimidad por los alcaldes de municipios del entorno y por la Administración autonómica en su etapa socialista.
A pesar de ser un proceso judicializado, la UTE tiene previsto empezar la obra mañana
Abraira es el abogado de la Asociación de Vecinos Mestanza y Lomas de Cantarrana y no da crédito a lo que está pasando: «La última palabra la va a tener el Tribunal Supremo. La postura de la Junta de Andalucía nunca la he entendido. Se presentaron dos denuncias penales que están vivas. Los cinco alcaldes que llegaron al acuerdo están denunciados penalmente«, un proceso pendiente de admitir a trámite.
La Junta tiene seis contenciosos sin resolver por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre este asunto. La Consejería de Medio Ambiente contestó al abogado, en septiembre de 2021, que la Autorización Ambiental Unificada (AAU) «la harían en su día». Entonces, hicieron unos cambios en el proyecto.
En la zona que es una parcela, que está en el PGOU de Málaga, van a construir la EDAR, pero hay leyes estatales que lo impiden. En el artículo 149, el Estado se reserva la competencia exclusiva en seguridad pública «para proteger a las personas», añade Marcelino. Además, el artículo 14 bis de la Ley General de Aguas (Reglamento Hidráulico) prohíbe la construcción en zonas inundables. Y la Vega de Mestanza lo es.
«Llevamos cinco años con media docena de pleitos pendientes», resume Abraira. La construcción de la EDAR en la vega se ha denunciado a la Unión Europea y se solicitó la declaración de Bien de Interés Cultural y, una vez que se admite a trámite el BIC, no se pueden hacer obras.
«Talar los árboles puede ser un delito penal»
A juicio del abogado, «talar los árboles puede ser un delito penal por el artículo 325 del Código Penal«, que dice así:
- Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.
- Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
- Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
«Es un comportamiento anticonstitucional de la Junta de Andalucía, porque vulnera el artículo 103 de la Constitución Española. Es tratar como súbditos a los ciudadanos. ¿Por qué no esperan? El coste de construir la EDAR en la vega quintuplica el coste de hacerlo en otras ubicaciones. Y no tienes ninguna sentencia que te diga que puedes empezar la obra», denuncia Abraira.
El abogado es taxativo: «Si todavía la justicia no ha hablado, se debe paralizar cualquier acción de tala, porque es un perjuicio irreparable. Es un principio general de cualquier administración pública. El Supremo fallará en breve y, a día de hoy, no tienen ninguna sentencia favorable que justifique lo que van a hacer».
«Quieren subir la EDAR a cinco metros de altura, porque es zona inundable, por si viene una riada para que no se la lleve por delante, pero se olvidan de los vecinos de Campanillas. No dejaremos sitios que tocar para pedir justicia, justicia y justicia. Lucho por lo que creo que es justo. Y llegaremos hasta Estrasburgo, hasta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos«, apostilla Abraira.
Por último, cabe recordar que el levantamiento de la cautelarísima está recurrido. Y la Fiscalía de Medio Ambiente tendrá también algo que decir.
Sando guarda silencio
EL LIBRE ha contactado con Sando y un portavoz de esta empresa rechaza la posibilidad de contestar a las preguntas formuladas. Sólo comunica lo siguiente: «Sobre estas cuestiones que me indica no puedo responderle. En primer lugar, porque es una actuación de la Junta de Andalucía, nosotros somos la empresa constructora y, además, estamos en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras dos más», que son Dinotec y Aquambiente. No ha sido posible contactar con estas dos compañías.
El Moreno Bonilla ese es un b@st@rd0 HDLGP, una b@sVr@ de l PP que no vale su peso en guano.
Pues hoy no lo hemos dejado…a ver mañana…