Los sindicatos CCOO-A, UGT-A y CSIF-A rechazan de forma unánime el cierre de las residencias de tiempo libre por parte de la Junta de Andalucía y, a su vez, han destacado la «incertidumbre» que dicha situación supone para los trabajadores
El sindicato CCOO ha rechazado la versión de la Consejería de Empleo, Empresa y Autónomos y ha afirmado que la decisión de cerrar todas las residencias de tiempo libre de Andalucía deja a los trabajadores «con un futuro laboral muy incierto».
En un comunicado, ha detallado que estos trabajadores ejercen su labor en estas residencias de tiempo libre, «una parte significativa de la plantilla es temporal o fija discontinua, con lo que está en grave riesgo su futuro laboral».
El sindicato ha reprochado al Gobierno andaluz que «año tras año» ha ido «recortando» en estas instalaciones, «eliminando servicios, reduciendo personal, permitiendo el deterioro de las instalaciones, reduciendo plazas y dificultando el acceso de la clientela para justificar esta decisión de privatización y pérdida de empleo».
Para el sindicato, se trata de un cierre «salvaje» de unas residencias de tiempo libre, que desde 2012, en el contexto de la anterior crisis económica, «empezaron a sufrir graves recortes que se han ido profundizando año a año hasta ahora«.
El coordinador del Sector de Administración Autonómica de CCOO Andalucía, Pablo López del Amo, ha declarado que «se trata de un servicio público enfocado a garantizar el derecho al descanso y a unas vacaciones dignas para todas las personas, especialmente para los colectivos más vulnerables«. Además, ha criticado que «se expropie» a la ciudadanía andaluza de este servicio «para entregarlas a la especulación de las grandes cadenas hoteleras, que harán su agosto».
En este sentido, ha precisado que estas instalaciones se encuentran en enclaves privilegiados, «lo que las hacen muy atractivas para esas grandes empresas«.
El sindicato ha recordado que, durante los últimos años, el personal de las residencias de tiempo libre ha protagonizado «gran cantidad de movilizaciones» contra «el deterioro de las residencias y en defensa de sus puestos de trabajo».
«Ahora llamaremos a las plantillas a redoblar los esfuerzos para obligar a la Junta de Andalucía a dar marcha atrás. Esperamos que la unidad de acción de los diversos sindicatos que representamos a las plantillas sea total«, ha subrayado.
Por último, el sindicato viene reivindicando la revitalización de las residencias, que pasa por una puesta a punto de las instalaciones, así como el refuerzo de su carácter social, fomentando su uso por parte de colectivos sociales.
Además, ha destacado que son instalaciones de «gran potencial», que permitirían complementar su actividad de temporada alta con otras como la celebración de eventos deportivos, celebración de congresos, constituirse en centros de formación (la residencia de La Línea de la Concepción ya lo es), acoger grupos de estudiantes de intercambio o en viaje de estudios y alojamiento de trabajadores temporales de la administración, entre otros.
UGT subraya el «deterioro» de los servicios públicos en Andalucía
Por su parte, UGT-A han alertado del «deterioro» que supone para los servicios públicos el cierre de las residencias de tiempo libre, al tiempo que ha lamentado «la premura y la falta de información previa», teniendo en cuenta que están afectados más de 400 puestos de trabajo, lo que «hace dudar de la transparencia» que tiene la Administración andaluza en las actuaciones con su personal.
Asimismo, el sindicato considera «inaceptable» que unilateralmente se tomen decisiones «sin informar ni negociar» con las organizaciones sindicales con representación en la Junta de Andalucía, a pesar de «conocer la temporalidad que hay en la plantilla, poniendo así en peligro la consolidación en sus puestos de trabajo», han apuntado.
Al hilo de ello, el sindicato ha informado que están convocados a una reunión de carácter extraordinario, en la que esperan poder negociar esta «grave situación y garantizar los derechos del personal afectado, sin pérdida de plazas y empleo público».
CSIF acusa a Rocío Blanco de vulnerar la negociación colectiva
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha censurado que los trabajadores de las residencias de tiempo libre se hayan enterado por los medios de comunicación del cierre de estos espacios y ha acusado a la Junta de vulnerar la negociación colectiva al haber decidido dejar de gestionar estas instalaciones sin tener en cuenta al personal que trabaja en ellas, que asciende a más de 400 personas entre empleados fijos, fijos discontinuos y temporales.
El presidente del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF, José Manuel Dorado, ha criticado que «el Ejecutivo andaluz se ha limitado a trasladar a los trabajadores, a través de la dirección de estos centros, que los delegados territoriales de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo se reunirían con ellos para comunicarles el cierre de las RTL, tras una decisión tomada por el Consejo de Gobierno motivada por un informe que determina que el servicio que prestan estos espacios es deficitario».
Dicha decisión fue comunicada a CSIF Andalucía el pasado jueves y de forma casi simultánea a que los medios de comunicación comenzasen a hacerse eco de la noticia, de forma que los propios trabajadores de estos centros se enteraron a través de ellos, «provocando caos y nerviosismo entre las personas afectadas«, según ha explicado el responsable sindical.
Dorado ha considerado «inadmisible» la forma de proceder de la Administración y ha denunciado que los representantes de los trabajadores en los diferentes comités de empresa «no estuvieran informados de la situación ni de las consecuencias inmediatas derivadas de la decisión tomada como un hecho consumado por el Gobierno andaluz».
CSIF lamenta además el «enfoque mercantilista» del Gobierno andaluz en relación a un servicio que está dirigido a los colectivos más desfavorecidos, como por ejemplo personas perceptoras de pensiones no contributivas, personas jubiladas, mayores de 60 años, personas con discapacidad reconocida y todas aquellas cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), así como personas integrantes de comunidades andaluzas existentes fuera del territorio andaluz o víctimas de violencia de género, entre otros.
En este sentido, CSIF le recuerda al Gobierno andaluz «que no es una empresa privada que tenga que generar beneficios, sino que su obligación es prestar un servicio público de calidad a la ciudadanía y fundamentalmente a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad«. De hecho, las RTL ofrecen la posibilidad de vacaciones a colectivos que no se lo podrían permitir de otro modo. «Los servicios públicos jamás son un déficit, sino una inversión pública para el estado del bienestar de nuestra sociedad», ha argumentado el presidente del Sector de la AGJA en CSIF.
Falta de inversión por parte de la Junta de Andalucía
A juicio de la central sindical, «la Administración ha ido preparando y cociendo su propio argumento año tras año, dejando de invertir en el mantenimiento de las RTL necesario para su buen funcionamiento y para que fuesen atractivos para su uso«, lo que ha provocado -según CSIF- el descenso de las solicitudes que se ha registrado en los últimos tiempos, «precisamente porque la Administración se ha encargado de reducir la oferta de plazas y acotar de forma limitante el acceso a los diferentes periodos de vacaciones«.
«Desde CSIF pensamos que este es el inicio del desmantelamiento de servicios públicos esenciales para el estado de bienestar de la ciudadanía y que los próximos van a ser los centros de protección de menores», ha concluido José Manuel Dorado.
En declaraciones a los periodistas en San Roque (Cádiz), la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha señalado que se había detectado «una merma» del número de estancias en los últimos años y ha explicado que este servicio ha significado, desde 2015, pérdidas en las arcas públicas por valor de 123 millones de euros.
«Solo 18.000 personas se habían instalado en estas residencias en el último año y supone un coste por estancia y día de 175 euros con independencia de si hay ocupación o no», ha detallado la consejera.
A pesar de estos movimientos, el Gobierno andaluz ha asegurado que mantendrá el programa ‘Conoce tu tierra’ que permite disfrutar de vacaciones a personas con menor nivel de renta.
Un total de 11 funcionarios y 330 laborales
En cuanto al personal laboral, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, asegura que «los trabajadores saldrán beneficiados» de esta operación y ha afirmado que los 341 trabajadores -11 funcionarios y 330 laborales- serán reubicados dentro de la Administración «mejorando sus condiciones laborales».
Según explican, podrán optar a puestos «más cercanos a sus domicilios, una larga demanda del colectivo». Asimismo, detalla que, entre ellos, hay 163 fijos discontinuos que trabajan seis meses y que a partir de ahora trabajarán todo el año.
La consejera de Empleo se ha detenido a explicar, en sus declaraciones en San Roque (Cádiz), el futuro de los 341 trabajadores. «Era muy importante mantener el empleo. Son nuestros trabajadores y los tenemos que proteger«, ha subrayado, para precisar que «tanto los fijos como los fijos discontinuos van a tener acomodo en cualquier conserjería de la Administración».
Y, en concreto, ha detallado la situacion de los 163 trabajadores fijos discontinuos, con una jornada laboral de seis meses y que se le va a aumentar a 12 meses. «Van a tener una carrera de cotización de 12 meses al año«, ha celebrado.
«Los trabajadores se van a recolocar donde ellos quieran. Se les va a abrir el abanico, dentro de las posibilidades que haya, de todas las consejerías y se van a recolocar donde ellos quieran a lo largo de todo el territorio de la comunidad autónoma», ha señalado.
Un servicio que era necesario… y que sigue siendo necesario
Las residencias de tiempo libre se crearon a mediados del siglo XX para facilitar el acceso al turismo a trabajadores y sus familias, «pero su función social desapareció cuando viajar dejó de ser un lujo para la mayoría de la población gracias al avance de los tiempos y la tecnología», según la Consejería de Empleo. Pero hay que recordar que, actualmente, Andalucía alberga 23 de los 30 pueblos más pobres de España y es la comunidad con menos esperanza de vida de todo el territorio nacional, por lo que esa función social debería estar más presente que nunca.
Y a esto se añade que el Gobierno de Andalucía considera que «operar en el negocio turístico no forma parte de su función ni tendría herramientas para hacerlo de una manera competitiva», un error de bulto en cuanto al planteamiento, porque las RTL nunca fueron un negocio turístico sino un servicio social para que las familias con menor renta pudieran tener también sus vacaciones.
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