Una ciudadana solicitó en 2018 a la anterior Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía copia del expediente de la subvención 98/2010/F/0475 concedida al Instituto de Estudios Andaluces, S.C.A de Integración, así como de la justificación de dicha subvención
El Director General de Formación para el Empleo, Manuel Jesús García Martín, denegó el acceso a la información mediante Resolución de 19-07-2018, previo informe del Servicio de Gestión y Programación de la Formación Profesional para el Empleo, en base a unos motivos absurdos:
a) No se considera a la solicitante como interesada en el procedimiento de concesión de la subvención, aplicando para ello la Ley de Procedimiento Administrativo Común, una burda maniobra dado que no es aplicable para motivar la concesión o denegación del acceso a la información solicitada en base a la Ley de Transparencia.
b) La solicitante no ha motivado la petición, cuando la Ley de Transparencia estatal es clara al respecto: “El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información”. (art. 17.3 LTAIyBG).
c) La solicitante no pide una información concreta, sino copia de los documentos del expediente, cuando el art. 2.a) de la Ley de Transparencia de Andalucía es claro al respecto.
d) Al existir datos de carácter personal en la documentación de los expedientes, cabe denegar el acceso en base a la legislación sobre protección de datos de carácter personal, cuando la propia Ley de Transparencia estatal establece que no puede denegarse el acceso a la información si se efectúa la previa disociación de dichos datos (art. 15.4 LTAIyBG).
Mucho me temo que el responsable estará disfrutando de las prebendas de otro cargo o puesto público, incluso pudiera ser de carácter político, como premio a la incompetencia
Sería muy interesante conocer el contenido del informe del citado Servicio, para saber si dichos motivos fueron indicados o no por la funcionaria o funcionario responsable del mismo (cargo de libre designación). Si así fuera, ¿sigue trabajando en la Junta de Andalucía dicha funcionaria o funcionario o le han abierto ya un expediente por negligencia en su trabajo? Vista la forma tan aberrante y descaminada de denegar el acceso a la información solicitada, sería lo mínimo a realizar, en su caso. Y si dichos motivos son inventos de otro empleado o cargo público, mucho está tardando la Consejería de Empleo en depurar responsabilidades. Mucho me temo que el responsable estará disfrutando de las prebendas de otro cargo o puesto público, incluso pudiera ser de carácter político, como premio a la incompetencia.
La ciudadana solicitante presentó en julio de 2018 contra dicha Resolución denegatoria una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Andalucía, que fue resuelta a favor de la ciudadana el pasado 21-11-2019 (RES nº 324/2019). Por cierto, el colapso del Consejo de Transparencia es evidente, porque el plazo legal para resolver la reclamación era de tres meses. ¿Qué hacen el Parlamento y la Junta de Andalucía para resolver este colapso?
El 27-11-2019, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que dirige Rocío Blanco Eguren (Ciudadanos), recibe la notificación de la Resolución del Consejo de Transparencia, en la que se insta a dicha Consejería a que, en el plazo de veinte días, ofrezca a la interesada la información que resulta de la estimación de la reclamación.
Sin embargo, en vez de cumplir la citada Consejería dicha Resolución del Consejo o, en su caso, recurrirla ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, el Secretario General de Ordenación de la Formación, Francisco Javier Loscertales Fernández, notifica a la ciudadana mediante escrito de 11-12-2019 que se ha dado un plazo de 15 días a la sociedad a la que se concedió la subvención para que pueda presentar alegaciones –en base a un artículo que no es aplicable- y suspende el plazo de entrega de la documentación, vulnerando la legalidad en un claro abuso de derecho, dado que la Ley de Transparencia es indudable al respecto: cúmplase la Resolución del Consejo si no es recurrida y el Juzgado no suspende cautelarmente la misma.
Si la denegación inicial a la ciudadana la realizó una Consejería en manos del PSOE, es ahora la Consejería en manos de Ciudadanos la que se inventa (y nunca mejor dicho) un trámite para demorar aún más la entrega de la documentación que el Consejo de Transparencia ha declarado como pública al instar su entrega en su Resolución.
A fecha de hoy, la ciudadana sigue sin recibir la documentación solicitada, la cual podrá denunciar dicho incumplimiento legal y a sus responsables ante el Consejo de Transparencia de Andalucía, a fin de que el órgano competente pueda aplicar a los altos cargos y funcionarios implicados el régimen disciplinario establecido en la Ley de Transparencia, entre otras posibles acciones en vía judicial.
¿Tiene algo que ocultar dicha Consejería de Empleo en materia de formación?
Vergüenza de servidores públicos
A nivel general tenemos lo que nos merecemos. La lástima q esas pocas personas q luchan por sus derechos son vapuleadas gracias a la mayoría q ni hacen ni se preocupan por hacer y para colmo votan a otros irresponsables como ellos para q nos quiten nuestros derechos y hagan lo q les de la gana.