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Francisco Sánchez, Roberto Macías y Jaime González, ayer en el Parlamento andaluz.

Política

Los denunciantes de corrupción solicitan en el Parlamento andaluz la inclusión de un Consejo de Participación Social en la Oficina Antifraude

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Ayer, por primera vez, los alertadores de corrupción tuvieron voz en el Parlamento de Andalucía. Por triplicado. Jaime González, Roberto Macías y Francisco Sánchez del Águila reclamaron justicia y realizaron sugerencias y propuestas que enriquecen el anteproyecto de ley que regulará la futura Oficina Antifraude. ¿Serán incluidas por el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla?

Por primera vez, las víctimas de la corrupción fueron escuchadas por los representantes políticos. Ocurrió ayer, con la comparecencia de Jaime González, presidente de Alianza contra la Corrupción; Francisco José Sánchez del Águila, presidente de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayt); y Roberto Macías, alertador del caso de las facturas falsas de UGT. «Es, desde nuestro punto de vista, una apabullante victoria moral y ética frente a las organizaciones que intentan silenciar nuestras alertas», expresan en un comunicado.

La Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, ha tomado buena nota de nuestras propuestas, que tienen por objetivo que la Oficina cumpla con los más altos estándares a nivel internacional en materia de protección a los denunciantes de corrupción (whistleblowers) y sea un referente nacional en la lucha contra la corrupción. Resulta fundamental proteger las denuncias y revelaciones públicas sobre infracciones del derecho comunitario, pues permiten detectar, investigar y enjuiciar de manera efectiva las mismas, mejorando así la transparencia y la rendición de cuentas.

Las propuestas que han presentado a la Comisión son las siguientes: que se mantenga la elección del cargo del director de la Oficina por mayoría lo más amplia posible del Parlamento para que sirva a la prevención y persecución de la corrupción «sea del color que sea». Además, estas asociaciones quieren que la Oficina sea un elemento de cooperación y acercamiento entre los partidos, para lo cual exigen que su elección no tenga que ser obligatoriamente entre funcionarios del grupo A de la Junta y que se pueda elegir «a cualquier persona de consenso».

Irregularidades que son mucho más de lo que parecen

Los denunciantes de la corrupción quieren que se introduzca un Consejo de Participación Social en la estructura de la Oficina, de forma que haya un órgano de asesoramiento, participación y control externo a la propia Oficina y al Parlamento, formado por personas de la sociedad civil.

Los whistleblowers desean que la Oficina sirva para perseguir todo tipo de ilegalidades, no solo delitos del código penal, si no también todo tipo de fraudes y corrupciones que ahora se califican como «irregularidades administrativas por caer por debajo del estándar del código penal, pero que realmente es el grueso de la corrupción y el inicio de la misma». «Perseguimos que se amplíe la potestad sancionadora de la Oficina», dejan claro los representantes de Alianza contra la Corrupción, Amayt y, por ende, de todas las asociaciones anticorrupción de Andalucía.

La ampliación del ámbito de actuación a la Administración Local y las universidades «de forma directa» es otra petición de los denunciantes de la corrupción. «También perseguimos que la futura ley explicite claramente que la protección de la misma se podrá aplicar a todas las personas que se vean represaliadas por motivo de denunciar corrupción, aunque no haya formalizado desde el primer momento una denuncia ante la Oficina», aseveran.

Los ‘whistleblowers’ quieren que la nueva Ley Antifraude pueda favorecer a los denunciantes de corrupción en las convocatorias de empleo público

Por último, solicitan al Parlamento andaluz que se introduzca algún tipo de cláusula que pueda favorecer a los denunciantes de corrupción en las convocatorias de empleo público, «dada su situación de vulnerabilidad y ruina tras sufrir las represalias por haber denunciado corrupción, de forma que sea un mérito puntuable en esas convocatorias el haber denunciado corrupción».

En su intervención parlamentaria, Jaime González, puso de relieve que se había estudiado el proyecto de ley y que «no ve por ningún lado que la Oficina pueda iniciar un procedimiento por otro cauce que no sea la del alertador«, una laguna que se debería corregir en el articulado final.

Roberto Macías: «Sufrimos una injusticia lacerante»

Por su parte, Roberto Macías expresó en el Parlamento el sinvivir de los alertadores: «Sufrimos una injusticia lacerante en Andalucía, compartida por todos los poderes públicos que, sistemáticamente, ignoraron nuestros gritos de socorro. La imperfecta justicia humana nos dio la espalda, poniéndose en ocasiones del lado de nuestros verdugos. Nosotros encendimos las alarmas para descubrir actuaciones delictivas y prevenir infracciones graves de la ley. Y por eso, hemos pagado un precio muy alto: despedidos, acosados, perseguidos judicialmente, difamados, intimidados, incluidos nuestros nombres en listas negras… Somos las grandes víctimas de un sistema que aprendió a vivir de la rapiña y de la depredación de fondos públicos. Reclamamos que los ciudadanos tengan un papel activo dentro de la Oficina Antifraude, pues consideramos que la ciudadanía debe vigilar y controlar las acciones que se emprendan. Estamos convencidos de que, juntos, podemos hacerle jaque mate a la corrupción, aunque la partida lleve su tiempo».

Francisco Sánchez: «Les aseguro que se puede provocar una revolución a golpe de ratón«

Por último, el presidente de Amayt y de la Asociación de Víctimas de la Justicia (entre otros cargos), Francisco Sánchez, se mostró rotundo: «Hay que ponerse las pilas. Todos los poderes del Estado tienen víctimas de la corrupción, que ha carcomido por completo las columnas de la democracia española. Esto es una auténtica pandemia. Ustedes tienen que legislar con el corazón para el pueblo y, si no toman cartas en el asunto, lo hará el pueblo. Los periodistas deben contar la verdad. Les aseguro que, igual que ahora las guerras son pandémicas, biológicas y a golpe de ordenador, se puede provocar una revolución a golpe de ratón y provocar el gran evento con consecuencias insospechadas. Su poder, señores parlamentarios, emana del pueblo… y el de la justicia también. Que caigan todas las máscaras y todos los dedos de la corrupción. El pueblo no quiere que caiga el sistema, sino una restauración, que cada uno cumpla su función y que haya trabajo para todos. Se pueden ustedes encontrar con que, a las próximas elecciones, no vaya nadie a votar».


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Un comentario

  1. Avatar Embrujo

    Enhorabuena a estos luchadores contra la Corrupción. Si se cumplieran los horarios de los trabajadores públicos…tendríamos una Administración mucho más eficaz.

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