«No estaban ocultos; estaban debidamente registrados», pone de relieve la facultativa, activista social y miembro de la junta directiva de la Asociación Justicia por la Sanidad Socorro Ricoy
La doctora Ricoy ha desmontado la estrategia de comunicación del anterior gabinete de Salud, encabezado por el ahora presidente del Parlamento andaluz Jesús Aguirre, descifrando la procedencia de esos pacientes muy pacientes que se sienten indefensos ante tantos meses de espera.
A fecha de junio de 2018, el Gobierno de Susana Díaz (PSOE) había contabilizado 222.962 personas en listas de espera de primera consulta para el especialista procedentes de Atención Primaria de 20 especialidades seleccionadas, resultando un total de 222.962 pacientes. Y en la lista de espera quirúrgica se contabilizaban pacientes con procedimientos con garantía de plazo de respuesta y de los 20 procesos seleccionados (71.868 pacientes). Pues bien, ya con el Gobierno de Moreno Bonilla y con Aguirre a la cabeza en la Consejería de Salud, le correspondía a él contabilizar y facilitar los datos de listas de espera al SNS y decidió no atenerse a lo pactado.
Así, en los datos publicados en marzo de 2019 que recogían la estadística del segundo semestre del 2018, se contabilizaron todo tipo de consultas: primeras procedentes de Atención Primaria para el especialista con garantía más interconsultas (de especialista a especialista que no tienen garantía) y de más especialidades de las 20 contempladas hasta entonces. El total de ese computo resultó ser nada más y nada menos que de 685.523 pacientes, 462.561 pacientes más que el semestre anterior.
En lo que respecta a la lista de espera quirúrgica, se contabilizaron pacientes con procedimientos con y sin garantía e incluso aquellos que ya fueron derivados a los hospitales privados concertados y que ya no pueden ser computados en el hospital de procedencia, resultando un total de 158.015 pacientes, que distan mucho de los 71.868 que había en el semestre anterior.
Sumando esas dos cantidades, se llega a la cifra de 548.708 pacientes que jamás se ocultaron, tal y como decía Aguirre a los cuatro vientos, diciendo, en aquel ya lejano marzo de 2019, que estos pacientes «fueron ocultados en un cajón» por parte del PSOE. Pero, ¿en realidad fue así o hubo manipulación de esos datos por parte del PP? Cabría preguntarse qué intención le llevó a actuar así. Esos pacientes jamás se ocultaron, porque estaban debidamente registrados en sus hospitales y se podrían haber consultado en cualquier momento.
La contabilización de las listas de espera de los usuarios de la sanidad pública se hace de acuerdo al Real Decreto 605/2003 de 23 de Mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. Cada comunidad autónoma tiene su propia normativa sobre plazos de respuesta clasificando bien sea por prioridades, especialidades o por procesos, es preciso definir unos parámetros comunes que permitan el análisis y evaluación de sus resultados, necesidades y funcionamiento, garantizando la transparencia y uniformidad en la información facilitada al ciudadano.
Tras la publicación de este decreto, se implantó un sistema de información en materia de listas de espera para consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en el Sistema Nacional de Salud. El Gobierno central, junto con el Consejo Interterritorial de Sanidad (en el que están representados los consejeros de salud de todas las comunidades autónomas), fueron los que decidieron, junto con las sociedades científicas, las consultas externas para especialistas, especialidades, procedimientos y procesos seleccionados y los datos que se debían publicar.
Pero Aguirre no se atuvo a lo pactado, hizo un batiburrillo, una mezcolanza con todo ello, haciendo muy difícil, por no decir imposible, el realizar estudios evolutivos y comparativos de las listas de espera entre las diferentes comunidades autónomas. Mezcló primeras consultas con interconsultas que no son primeras consultas; introdujo 10 especialidades más a las 20 seleccionadas previamente; computó procedimientos quirúrgicos con y sin garantía de plazo de respuesta; y pacientes que ya no podían ser computados en el hospital de origen al haber sido derivados a los centros hospitalarios privados concertados donde serían intervenidos.
En total, 548.708 pacientes más que en el semestre anterior. El estruendo originado por Aguirre con esta noticia fue tremendo y a la vez desolador para aquellos miles de pacientes que achacarían su larga espera para ser atendidos al olvido intencionado de unos gestores sin escrúpulos, cuando en realidad fue una inflación de registros en toda regla.
La actual consejera de Salud (y viceconsejera del gobierno anterior), Catalina García, sigue recordando aquello públicamente en lugar de explicar por qué no se están publicando las listas de espera de pruebas diagnósticas del SAS, que las tiene ocultas desde junio 2018, al igual que las salidas de lista de espera por intervención y los pacientes que han rechazado ser operados en la sanidad privada, una función de transparencia que sí es exigible al Gobierno de Moreno Bonilla de acuerdo con el marco legislativo actual.
Ricoy: «Pasaron de lo pactado»
Socorro Ricoy, primera denunciante en Andalucía de la manipulación de las listas de espera sanitarias ya en la etapa de gobierno socialista en la Junta, describe la situación de forma meridiana: «Hasta el primer semestre del año 2018, Andalucía publicaba, en sus listas de espera, solo los datos que se ajustaban a los criterios y parámetros establecidos en el Real Decreto 65/2003 de 23 de mayo sin que ello supusiera que se estuvieran ocultando esos pacientes en sus listas de espera, porque todos estaban registrados. En marzo de 2019, el PP decidió contar por su cuenta. Esta decisión no podía ser otra que la de hacernos creer que de verdad se iban a levantar alfombras, dejando al descubierto la podredumbre dejada por el PSOE en los 41 años que estuvo gobernando Andalucía. Pero resultó no ser así».
«Lo acordado por todas las comunidades autónomas era contabilizar solo el número de pacientes de primeras consultas de 10 especialidades seleccionadas para la lista de espera de consultas externas. Asimismo, para la lista de espera quirúrgica, solo se pueden contabilizar el número de pacientes con garantía que resultasen de los 11 procesos seleccionados por ser los más frecuentes«, denuncia la integrante de la junta directiva de Justicia por la Sanidad.
«Presumen de transparencia pero, para ello, tendrían que aprender de otras comunidades autónomas»
Socorro Ricoy
Socorro Ricoy finaliza dejando clara cuál es la actitud del PP a la hora de manipular las cifras de las listas de espera en Andalucía: «Pasaron de lo pactado y contabilizaron primeras consultas de más especialidades que las seleccionadas; interconsultas de especialistas que no son primeras consultas; pacientes con procedimientos quirúrgicos con garantía y sin garantía; y los derivados a la privada que, según el manual de procedimientos, ya no computan en el hospital, porque es el hospital concertado el que le intervendrá».
La facultativa granadina apostilla: «Presumen de transparencia pero, para ello, tendrían que aprender de otras comunidades autónomas y publicar los pacientes dados de baja en lista de espera por intervención y los que han rechazado ser operados en la privada, como también la lista de espera de pruebas diagnósticas, que no conocemos desde junio de 2018″.
Como siempre ocurre con los datos aportados por la Dra Ricoy, la información es objetiva y no partidista.
Enhorabuena Socorro, eres un ejemplo a seguir
El chantaje mediático de esta manipulación está claro, gracias al artículo y a la investigación de la Dra. Ricoy.
De todos modos, los procedimientos que tenía el anterior gobierno del psoe, para que los pacientes no entrasen en la clasificación de «en espera fuera de plazo garantizado», bastante rocambolescos y que denunció la Dra. Ricoy ¿siguen en pie con el pp?
Para mí esos son los auténticos pacientes «ocultos en un cajón»: los que deberían estar en lista de espera de plazo garantizado, pero con artimañas, se les desplaza a otras categorías de lista de espera, o con un «falso resuelto» se les pone otra vez a la cola, antes de que se cumpla el plazo de garantía y evitar así engrosar la temida estadística o que aumente el número de reclamaciones de los pacientes.