El presidente del Sindicato de Enfermería (Satse), Manuel Cascos, denuncia que, una vez superado lo peor de la pandemia de la covid-19, gobiernos y partidos políticos han dejado en «vía muerta» a la sanidad pública y sus profesionales, porque se están mostrando «incapaces de reaccionar y tomar medidas que mejoren la atención sanitaria y cuidados» que se presta a más de 47 millones de personas en este país
Una vez pasado lo peor de la pandemia, Gobierno, comunidades autónomas y partidos políticos han vuelto a «meter en el trastero» la mejora de la sanidad pública y, mientras eso sucede, «la sanidad privada va viento en popa e incrementa cada vez más su margen de beneficios». En concreto, en 2020 la sanidad privada aumentó en un 4,4% el número de asegurados y en un 5,1% el volumen de primas, según datos que maneja la organización sindical. De igual manera, «la empresa privada farmacéutica quiere ocupar espacios en la sanidad publica que no le corresponden con la complacencia de algunos partidos», aseveró Cascos.
Tras mantener una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de Satse, Cascos, junto a los secretarios generales autonómicos del sindicato, se ha trasladado al Congreso de los Diputados para mostrar públicamente el gran malestar que existe entre profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanía por el grave incumplimiento de los compromisos que todas las administraciones públicas y partidos políticos adquirieron cuando surgió la pandemia. “La iniciativa institucional y política, así como la capacidad de reacción, para reconstruir nuestra sanidad ha sido cero, nos están dando de nuevo la espalda”, apuntó.
Entre las más de 10 iniciativas que ha propuesto al Congreso, Gobiernos y partidos antes y durante la pandemia y que siguen «guardadas en un cajón», el presidente del sindicato destacó la Ley de Seguridad del Paciente, cuya tramitación parlamentaria se está dilatando deliberadamente por parte de algunos partidos políticos, mientras que otros mantienen «un silencio cómplice», lo que supone «un desprecio absoluto y un grave perjuicio para los más de 47 millones de ciudadanos que merecen una atención y cuidados seguros y de calidad y para los más de 300.000 enfermeros de nuestro país que siguen trabajando en unas condiciones penosas y precarias».
Una prórroga tan reiterada como sospechosa
En concreto, el responsable de Satse se refirió al hecho de que el Partido Popular ha solicitado en 16 ocasiones (y Ciudadanos en ocho) que se prorrogue el plazo que tienen los distintos grupos políticos para presentar sus enmiendas parciales de cara a su posterior debate en la Comisión de Sanidad. «No quiero pensar que en ello tenga alguna influencia la empresa privada sanitaria», añadió.
Por su parte, los partidos que sustentan al Gobierno y que tienen mayoría de miembros en la Mesa del Congreso de los Diputados, están manteniendo una actitud de «complicidad silenciosa» que lleva a que, semana tras semana, se acuerde en este órgano prorrogar el plazo de presentación de enmiendas parciales a la Ley de Seguridad del Paciente.
En la actualidad, han transcurrido más de 10 meses y son ya 23 las prórrogas acordadas en la Mesa del Congreso para una Ley que se tomó en consideración el 15 de diciembre de 2020, con el respaldo casi unánime de los grupos (312 votos a favor y solo 10 en contra), una vez que entró en el Parlamento tras conseguir el apoyo de cerca de 700.000 ciudadanos y profesionales, asociaciones de pacientes, organizaciones enfermeras de todo el mundo y personalidades de nuestro país.
Condiciones de trabajo «duras y penosas»
Otras iniciativas de Satse presentadas a Gobiernos y partidos políticos han sido sendas propuestas normativas en contra de las agresiones a los profesionales sanitarios y sobre el uso de medicamentos peligrosos, un Observatorio de la Imagen de la Mujer en el Ámbito Sanitario y distintos planes para mejorar la situación de los centros sociosanitarios, acabar con la temporalidad y fomentar el retorno de profesionales que tuvieron que emigrar a otros países, así como propiciar una nueva oferta universitaria del Grado de Enfermería y promover la jubilación anticipada y voluntaria de los enfermeros por sus especialmente «duras y penosas» condiciones de trabajo.
Asimismo, Cascos resaltó que la falta de interés real por mejorar la salud y bienestar de pacientes y el conjunto de la ciudadanía también se está constatando en recientes decisiones del Gobierno, como destinar «una cantidad irrisoria» de los fondos europeos al sistema sanitario, no priorizar la sanidad en el Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia de España ni en el Plan España 2050, o no haberse puesto en marcha las medidas e iniciativas comprometidas en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de nuestro país.
«Ante esta grave situación, se nos está empujando a la movilización para defender a la sanidad pública y sus profesionales»
Manuel Cascos, presidente de Satse
«Ante esta grave situación, se nos está empujando a la movilización para defender a la sanidad pública y sus profesionales», dijo el presidente de Satse, quien recordó que, ya el pasado mes de junio, se trasladó al conjunto de administraciones y partidos que los profesionales sanitarios no permanecerían pasivos, algo para lo que el colectivo está preparado.
Al respecto, Cascos añadió que, salvo que haya una reacción en positivo en próximas fechas, el Sindicato de Enfermería comenzará a trabajar «de otra manera» en el conjunto del país y, para ello, tenderá su mano al resto de organizaciones que defienden a la sanidad, sus profesionales y a los pacientes y usuarios, además de a instituciones que defienden a los enfermeros y fisioterapeutas a todos los niveles de representación.
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