La Junta de Andalucía desvió mascarillas adjudicadas para protección de profesionales sanitarios, pagadas con Fondos FEDER, a personas mayores

En este artículo se demuestra, en exclusiva, cómo la Junta de Andalucía ha ocultado información durante meses a los andaluces, medios de comunicación, tribunales de justicia, Ministerio de Hacienda y posiblemente a la UE, pues según la documentación del expediente del contrato, se habría producido un uso irregular de Fondos FEDER

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicó el 19 de mayo de 2020 el lote 27 de un contrato a la empresa Diseño y Aplicaciones del No Tejido, SL (en adelante, Diseños NT), por 2.504.250 euros (exento de IVA en virtud del RDL 15/2020). Se trataba de un lote de un contrato de suministro de equipos de protección individual (EPI) a fin de satisfacer las necesidades de abastecimiento de los centros sanitarios del SAS.

Dicho contrato fue tramitado por el procedimiento de emergencia, según se justificó en un acuerdo del director gerente del SAS, firmado el 19 de mayo de 2020. Sin embargo, dicha empresa no suministró EPI, sino mascarillas quirúrgicas que, legalmente, son productos sanitarios, y nunca llegaron a los centros sanitarios, sino que se destinaron para uso de personas mayores, distribuidas gratuitamente, y de camino para hacer propaganda institucional de la Junta, es decir, de los partidos gobernantes, PP y Cs.

Recuerden que los profesionales sanitarios estaban necesitados de material de protección, como denunció la Asociación Justicia por la Sanidad (esta asociación actuó para paliar parcialmente dicho déficit) y la organización Médicos sin Fronteras en un documento que abordó el impacto que la ausencia de protección y de medidas de prevención tuvo en el personal sanitario (ver noticia).

El Gobierno andaluz visita la fábrica de las mascarillas compradas y anuncia su distribución gratuita para las personas mayores

Antes de dicha adjudicación, en concreto el 28 de abril de 2020, Juanma Moreno (presidente de la Junta), Jesús Aguirre (consejero de Salud y Familias) y Juan Bravo (consejero de la entonces Consejería de Hacienda, Industria y Energía), visitaron la fábrica que la citada empresa Diseño NT tiene en Alcalá la Real (Jaén).

El 7 de junio siguiente, cuando ya se había adjudicado el suministro de las mascarillas a la empresa Diseño NT para los centros sanitarios, Juanma Moreno, que también es el presidente del Partido Popular Andaluz, anunció literalmente en rueda de prensa lo siguiente: “…Y que tendrá muy en cuenta, especialmente, a las personas más vulnerables. Precisamente para esta parte más frágil de la población andaluza van a ser los 7 millones y medio de mascarillas quirúrgicas que la Junta de Andalucía va a poner a su disposición, totalmente gratis, en las farmacias de nuestra comunidad”.

Esta intervención fue recogida por la prensa, como pueden ver en este vínculo de la agencia Europa Press, por ejemplo. Obviamente, que no se cobrase al recogerlas no significa que fueran gratis (las mascarillas se pagaban con fondos públicos) ni el objetivo era realmente proteger a esa parte de la población más vulnerable al no tratarse de EPI las mascarillas distribuidas.

Igualmente, el 17 de junio de 2020, tras la última reunión del gabinete de crisis de la Junta por la pandemia del coronavirus, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, anunció que se repartirían de forma gratuita 7,5 millones de mascarillas quirúrgicas entre unos 2,5 millones de personas vulnerables, como pensionistas y dependientes, que podrán retirarlas en la farmacia presentando su tarjeta sanitaria (ver información en El Mundo).

En esa misma fecha, el 17 de junio de 2020, es cuando el SAS realiza el pedido de las mascarillas a la empresa Diseño NT (pedido número 629368/20), según la documentación recibida del SAS. Si se trataba de una emergencia, ¿por qué no se pidieron el mismo día de la adjudicación?

Tal como consta en varios anuncios de la Junta y en las publicaciones de numerosos medios de comunicación, esa distribución consistió en repartir un kit con tres mascarillas quirúrgicas por cada persona mayor, con el logo de la Junta de Andalucía serigrafiadas, para un uso aproximado de 4 horas cada una. En el envase del kit podía leerse con letras grandes, junto al logotipo de la Junta: Andalucía te cuida. Tu protección cuida a los demás.

Es decir, que la utilidad real de este despropósito fue la de presentar al presidente de la Junta y del partido gobernante (PP) como un benefactor y protector de esa parte de la “población más frágil” de Andalucía (Juanma Moreno dixit), un uso torticero a sabiendas de que dichas mascarillas no se consideraban legalmente EPI, no protegían a sus usuarios, que tenían un uso limitado de 12 horas, y que se habían destinado a un uso no previsto en el contrato. Es evidente que sólo se perseguía el autobombo político, pero utilizando a personas mayores como si fueran vallas publicitarias de propaganda institucional. La inmoralidad que revela este comportamiento es otra manifestación más de la partidocracia que rige en España.

El embrollo del SAS, el CACOF, la empresa Bidafarma… y un juez que decidió no investigar

El 14 de julio siguiente se publica en el BOJA la Orden de 14/07/2020, sobre uso de mascarillas, por la que se obliga al uso de las mismas en espacios abiertos. El 20 de julio, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), Antonio Mingorance Gutiérrez, remite un comunicado a los presidentes de los ocho COF de Andalucía, con el siguiente contenido: “Como continuación de la comunicación remitida el pasado viernes 10 de julio, relativa a la iniciativa del Gobierno de Andalucía de proporcionar mascarillas a un sector de la población andaluza, nos informan que la distribución de las mismas tendrá lugar en próximas fechas a través de Bidafarma, en kits de 3 mascarillas, y en proporción al número de dispensaciones por oficina de farmacia facilitado por el SAS”.

Es muy llamativo que dicho comunicado lo haya firmado la persona que es, a su vez, el vicepresidente de Bidafarma, así como que dicha persona comunique a los ocho COF andaluces que “alguien” les ha informado que la distribución la realizará Bidafarma. A pesar de todo este embrollo, según el CACOF y la Junta de Andalucía, la distribución a través de las farmacias fue fruto exclusivamente de un acuerdo al que llegaron el SAS y el CACOF, y que el hecho de que se realizara a través de Bidafarma fue sólo porque así lo acordaron entre el CACOF y Bidafarma, sin intervención de la Junta. ¿Podría el presidente del CACOF y vicepresidente de Bidafarma, Antonio Mingorance, aclarar quién es ese «alguien» que le informó de que la distribución la iba a realizar Bidafarma? Esta fue la pregunta que la representante de la Asociación Justicia por la Sanidad intentó plantear al Sr. Mingorance en un tribunal de justicia, pero el juez no admitió la prueba testifical, como veremos a continuación.

Este asunto llegó el pasado verano a los tribunales de justicia, porque un eventual del gabinete de la Consejería de Presidencia que dirige Elías Bendodo, eventual que no tiene capacidad jurídica ni facultad alguna para actuar en representación de la Junta de Andalucía, solicitó a la Asociación Justicia por la Sanidad, como propietaria del diario EL LIBRE, la rectificación de una noticia publicada el 27 de julio de 2020 (La Junta utiliza a la empresa donde trabaja la mujer del presidente para distribuir las mascarillas gratuitas), una rectificación que iba más allá de lo previsto en la ley (como aclaró posteriormente una sentencia judicial), un comportamiento muy típico en esta partidocracia en la que los partidos actúan impunemente abusando de su poder.

La abogada que representaba a Justicia por la Sanidad solicitó la práctica de varias pruebas al juzgado, tanto anticipadamente como en la vista oral. Entre ellas, solicitó el contrato administrativo del suministro de las mascarillas, con el fin de conocer, entre otras cuestiones, cómo se había previsto la distribución de la mercancía y las garantías que se habían aprobado para los posibles casos de su pérdida o deterioro. También se solicitaron los acuerdos entre la Junta y el CACOF, así como entre el CACOF y Bidafarma y el testimonio de Antonio Mingorance y de Antonio Ostos (presidente de Bidafarma) para conocer los contenidos de dichos acuerdos y quién había informado al CACOF de que sería Bidafarma la empresa que iba a realizar la distribución.

Sin embargo, el magistrado Antonio Jesús Cubero Gómez, del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Sevilla, denegó en ambas ocasiones la práctica de las pruebas solicitadas, lo cual suele ser habitual en la justicia española cuando hay implicados en los hechos altos cargos de las administraciones públicas y de las corporativas, así como empresas cercanas al poder de turno, nada nuevo en esta partidocracia. De hecho, la sentencia dictada por dicho juzgado es una clara muestra de ello, en la que el juez aplica el Derecho Civil a lo que es propio del Derecho Administrativo, entre otras incorrecciones. Obviamente, está recurrida ante la Audiencia Provincial y, si se desestimase, la Asociación Justicia por la Sanidad seguiría recurriendo, en su caso, hasta el último tribunal que pueda mostrar, con todo su esplendor, el concepto de libertad de información (en este caso, en materia sanitaria) y el daño que la partidocracia le produce.

A juicio del que suscribe este artículo, resulta muy grave que, tanto la representante de la Junta de Andalucía en la vista oral como la Administración andaluza, ocultaran durante meses que la justificación de la emergencia para comprar dichas mascarillas era dotar a los profesionales de los centros sanitarios de EPI ante la falta de productos para luchar contra la covid-19, no para darles el uso partidista que le dieron, que no tiene ninguna justificación desde la óptica del interés general o público, ni de la ética. Sólo sirvió a los intereses espurios de uno de los partidos gobernantes, que contó con la complicidad de sus compañeros de Cs en el Gobierno (el Consejo de Gobierno tuvo conocimiento de ello) y de Vox en el Parlamento, así como con la silente e ineficaz oposición de PSOE y Adelante Andalucía, dedicados a sus peleas internas por el poder. Es decir, este caso ha retratado a la partidocracia en su esencia.

Distribución de mascarillas -y vacunas- comprados con dinero público: ¿qué fue de las garantías?

Pero igual de grave es otra cuestión. ¿Cómo puede defender la Junta de Andalucía que nada tuvo que ver con el supuesto acuerdo entre Bidafarma y el CACOF para la distribución de las mascarillas, acuerdo que, por cierto, nadie conoce? Cuando el SAS adjudica el suministro de las mascarillas o de cualquier otro producto, en el precio se incluye no sólo la fabricación, sino el transporte y la distribución hasta los lugares de destino. Por tanto, la primera pregunta a realizar es: ¿se restó del precio de las mascarillas la distribución que, según informa la Junta y Bidafarma, fue gratuita? Téngase en cuenta que, según el contrato, la distribución debía realizarse a centros sanitarios del SAS para protección de sus profesionales, no a las farmacias para las personas mayores.

Por otro lado, si la Junta mantiene que no intervino en dicho acuerdo de distribución, ¿qué garantías tenía del CACOF o de Bidafarma en caso de pérdida o deterioro de la mercancía? A nadie le ha llamado la atención esta cuestión, ni siquiera a ciertos medios de comunicación que no paran de hacerles la ola a nuestros gobernantes por actos tan demagógicos como el del reparto “gratuito” de estas mascarillas quirúrgicas a personas mayores, y aprovechando el tema para hacer propaganda institucional.

Por ponerles un ejemplo que podría aclarar esta cuestión de las garantías, el siguiente párrafo aparece en la adjudicación a la misma empresa Diseños NT por la Agencia AGAPA de la Junta de Andalucía en la compra de mascarillas quirúrgicas, con fecha 17-04-2020: “Si los trabajos efectuados no se adecúan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho”. Estos trabajos incluyen, obviamente, la distribución de la mercancía a los lugares indicados por la AGAPA.

Pero en el caso de la distribución de las mascarillas a las farmacias por Bidafarma, ¿a quién podría exigir responsabilidades el SAS, en su caso, si el deterioro se produjera durante el almacenamiento o distribución por Bidafarma? ¿A Diseños NT? Entiendo que no, dado que no ha distribuido la mercancía. ¿Al CACOF o a Bidafarma? Si estos últimos hacen su trabajo a coste cero, según anunciaron, parece que tampoco. ¿Cómo garantizó entonces el SAS la posible pérdida o deterioro en la distribución de la mercancía, al defender que nada tuvo que ver con el acuerdo entre CACOF y Bidafarma para dicha distribución? En la documentación recibida del SAS no figura ningún documento que acredite dicha garantía y, si efectivamente no existe documento alguno, la irresponsabilidad e incompetencia de la Junta fue mayúscula, pues no protegió debidamente el patrimonio de los ciudadanos con su actuación u omisión.

Lo mismo podría estar ocurriendo con la distribución de las vacunas de Pfizer por Bidafarma, si se analiza el convenio firmado entre la Junta y Bidafarma para dicha distribución. Si la distribución la está realizando gratuitamente Bidafarma, en caso de deterioro o pérdida de la mercancía por esta, la Junta no podría exigirle nada a la empresa Pfizer, ni tampoco a Bidafarma. ¿Se perdería el gasto efectuado en las vacunas ante un posible deterioro o pérdida sin poder exigir responsabilidades a nadie? ¿En ningún informe del gabinete jurídico se ha advertido de esta posibilidad durante la tramitación del expediente del convenio firmado entre la Junta y Bidafarma para la distribución de las vacunas? Es un tema grave que debería aclararse por los responsables de este desaguisado.

Por tanto, la pregunta que un servidor se plantea, a la vista de lo indicado, es la siguiente: ¿tiene Bidafarma algún trato de favor por parte de la Junta de Andalucía para admitir su servicio de distribución a coste cero sin garantía alguna que cubra vicios o defectos en dicha distribución de productos sanitarios y medicamentos, como las vacunas de Pfizer o las citadas mascarillas?

¿Quién dio la orden en el Gobierno andaluz para cambiar la adquisición de EPI con destino a los profesionales de centros sanitarios por mascarillas quirúrgicas para personas mayores y con la publicidad de la Junta, incumpliéndose la justificación del contrato?

Pero el cúmulo de despropósitos no acaba aquí. El pasado 11 de noviembre de 2020, ante la ausencia de información al respecto y la negativa del juzgado a practicar las pruebas oportunas, un servidor solicitó al SAS por el Portal de Transparencia copia del contrato de adjudicación de las mascarillas quirúrgicas y sus posibles prórrogas o modificaciones, así como una relación de albaranes y gastos pagados de la mercancía. Como no obtuve respuesta transcurrido el plazo legal, tuve que solicitar el 16 de diciembre de 2020 un certificado que acreditara el silencio negativo producido para recurrir la presunta denegación de la información y, al día siguiente, enviaron la información. En la imagen siguiente aparece el párrafo esencial de la resolución:

Entre otras sorpresas, me encontré con lo siguiente (de estas circunstancias se ha dado traslado a la Audiencia Provincial por parte de la Asociación Justicia por la Sanidad):

El contrato de las mascarillas fue adjudicado por el SAS a la empresa Diseños NT el 19/05/2020 (Lote 27) por un montante de 2.504.250 euros en base a un Acuerdo de tramitación de emergencia para adquisición de equipos de protección individual, con destino a los centros sanitarios del servicio andaluz de salud para la atención y prevención ante la pandemia de la covid-19, firmado por el director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.

Con carácter previo a dicho acuerdo, la subdirectora de Compras y Logística del SAS, Salud Rivero León, había firmado con fecha 13/05/2020 una Memoria Económica estimando el importe económico de suministros de medios de protección a profesionales en la lucha contra la pandemia, que alcanzaba la cifra de 119.217.295 euros. Ambos documentos forman parte del expediente del Acuerdo de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se da por enterado del Acuerdo del Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud de tramitación de emergencia para la adquisición de equipos de protección individual con destino a los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, para la atención y prevención ante la pandemia del covid-19.

Es decir, el Consejo de Gobierno, incluido el presidente de la Junta, conocían que dicho contrato era para comprar EPI para proteger a los profesionales de los centros sanitarios. Sin embargo, se compraron mascarillas quirúrgicas a la empresa Diseños NT, sin ser equipos de protección individual o EPI (legalmente, son productos sanitarios), y además no se destinaron a los centros sanitarios, sino a personas mayores con el logo de la Junta, incumpliendo el contenido del acuerdo de tramitación de emergencia y, por tanto, incumpliendo la normativa europea, que obliga al cumplimiento de la normativa interna de cada Estado miembro.

Dicho lote 27 formaba parte de una adjudicación por un importe total de 117.414.221,79 euros, que se distribuyó en 60 lotes, de los cuales, los lotes 59 y 60 son financiados por la Junta de Andalucía (12.559.000 de euros) y el resto, por Fondos FEDER de la UE.

El contrato no se publicó en el Portal de Transparencia (Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía) hasta el 29-10-2020; es decir, se había mantenido oculto durante meses y, especialmente, durante el mencionado procedimiento judicial. Para colmo, aparece en dicha plataforma con el título siguiente: Adquisición de equipos de protección individual, con destino a los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud para la atención y prevención ante la Pandemia del Covid-19. Financiado en un 100 % con Fondos FEDER P.O. Feder Andalucia 2014-2020. Con este título, ¿quién puede imaginarse que se incluía la compra de los 7,5 millones de mascarillas para personas mayores, si se trataba de EPI para profesionales de los centros sanitarios?

Según figura en la adjudicación publicada en la Plataforma de Contratación, la duración del contrato tramitado de emergencia es de seis meses. Es decir, finalizaba el 19-11-2020. Sin embargo, cuando el SAS entrega el 17-12-2020 la documentación solicitada por el Portal de Transparencia, sólo figuran albaranes de entrega de la mercancía por un importe de 1.752.165,36 euros (el último albarán, con nº 7955-7956, es de fecha 1/10/2020). Es decir, restaban por servir mascarillas por un importe de 752.084,64 euros, aunque ya estaba finalizado el plazo de ejecución del contrato. Por tanto, si antes del 19-11-2020 no se hizo entrega de toda la mercancía, la justificación para tramitarlo por emergencia perdería toda su virtualidad y se habría incumplido el contrato.

Por otro lado, en todos los contraalbaranes entregados por el SAS, figura como mercancía suministrada el concepto de MASCARILLA QUIRÚRGICA EFB 98% / Serigrafiada. Es decir, llevaban el logotipo de la Junta de Andalucía, la propaganda institucional de la Junta en el rostro de nuestras personas mayores.

Según los datos facilitados por el SAS sobre las facturas registradas en el Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable y Financiera de la Junta (GIRO), del pedido se han pagado a Diseños NT 805.028,40 euros a la fecha indicada anteriormente.

Asimismo, recuérdese que, ante la ausencia de suministro de los kits con las tres mascarillas a finales de julio de 2020, sin que se dieran las explicaciones pertinentes por el Gobierno andaluz (véase noticia en El Libre), las farmacias tuvieron que hacer entrega a las personas mayores de otras mascarillas de la marca Özman (de origen turco), que se entregaban sueltas sin estar envueltas en el kit, otro despropósito a añadir a la colección (véase noticia en El Libre). Para colmo, la Junta anunció que, para el 21 de octubre de 2020, se iniciaba un «nuevo reparto de mascarillas quirúrgicas» entre los mayores de 65 años y pensionistas de la comunidad, sin especificar si dicho suministro procede del mismo contrato adjudicado a la empresa Diseños NT.

Programa operativo de Fondos FEDER: ¿un posible fraude o irregularidad conocido por el Consejo de Gobierno de la Junta?

La UE permitió excepcionalmente, con motivo de la pandemia, que Fondos Estructurales FEDER 2014-2020 pudieran ser utilizados para gastos corrientes, como ocurrió con la compra de material para protección de los profesionales sanitarios, siendo necesario para ello reprogramar los programas operativos existentes. Por Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, se ordenó la optimización y reorientación de los fondos estructurales y de inversión europeos 2014-2020, gestionados por la Administración de la Junta de Andalucía.

En el documento publicado por el Ministerio de Hacienda, con fecha de última actualización el 22/02/2021, correspondiente al Programa Operativo AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA, en la categoría de Regiones en transición, figura un listado de operaciones reprogramadas a dicha fecha, que incluye una operación denominada A1124053Z00010 ASISTENCIA SANITARIA COVID-19. SEVILLA SSCC, con fecha de inicio el 01/02/2020, y con fin de operación el 31/12/2022. El coste total subvencionable (total elegible) es de 167.735.455,38 euros, con un 80 % de cofinanciación.

En el resumen de la operación se indica lo siguiente: «Se considera que estas actuaciones fomentan las capacidades de respuesta a la crisis sanitaria en el contexto del brote de covid-19. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 bis, apartado 7 del Reglamento 2020/558 que modifica los Reglamentos 1301/2013 y 1303/2013, dichas operaciones podrán ser seleccionadas para recibir ayuda del FEDER antes de la aprobación del programa modificado. Se trata de la contratación de las inversiones y gastos corrientes necesarios para hacer frente a la crisis y dar protección a la ciudadanía frente ante la situación provocada por la COVID-19. Asimismo, se han desarrollado actuaciones que engloban el gasto de material sanitario imprescindible para afrontar la situación de crisis sanitaria del momento. Entre otros, se citan: equipos de protección Individual (EPIs) incluyendo mascarillas desechables, protectores oculares, ropa de protección, etc.; test de prueba para diagnosticar la covid-19 incluidas las pruebas de anticuerpos; y medicamentos vinculados al tratamiento de la COVID-19″.

También figuran otras operaciones por cada provincia andaluza, con las mismas fechas de inicio y fin y con el mismo texto del resumen de la operación, pero con menores importes: Málaga (72.434.123,56 euros); Cádiz (42.306.239,50 euros); Córdoba (38.781.994,98 euros); Huelva (20.724.551,17 euros); Granada (52.200.037,52 euros); Jaén (26.556.524,08 euros); Almería (25.329.116,89 euros); y Sevilla (91.498.450,38 euros).

Sin embargo, en el contrato tramitado por emergencia, que incluye el lote 27 adjudicado a la empresa Diseños NT, no figuran como destinatarios las personas mayores, sino los centros sanitarios. Por tanto, ¿se han desviado fondos europeos para un destino no previsto en el contrato? Téngase en cuenta que la normativa europea de los fondos exige el cumplimiento de la normativa interna de cada Estado miembro, y en este caso, se habría incumplido la justificación del contrato.

Por tanto, si dicho gasto no se considerase elegible finalmente, es decir, si se investigara por los órganos responsables de la UE y se descubriera que no se han cumplido los requisitos previstos en el programa operativo y la normativa europea, la Junta (en este caso, el SAS) tendría que pagar dicha compra con fondos propios (2,5 millones de euros). Si esto ocurriera, ¿quién sería el responsable político de este posible fraude o irregularidad? ¿El presidente de la Junta, el consejero de la Presidencia, el gerente del SAS, la Intervención General…?

Téngase en cuenta que el convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, define «fraude» en materia de gastos como cualquier acción u omisión intencionada relativa:

-A la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las comunidades europeas o de los presupuestos administrados por las comunidades europeas o por su cuenta.

-Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto.

-Al desvío de esos mismos fondos con fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos en un principio.

Por tanto, el elemento de engaño intencionado es el que distingue el fraude del término más general de «irregularidad». Y no olviden que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía conocía el acuerdo de compra del suministro de EPI para los centros sanitarios del SAS, tal como se ha indicado anteriormente.

A pesar de todo lo manifestado, habrá quienes defiendan la actuación de la Junta de Andalucía, argumentando que nadie se ha llevado las mascarillas, y que la Junta sólo pretendía proteger a «las personas más vulnerables, esta parte más frágil de la población andaluza» (Juanma Moreno dixit, recordándome la expresión «las criaturitas» que utilizaba Javier Guerrero en el caso de los ERE para intentar justificar su uso indebido para la protección social de dichas «criaturitas»), aunque la realidad es que dichas mascarillas no protegían de posibles contagios y sólo tuvieran 12 horas de uso las tres mascarillas del kit. Sin embargo, ha sido demasiado evidente el autobombo y la caza de votos con dinero público, publicitando la entrega de unos kits y mascarillas con el logo de la Junta, a pesar del déficit de EPI en los centros sanitarios, lo cual revela, una vez más, las aberraciones de este dañino sistema partidocrático, bendecido con los votos de millones de españoles.