El ministro de Sanidad, Salvador Illa. / EFE

Tribunales

La Fiscalía se niega a investigar al ministro Illa por la desprotección de los sanitarios ante la pandemia

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La Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo archiva la denuncia de Justicia por la Sanidad, porque considera que el ministro de Sanidad no debe ser objeto de una denuncia penal por “desprotección de los profesionales sanitarios frente a la Covid-19”, alegando que las competencias en Sanidad eran responsabilidad de las comunidades autónomas hasta el 14 de marzo y, durante el estado de alarma, fueron responsabilidades compartidas. A juicio del fiscal, «la situación excepcional» que se ha vivido priorizó temporalmente «el interés público» por encima del «derecho de salud y seguridad» de los trabajadores sanitarios

La denuncia penal efectuada por el médico y presidente de la Asociación Justicia por la Sanidad, Jesús Candel, contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pasado 9 de junio, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 y 317 del Código Penal, ha sido archivada por la Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Justicia por la Sanidad recibió innumerables llamadas de auxilio de profesionales sanitarios de toda España denunciando que estaban trabajando en plena pandemia sin Equipos de Protección Individual (EPIs), lo que provocó una movilización histórica con todos los recursos por parte de la asociación para dotarles de este material de protección a los trabajadores sanitarios, teniendo en cuenta que ni el Gobierno central ni los autonómicos estaban cumpliendo con la normativa establecida en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales ni con los reglamentos de aplicación ni con la normativa europea.

Ante esta desprotección que puso en alto riesgo las vidas del personal sanitario, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores, personal de administración, de mantenimiento, limpieza…, la Asociación Justicia por la Sanidad denunció al ministro Salvador Illa, y a quienes resultaran responsables por el presunto incumplimiento de los dos artículos anteriores señalados del Código Penal, que sancionan, en su doble modalidad dolosa e imprudente, al que “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligado, no facilite los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo así en peligro su vida, salud e integridad física”.

Pues bien, la Fiscalía no considera oportuno admitir a trámite la denuncia con distintas justificaciones. Primero habla de “inconcreción absoluta tanto personal como temporal, con una descripción genérica de los hechos, sin identificar a los trabajadores sanitarios ni concretar las situaciones de riesgo”, a pesar de que en la denuncia de Justicia por la Sanidad se exponían los hechos. El número de profesionales sanitarios con positivo por Covid-19 asciende a 52.575 hasta el 25 de junio y 63 fallecidos hasta el 5 de junio, según la información proporcionada por el Ministerio de Sanidad. España acumula un total de 250.545 casos de coronavirus confirmados por PCR, de modo que casi el 21 % de estos contagios, producidos la mayoría por no contar con EPIs suficientes, corresponden a personal sanitario.

Además, existen cientos de testimonios de profesionales sanitarios quejándose por desprotección ante el Sars-Cov-2 en las redes sociales y en cientos de artículos y piezas radiofónicas y televisivas publicados en los medios de comunicación que facilitarían mucho la investigación a la Fiscalía.

Otro argumento del fiscal para archivar la denuncia de Justicia por la Sanidad es que, según el Decreto de Estado de Alarma, el ministro de Sanidad “es la autoridad competente”, pero cada Administración (en este caso, cada comunidad autónoma) “conserva las competencias que le atribuye la legislación vigente en relación con la gestión ordinaria de sus servicios”.

Sin embargo, cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) avisó reiteradas veces (la primera, el 30 de enero) al Gobierno central de que hiciera provisión de fondos de material de protección para prevenir una posible propagación del coronavirus por España.

Esta advertencia reiterada, acompañada por la preocupante realidad que ya vivían en febrero países como China, Japón, Corea del Sur, Irán o Italia, rebate también otra justificación de la fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que se aferra a que “la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 no contempla un escenario similar al generado por la Covid-19”. Sin embargo, la obligación del gobierno era y debió haber sido la provisión de material para luchar contra la pandemia, y proteger a todos los trabajadores sanitarios de los riesgos. Y no se hizo, porque hubo falta de material de todo tipo.

La excusa de la saturación de los mercados

La Fiscalía, en su afán por demostrar que no se ha infringido ninguna norma preventivo-laboral y que era imposible hacer más de lo que se hizo, saca a colación que “los mercados nacional e internacional de equipos de protección se encontraban saturados con la imposibilidad o extrema dificultad de su obtención, lo que era un hecho conocido y notorio, y es equiparable a lo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas denomina “circunstancias de excepcional gravedad y magnitud” o “acontecimientos excepcionales”, casos en los que el interés público (salud pública) es provisionalmente prevalente sobre el derecho que tenían los sanitarios de garantizar su salud y seguridad”. Con lo que se permitió, a nuestro juicio, que los trabajadores sanitarios lucharan contra la Covid 19 sin los medios de protección necesarios.

La Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo recrimina a Justicia por la Sanidad que “no proporcione ningún dato sobre en qué momento se repartieron esos cientos de miles de mascarillas con falsos etiquetados de homologación y test rápidos que luego no pasaron los controles de calidad por las aduanas españolas”, cuando estas noticias, precisamente, han inundado todos los medios de comunicación en esas fechas.

Ante lo cual, entendemos que corresponde a la Fiscalía solicitar las pruebas al gobierno de estos hechos, aperturando primero las correspondientes diligencias de investigación, requiriendo al Ministerio de Sanidad para que aportara las fechas de las compras de material sanitario, las empresas a las que se habían comprado, los responsables de las compras de material sanitario, así como citar como investigados a las personas que presuntamente pudieran ser responsables de los hechos denunciados.

Justicia por la Sanidad asevera que la Fiscalía debería iniciar una investigación de las acciones del ministro Illa conforme al artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Finalmente, la Fiscalía argumenta que no hay en la denuncia “datos precisos” para iniciar una investigación “a la que no pueda darse la calificación de genérica”, con lo que entendemos que se infringe la tutela judicial efectiva, habida cuenta que corresponde a la Fiscalía abrir una investigación sobre los hechos puestos de manifiesto en la denuncia que efectúa la Asociación Justicia por la Sanidad, y por ello, la Fiscalía, conforme al artículo al artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debió, a juicio de la asociación, «requerir al Ministerio de Sanidad a fin de que se le informara sobre las compras de equipos de material sanitario y los responsables de estas compras, aportando fechas de las compras, el material de las compras, las empresas suministradoras, la distribución del material, así como la información facilitada por la OMS al Ministerio de Sanidad».


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3 Comentarios

  1. Avatar Embrujo

    Siempre pasa igual, lo mismo que con la Ley del Enchufismo. La Justicia es Socialista. Separación de Poderes, YA!!!

  2. Avatar Inmaculada Castillejos

    Cómo siempre, echando la pelota al contrario sin tomar
    nunca responsabilidades, da igual el partido que sea. La integridad brilla por su ausencia en la política y así nos va…

  3. Avatar Fernando Parra

    Insto a Jesús Candel y a la Asociación a divulgar este comportamiento de la fiscalía, para que todo sanitario, todo trabajador del sistema sanitario español conozca el estado de indefensión y de abandono en el que trabajamos.
    Cada ciudadano, cada español debe ser consciente de esta miseria incalificable.
    Así mismo, animar a la Asociación a fomentar la negación de servicios por parte del personal sanitario en semejantes condiciones. MáS de 50.000 de nuestros compañeros han pagado muy caros la negligencia y los chanchullos de estos canallas. Los que quedamos no debemos pasar otra vez por lo mismo o, pudiera ser, acabar en el hoyo.

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