Primero fue la oposición. Luego, los sindicatos, las asociaciones sanitarias y los ciudadanos a través de las redes sociales y concentraciones varias. Y ahora, el Consejo Económico y Social, en las conclusiones de su Informe sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2022, deja claro al Gobierno de Moreno Bonilla que «debe asegurarse la accesibilidad real y la calidad de los servicios públicos»
Como en ejercicios anteriores, el Consejo Económico y Social de Andalucía, presidido por Juan Marín (un cargo que le dio Moreno Bonilla al principio de la presente legislatura), recuerda que la existencia de servicios públicos de calidad supone «un instrumento esencial para garantizar la igualdad efectiva de las personas, en términos de cohesión y equidad». Asimismo, es un instrumento potente para «asegurar la competitividad de nuestro sector productivo».
«Debe asegurarse la accesibilidad real y la calidad de dichos servicios a través de la dotación de los medios personales y materiales necesarios y de una financiación adecuada, considerando para ello la necesaria estabilidad del personal al servicio del sector público. En particular, es ineludible atender a la asistencia sanitaria, la educación y a los servicios de dependencia. Deben resolverse los problemas de accesibilidad y de reconocimiento de los derechos pendientes», expone el CES.
Asimismo, es necesario «el refuerzo de la inversión pública» en materia de protección social para asegurar el acceso de toda la ciudadanía y la calidad de los servicios a prestar (particularmente, en el ámbito sanitario y atención a la dependencia, mayores y sistemas de protección complementaria de personas en riesgos de exclusión).
«Criterios de beneficencia ya superados»
Las fórmulas de cooperación entre el sector público y la iniciativa privada siempre deben ir encaminadas a la consecución de los objetivos generales que plantean el reconocimiento de dichos servicios públicos como derechos de la ciudadanía. «La iniciativa privada no puede ni debe suplir el deber de la administración de dotar servicios públicos de calidad, sin perjuicio del carácter complementario que aquella puede tener», deja claro el CES.
Pero el Consejo Económico y Social va a más y subraya el peligro de que la sanidad pública andaluza, entre otros servicios, pueda convertirse en una sanidad de beneficencia, teniendo en cuenta la clara apuesta de la Consejería de Salud por la sanidad privada en los últimos años (el último capítulo ha sido el plan de choque para reducir las listas de espera, dotado con más de 700 millones de euros): «En todo caso, la concepción de los servicios públicos no puede quedarse en una visión meramente asistencial y subsidiaria de los mismos que los asimile a criterios de beneficencia ya superados y, por ello desde la Administración, por medio de los servicios públicos, debe atenderse particularmente a las personas que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad«.
En ese sentido, el Gobierno andaluz «debe proveer las medidas presupuestarias necesarias para atender los servicios públicos, así como potenciar los procesos de negociación colectiva que afectan a su personal, especialmente, a los entes que conforman el sector público instrumental o se integran en éste».
El CES recoge la creciente presencia de la sanidad privada en Andalucía
Junto con la sanidad pública, la privada viene adquiriendo «una creciente presencia en la región». De hecho y según el estudio del CES, Andalucía fue ya la décima comunidad autónoma en gasto sanitario privado per cápita (con 559 euros por habitante y año) y la sexta en presencia de seguro privado. Entre otros factores explicativos que pudieran considerarse, «dicho aumento pareció venir propiciado tanto por el aumento de las cantidades transferidas desde el Gobierno andaluz en los conciertos con las privadas (en el año 2022 dicho incremento fue del 45,6% para un total de 651,96 millones de euros, como adelantó EL LIBRE en febrero) como por el deterioro de la calidad de prestación de servicios por parte de la sanidad pública», tal y como se detalla en este apartado en relación con indicadores como las listas de espera o la financiación de medios.
En materia de urgencias se atendieron en Andalucía en el año 2021 un total de 5,5 millones (un 96,4% en centro y un 3,6% en domicilio), con una frecuencia de 0,7 urgencias por habitante. Esta atención urgente estuvo cubierta por 594 ambulancias (cinco menos que el ejercicio anterior), con una tasa de 7,1 ambulancias por cada 1.000 habitantes, cuarta mejor comunidad autónoma en este sentido.
Nuevas instalaciones «que no implicaron un aumento de las diferentes plantillas»
«Durante 2022, se produjeron cierres y ajustes de centros de urgencias tanto a nivel de estructura hospitalaria como de centros de salud. Igualmente, desde diferentes unidades de urgencias se tuvo que dar cobertura a nuevas instalaciones que no implicaron un aumento de las diferentes plantillas, lo que contribuyó a seguir manteniendo la masificación de determinadas urgencias», denuncia el CES en su informe.
Por otro lado, en relación con el transporte sanitario se volvieron a poner sobre la mesa, como en ejercicios anteriores, reclamaciones en torno a la mejora en la prestación del servicio, tanto en relación con los tiempos de traslado y sus límites (con el consiguiente efecto sobre las personas usuarias del servicio) como en relación con las condiciones laborales de los profesionales del sector (principalmente condiciones salariales) o sobre el estado general de los vehículos.
La atención sanitaria a la salud mental representó otra área destacable, con un total de 1,3 millones de consultas, un 4,9% más que el año anterior.
Trasplantes
Continuando con la actividad sanitaria en materia de trasplantes se realizaron en 2022 un total de 908 trasplantes de órganos y 1.353 trasplantes de tejidos, lo que supuso incrementos respecto al pasado ejercicio del 16,0% y del 12,0%, respectivamente. El número total de donantes de órganos fue de 41.631, representando una tasa de 48,9 donantes por cada millón de habitantes, cifra superior a los dos años anteriores marcados por la pandemia, pero inferior a la de los años previos a la COVID-19, cuando esta tasa llegó a 52,2 puntos. Resultó destacable conocer la edad media de estas personas donantes, que fue de 60 años, edad cada vez mayor fruto de la mejor calidad y esperanza de vida. Por sexo, el 61% fue hombre y el 39% mujer, distribución muy estable en las últimas décadas.
En relación con la plantilla total del personal sanitario y personal de gestión y servicios del Servicio Andaluz de Salud, en el año 2022 se alcanzó la cifra de 129.506, un 6,6% más que el año anterior. Si bien este incremento fue desigual, en tanto se debió a los profesionales de atención especializada y no a los profesionales de atención primaria (cuyo
número incluso se redujo).
Por sexo, fue mujer el 64,9% del personal en atención primaria y el 73,2% del personal de atención especializada. Entre los grupos profesionales más numerosos, el predominio de la mujer fue incluso superior al 80% en los casos de auxiliar de enfermería, matrona, técnica especialista y trabajadora social. Por su parte, el predominio del hombre sólo fue superior al de la mujer en seis de los 20 grupos profesionales, destacando en el cargo intermedio facultativo.
Más del 80% de los permisos fueron concedidos a mujeres, reflejando un año más la mayor carga de la mujer en el cuidado de familiares
En relación con la conciliación laboral y familiar en el SAS, los últimos datos disponibles pusieron de manifiesto que más del 80% de los permisos fueron concedidos a mujeres, reflejando un año más la mayor carga de la mujer en el cuidado de familiares.
Cabe destacar también la Oferta de Empleo Público (OEP) para el SAS que fue, para 2022, de 4.636 plazas (3.125 de acceso libre y 1.511 de promoción interna). En los cuatro años anteriores (periodo 2018-2021) esta OEP alcanzó las 15.541 plazas (una media de 3.885 plazas por año). «Resulta así obvia la clara insuficiencia de esta oferta de empleo público, no sólo para ampliar la plantilla actual sino también para mantenerla, puesto que se estima la jubilación de, al menos, el 40% de los profesionales del SAS en los próximos 10 años, esto es, unos 6.000 al año, cifra muy superior a la oferta pública de este año y anteriores más recientes», recalca el CES.
Conclusión final
«La falta de inversión pública en Andalucía, conforme a los datos sobre inversión territorializada contenidos en el presente informe, supone una rémora para el crecimiento y convergencia de la comunidad y afecta tanto a su sector productivo como al desarrollo del empleo en nuestra comunidad. Es necesario exigir las inversiones públicas necesarias en Andalucía, principalmente aquellas que tienen un carácter estratégico y que son claves para un desarrollo social y económico que permita el avance hacia una convergencia ineludible», agregan desde el Consejo Económico y Social de Andalucía.
«Corresponde a las administraciones públicas la función de garantizar la aplicación de las políticas públicas, que, entre otros objetivos, deben cumplir los principios rectores recogidos en el Estatuto de Autonomía. Se debe asegurar la accesibilidad a los procedimientos administrativos en igualdad efectiva, la transparencia y la participación de la ciudadanía, también en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas», apostilla el CES.
Los interesados pueden consultar el informe completo pinchando aquí.
Espero que toda la sanidad mejore yo sé que nues5o presidente de Andalucía Juanma Moreno cumple con todas sus obligaciones propuestas y acepta sujerebcias .la mía es los perjuicios para la salud LA AS ESTELAS BLANCAS QUE DEJAN LOS AVIONES.
Esto os pasa por votar a los chiringuiteros de turno, los de las cajas B, los de los pagos en negro, los M. Rajoy que rescatan bancos y autopistas con vuestro dinero y venden los últimos restos de lo público a sus amigachos. Si esperáis que la derecha mire por el interés de todos… mal camino lleváis. Penita de Andalucía, qué tonto hay que ser para besar la bota que os pisotea la cara.