Martín Durán denuncia que «llamar protocolo contra la exclusión a adoptar medidas como un horario de caja ordinario, dar prioridad en las colas a las personas mayores o adaptar los cajeros automáticos es un despropósito si de lo que se trata es de afrontar una realidad que genera dificultades en la población más mayor, pero que afecta al conjunto de la población»
El pasado lunes, día 21 de febrero, las principales patronales del sector bancario (AEB, CECA y Unacc), en presencia del Gobierno de España representado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Coz, firmaron el Protocolo bancario para la inclusión financiera de las personas mayores, por el que las entidades se comprometen a prestar un mejor servicio a las personas mayores, menos digitalizadas o mas vulnerables.
Esta iniciativa trata de dar respuesta a la campaña promovida por Carlos San Juan, que también estuvo presente, Soy mayor, no idiota, que tanta repercusión ha tenido a nivel nacional.
Las tres patronales se comprometen a que sus asociados realicen un diagnóstico de la situación actual y adopten, a la mayor brevedad posible y, como máximo, en el plazo de seis meses las medidas contenidas en este catálogo ajustadas a su modelo de negocio, de tal forma que se asegure a las personas mayores de 65 años y a las personas con discapacidad una atención personalizada, satisfactoria y sin demoras injustificadas. Pero, ¿cómo van a hacerlo si BBVA, Banco Santander y CaixaBank han echado a la calle a miles de trabajadores y han cerrado cientos de sucursales?
Las entidades financieras se han autoimpuesto ahora un plazo de seis meses para adoptar los cambios, entre los que destacan la ampliación del horario de atención personalizada en oficina entre las 9:00 y 14:00 horas; trato preferente a los mayores en caso de aglomeraciones en las sucursales; el refuerzo de la atención telefónica personalizada sin coste; y mejorar el acceso a los cajeros, a los medios digitales y a la formación, además de proporcionar formación específica al personal de las oficinas. Eso sí, no se especifica si habría sanciones en caso de que una entidad no cumpla lo pactado, es decir, en la práctica no deja de ser voluntario. El Gobierno, por su parte, ha anunciado que lanzará en marzo el anteproyecto para crear la Autoridad de Protección al Cliente Financiero.
«Totalmente decepcionante»
«El protocolo es totalmente decepcionante, ya que no da solución a la exclusión financiera que venimos padeciendo los mayores desde que los bancos comenzaron a cerrar oficinas y a prescindir de personal desde hace más de una década», denuncia el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Durán.
«Muy lejos queda el objetivo previsto de conseguir atención personalizada en cualquier lugar de España para este colectivo. Nada se ha avanzado en eso. En realidad, llamar protocolo contra la exclusión a adoptar medidas como un horario de caja ordinario, dar prioridad en las colas a las personas mayores o adaptar los cajeros automáticos es un despropósito si de lo que se trata es de afrontar una realidad que genera dificultades en la población más mayor pero que afecta al conjunto de la población», razona Durán.
Problemas de difícil solución
El presidente de FOAM mantiene que los problemas actuales no se solucionarán con la firma de este protocolo: «Disponer del efectivo de una cuenta para una persona que viva en pequeñas localidades del medio rural, sin oficinas bancarias, era y sigue siendo, después de la firma de este protocolo, una aventura especialmente dura para las personas mayores».
«La mayor parte de estas medidas no van a servir para nada. Los mayores no estamos preparados para la digitalización actual de la sociedad. La necesidad de los mayores va en contra de los intereses de los bancos y, por eso, dudamos de que se resuelva satisfactoriamente en un futuro próximo», apostilla Durán.
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