El Ejecutivo andaluz triplicó un presupuesto inicial de 70 millones para contratos de emergencias, encadenando prórrogas y ampliaciones de gasto durante año y medio a partir de la pandemia. Un contrato inicial de 50.000 euros con un hospital privado se amplió con tres prórrogas a 2,85 millones
Según ha adelantado elDiario.es Andalucía, todo el dinero que se adjudicó el año pasado (117,7 millones de euros), a partir de una resolución del SAS de 30 de diciembre de 2021 que prorroga el acuerdo marco hasta septiembre de 2022, se justifica en dos preceptos legales: el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para contratos de emergencia, que ya existía antes de la pandemia pensado para responder a situaciones de crisis; y el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, aprobado por el Gobierno central durante el primer estado de alarma para «justificar la necesidad de actuar de inmediato» y dar respuesta al impacto económico de la covid-19.
Este marco normativo permitió a las comunidades autónomas contratar a dedo con empresas sanitarias con un procedimiento más ágil para contener la propagación del virus sin necesidad de pasar por todos los trámites de contratación en la Administración Pública en lo peor de la crisis. En la práctica, ese atajo para que los gobiernos pudieran hacer frente a la emergencia supuso menos controles y fiscalización del dinero público por parte de los interventores.
El artículo 16 del Real Decreto dice así: «La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de la Administración general del Estado para hacer frente a la covid-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público».
Sin concurrencia competitiva ni publicidad
La resolución del SAS para prorrogar y ampliar los contratos a dedo con clínicas privadas mucho después de que decayese el estado de alarma alude directamente a ese artículo 16 (aunque evita citar su número) y reproduce una parte en su exposición de motivos, argumentando que «refuerza la aplicación del trámite de emergencia» para contratos sin concurrencia competitiva ni publicidad.
Acto seguido, la Consejería de Salud justifica su vigencia y aplicación en el momento de la prórroga: «Si bien este artículo se refiere a la Administración General del Estado, es igualmente aplicable a la contratación de otras administraciones y a todo el sector público con la misma finalidad». Pero ese artículo llevaba ocho meses derogado, desde el 9 de mayo de 2021.
Y el Gobierno andaluz era plenamente consciente de ello, porque el 18 de junio, la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda había remitido una instrucción escrita a todas las consejerías advirtiéndoles de que el artículo 16 estaba «plenamente derogado»; que la justificación del coronavirus ya no era motivo suficiente para usar regularmente el artículo 120 de la Ley de Contratos Públicos, y que «el recurso a la contratación de emergencia orientado a hacer frente al Covid-19 debía tener carácter excepcional y residual«. Pese a ello, la Junta adjudicó decenas de millones de euros a la sanidad privada sin concurso ni controles.
José Ignacio García: «Esto lo hacían a la vez que despedían a 12.000 sanitarios»
El Gobierno andaluz ha adjudicado contratos por valor de 117 millones de euros a clínicas privadas con un decreto que ya estaba derogado de la etapa de la covid y la oposición no ha tardado en reaccionar. A juicio del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, estos hechos son «una autentica barbaridad que forma parte de la ola privatizadora del señor Moreno Bonilla y de la que tendrá que dar explicaciones en el Parlamento».
Así, García ha anunciado que llevará al Parlamento los contratos a dedo para que, desde la Consejería de Salud, expliquen «cuanto antes» por qué estaban dando esas adjudicaciones de manera irregular. «No solo privatizan la sanidad poco a poco, como estamos viendo en la últimas semanas, sino que además lo están adjudicando sin pasar por concurso público, a dedo, a empresas que veremos cuáles son las relaciones que tienen con la Consejería de Salud, con la consejera y con el Gobierno de Moreno Bonilla».
Estos acontecimientos que, según el portavoz, «trocean la sanidad pública en favor de unos pocos», coinciden además con uno de los hechos que más ha sacudido la sanidad pública andaluza en los últimos años. En ese sentido, ha recordado que «esto lo hacían a la vez que despedían a 12.000 sanitarios de nuestro sistema de salud».
Por último, desde Adelante Andalucía han señalado que este mes hay movilizaciones por la sanidad pública y, desde la formación, las apoyarán con fuerza, ya que cada día dan más motivos para ello.
María Ángeles Prieto: «Están fuera de la ley»
El Gobierno andaluz habría otorgado 13 millones de euros al grupo empresarial Electromédico mediante contratos opacos por vía de emergencia para la compra de tecnología sanitaria en Cádiz y Málaga, «contratos que se realizan por el procedimiento de emergencia sin concurso público y fuera de la normativa y de los procedimientos que marca la ley de contratos del sector público», ha explicado la portavoz de Salud del Grupo Parlamentario Socialista, María Ángeles Prieto.
«Es un nuevo escándalo», ha lamentado Prieto, porque estos contratos «están fuera de la ley» y Moreno Bonilla ha usado la vía de emergencia para adjudicar cantidades millonarias a empresas sanitarias privadas.
Así, Prieto ha advertido de que esta empresa también tiene contratos en el Hospital Zendal de Madrid, por lo que «surgen muchísimas dudas» que Moreno Bonilla va a tener que explicar a todos los andaluces. «Queremos recordar que, mientras se desvían millones de euros a la sanidad privada, deja morir la sanidad pública, perdiendo profesionales, puntos de emergencia y los pacientes sufriendo las mayores listas de espera del país».
Prieto ha afirmado que estos contratos «están fuera del control de la Administración y se otorgan a dedo cuando sólo deberían ser posibles en casos excepcionales y únicamente para paliar alguna situación de emergencia«. Según ha explicado la portavoz socialista, el Gobierno andaluz ha utilizado la excepcionalidad del estado de alarma para realizar estos contratos y sus prórrogas, ya que se encuentran fuera del periodo de alarma que establece la ley».
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