En otro paso adelante en su estrategia de privatización de servicios públicos, la Consejería de Salud y Consumo ha decidido eliminar las cocinas de las 57 casas hogares de Faisem donde reside un gran número de pacientes con enfermedades mentales, sustituyéndolo por un cáterin
Los 57 centros de salud mental (casas hogares) de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) dan soporte a un millar de personas que tienen patologías mentales y que, en lugar de ser ingresadas en un hospital, reciben sus cuidados en las llamadas casas hogares que permiten que hasta una veintena de usuarios puedan convivir en comunidad para mejorar su situación. Estos centros se encuentran tutelados por monitores de la fundación que les hacen un seguimiento y les ayudan a superar sus problemas. Entre los servicios que ofrecen se encuentra el de comidas, que hasta la fecha se realizaba en casi todos los centros en las cocinas con personal propio contratado por la fundación, pero que, desde hace unas semanas, ha dejado de ser así para pasar a ser un servicio de cáterin.
El 90% de todas esas casas hogares tenían cocina propia con cocinero. Con el paso del tiempo, esas plazas de cocinero se fueron amortizando. Entonces, cuando el PSOE gobernaba en la Junta, decidió externalizar el servicio, pero siempre llevando a cocineros a las casas hogares, para no perder ni un ápice de calidad en el servicio.
«UNEI está despidiendo a gente»
La nueva vuelta de tuerca que ha perpetrado el Gobierno de Moreno Bonilla y, concretamente la Consejería de Salud y Consumo con Catalina García a la cabeza, es quitar las cocinas de la mayoría de las casas hogares, con lo que la única alternativa posible es contratar el servicio con una empresa de cáterin, que es UNEI, cuyos socios son Ilunion (Grupo ONCE), la Confederación de Salud Mental de España, la Asociación de Salud Mental de Sevilla (Asaenes) y la propia Faisem.
La Junta se justifica diciendo que el servicio de cáterin ya existía de antes, pero el presidente del comité intercentros, Joaquín Valderrama, lo desmiente: «El número de trabajadores está disminuyendo, porque UNEI está despidiendo a gente, sobre todo a cocineros y a pinches. El servicio de cáterin, que es lo que ahora permite que se instaure la Junta, es un servicio de línea fría que hay que calentar en la casa. Y normalmente, se envía sólo dos o tres días a la semana. Al no tener personal de pinche dentro de las casas, todo ese trabajo de calentar la comida, emplatarla, servirla, recogerla y poner el lavavajillas recae sobre los monitores de salud mental que trabajan en las casas. Y ahora se tienen que dedicar una hora diaria de su tiempo a esa labor de pinche que antes realizaba un profesional de la hostelería. Y todo ello redunda en una bajada de la calidad del servicio».
Más dinero, pero menos calidad
Las furgonetas isotérmicas salen todas desde Sevilla con destino a las 57 casas hogares andaluzas repartidas por toda la geografía andaluza, un servicio centralizado que nada ayuda a que se cumplan plazos y estándares de calidad alimentarios.
El caso de Cádiz es sangrante. Los centros de esta provincia tenían todos cocinero, un servicio gastronómico que costaba poco más de 30.000 euros al año. En el presupuesto de 2024, UNEI se embolsará 60.000 euros por dar este servicio a distancia, con comida de cáterin, casi el doble.
Una fundación condenada por el TSJA
La gestión que se realiza en Faisem, dirigida por Silvia Maraver, lleva tiempo oliendo a chamusquina. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó a esta fundación en agosto de este año por fraude en los procesos selectivos de personal.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) daba la razón a la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía y declaró en fraude unos procesos de selección de personal de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental que no garantizaron los principios de igualdad, mérito y capacidad.
La gerencia de Faisem, nombrada por el Gobierno andaluz, comenzó en 2020 «un proceso de depuración de profesionales» -según dicta la sentencia- que ocupaban cargos de responsabilidad en los centros de trabajo de esta fundación. Unos profesionales que, en su mayoría, habían conseguido la plaza mediante una oferta pública reglada por el convenio colectivo de la entidad. Incluso, tal y como tiene constancia CCOO, algunas de estas personas consiguieron, tras sentencia judicial, conservar su plaza, pero fueron trasladados de centro.
Posteriormente, en 2021, la nueva gerente de Faisem, Silvia Maraver, haciendo caso omiso al convenio colectivo y al proceso de selección acordado con la representación sindical desde 2011, elaboró un proceso de selección basado en la libre designación de altos cargos «para dar apariencia de legalidad a unos nombramientos arbitrarios» y cubrir así las plazas de los citados profesionales, según reza en la sentencia.
El trabajo ímprobo de los monitores de salud mental
Mención aparte merecen los monitores de salud mental, que llevan muchos años exigiendo a la Junta de Andalucía que se les reconozca el trabajo que hacen. Así lo manifestó en EL LIBRE la monitora Sonia Ríos: «Mi queja es que no tenemos el reconocimiento que merecemos y, además, no se puede dar un servicio de calidad, ya que la formación para acceder a la categoría es el antiguo Graduado Escolar. Sin embargo, hay un ciclo formativo adecuado para trabajar en esta profesión, que es el de Técnico Superior en Integración Social. No entendemos por qué la Consejería de Salud no aprueba la normativa, que lleva años en un cajón, para que pueda ser dicho ciclo formativo la vía de acceso a esta categoría, tan bonita y valiosa y tan poco reconocida».
No pienso hacer labores que no me pertenecen y gratis porque los sueldos están congelados desde 2015
Vergonzoso cómo una vez más los políticos se saltan a la torera la ley para enchufar a sus amiguitos.