En un contexto de creciente desigualdad y precios inmobiliarios disparados, el derecho a la vivienda se ha convertido en uno de los pilares del debate político en España
El Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado iniciativas para priorizar el alquiler residencial frente al turístico, mientras se reactivan planes de viviendas protegidas y se cuestiona la herencia fiscal de la burbuja inmobiliaria de 1997-2007. Sin embargo, ¿son estas medidas suficientes para hacer accesible la vivienda?
La guerra contra los pisos turísticos: recuperando vivienda para el largo plazo
El auge descontrolado de plataformas como Airbnb ha exacerbado la escasez de alquileres asequibles en ciudades como Madrid, Barcelona y Málaga. La respuesta gubernamental ha sido contundente: el Registro Único de Viviendas de Uso Turístico, vigente desde enero de 2025, obliga a todos los alojamientos turísticos a inscribirse con un número de registro nacional.
Esta herramienta ya ha mostrado resultados: el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado la retirada de 53.876 anuncios de pisos turísticos ilegales en plataformas digitales. Pedro Sánchez anunció en Málaga que estos inmuebles, al no cumplir con la normativa, pasarán a engrosar la oferta residencial para jóvenes y familias vulnerables.
La medida podría liberar hasta 53.000 unidades en zonas tensionadas, aliviando la presión sobre los precios del alquiler, que han subido un 10-15% anual en las grandes urbes. Las asociaciones de propietarios critican que esto podría desincentivar la inversión turística, sector clave que representa el 12% del PIB. No obstante, el enfoque en la conversión a largo plazo se alinea con la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, que prioriza el uso residencial en áreas saturadas.
Viviendas de Protección Oficial: Un impulso necesario pero insuficiente
Las VPO, viviendas subvencionadas con precios hasta un 30-40% por debajo del mercado, representan un instrumento fundamental para garantizar el acceso a la vivienda digna. Estos inmuebles, con superficies máximas de 135-150 m² según la región, requieren que los beneficiarios cumplan requisitos estrictos: ingresos inferiores a 5-6 veces el IPREM y no poseer otra propiedad.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, destina el 40% de sus recursos a incrementar el parque protegido de forma permanente. Se prevé construir o rehabilitar 100.000 unidades anuales, con ayudas de hasta 1.200 euros por m² para promotores de vivienda asequible.
Las mejoras incluyen la ampliación del Bono Alquiler Joven a 300 euros mensuales, prorrogable hasta cuatro años, y la introducción del «alquiler con opción a compra» en VPO, donde parte de la renta se acumula para la adquisición futura. Actualmente, hay 50.000 VPO en ejecución, lideradas por Madrid y Cataluña, con precios entre 1.200-1.800 euros por m², frente a los 2.000 euros del mercado libre.
Sin embargo, la realidad preocupa: la construcción de VPO se ha desplomado en 2025, muy lejos de las 185.000 prometidas en 2023 por Sánchez. Solo se han construido 632 VPO con opción a compra entre 2018 y 2025. La escasez de suelo finalista y la burocracia retrasan el 30% de los proyectos, evidenciando que las buenas intenciones no bastan sin ejecución eficaz.
